En Guatemala cuando escuchamos hablar de presupuesto público suele sonar abstracto, lejano y complicado, de personas con conocimientos específicos en la materia, sin embargo, todos los días nos afecta como ciudadanos desde temas de salud, educación, seguridad, desarrollo, etc. Pero ¿Qué pasaría si cada guatemalteco pudiera entenderlo y participar en el proceso de cocreacion? precisamente esa es la apuesta general de los presupuestos ciudadanos, servir como una especia de “traductor” entre el Estado y la ciudadanía, herramienta diseñada para abrir las puertas de la gestión pública, acercando las decisiones técnicas a las prioridades y necesidades cotidianas de la sociedad guatemalteca hacia los responsables.

Pero el objetivo de este artículo es responder a ciertos cuestionamientos como ¿Qué es el presupuesto ciudadano y por qué importa? ¿Por qué es importante nuestro involucramiento?

De tal cuenta el presupuesto ciudadano debe entenderse como es una versión simplificada, didáctica y transparente del presupuesto nacional, elaborada para facilitar su comprensión por parte de cualquier persona. No es un documento alternativo ni paralelo, sino una representación visual y explicativa que detalla de dónde vienen los ingresos, en qué se gastan y cómo afectan a la vida diaria. Su objetivo principal es empoderar a la población para que pueda fiscalizar, debatir y proponer mejoras en el uso de los fondos públicos.

En Guatemala, el Presupuesto Ciudadano 2025[1], es coordinado, elaborado y publicado por el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN)[2], este asciende a un monto aprobado de Q148,526 millones, un aumento del 26.9% respecto al año anterior, y se enlaza directamente con la Gestión por Resultados (GpR)[3] y con las políticas alineadas al Plan Nacional Katún 2032, la Política General de Gobierno 2024-2028 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Pero con los aumentos y modificaciones el presupuesto llego a Q 154,536 millones.

Este presupuesto ciudadano facilita que cualquier persona pueda entender de dónde vienen los recursos (principalmente impuestos, con un 70.59% del total) y cómo se distribuyen a sectores esenciales como educación, salud, seguridad, infraestructura, tecnología, producción y protección social.

Ahora bien aquí es de preguntarse ¿Cómo afecta el presupuesto ciudadano a distintos actores?

Por ejemplo las Organizaciones Sociales y Activistas, pueden identificar áreas críticas y articular diversos esfuerzos que permitan intervenciones oportunas para fortalecer sectores como salud, educación o combate a la corrupción, con base en datos claros. También Investigadores y Periodistas, tienen un mayor acceso a información amigable que fomenta análisis rigurosos y cobertura informativa. Incluso a los Funcionarios Públicos, el presupuesto ciudadano eleva la calidad gerencial y acompaña la transparencia en la gestión, como un mecanismo de participación ciudadana, y no por ser el ultimo el menos importante a Estudiantes y la ciudadanía general, ya que fomenta la educación cívica y el ejercicio activo del control social, haciendo palpable la relación entre recursos públicos y derechos, como un mecanismo de acertar las necesidades de los diversos sectores a los funcionarios públicos pero también como de un mecanismo de rendición de cuentas de igual manera.

Y con esta participaciónciudadana las prioridades y desafíos en Guatemalase identifican ciertas áreas que el presupuesto prioriza como el gasto asignado salud Q 15,200.0 (9.8%), Q 25,530.3 millones para educación (16.5%). También se asigna Q 8,272.8 (5.3%) en seguridad y Q 7,841.1 (7.8%) en infraestructura, reflejando las prioridades que tiene el poder ejecutivo.

Pero en contraste con el tipo de gasto se puede evidenciar que el 63.9% del presupuesto vigente es para el Funcionamiento, el 13% para pagar Deuda pública y el 23.1% es dedicado a la inversión pública.

Pero esta participación ciudadana sin embargo, enfrenta desafíos que no permiten fortalecer este mecanismo como: 1. La baja cultura de fiscalización y participación ciudadana. 2. Procesos muy rígidos, técnicos y legales que limitan la adaptación presupuestaria a necesidades emergentes. y 3. La necesidad de fortalecer y aumentar la recaudación tributaria para sostener inversiones y reducir la deuda pública.

Desafíos de la participación ciudadana

Pero veamos un ejemplo práctico nacional, como las asignaciones presupuestarias detalladas permiten que cualquier guatemalteco pueda seguir cómo se invierte en servicios clave como las escuelas y hospitales de su comunidad, y participen en canales abiertos por las entidades públicas para influir en decisiones y exigir rendición de cuentas.

En este orden de ideas es fundamental el identificar aquellas oportunidades y propuestas para fortalecer el presupuesto ciudadano como:

• Abrir, fortalecer y consolidar aquellos espacios de consulta pública y participación ciudadana durante el ciclo presupuestario;
• Desarrollar herramientas digitales para monitorear la asignación y ejecución de los recursos, reportando irregularidades;
• Fomentar el acceso a información con pertinencia étnica y lingüística para garantizar de esta forma una verdadera inclusión social.
• También promover aquellos espacios que promuevan la reducción de las brechas relacionadas a procesos de formación presupuestaria desde la educación formal con un lenguaje sencillo y materiales visuales.

De tal cuenta el presupuesto ciudadano es aquel responsable que convierte cifras complejas en una herramienta fácil y sencilla para el cambio concreto pero con las necesidades y solicitudes de la ciudadanía, involucrarse no solo es un derecho sino una necesidad para asegurar que los recursos públicos beneficien justamente a todos, especialmente en contextos de fragilidad institucional como el contexto guatemalteco y en especial aquellos grupos vulnerables, porque comprenderlo y exigir su cumplimiento es un paso hacia un Estado más democrático, transparente y cercano.

[1] https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/Presupuesto%20Ciudadano%202025-28-feb-2025.pdf

[2] https://tallerdepresupuestoabierto.minfin.gob.gt/

[3] Estrategia de gestión pública que se enfoca en generar valor público y mejorar el bienestar de la ciudadanía al orientar los recursos del Estado hacia el logro de objetivos y resultados concretos.

En Guatemala, donde el sistema de justicia enfrenta constantes presiones políticas, retrocesos democráticos y ataques sistemáticos contra operadores judiciales independientes, la defensa de la independencia judicial se ha convertido en una causa urgente. En este contexto adverso, una nueva generación de actores está emergiendo con fuerza: jóvenes abogados, estudiantes de derecho y colectivos ciudadanos comprometidos que no solo denuncian los abusos, sino que también proponen soluciones, observan, auditan y acompañan procesos judiciales de alto interés público. Colectivos organizados en la ciudad capital y organizaciones juveniles del interior del país están demostrando que la juventud vinculada a la problemática social y principalmente en el sector justicia, no es indiferente. Muy por el contrario, se posicionan como una generación clave para revitalizar la lucha por un sistema judicial independiente, imparcial y verdaderamente al servicio de la ciudadanía.

La independencia judicial en Guatemala no es únicamente un principio constitucional; es también una trinchera de resistencia democrática.

En los últimos años, diversas voces nacionales e internacionales han denunciado la creciente captura del sistema de justicia por redes político-económicas ilegales, manifestada en la persecución de jueces independientes, fiscales anticorrupción y defensores de derechos humanos. Frente a este panorama sombrío, las juventudes organizadas han decidido no permanecer al margen. Agrupadas en colectivos, redes universitarias y grupos territoriales, estas nuevas generaciones están asumiendo un rol protagónico en la defensa del Estado de derecho, empleando herramientas como la auditoría social ciudadana, el litigio estratégico, las campañas de comunicación y el monitoreo constante del sistema judicial. Este espacio analizamos su papel en el fortalecimiento democrático y los múltiples desafíos que enfrentan en un entorno marcado por la conflictividad institucional y la represión.

La independencia judicial es un valor en disputa, principio fundamental del Estado de derecho, implica que jueces y magistrados puedan ejercer sus funciones sin interferencias indebidas, presiones políticas ni represalias. Sin embargo, en Guatemala este principio ha sido reiteradamente vulnerado. Casos paradigmáticos como la criminalización de jueces independientes, la manipulación en la elección de cortes y la instrumentalización del derecho penal para perseguir a operadores de justicia, reflejan una justicia cooptada por intereses paralelos.

Según informes[1] que abordan como la justicia ha sido capturada, al menos 25 operadores de justicia independientes se han exiliado desde 2018 debido a amenazas o procesos penales espurios. Esta situación ha generado un profundo desencanto en la ciudadanía, pero también ha despertado nuevas formas de organización y resistencia, especialmente desde las juventudes.

En una nueva narrativa generacional Justicia Ya[2] es uno de los colectivos juveniles más visibles en la escena guatemalteca. Nacido en el contexto de las protestas ciudadanas de 2015, este grupo ha evolucionado desde el activismo digital hacia una incidencia más articulada en temas de justicia. Conformado por jóvenes profesionales —principalmente abogados— su trabajo combina análisis jurídico, comunicación estratégica y movilización ciudadana.

Estos colectivos tanto de la ciudad capital como del interior del país han acompañado procesos clave como las elecciones de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a las Cortes de Apelaciones, promoviendo una mayor transparencia en las comisiones de postulación. Inclusive ciertas organizaciones han impulsado campañas educativas sobre independencia judicial, corrupción y acceso a la justicia, acercando estos temas a audiencias jóvenes a través de redes sociales, podcasts, videos y actividades presenciales.

Un sector para resaltar en esta nube de colectivos es el de jóvenes del interior, que con muchas limitaciones no solo de distancia, sino financieras, técnicas, entre otras, se han embardado en procesos formales de auditoría ciudadana desde los territorios.

En donde más allá de la capital, en departamentos como Quetzaltenango, Alta Verapaz y Huehuetenango, han surgido colectivos juveniles que integran estudiantes de derecho, abogados recién graduados y activistas comunitarios. Estas agrupaciones, la mayoría de las veces con apoyo de universidades o redes de organizaciones de sociedad civil, realizan auditorías sociales a juzgados locales, dan seguimiento a casos de interés comunitario, e impulsan debates públicos sobre la justicia en sus territorios.

Un ejemplo destacado es el Grupo de Apoyo Xela (GAX ONG)[3], una organización de base comunitaria legalmente establecida en Quetzaltenango ha impulsado la creación del Observatorio de Justicia Abierta desde Sociedad Civil. Este observatorio se centra en abrir datos del sector justicia en Guatemala, facilitando acciones de veeduría social desde la sociedad civil y promoviendo la transparencia en el sistema judicial. Estos procesos contribuyen no solo a visibilizar malas prácticas judiciales, sino también a construir una cultura de exigencia y vigilancia desde lo local.

Casos emblemáticos

• En 2023, adolescentes y jóvenes organizados en cinco municipios de Quetzaltenango se expresaron y promovieron sus derechos a través de diferentes acciones, como parte de sus planes de trabajo. Estas actividades fueron parte de iniciativas apoyadas por organizaciones como PAMI[4] Guatemala.
• En Cobán existen iniciativas relevantes que involucran a estudiantes de Derecho en actividades relacionadas con la promoción de la justicia y los derechos humanos. Taller Jurídico en Cobán: La sede de Cobán de Nueva Acrópolis Guatemala inició un Club Jurídico con talleres sobre ética en las profesiones legales, desarrollados por abogadas voluntarias[5].

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala – Sede Cobán: Ofrece programas académicos en Ciencias Jurídicas y Sociales, formando profesionales éticamente responsables y socialmente comprometidos.

Los ejemplos anteriores resaltan un tema fundamental que es la educación jurídica y compromiso cívico, que son un binomio necesario para reducir las brechas no solo educativas sino de igual manera digitales.

La formación académica en derecho ha sido tradicionalmente formalista y alejada de una perspectiva crítica sobre el rol del sistema de justicia en la democracia. Sin embargo, universidades públicas y privadas están comenzando a abrir espacios donde los estudiantes pueden reflexionar sobre la justicia como bien público, desarrollar pensamiento crítico y vincularse con procesos de auditoría social, litigio estratégico o comunicación para la incidencia. Es de resaltar que estos espacios si bien son a nivel universitario muchas iniciativas nacen desde los estudiantes y no de la institucionalidad de las universidades.

La Fundación Myrna Mack[6] ha publicado diversos informes y estudios relacionados con el sistema de justicia guatemalteco, como «Justicia en cifras: Analizando el desempeño de la institucionalidad del sistema de justicia», que analiza la capacidad de respuesta de instituciones como el Ministerio Público y el Organismo Judicial entre 2018 y 2022. Sin embargo, estos estudios no incluyen encuestas dirigidas a estudiantes de Derecho ni datos específicos sobre su interés en participar en iniciativas ciudadanas relacionadas con el sistema de justicia.

Un componente para tener presente es ver que han implementado en otros países como experiencias regionales dirigidas o enfocadas a jóvenes por la justicia en América Latina, Guatemala no está sola en esta lucha por la independencia judicial y el involucramiento de este bono demográfico de juventudes. Por ejemplo:

Existen iniciativas en Perú que promueven la participación de estudiantes en temas relacionados con la justicia y los derechos humanos. Como:

• Red ESPAZ[7] Perú: La Red Internacional de Estudiantes por la Paz (Red ESPAZ Perú) tiene como objetivo capacitar a jóvenes estudiantes en temas relacionados con la cultura de paz, liderazgo, educación, derechos humanos y desarrollo sostenible. Si bien su enfoque principal no es la independencia judicial, su labor en derechos humanos es relevante.
• Programa Secigra Derecho[8]: El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) de Perú implementa el programa Secigra Derecho, que en 2024 contó con la participación de 2,302 estudiantes de 90 universidades del país. Estos estudiantes realizan prácticas profesionales en diversas instituciones públicas, contribuyendo al fortalecimiento del sistema de justicia.

En cuanto a Colombia y Honduras, se han identificado movimientos juveniles que han participado activamente en la defensa de la independencia judicial y la promoción del Estado de derecho. Por ejemplo:

• Colombia: Aunque no se ha encontrado información específica sobre una organización llamada «De justicia» que forme generaciones de jóvenes investigadores y litigantes, existen diversas iniciativas y programas académicos que promueven la formación de jóvenes en temas relacionados con la justicia y los derechos humanos.
• Honduras[9]: El «Movimiento de las y los indignados» ha liderado protestas masivas en varias ciudades del país, exigiendo transparencia y justicia. Estas movilizaciones han sido impulsadas en gran medida por jóvenes, quienes han desempeñado un papel crucial en la defensa de la independencia judicial.

Estas experiencias regionales demuestran que las juventudes pueden ser agentes de cambio significativos en la promoción y defensa de la independencia judicial, incluso en contextos adversos y que puedan promover iniciativas de auditoria social al sistema de justicia penal de Guatemala.

En ese sentido, los colectivos guatemaltecos deben de fortalecer estas alianzas regionales, crear espacios para el intercambio de metodologías en procesos de auditoría social o ciudadana y construir una red que permita obtener una radiografía ciudadana del sistema de justicia nacional. Y si este esfuerzo nacional se le suma organizaciones de sociedad civil latinoamericanas y la cooperación internacional quienes juegan un rol clave en apoyar este tipo de articulaciones, los cambios necesarios puedes esperarse que sean a mediano plazo y de beneficio para nuestro país.

Pero en el contexto actual que enfrentamos como país, se tienen escenarios diversos y adversos en muchas áreas que se convierten en desafíos para el compromiso juvenil con la justicia, ya que pese al entusiasmo y la innovación de este bono demográfico de juventudes, su camino no está libre de obstáculos. como:

• La criminalización del activismo juvenil, especialmente en contextos rurales o indígenas, donde la defensa de los derechos suele ser estigmatizada.
• La falta de una oportunidad laboral, que desincentiva la participación en actividades no remuneradas como la auditoría social.
• La falta de acceso a información pública de parte del poder judicial clara, actualizada y en formatos editables y amigables para el monitoreo ciudadano.
• El escaso reconocimiento institucional, ya que muchos operadores judiciales no consideran a las juventudes como interlocutores legítimos en la discusión sobre justicia.

Pero el superar estos retos implica una acción coordinada entre universidades, organizaciones de sociedad civil, cooperación internacional y entidades que conforman el sistema de justicia penal y que estén comprometidas con la transparencia y la participación ciudadana.

Una nueva generación, una nueva esperanza las juventudes, jóvenes abogados y abogadas están demostrando que la independencia judicial no es solo un principio abstracto o una preocupación de ciertas élites o grupos sociales aislados. Sino que se  ha convertido en una condición necesaria para construir y contribuir a una sociedad más justa, donde las leyes no sean un instrumento de persecución sino de protección.

Aunque se enfrentan enormes desafíos, su creatividad, valentía y compromiso los convierten en actores imprescindibles para el presente y el futuro del sistema de justicia guatemalteco. Escucharlos, apoyarlos y visibilizar su trabajo es clave para transformar la relación entre ciudadanía y justicia en el país.

[1] https://www.wola.org/es/

[2] linktr.ee/justiciayagt

[3] https://gaxong.gt/justicia-abierta-gax

[4] https://pami-guatemala.org/2023/07/12/adolescentes-y-jovenes-organizados-se-expresan-y-promueven-sus-derechos-en-5-municipios-de-quetzaltenango

[5] https://www.nuevaacropolis.org.gt/taller-juridico-en-coban

[6] https://myrnamack.org.gt/justicia-en-cifras-analizando-el-desempeno-de-la-institucionalidad-del-sistema-de-justicia

[7] redespazperu.org

[8] https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/906816-minjusdh-mas-de-2-mil-estudiantes-universitarios-participan-en-programa-secigra-derecho-2024

[9] https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/12049.pdf