Más allá de los programas tecnológicos: la integración de datos penitenciarios como pilar de la seguridad nacional
Elaborado por: Yonni Aguilar – observatoriociidh@gmail.com
La crisis del sistema penitenciario en Guatemala no es nueva, décadas de fallas estructurales, hacinamiento y ausencia de control han convertido a las cárceles en espacios ingobernables, donde la información es fragmentada y la opacidad alimenta la inseguridad. El análisis que elaborado plantea una visión amplia y clara, en él se plantea la afirmación que, sin datos confiables sobre la población privada de libertad, no es posible mejorar la seguridad pública ni impulsar una verdadera reforma penitenciaria.
El reciente mandato legal de crear una base de datos centralizada en un plazo de 90 días es el desafío de integración de información más ambicioso que el Estado ha enfrentado. A continuación, detallamos un resumen de los elementos principales de nuestro análisis y propuesta de cómo debería de enfocarse dicha base, desde una perspectiva de estadística criminal.
Una «Crisis de Datos» en un sistema fallido, como se hizo mención no es nueva históricamente las diversas autoridades del el Sistema Penitenciario han fallado en su mandato constitucional de «readaptación social y reeducación». En la práctica, funciona como un simple «depósito de personas», lo que genera tres problemas centrales:
- Hacinamiento: El problema más visible, con una tasa superior al 370%.
- Corrupción y Pérdida de Control: Una corrupción «enraizada a todos los niveles» ha permitido que las prisiones se conviertan en «centros de mando para el crimen organizado».
- Fracaso de la Readaptación: Menos del 10% de los reclusos accede a programas de educación o trabajo.
Una de las tantas causas que generan factores de ingobernabilidad, es la «crisis de datos». Que históricamente, no ha sido importante o prioritaria, por tal razón que la información ha estado dispersa en «silos institucionales» (Sistema Penitenciario, Organismo Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional Civil), impidiendo cualquier control real o visión integral.
El Decreto 11-2025 exige la creación de una base de datos centralizada de todas las personas privadas de libertad en un plazo de tres meses. El éxito de este reto no depende de construir algo desde cero, sino de la capacidad de integrar y consolidar los datos que ya existen en los silos institucionales.
Desde el ODGS proponemos una metodología ágil e intensiva de 7 fases para lograrlo:
- Diagnóstico y levantamiento inicial: Realizar un inventario de la infraestructura, conectividad y sistemas existentes en cada centro.
- Diseño de modelo de datos y validación: Definir la estructura de los datasets conforme a la ley y estándares internacionales (como los de UNODC e INEGI). Estandarizar catálogos (delitos, centros, etnias).
- Desarrollo e implementación tecnológica: La propuesta recomienda seleccionar un Sistema de Gestión de Reclusos (OMS) modular. El punto crítico aquí es lograr la interoperabilidad (con PNC, OJ, MP), usando el CUI como llave única para rastrear la carrera criminal de un individuo desde su detención hasta su sentencia y potencial reincidencia.
- Capacitación y pilotaje: Formar intensivamente al personal, incluyendo protocolos de protección de datos, ética y derechos humanos. Realizar una prueba piloto en centros seleccionados.
- Carga inicial y validación: Realizar la carga masiva de datos reales al sistema, verificando la consistencia, integridad y calidad de la información.
- Monitoreo y mantenimiento: Implementar monitoreo en tiempo real para estadísticas y auditoría, junto con un plan de mantenimiento y recuperación ante desastres.
- Publicación y transparencia: El sistema debe tener módulos de inteligencia estratégica («dashboards») para calcular KPIs automáticos (tasa de hacinamiento, tasa de reincidencia, etc.). Además, se deben preparar portales de consulta pública con datos agregados para fomentar la auditoría social.
Para que el sistema funcione, el ODGS propone una arquitectura de datos basada en dos datasets principales interconectados:
Dataset 1: Centros Penitenciarios (Gestión de Infraestructura)
este dataset rastrea o contiene información detallada de las diversas entidades físicas del sistema penitenciario. Incluye campos esenciales como:
- Identificación y ubicación (GPS).
- Capacidad de diseño vs. Población actual (para calcular hacinamiento).
- Infraestructura de seguridad (CCTV, escáneres).
- Servicios básicos (agua, saneamiento).
- Recursos humanos (custodios, médicos).
- Programas de reinserción activos.
Dataset 2: Personas Privadas de Libertad (Gestión de Población)
Descrito como el «corazón del sistema», se centra en el individuo usando el CUI/DPI como identificador único. Sus campos básicos clave deben de incluir:
- Identificación: Datos personales, incluyendo etnia y comunidad lingüística.
- Estatus Legal: Delitos (estandarizados), juzgado, estado (preventivo/condenado) y fechas de condena.
- Afiliación Criminal: Campos para registrar la pertenencia a organizaciones criminales, incluyendo el nombre de la pandilla (Mara Salvatrucha, Barrio 18) y la «clica» específica.
- Historial Penitenciario: Traslados, sanciones y perfil criminológico.
- Social y Salud: Nivel educativo, condiciones de salud (física y mental) y registro de visitas familiares.
Más allá de los programas se requiere voluntad política, concluimos indicando que el desafío de 90 días es agresivo, pero su éxito no se medirá por la compra de un software costoso. El factor decisivo será la voluntad política para forzar la interoperabilidad entre instituciones que históricamente han trabajado aisladas.
El objetivo no debería de ser el solo crear un «simple listado», sino todo lo contrario aprovechar la oportunidad de construir el «cerebro» de la estrategia de seguridad y reforma penitenciaria del país. Esta base de datos debe entenderse como un «censo dinámico», una fuente de inteligencia estratégica para el combate al crimen organizado y para formular políticas públicas basadas en evidencia.
Finalmente, el informe subraya que este sistema debe ser una herramienta clave contra la corrupción, permitiendo auditar la conducta del personal y coordinando esfuerzos con entidades como la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) para avanzar hacia una gestión ética, transparente y eficiente.
Si deseas informarte mas sobre el tema y sobre nuestra propuesta puedes descargar el siguiente documento