Medidas cautelares en Guatemala: ¿averiguación de la verdad o negación de la justicia?

En teoría, las medidas cautelares están diseñadas para proteger la integridad del proceso penal, evitar la fuga de los acusados o la obstrucción a la justicia, y garantizar los derechos de las víctimas. Pero en la práctica guatemalteca, su uso se ha distorsionado, por el mal uso que algunos actores han hecho de este recurso, cuando lo que debería ser un instrumento para acercarse a la verdad, se convirtieron en un patrón de criminalización por quienes están al frente de instituciones como el Ministerio Público y Organismo Judicial, convirtiéndole en una herramienta para evadirla o, peor aún, para castigar de forma anticipada contra contrarios políticos y económicos.

En el proceso penal guatemalteco, las medidas cautelares son disposiciones judiciales que se toman para asegurar el desarrollo del proceso y la efectividad de una posible sentencia, protegiendo tanto al imputado como a la víctima y a la sociedad. Estas medidas pueden ser de diferente tipo, como arraigo, embargo, secuestro, intervención, o anotación de bienes, y su objetivo principal es garantizar que el acusado esté presente en el juicio, proteger a las partes involucradas y evitar que se obstaculice el proceso.

Tipos de Medidas Cautelares en Guatemala

Fuente: Elaboración propia

Importancia de las Medidas Cautelares:

• Las medidas cautelares son esenciales para garantizar la efectividad del proceso penal, permitiendo que el proceso se desarrolle normalmente y que la sentencia, en caso de ser condenatoria, pueda ser ejecutada. 
• Protegen los derechos de las partes involucradas, tanto del imputado como de la víctima, asegurando un juicio justo y evitando daños irreparables. 
• Contribuyen a la seguridad ciudadana, al evitar que personas peligrosas puedan evadir la justicia o continuar cometiendo delitos

Importancia de las Medidas Cautelares

Fuente: Elaboración propia

En los últimos años, distintos actores (desde operadores de justicia hasta personas acusadas en casos de alto perfil o impacto) han utilizado una serie de maniobras o estrategias legales para evitar que los procesos avancen. Entre solicitudes de excusa o recusación, recursos repetitivos, amparos fuera de tiempo y otras estrategias, terminan por estancar la justicia. En un país donde la impunidad sigue siendo la norma, este uso abusivo de las medidas cautelares no solo genera frustración, sino que atenta contra el derecho de toda la sociedad a conocer la verdad y a que se haga justicia.

Es de resaltar que las medidas cautelares, son solicitadas por las partes o sujetos procesales, pero en definitiva son autorizadas por el titular (o titulares) del Órgano Jurisdiccional (Juzgado o Tribunal de Sentencia).

Al mismo tiempo, estas medidas se han transformado en instrumentos de represión contra quienes ejercen funciones con independencia o defienden derechos fundamentales. En lugar de proteger el proceso penal, se utilizan para enviar un mensaje de castigo y disuasión.

Ya lo indico Human Rights Watch en su informe mundial 2024[1] en el apartado para Guatemala, el Estado de derecho y la independencia judicial han sido gravemente debilitados por medidas impulsadas desde el Congreso, el Ministerio Público y otras autoridades. Estas acciones han obstaculizado la rendición de cuentas por actos de corrupción y han favorecido la impunidad de élites políticas, económicas y militares que han cooptado gran parte del sistema judicial.

Uno de los momentos clave en este retroceso institucional fue la expulsión, en 2019, (tomar en consideración que la CICIG no fue expulsada, lo sucedido fue que su mandato ya no fue renovado por el gobierno de Guatemala, lo que llevó a su salida del país y al cese de actividades) de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo respaldado por las Naciones Unidas. Esta decisión, tomada por el entonces presidente Jimmy Morales, abrió la puerta a una serie de represalias contra operadores de justicia comprometidos con la lucha contra la corrupción.

La fiscalía (el Ministerio Público (MP)) allanó el domicilio del exfiscal especial contra la impunidad Juan Francisco Sandoval, actualmente en el exilio, así mismo aprehendió a Claudia González, ex mandataria de la CICIG y abogada defensora de jueces y fiscales independientes. Ambos fueron señalados por supuestos delitos de abusos de autoridad relacionados con investigaciones por tráfico de influencias, como la que en 2017 involucró a la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling.

Como resultado de esta persecución, más de 40 jueces, fiscales y exfuncionarios de la CICIG se habían visto obligados a abandonar el país. Uno de los casos más emblemáticos es el de Virginia Laparra[2], fiscal anticorrupción, quien en ese momento estaba en prisión cumpliendo una condena de cuatro años por “abuso de autoridad” luego de haber presentado quejas administrativas contra un juez. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU calificó su detención como arbitraria y exigió su liberación.

A este panorama se sumó el nombramiento acelerado y opaco de una nueva Corte Suprema de Justicia por parte del Congreso saliente, cuyo mandato finalizaba en enero de 2024. El proceso estuvo plagado de irregularidades y resultó en la elección de 13 magistrados, varios de los cuales han sido señalados por fiscales de haber participado en delitos como el tráfico de influencias.

Pero para quienes no somos expertos en el tema cuando se habla de estas herramientas legales siempre queda una pregunta en el tintero ¿Qué son las medidas cautelares y por qué son importantes? En este punto solo queda por indicar que en el ámbito penal, las medidas cautelares son disposiciones provisionales dictadas por un juez para asegurar la comparecencia del acusado, preservar pruebas o proteger a víctimas y testigos. Pueden ir desde restricciones de movilidad y firma periódica, hasta la más severa: la prisión preventiva (la prisión preventiva no es una medida cautelar, es una medida que busca asegurar la comparecencia del sindicado en un proceso y/o que no influya a posibles testigos u otros sujetos dentro del caso).

También es importante resaltar que en la jerarquía constitucional e internacional, y según lo establece elartículo 46 de la Constitución Política de la República indica que los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, ratificados que reconozcan más derechos tienen jerarquía superior a las leyes internas. Esto significa que convenios como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos se aplican directamente en el país, imponiendo estándares internacionales de protección al debido proceso.

Resaltamos esto debido a que en el ámbito internacional existen estándares que también regulan su implementación donde los países deben cumplir tres principios fundamentales:

• Proporcionalidad: adecuarse a la gravedad del hecho y a las circunstancias del acusado.
• Necesidad: aplicarse solo si otras medidas menos gravosas no son suficientes.
• Temporalidad: durar lo estrictamente necesario para evitar abusos.

En Guatemala, el Código Procesal Penal recoge estos principios. No obstante, su aplicación práctica dista mucho de lo que dicta la norma. De ser un mecanismo para proteger la justicia, las medidas cautelares están siendo usadas como instrumentos de castigo, incluso antes de un juicio.

Estas medidas han pasado de ser una herramienta procesal a castigo anticipado, uno de los principales abusos en nuestro sistema de justicia, es el uso excesivo y prolongado de la prisión preventiva. En lugar de ser excepcional, se ha vuelto casi automática o la norma a aplicar en ciertos casos, particularmente cuando los acusados son figuras incómodas para el poder político o económico.

En muchos procesos, los jueces otorgan prisión preventiva sin agotar previamente opciones menos restrictivas, como el arresto domiciliario (que se les otorga a otros personajes afines a ciertas estructuras como lo evidenciado recientemente con el caso de Melvin Quijivix[3]), la fianza o la prohibición de salir del país. Además, el retardo malicioso de audiencias clave prolonga indefinidamente la detención, violando el principio de razonabilidad.

Este fenómeno lo debemos de entender en que se convierte una medida cautelar en una pena sin juicio, con consecuencias negativas, afectando no solo los derechos del acusado, sino también el poco prestigio e independencia que aún le quedan al sistema de justicia. En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la prisión preventiva “no puede convertirse en una forma anticipada de sanción penal[4]”.

Un buen ejemplo de este tema es el caso del periodista José Rubén Zamora. De tal cuenta entre líneas se debemos leer que la prisión preventiva como mensaje político, la cual debería ser una medida excepcional, pero ha sido empleada como un mensaje político claro: quien se atreva a investigar o denunciar la corrupción, puede pagar un alto costo personal.

Dentro del sistema penal de nuestro país hay muchos casos que han sufrido del mal uso de esta herramienta pero dentro de ese universo hay unos que resaltan más por su impacto mediático como lo es el caso de Virginia Laparra, detenida por más de 800 días sin sentencia firme (quien fue detenida en 2022 por denunciar a un juez que había filtrado información confidencial), es uno de los ejemplos más evidentes de cómo se puede tergiversar una herramienta procesal para castigar antes de juzgar. No se trata de hechos aislados. Como se indicó anteriormente más de 40 operadores de justicia han sido criminalizados, lo que revela una tendencia o patrón alarmante de instrumentalización del derecho penal con fines de represalia.

Operadores de justicia y defensores de derechos humanos han sido objeto de detenciones preventivas prolongadas sin que medien condenas ni riesgos procesales comprobables. Estas decisiones no solo violan principios básicos del debido proceso, sino que debilitan gravemente la independencia judicial y envían un mensaje de intimidación a todo el sistema.

De tal cuenta el retardo malicioso es una forma de violencia institucional,este retardo no es una falla técnica ni una simple ineficiencia, es, en muchos casos, una estrategia deliberada. El concepto debe entonces entenderse como el acto de entorpecer o retrasar maliciosamente el curso de un proceso judicial.

Aunque está tipificado como delito, son escasos los casos en los que esta figura ha sido judicializada. Esta falta de consecuencias fomenta la reincidencia. A su vez, genera un efecto des motivante: víctimas que se cansan, defensores que renuncian, testigos que se alejan.

Esta estrategia trae consigo implicaciones para la independencia judicial y el Estado de derecho, cuando las medidas cautelares se usan para castigar y no para proteger, se socava la confianza en la justicia y se debilita la separación de poderes. En Guatemala, este fenómeno tiene implicaciones graves:

• Inhibición del sistema judicial: jueces, fiscales y defensores se autocensuran por miedo a represalias judiciales. El temor no es infundado, sino alimentado por un sistema que premia la lealtad política y castiga la independencia.
• Erosión institucional: la justicia pierde legitimidad cuando es percibida como un brazo del poder político. La ciudadanía desconfía del sistema, lo evade o lo confronta, lo que genera más conflictividad y debilita la cohesión social.
• Desprotección de víctimas: al centrarse en castigar opositores, el sistema pierde capacidad de proteger a quienes realmente lo necesitan, como mujeres víctimas de violencia, comunidades despojadas o personas criminalizadas por defender la tierra.

Como ciudadanos ¿qué podemos hacer?, el superar esta crisis no será nada sencillo, sin el involucramiento y participación ciudadana en implementar mecanismos de auditoria social a todo el sistema de justicia penal de nuestro país, pero hay caminos posibles.

• Fortalecer la carrera judicial, blindando a jueces y fiscales frente a represalias políticas o económicas.
• Monitorear el uso de medidas cautelares mediante redes ciudadanas y auditorías institucionales.
• Exigir que se garantice el principio de igualdad ante la ley, evitando privilegios procesales injustificados.

Algunos países han reforzado controles para prevenir el uso abusivo de medidas dilatorias. En Colombia, la Corte Suprema ha afirmado que el abuso de recusaciones no puede servir para congestionar el sistema ni dilatar injustificadamente los procesos, y se ha implementado un marco sancionador como la Ley 586 de 2014, que regula estrictamente el trámite de excusas y recusaciones. En Argentina, aunque la reforma judicial de 2013 buscó agilizar procedimientos y limitar algunos plazos cautelares, no se ha identificado jurisprudencia reciente que sancione de forma específica el uso malicioso de recusaciones o excusas.

Para dar finalizar este articulo podemos concluir que las medidas cautelares no deben convertirse en una forma de represión judicial, máximo en un Estado de derecho, donde el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia son pilares fundamentales. Cuando se abusa de este recurso como la prisión preventiva o se niegan medidas sustitutivas por razones políticas, el sistema deja de impartir justicia y se transforma en un mecanismo de control.

De tal cuenta el problema no está en las medidas cautelares en sí, sino en cómo se han pervertido en su aplicación, ya que mientras algunos sectores utilizan el sistema para evadir la justicia, otros; que son mayoría, quedan atrapados en una maquinaria lenta, costosa y desigual. Es así, que si queremos un país donde la justicia no sea solo un privilegio de unos pocos, se convierte un acto fundamental el revisar cómo se están usando estos mecanismos. Porque negar el acceso a un juicio justo, ya sea por acción o por omisión, es también una forma de negar la justicia.

Fuentes consultadas:

• Revisión de fondo Lic. Otto Navarro
• OACNUDH Guatemala. Informe sobre la independencia judicial, 2023.
• Plaza Pública. “La cooptación del Estado sigue sin juicio”, 2023.
• Código Procesal Penal de Guatemala.
• Código Penal de Guatemala.
• Human Rights Watch. Exile and Repression in Guatemala, 2023.
• International Bar Association. Guatemalan Rule of Law in Crisis, 2022.
• Corte Interamericana de Derechos Humanos. Jurisprudencia sobre medidas cautelares y prisión preventiva.

[1] https://www.hrw.org/es/world-report/2024/country-chapters/guatemala

[2] https://elpais.com/planeta-futuro/2025-06-02/virginia-laparra-exfiscal-guatemalteca-fui-a-la-carcel-por-una-persecucion-politica-contra-mi.html

[3] https://lahora.gt/nacionales/sosegueda/2025/07/11/juez-suplente-se-niega-a-levantar-reserva-y-manda-a-su-casa-a-quijivix-con-fianza-de-q400-mil/

[4] https://www.corteidh.or.cr/ver_ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=195&lang=es#:~:text=El%20art%C3%ADculo%207.5%20de%20la,de%20que%20contin%C3%BAe%20el%20proceso.

En América Latina, las defensoras de derechos humanos desempeñan un papel crucial en la defensa de los territorios, la defensa del medio ambiente y la lucha contra la impunidad. Sin embargo, su labor enfrenta un peligro creciente como lo es la criminalización por parte de instituciones que deberían garantizar justicia.

Bajo la actual administración del Ministerio Público, se ha consolidado una política preocupante que consiste en utilizar el sistema penal para perseguir a activistas, especialmente mujeres y pueblos indígenas, con el fin de silenciar sus voces y disuadir la participación ciudadana.

En los últimos años, Guatemala ha sido testigo de un preocupante incremento en la criminalización de defensoras de derechos humanos. Bajo la gestión de la actual Fiscal General, el Ministerio Público (MP) ha sido señalado por perseguir activistas y por instrumentalizar el sistema de justicia con el objetivo de generar miedo e inhibir el involucramiento comunitario. A través de la fabricación de casos, la manipulación del derecho penal y la utilización de tipos penales ambiguos, el MP ha convertido la lucha por los derechos humanos en un riesgo latente para quienes defienden el acceso a la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas.

En 2022 una líder comunitaria, organizó protestas contra un proyecto hidroeléctrico que amenazaba con desplazar a cientos de familias y contaminar fuentes de agua. Tras meses de movilizaciones, la fiscalía la acusó de «terrorismo», «asociación ilícita» y «daños a la propiedad privada», basándose en testimonios anónimos y sin pruebas materiales.

Durante el proceso, fue detenida preventivamente, a pesar de que su único «delito» fue ejercer su derecho a la protesta. Organizaciones internacionales documentaron irregularidades: jueces vinculados a intereses empresariales, testigos pagados y falta de transparencia en las audiencias.

Este caso no es aislado, según Front Line Defenders, el 70% de las defensoras criminalizadas en la región enfrentan cargos fabricados, desde obstrucción de vías públicas hasta secuestro, solo por liderar reclamos legítimos. Las mujeres, además, sufren estigmatización mediática y violencia de género institucional, como allanamientos sin orden judicial o vigilancia ilegal.

En el informe del año 2023[1] de Front Line Defenders indica que al menos 300 defensores de derechos humanos de 28 países fueron asesinados en un intento de silenciarlos y detener su labor. Dicho informe para el caso específico de Guatemala registra 6 casos de defensores y defensoras asesinados, de ellos destaca que 4 son de sexo femenino y 2 masculino.

• Nicolasa López Méndez
• Victoria Méndez Agustín
• Sonia Janeth Guevara
• Doris Aldana
• Francisco Gonzalo Velásquez Gómez
• Noe Gómez Barrera

Dicho informe resalta que 49 de los 300 defensores asesinados fueron identificados como mujeres, incluidas mujeres trans, 14 eran miembros de la comunidad LGBTIQ+.

En días recientes se conoce por medio de una publicación en redes sociales donde se da a entender que en el Ministerio Público donde existe una supuesta investigación en contra del periodista Nelton Rivera cofundador del medio independiente Prensa Comunitaria, el cual ejemplifica un preocupante patrón de uso instrumental del sistema judicial y de las redes sociales impulsado por los “netcenters”, para silenciar la labor crítica de la prensa en Guatemala.

Rivera, es conocido por su cobertura de conflictos socioambientales y violaciones a derechos humanos, enfrenta según estas publicaciones acusaciones infundadas que, lejos de sustentarse en pruebas concretas, reflejan una estrategia de hostigamiento mediante figuras penales ambiguas o desproporcionadas. Este caso no solo evidencia la vulneración del derecho a la libertad de expresión, sino también la erosión de la independencia judicial, al convertirse las instituciones públicas en herramientas de persecución política en lugar de ser garantes del justicia objetiva e independiente.

La comunidad internacional[2] ha alertado que tales prácticas, contrarias a estándares como los de la CIDH y la ONU, socavan la democracia al normalizar la impunidad del poder y el castigo a la disidencia. Urge, por tanto, que el sistema judicial guatemalteco reafirme su autonomía, desestimando cargos carentes de fundamento y protegiendo el rol esencial del periodismo en una sociedad libre.

Así mismo resalta que “el sector de defensores de los derechos de los pueblos indígenas fueron el grupo más atacado en 2023, con un total de 92 asesinatos registradas en Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Indonesia, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Filipinas. Un total de 64 Personas que defendían los derechos ambientales y territoriales fueron asesinadas en Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, India, México, Perú y Filipinas.”

Esto deja de manifiesto que el defender derechos en Guatemala es una actividad de alto riesgo debido a la diversidad de intereses económicos y políticos que se llegan a confrontar en la defensa de los derechos humanos fundamentales de los habitantes de los territorios, afectando la ya deteriorada independencia judicial.

Como consecuencia implementan e institucionalizan la “Política institucional de criminalización y persecución como herramienta de control” de parte de la actual fiscal, cuya gestión ha sido cuestionada por organismos internacionales, ha sido sancionada por EEUU por sus constantes ataques al estado de derecho en Guatemala, así como a personas allegadas a los interno del Ministerio Público y el 2 de abril de 2025 el Reino Unido[3] emite sanciones en contra del expresidente Alejandro Giammattei, Miguel Martínez e incluye a la actual Fiscal General del MP, Consuelo Porras en la lista de sanciones financieras por estar involucrados en casos de corrupción.

Se les congela activos y tienen prohibida el ingreso a dicho país. En el listado también figuran el diputado Felipe Alejos, el secretario del MP, Ángel Pineda, el exdirector del INDE, Melvin Quijivix y los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso estos últimos también actuales funcionarios del MP.

Este cumulo de sanciones solo ha evidenciado que estos actores han institucionalizado una estrategia clara, El Ministerio Público, ha utilizado diversas figuras penales para perseguir a defensoras y defensores de derechos humanos, activistas ambientales, periodistas y opositores políticos. Estas herramientas jurídicas, creadas originalmente para combatir delitos graves, han sido desviadas de su propósito para criminalizar la protesta social y la disidencia.

A continuación, se detallan algunas de las principales figuras legales utilizadas en esta política de criminalización:

Asociación ilícita

• Base legal: Ley Contra la Delincuencia Organizada.
• Uso abusivo: El MP acusa a activistas de integrar estructuras criminales sin presentar pruebas contundentes. Esta figura permite vincular a múltiples personas en un solo caso, facilitando la criminalización colectiva. Por ejemplo, en el caso «Toma de la USAC: botín político», 44 personas, incluido el binomio presidencial electo, fueron acusadas de asociación ilícita durante las protestas estudiantiles de 2023.
• Consecuencias: Prolonga los procesos judiciales y justifica detenciones preventivas, generando desgaste emocional y económico.

Terrorismo

• Base legal: Ley contra el Terrorismo.
• Uso abusivo: Se aplica de manera arbitraria a manifestaciones pacíficas o protestas contra megaproyectos. En el caso una líder comunitaria contra una hidroeléctrica, el MP la acusó de terrorismo pese a la ausencia de pruebas materiales, utilizando testimonios anónimos.
• Consecuencias: Genera estigmatización mediática y permite restringir libertades fundamentales bajo el argumento de «seguridad nacional».

Incumplimiento de deberes

• Base legal: Ley contra la Corrupción.
• Uso abusivo: Dirigido principalmente a exfuncionarios, jueces y fiscales independientes que investigaron corrupción. Por ejemplo, la exfiscal Virginia Laparra fue condenada bajo este cargo tras denunciar irregularidades en el sistema judicial.
• Consecuencias: Desalienta la independencia judicial y protege a actores corruptos al castigar a quienes los enfrentan.

Obstrucción a la justicia

• Base legal: Ley Contra la Delincuencia Organizada.
• Uso abusivo: Se emplea contra defensores que documentan violaciones de derechos humanos o periodistas que exponen casos de corrupción. El MP ha utilizado esta figura para acusar a quienes cuestionan sus investigaciones, como en el caso del presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, detenido por revelar redes de corrupción.
• Consecuencias: Silencia la libertad de prensa y obstruye el acceso a información pública.

Sedición

• Base legal: Código Penal.
• Uso abusivo: Criminaliza protestas sociales al interpretar reclamos legítimos como «alteraciones al orden público». En 2022, el MP presentó cargos de sedición contra comunidades indígenas que se oponían a proyectos mineros, argumentando «desestabilización».
• Consecuencias: Criminaliza la resistencia pacífica y legitima la represión estatal.

Abuso de autoridad

• Base legal: Código Penal.
• Uso abusivo: Aplicado a jueces o fiscales que emiten resoluciones favorables a defensores o que cuestionan al MP. Por ejemplo, el juez Miguel Ángel Gálvez, quien investigó el Caso Diario Militar, fue acosado judicialmente bajo este cargo.
• Consecuencias: Debilita la independencia judicial y fomenta la autocensura en operadores de justicia.

Tráfico de influencias

• Base legal: Código Penal.
• Uso abusivo: Utilizado para acusar a defensores que colaboran con organismos internacionales, como la exagente fiscal Samari Gómez, quien fue absuelta tras demostrarse que las acusaciones carecían de fundamento.
• Consecuencias: Desprestigia el trabajo de acompañamiento legal y desalienta la cooperación internacional.

Este enfoque no busca justicia, sino generar un efecto de “enfriamiento”, con la intención de disuadir a otras personas de involucrarse en causas sociales mediante el miedo a represalias legales.

Se puede identificar un patrón común, estas figuras legales se aplican bajo otra estrategia como lo es el de la “reserva legal”, utilizada como impidiendo la transparencia de los procesos y dificultando la defensa. Además, el MP suele acumular múltiples cargos en un mismo caso para prolongar los juicios y maximizar el impacto intimidatorio.

Dentro de todas las consecuencias esta la erosión democrática como ese proceso gradual y silencioso mediante el cual las instituciones y valores fundamentales de un sistema democrático -como la separación de poderes, el Estado de derecho, la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos- son debilitados, distorsionados o destruidos.

La criminalización tiene efectos devastadores a nivel de “autocensura comunitaria”, donde poblaciones enteras evitan denunciar abusos por temor a represalias. Otro efecto es que estos procesos judiciales generan una sobrecarga emocional y principalmente económica, los procesos judiciales requieren de recursos económicos y psicológicos de las defensoras, obligándolas a abandonar su lucha. Pero fundamentalmente la impunidad estructural, mientras el sistema judicial se enfoca en perseguir activistas, crímenes como corrupción o violencia contra mujeres quedan en la impunidad.

Ante este contexto adverso, es fundamental que la comunidad nacional e internacional continúe visibilizando estas violaciones a los derechos humanos y exija el cese de la criminalización de las defensoras. La independencia judicial y el respeto a los derechos humanos son pilares fundamentales de cualquier democracia y su deterioro afecta a toda la sociedad.

Los y las activistas de derechos humanos han sido históricamente un pilar en la lucha por la justicia en Guatemala. Su labor es indispensable para garantizar una sociedad más justa y equitativa.

Por lo que la criminalización de defensoras no es un error del sistema, sino una táctica deliberada para mantener privilegios y neutralizar la disidencia. Cuando el Ministerio Público se convierte en verdugo, pierde credibilidad y debilita el Estado de derecho. La sociedad continua hoy en día exigiendo un MP que priorice la protección de los derechos humanos sobre los intereses de unos pocos.

[1] https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/global-analysis-202324

[2] https://www.frontlinedefenders.org/es/case/smear-campaign-and-harassment-against-nelton-rivera-and-other-members-prensa-comunitaria

[3] https://www.gov.uk/government/news/campaign-to-tackle-dirty-money-steps-up-with-new-sanctions.es-419