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Por: Yonni Aguilar – observatoriociidh@gmail.com
Continuando con el análisis iniciado en la primera parte de este tema, otro elemento fundamental de análisis es el papel que juegan los Netcenters que en su momento la extinta CICIG[1] los denomino como: “…como un conjunto de cuentas conectadas directa o indirectamente de forma física o virtual. Puede incluir en sus usuarios cuentas de personas reales, instituciones reales, perfiles falsos de personas, de instituciones ficticias, usuarios con nombres y fotografías (ID) robados de personas reales”.
Quienes se han convertido en ejércitos digitales al servicio de estos sectores pro-impunidad. Detrás de muchas campañas de hostigamiento y casos de criminalización, operan estructuras organizadas conocidas como «netcenters» o “Fabricas de desinformación” que operan en redes de personas o cuentas automatizadas (bots[2]) contratadas para manipular la conversación pública en redes sociales. Estrategia para mantener la narrativa y controlar que datos e información llega a la población. En Guatemala, su acción es particularmente agresiva contra quienes denuncian.
¿Pero cómo operan?
- Estructura tipo “cuenta madre” + secundarias
- Una cuenta principal (o “madre”) controla varias cuentas secundarias (5–10 por día), generando seguidores de forma artificial (~150–300 al mes).
- Contenido coordinado
- Difunde mensajes negativos (discurso de odio, desinformación) dirigidos a periodistas, defensores de derechos, fiscales, entre otros actores.
- También reproducen narrativas desde medios de televisión, reforzando campañas de difamación.
- Alcance exagerado
- Aunque las cuentas críticas son pocas y con pocos seguidores, generan más contenido que los mensajes favorables y consiguen un gran alcance.
Esto lo realizan por medio de ataques coordinados: saturan hashtags críticos con mensajes de apoyo al sistema o ataques ad hominem[3] contra activistas.
Al mismo tiempo realizan lo denominado como Troleo Masivo: el cual consiste en él envió de mensajes intimidatorios, amenazas veladas o memes despectivos para desgastar psicológicamente a denunciantes.
Facilitan la creación de tendencias engañosas, cuando utilizan esas cuentas falsas para viralizar narrativas que desacreditan las denuncias por ejemplo: «son campañas de desestabilización», «financiados por narcos».
Otra estrategia es la denominada como Doxing[4], al identificar un actor incómodo para ellos exponen datos personales de los y las activistas (direcciones, fotos familiares) para facilitar amenazas físicas o procesos legales.
Y otra es la fabricación de pruebas falsas, cuando alteran capturas de pantalla o sacan publicaciones de contexto para apoyar demandas por difamación. Ahora apoyados en la tecnología de inteligencia artificial esto les facilita mucho la tarea.
Pero todas estas acciones no se realizan de forma gratuita o ad honorem, tiene que existir uno o varios actores que no figuran públicamente quien los financia. ¿Pero quienes son esos actores? según información recopilada por organizaciones como UDEFEGUA y análisis de medios independientes (Plaza Pública, Agencia Ocote) sugieren vínculos entre estos netcenters y:
Redes de poder entorno al Sistema de Justicia
Fuente: Elaboración propia
Estas estructuras también cuentan con actores infiltrados a lo interno de las instituciones públicas tanto del Ministerio Público como del Organismo Judicial, de las redes al Juzgado, donde todo el material fabricado o distorsionado por netcenters es usado como «prueba» en procesos penales contra de los activistas:
«El informe presentado por el MP incluía 200 tuits de cuentas anónimas llamándome ‘terrorista’… Esos mismos tuits fueron retuiteados por cuentas de netcenter horas antes» — Testimonio recogido por UDEFEGUA (2023) en un caso por «ataques a la autoridad».
Su estrategia busca:
- Criminalizar la legítima crítica presentándola como «odio» o «desorden».
- Sobrecargar de trabajo a defensores legales con evidencia digital falsa o irrelevante.
- Legitimar la represión estatal creando la ilusión de «consenso social» contra el activismo.
¿Por qué sucede esto? las raíces de la represión digital y la criminalización no es casualidad; responde a intereses y dinámicas de poder profundas:
- Protección de intereses creados, las denuncias en redes pueden exponer redes de corrupción que involucran a jueces, fiscales, abogados y actores políticos o económicos poderosos. La criminalización busca proteger esos intereses ilegítimos.
- Mensaje disuasorio, es una advertencia contundente a otros potenciales denunciantes: «Esto te puede pasar a ti». Busca generar miedo colectivo y desincentivar futuras acciones.
- Debilidad institucional y captura, ya que un sistema judicial verdaderamente independiente y robusto investigaría las denuncias de corrupción, no a quienes las formulan. La instrumentalización de la justicia contra los críticos es un síntoma claro de su captura por intereses espurios.
- Marco legal obsoleto, cuando las leyes penales son mal redactadas, que no distinguen entre expresión legítima y discurso de odio real, o que protegen excesivamente el «honor» de funcionarios, son armas fáciles de usar contra los críticos. La Ley de Ciberdelincuencia, por ejemplo, puede ser aplicada de manera sesgada.
- Estigmatización previa, cuando actores poderosos y ciertos medios de comunicación suelen etiquetar a jóvenes activistas digitales como «desestabilizadores», «financiados por extranjeros» o «delincuentes», preparando el terreno para la acción legal en su contra.
Motivaciones para la criminalización de denuncias en redes
Fuente: elaboración propia
El defender el derecho a denunciar es defender la democracia, y por medio de las redes sociales han dado a las juventudes guatemaltecas un megáfono sin precedentes para enfrentar la corrupción en el sistema de justicia penal nacional, este flagelo que corroe la democracia y perpetua la impunidad. Sin embargo, está siendo contestado con una estrategia peligrosa, convertir la denuncia legítima en un presunto delito.
La criminalización del activismo digital busca silenciar no solo a individuos valientes, sino a toda una generación que exige justicia y transparencia.
Este fenómeno no es solo un ataque a la libertad de expresión; es un síntoma profundo de la debilidad institucional y la resistencia de estructuras corruptas que se benefician de la impunidad, que el permitir que esta criminalización prospere sin una respuesta contundente fortalece a quienes buscan mantener el statu quo de opacidad.
Frente a esto, la respuesta debe ser una estrategia multidimensional, desde la autoprotección informada de los jóvenes activistas, el apoyo decidido de la sociedad civil y fundamental la cooperación internacional, hasta la exigencia irrenunciable al Estado para que cumpla su deber de investigar la corrupción real y garantice un entorno seguro para el ejercicio de los derechos fundamentales.
La lucha contra la corrupción en el sistema de justicia desde lo digital es arriesgada, pero también es un acto profundo de ciudadanía y amor por Guatemala. Proteger a quienes alzan la voz en las redes es proteger el derecho de toda la sociedad a saber, a exigir y a construir un sistema de justicia que merezca realmente ese nombre. Porque el futuro de la justicia en Guatemala también se escribe, y se defiende, en el espacio digital.
[1] https://www.cicig.org/wp-content/uploads/2018/05/Informe_bots_y_netcenters_2019.pdf
[2] software que intenta entender las necesidades de una persona a través de un lenguaje natural. Un bot es capaz de llevar a cabo tareas concretas e intenta entender el comportamiento humano.
[3] falacia lógica que ocurre cuando se ataca la personalidad, el carácter o los motivos de la persona que presenta un argumento, en lugar de refutar el argumento en sí mismo
[4] Consiste en investigar y publicar en internet información personal o privada de una persona sin su consentimiento, con la intención de acosar, intimidar, amenazar o dañar su reputación o seguridad.
