Continuando con el análisis iniciado en la primera parte de este tema, otro elemento fundamental de análisis es el papel que juegan los Netcenters que en su momento la extinta CICIG[1] los denomino como: “…como un conjunto de cuentas conectadas directa o indirectamente de forma física o virtual. Puede incluir en sus usuarios cuentas de personas reales, instituciones reales, perfiles falsos de personas, de instituciones ficticias, usuarios con nombres y fotografías (ID) robados de personas reales”.

Quienes se han convertido en ejércitos digitales al servicio de estos sectores pro-impunidad. Detrás de muchas campañas de hostigamiento y casos de criminalización, operan estructuras organizadas conocidas como «netcenters» o “Fabricas de desinformación” que operan en redes de personas o cuentas automatizadas (bots[2]) contratadas para manipular la conversación pública en redes sociales. Estrategia para mantener la narrativa y controlar que datos e información llega a la población. En Guatemala, su acción es particularmente agresiva contra quienes denuncian.

¿Pero cómo operan?

• Estructura tipo “cuenta madre” + secundarias
  • Una cuenta principal (o “madre”) controla varias cuentas secundarias (5–10 por día), generando seguidores de forma artificial (~150–300 al mes).
• Contenido coordinado
  • Difunde mensajes negativos (discurso de odio, desinformación) dirigidos a periodistas, defensores de derechos, fiscales, entre otros actores.
  • También reproducen narrativas desde medios de televisión, reforzando campañas de difamación.
• Alcance exagerado
  • Aunque las cuentas críticas son pocas y con pocos seguidores, generan más contenido que los mensajes favorables y consiguen un gran alcance.

Esto lo realizan por medio de ataques coordinados: saturan hashtags críticos con mensajes de apoyo al sistema o ataques ad hominem[3] contra activistas.

Al mismo tiempo realizan lo denominado como Troleo Masivo: el cual consiste en él envió de mensajes intimidatorios, amenazas veladas o memes despectivos para desgastar psicológicamente a denunciantes.

Facilitan la creación de tendencias engañosas, cuando utilizan esas cuentas falsas para viralizar narrativas que desacreditan las denuncias por ejemplo: «son campañas de desestabilización», «financiados por narcos».

Otra estrategia es la denominada como Doxing[4], al identificar un actor incómodo para ellos exponen datos personales de los y las activistas (direcciones, fotos familiares) para facilitar amenazas físicas o procesos legales.

Y otra es la fabricación de pruebas falsas, cuando alteran capturas de pantalla o sacan publicaciones de contexto para apoyar demandas por difamación. Ahora apoyados en la tecnología de inteligencia artificial esto les facilita mucho la tarea.

Pero todas estas acciones no se realizan de forma gratuita o ad honorem, tiene que existir uno o varios actores que no figuran públicamente quien los financia. ¿Pero quienes son esos actores? según información recopilada por organizaciones como UDEFEGUA y análisis de medios independientes (Plaza Pública, Agencia Ocote) sugieren vínculos entre estos netcenters y:

Redes de poder entorno al Sistema de Justicia

Fuente: Elaboración propia

Estas estructuras también cuentan con actores infiltrados a lo interno de las instituciones públicas tanto del Ministerio Público como del Organismo Judicial, de las redes al Juzgado, donde todo el material fabricado o distorsionado por netcenters es usado como «prueba» en procesos penales contra de los activistas:

«El informe presentado por el MP incluía 200 tuits de cuentas anónimas llamándome ‘terrorista’… Esos mismos tuits fueron retuiteados por cuentas de netcenter horas antes» — Testimonio recogido por UDEFEGUA (2023) en un caso por «ataques a la autoridad».

Su estrategia busca:

• Criminalizar la legítima crítica presentándola como «odio» o «desorden».
• Sobrecargar de trabajo a defensores legales con evidencia digital falsa o irrelevante.
• Legitimar la represión estatal creando la ilusión de «consenso social» contra el activismo.

¿Por qué sucede esto? las raíces de la represión digital y la criminalización no es casualidad; responde a intereses y dinámicas de poder profundas:

1. Protección de intereses creados, las denuncias en redes pueden exponer redes de corrupción que involucran a jueces, fiscales, abogados y actores políticos o económicos poderosos. La criminalización busca proteger esos intereses ilegítimos.
2. Mensaje disuasorio, es una advertencia contundente a otros potenciales denunciantes: «Esto te puede pasar a ti». Busca generar miedo colectivo y desincentivar futuras acciones.
3. Debilidad institucional y captura, ya que un sistema judicial verdaderamente independiente y robusto investigaría las denuncias de corrupción, no a quienes las formulan. La instrumentalización de la justicia contra los críticos es un síntoma claro de su captura por intereses espurios.
4. Marco legal obsoleto, cuando las leyes penales son mal redactadas, que no distinguen entre expresión legítima y discurso de odio real, o que protegen excesivamente el «honor» de funcionarios, son armas fáciles de usar contra los críticos. La Ley de Ciberdelincuencia, por ejemplo, puede ser aplicada de manera sesgada.
5. Estigmatización previa, cuando actores poderosos y ciertos medios de comunicación suelen etiquetar a jóvenes activistas digitales como «desestabilizadores», «financiados por extranjeros» o «delincuentes», preparando el terreno para la acción legal en su contra.

Motivaciones para la criminalización de denuncias en redes

Fuente: elaboración propia

El defender el derecho a denunciar es defender la democracia, y por medio de las redes sociales han dado a las juventudes guatemaltecas un megáfono sin precedentes para enfrentar la corrupción en el sistema de justicia penal nacional, este flagelo que corroe la democracia y perpetua la impunidad. Sin embargo, está siendo contestado con una estrategia peligrosa, convertir la denuncia legítima en un presunto delito.

La criminalización del activismo digital busca silenciar no solo a individuos valientes, sino a toda una generación que exige justicia y transparencia.

Este fenómeno no es solo un ataque a la libertad de expresión; es un síntoma profundo de la debilidad institucional y la resistencia de estructuras corruptas que se benefician de la impunidad, que el permitir que esta criminalización prospere sin una respuesta contundente fortalece a quienes buscan mantener el statu quo de opacidad.

Frente a esto, la respuesta debe ser una estrategia multidimensional, desde la autoprotección informada de los jóvenes activistas, el apoyo decidido de la sociedad civil y fundamental la cooperación internacional, hasta la exigencia irrenunciable al Estado para que cumpla su deber de investigar la corrupción real y garantice un entorno seguro para el ejercicio de los derechos fundamentales.

La lucha contra la corrupción en el sistema de justicia desde lo digital es arriesgada, pero también es un acto profundo de ciudadanía y amor por Guatemala. Proteger a quienes alzan la voz en las redes es proteger el derecho de toda la sociedad a saber, a exigir y a construir un sistema de justicia que merezca realmente ese nombre. Porque el futuro de la justicia en Guatemala también se escribe, y se defiende, en el espacio digital.

[1] https://www.cicig.org/wp-content/uploads/2018/05/Informe_bots_y_netcenters_2019.pdf

[2] software que intenta entender las necesidades de una persona a través de un lenguaje natural. Un bot es capaz de llevar a cabo tareas concretas e intenta entender el comportamiento humano.

[3] falacia lógica que ocurre cuando se ataca la personalidad, el carácter o los motivos de la persona que presenta un argumento, en lugar de refutar el argumento en sí mismo

[4] Consiste en investigar y publicar en internet información personal o privada de una persona sin su consentimiento, con la intención de acosar, intimidar, amenazar o dañar su reputación o seguridad.

Imagina tener una herramienta que te permite exponer irregularidades al instante, llegar a miles de personas en cuestión de segundos y exigir rendición de cuentas. Para las juventudes en Guatemala, las redes sociales se han convertido en esa poderosa arma contra la corrupción judicial. Publicaciones en X (antes Twitter), videos en TikTok, hilos en Facebook e historias en Instagram no solo documentan actos de impunidad, sino que también nombran a jueces o magistrados cuestionados y movilizan a la opinión pública.

Sin embargo, este activismo digital tiene una cara oscura y peligrosa: el creciente riesgo de criminalización, ahora exploramos como es que las juventudes guatemaltecas utilizan las plataformas digitales para desafiar la corrupción en el sistema de justicia, y por qué sus voces se enfrentan cada vez más a represalias legales injustas, un fenómeno que refleja la tensión entre el derecho a la libre expresión y la resistencia de estructuras de poder opacas.

Estos espacios digitales se han convertido en el nuevo campo de batalla en donde la frustración ante la lentitud de los canales formales y la percepción de captura de instituciones clave ha llevado a una generación digitalmente conectada a tomar las redes sociales como una trinchera de lucha. No se trata solo de compartir noticias; es documentación en tiempo real, creación de narrativas alternativas y organización colectiva.

Para esto las juventudes utilizan una diversidad de plataformas predominantes las que son utilizadas de forma estratégica con el objetivo de contrarrestar la narrativa de los sectores de poder y estructuras pro-impunidad, como:

• X (Twitter): Permite conectar con periodistas y organizaciones internacionales, es el epicentro para denuncias concretas, hilos explicativos, señalamientos a funcionarios y coordinación rápida usando hashtags como #JusticiaGT o #CorrupciónJudicial. El uso de X es más de uso o incidencia política.
• TikTok e Instagram Reels: Utilizan formatos cortos de video para explicar casos complejos de corrupción judicial de forma creativa (infografías animadas, testimonios con filtros que protegen la identidad), logrando viralizar temas que los medios tradicionales podrían ignorar.
• Facebook: Grupos cerrados y páginas públicas funcionan como archivos de información, espacios de discusión profunda y para compartir documentos escaneados (sentencias cuestionadas, nombramientos sospechosos).
• Apps de Mensajería (WhatsApp, Telegram): Son cruciales para la coordinación segura (aunque no infalible) entre colectivos, alertas rápidas sobre represalias y compartir evidencia sensible antes de hacerla pública.

Todas y cada una de ellas busca la creación, ampliación, fortalecimiento y sostenibilidad de redes articuladas en todo el territorio nacional.

Comparación de Plataformas de Redes Sociales

Fuente: Elaboración propia

El uso de esta tecnología tiene un alcance que va más allá de la denuncia si no una serie de acciones o múltiples objetivos clave como:

Fuente: Elaboración propia

Pero el uso de esta tecnología tiene, en el caso de Guatemala tiene con grandes retos que profundizan las brechas digitales que en nuestro país silencian voces, sin embargo, este activismo digital no es accesible para todas las juventudes guatemaltecas.

Según el Banco Mundial (2023), reportó que solo el 45% de la población rural en Guatemala tiene acceso a internet, y el analfabetismo digital afecta desproporcionadamente a mujeres indígenas, comunidades marginadas y zonas con pobreza extrema.

El portal DataReportal[1], indica que a principios de 2025, nuestro país contaba con “20.4 millones de conexiones móviles activas, cifra que equivale al 110% de la población total. Sin embargo, cabe destacar que algunas de estas conexiones podrían incluir únicamente servicios como voz y SMS, y otras podrían no tener acceso a internet.”

El informe continúa indicando “Pero estas cifras de usuarios también sugieren que 7,28 millones de personas en Guatemala no usaban internet a principios de 2025, lo que indica que el 39,2 por ciento de la población permanecía “desconectada” a principios de año.” Esto quiere decir que 4 de cada 10 personas no tiene acceso a internet en Guatemala.

Mientras que en el uso de redes sociales Guatemala inicio el 2025 con “10,4 millones de identidades de usuarios activos de redes sociales en Guatemala al mes de enero de 2025. Para poner en perspectiva, esta cifra equivalía al 56,1 por ciento de la población total de Guatemala a principios de 2025.”

Al respecto de estos 10,4 millones de usuarios “el 43,0 por ciento de las identidades de usuarios de redes sociales de Guatemala eran mujeres, mientras que el 57,0 por ciento eran hombres.”

Los datos anteriores aunque reflejen un alto uso de internet hay que recordar que 4 de cada 10 personas no tiene acceso, haciendo que estas brechas profundicen las desigualdades en la lucha contra la corrupción judicial provocando que:

• Casos locales quedan invisibles: Corrupción en juzgados o abusos de jueces en comunidades alejadas rara vez se viralizan, pues quienes los sufren carecen de herramientas o habilidades para documentarlos y denunciarlos en redes.
• La impunidad busca perpetrarse: Sin presión ciudadana digital, redes de corrupción operan con menos riesgo en territorios desconectados. Un juez corrupto en Huehuetenango o Alta Verapaz enfrenta menos escrutinio que uno en la ciudad capital.
• La narrativa se centraliza: La conversación sobre independencia judicial la dominan quienes tienen acceso a plataformas, dejando fuera experiencias rurales e indígenas donde la captura del sistema judicial suele ser más cruda y menos documentada.
• Doble victimización: Quienes ya enfrentan barreras para acceder a la justicia formal (costos, distancia, discriminación) tampoco pueden usar canales o medios digitales alternativos. La corrupción, así, se vuelve un problema de élites o privilegiados, se debate donde hay conexión, pero persiste impune donde no llega el internet. Esto no solo limita la denuncia; debilita la exigencia colectiva de una justicia verdaderamente independiente para todo el país.

La corrupción judicial prospera en la invisibilidad.

Fuente: Elaboración propia

Y ahora el otro extremo que en los últimos años ha sido una metodología utilizada por esas elites en donde la criminalización digital, es el resultado de cuando denunciar se convierte en delito. El coraje de denunciar choca con una realidad alarmante, el uso indebido del sistema legal para silenciar críticas. Organizaciones como UDEFEGUA[2] documentan un patrón preocupante en su informe anual más reciente (2023): la judicialización de la protesta social y la expresión crítica, incluyendo la ejercida en línea, es una tendencia al alza.

El informe indica que “En cuanto al tipo de personas defensoras, la búsqueda de acceso a la justicia es la más afectada por agresiones y actos de violencia, dirigidos contra quienes exigen su derecho a la justicia.”

Mecanismos de Persecución Utilizados:

• Figuras Penales Ambiguas: Se emplean cargos como «difamación», «calumnia» o «injurias» contra funcionarios públicos, a pesar de que estándares internacionales exigen mayor tolerancia a la crítica hacia quienes ejercen poder.
• «Ataques a la Autoridad»: Una figura legal criticada por su vaguedad, utilizada para criminalizar opiniones o denuncias legítimas sobre actuaciones judiciales.
• «Asociación Ilícita» o «Terrorismo»: En casos extremos (aunque menos frecuentes en el contexto exclusivamente digital hasta ahora), estas figuras graves se han esgrimido contra activistas que se coordinan online, buscando deslegitimar su labor y aplicar penas desproporcionadas.
• Ciberacoso o Extorsión: Acusaciones falsas presentadas por los mismos actores denunciados para victimizarse y criminalizar al denunciante.

Fuente: Elaboración propia

Lógicamente trae consigo un impacto real y negativo en los jóvenes activistas que genera los siguientes efectos:

• Autocensura: El miedo paraliza, llevando a muchos jóvenes a retirar publicaciones o evitar temas críticos.
• Desgaste personal y económico: Defenderse de un proceso legal es costoso, consume tiempo y genera un enorme estrés psicológico.
• Daño en su reputación: La sola apertura de un proceso, aunque sea infundado, estigmatiza al denunciante causando lo que han denominado “Muerte civil”.
• Desmovilización: El mensaje implícito es claro: «Denunciar te puede costar caro».
• Exilio Digital o Físico: Algunos se ven forzados a abandonar plataformas o incluso el país.

Fuente: Elaboración propia

[1] https://datareportal.com/reports/digital-2025-guatemala#:~:text=Usuarios%20de%20TikTok%20en%20Guatemala,femeninos%E2%80%9D%20y%20%E2%80%9Cmasculinos%E2%80%9D%20.

[2] Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala