La cooptación institucional en los procesos electorales de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Por: Yonni Aguilar – observatoriociidh@gmail.com
La cooptación institucional dentro del sistema de justicia guatemalteco se manifiesta principalmente mediante la manipulación de los mecanismos de selección de las altas cortes. Este fenómeno permite que actores políticos y grupos de poder influyan en las decisiones judiciales, garantizando la impunidad y debilitando el estado de derecho.
En este punto se podría hablar de una “manipulación” de los procesos de selección y postulación como el eje central de la cooptación que ha logrado encontrar un dónde anidar como lo son las Comisiones de Postulación, órganos encargados de elaborar las listas de aspirantes para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones[1]. Aunque fueron concebidas como mecanismos técnicos para garantizar independencia y mérito, en la práctica funcionan los han convertido en espacios de negociación política.
En estos procesos se ha documentado y es de conocimiento público el fenómeno del tráfico de influencias y el uso de estos órganos como “cascarones formales”, particularmente en los casos conocidos como Comisiones Paralelas (1 y 2). A través de ellas, grupos de poder logran introducir candidatos afines y excluir a profesionales independientes. La existencia de estas redes políticas y empresariales son aquellas que cuentan con un peso en las votaciones dentro del Congreso lo que hace que consoliden este control.
La selección de magistrados suele responder a equilibrios políticos antes que a méritos profesionales. Los nombramientos resultan, más que un proceso técnico, en una repartición del poder judicial como botín político. Este fenómeno fue advertido ya desde la Constitución de 1985, que dejó abierta la posibilidad de acuerdos corporativos entre los integrantes de las comisiones.
Este proceso no es ajeno a contar con debilidades estructurales, las comisiones presentan un diseño institucional defectuoso que facilita esa influencia negativa externa. Su composición; mayoritariamente decanos de facultades de Derecho y representantes del Colegio de Abogados, ha fomentado dinámicas corporativas y clientelares. A ello se suma la proliferación de universidades privadas, que en Guatemala según el Consejo de la Enseñanza Privada Superior[2], se tienen registradas 15 Universidades y de estas 10 cuentan con facultad o carrera de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales y el resto tiene alguna carrera con un nombre similar o enmarcada en las ciencias sociales, sumando a la única universidad pública como la USAC, muchas de estas sin prestigio académico fundadas con intereses políticos, cuyos decanos participan en estos espacios.
De tal cuenta que, esta estructura fragmentada de las comisiones crea múltiples puntos de entrada para la corrupción y la injerencia del crimen organizado. Además, la participación de magistrados en ejercicio dentro de ellas puede derivar en tráfico de influencias, especialmente al considerarse su reelección. Y si a esto se adiciona una interpretación constitucional errónea que permite a aspirantes evadir el concurso público de oposición, contraviniendo el mandato constitucional de mérito y transparencia.
Una vez cooptado, el sistema judicial se convierte en una herramienta de persecución política y control institucional, según diversas fuentes estiman que se encuentran más de 40 personas[3] entre fiscales y jueces independientes[4], quienes han sido objeto de hostigamiento, criminalización y exilio. Al mismo tiempo, el aparato judicial ha protegido a funcionarios y empresarios vinculados a corrupción, reforzando la impunidad estructural.
Este sometimiento político asegura la especie de “domesticación” de los jueces mediante nombramientos cortos; de apenas un año en el caso de la presidencia del Organismo Judicial, lo que incentiva la subordinación al poder político y a las redes que controlan la judicatura.
Contexto actual: elección del presidente del Organismo Judicial (octubre 2025)
En octubre de 2025, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) atraviesa un impasse por la falta de consensos para elegir a su nuevo presidente. Tras la finalización del mandato de Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado, el magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz asumió provisionalmente la presidencia del Organismo Judicial.
Los magistrados fueron convocados a un pleno extraordinario el 21 de octubre de 2025 con el fin de elegir al nuevo titular, pero las votaciones continúan sin resultados concretos. Entre los posibles candidatos se mencionan Claudia Paredes Castañeda, Carlos Ramiro Contreras y Luis Corado Campos, con Paredes perfilándose como favorita, respaldada por sectores afines a la gremial profesional ASPA, vinculada al magistrado de la Corte de Constitucionalidad Nester Vásquez.
La Corte Suprema actual —electa por el Congreso en octubre de 2024 para el período 2024-2029— refleja una composición que responde en gran medida a los intereses de bloques parlamentarios tradicionales, manteniendo las dinámicas que facilitan la cooptación judicial. Según reportes de prensa y análisis independientes, los esfuerzos por renovar el liderazgo del Organismo Judicial se ven obstaculizados por las disputas de poder y la falta de transparencia en las negociaciones internas.
La crisis actual pone nuevamente en evidencia cómo los mecanismos de elección de las autoridades del sector justicia se encuentran condicionados por alianzas políticas y corporativas, lo que impide un verdadero proceso de independencia judicial.
La cooptación institucional en Guatemala no es un fenómeno aislado, sino un mecanismo sistemático de control sobre el sistema de justicia. Su raíz se halla en la manipulación de los procesos de selección, la captura de las comisiones de postulación y la utilización del poder judicial para fines políticos. Mientras la elección del presidente del Organismo Judicial siga respondiendo a intereses particulares, la independencia judicial seguirá siendo una promesa pendiente.
[1] Constitución Política de la República (artículos 215 y 217) y la Ley de Comisiones de Postulación (Decreto 19-2009).
[2] https://www.ceps.edu.gt/ceps/
[3] https://revistaraya.com/el-pacto-de-corrupcion-en-guatemala-que-pretende-ensuciar-la-justicia-colombiana.html
[4] https://www.amnesty.org/es/latest/news/2023/11/hunting-season-against-justice-officials-guatemala/