Un aporte del ODGS del CIIDH.
En el marco del Día Internacional de las Mujeres, desde el Observatorio del Gasto Social -ODGS- y Derechos Humanos del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos -CIIDH-, realizamos una revisión de los datos en materia de justicia y seguridad relacionados a la situación de las mujeres en el país con el propósito de brindar una lectura sobre los avances y desafíos en la garantía de los derechos de las mujeres guatemaltecas.
Es importante mencionar que las mujeres constituyen más del 50% de la población según el último censo nacional realizado en 2018.[1] Por ello es importante que se les dé un lugar estratégico en la configuración de políticas públicas, programas y leyes desde los diferentes poderes del Estado para asegurar que sus derechos se cumplan para mejorar las oportunidades y condiciones de vida.
En la actualidad Guatemala cuenta con avances importantes en materia de regulación e institucionalidad favorable al avance de los derechos de las mujeres. En esa línea, el 2023 es un año importante puesto que pierden vigencia políticas públicas como la política Institucional para la Igualdad de Género y Marco Estratégico de Implementación 2014-2023, la política nacional de promoción y desarrollo integral de las mujeres 2008-2023; otras próximas a vencer como la política pública contra la trata de personas y de protección integral a las víctimas 2014-2024; mientras continua vigente la política pública contra la violencia sexual en Guatemala 2019-2029. Sin embargo, para efectos de este texto no se encontró información concreta sobre los avances o resultados de las políticas mencionadas.
Así mismo, es importante mencionar que Guatemala ratificó la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Por ello el Estado de Guatemala está obligado a adoptar todas las medidas pertinentes para adecuar, derogar o crear leyes y reglamentos que sean necesarias para cumplir con los Convenios, como el caso de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer, entre otras iniciativas pendientes en el Congreso de la República.
Pese a todos los avances en materia de políticas públicas y legislación, la institucionalidad del Estado responsable de asegurar y avanzar los derechos de las mujeres encuentra actualmente desafíos sustantivos para no permitir el retroceso de estos, sobre todo en materia de seguridad y justicia para las mujeres guatemaltecas. Según datos del Ministerio Público -MP-, durante el 2022 el delito de violencia contra la mujer constituyo el 21% de los delitos más denunciados con un total de 48,945 víctimas registradas, mismo año en el que se registraron 534 femicidios[2].
Ante dicha realidad y con los datos disponibles en los tableros de datos del ODGS[3], desde este se trabajó una perfilación de sindicados por cometer el delito de violencia contra mujeres durante los años 2016 al 2021, con datos proporcionados por el MP. Esto permitió evidenciar que el 42% de los casos la denuncia se presenta a partir de una semana del hecho cometido, mientras un 26% deja transcurrir un mes, el 13% un año y el 11% hasta cinco años; en contraste con el 7% de los casos que se presentan el mismo día del hecho. Además, que el mayor porcentaje de sindicados por este delito se encuentran entre los 20 a 40 años.
Otro dato relevante sobre la perfilación de sindicados es sobre los departamentos con mayores tasas de violencia contra la mujer. Según los resultados del análisis, los cinco departamentos en los que más se violenta a las mujeres son: 1. El Progreso, 2. Retalhuleu, Suchitepéquez, 4. Escuintla y 5. Zacapa. En cuanto a casos totales, el departamento de Guatemala es el que más casos presenta con un total de 12,458 durante el 2016 al 2021, esto se debe al hecho de que este departamento cuenta con la mayor cantidad de población en el país mas no con una tasa tan alta en comparación a los primeros cinco municipios mencionados.
El año 2022, en datos, no fue un año de avances para la seguridad y justicia de las mujeres en Guatemala. Pese a los avances en materia de políticas públicas y legislación, así como la labor de las instituciones para combatir la violencia contra las mujeres, aún es necesario que desde este sector y otros involucrados se tomen medidas que fortalezcan la respuesta del Estado para combatir dicho problema que afecta y vulnera a más del 50% de la población.
Más que datos, somos vida, fuerza y lucha.
Por ello desde el ODGS se ha considerado relevante la recolección de datos sobre indicadores que permitan generar información, análisis e investigaciones sobre la situación de las mujeres en Guatemala con el propósito de aportar desde nuestra área elementos importantes para que la sociedad conozca la realidad y quienes toman las decisiones cuenten con insumos para orientarse.
[1] https://www.censopoblacion.gt/
[2] https://observatorio.mp.gob.gt/portal-estadistico/
[3] https://odgs.ciidhguatemala.org/analisis-violencia-contra-la-mujer/
