Más allá de aquella figura ideal de la balanza y la venda, como una imagen clásica de la justicia es una representación con los ojos vendados que sostiene una balanza, un poderoso símbolo de imparcialidad ciega y equilibrio. Pero mientras la mayoría nos preocupamos por la corrupción evidente, existen amenazas más profundas a la justicia no son un asalto al sistema de forma frontal, sino una erosión silenciosa desde adentro, incrustada en las legislaciones que deberían protegernos, en el lenguaje que utilizan y en el diseño mismo de los sistemas.

La trampa del ascenso: Por qué los mejores jueces a veces no pueden ascender

De existir un sistema de justicia penal ideal, la meritocracia y la integridad deberían ser el camino directo al ascenso o promociones. Sin embargo, la triste realidad de algunos países ocurre exactamente todo lo contrario: los jueces más reconocidos y eficaces se encuentran atrapados en los niveles más bajos de la judicatura. Y como en el caso concreto de nuestro país son criminalizados.

Esto genera un grave problema, en sistemas como el de Guatemala, los dos tercios superiores de la judicatura —magistrados de apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia— están fuera de la «carrera judicial». Su nombramiento no depende de un proceso meritocrático interno, sino de mecanismos de tipo político que priorizan otras lealtades sobre la capacidad.

Por ejemplo esta es la razón precisa por la cual jueces reconocidos como campeones anticorrupción, como Miguel Ángel Gálvez o Erika Aifán, permanecieron en primera instancia. Su estancamiento no se debió a una falta de capacidad o méritos, sino a un sistema diseñado para bloquearles el ascenso y mantenerlos alejados de las cortes superiores, donde podrían tener un impacto aún mayor.

La causa raíz de este fenómeno es perjudicial porque no se trata de un problema de personas, sino de un defecto estructural profundo. Es un fallo en el «diseño institucional» que ha resistido múltiples intentos de reforma, demostrando que las barreras son sistémicas, no individuales.

El hecho de que se hayan intentado este tipo de reformas tan profundas es evidencia de que el problema no necesariamente está en las personas, sino más bien en el diseño institucional de los órganos de justicia.

La paradoja de la eficiencia: Cuando una justicia «más rápida» se convierte en una peor justicia

La idea de que la eficiencia es siempre buena está profundamente arraigada en nuestra sociedad. Queremos que los servicios públicos sean rápidos y productivos. Sin embargo, en el ámbito judicial, una obsesión por la «productividad» puede tener consecuencias perversas y debilitar la calidad de la justicia.

En un intento por modernizar el sistema, se crea un conflicto en donde muchas judicaturas han implementado criterios de «productividad» (No es el caso de Guatemala) basados en la cantidad de casos resueltos y despachados. Los jueces son evaluados y presionados para cumplir con estadísticas y reducir el rezago de expedientes.

Esto solamente trae consigo una consecuencia negativa, ya que esta presión por las cifras ha generado lo que la antropóloga Erika Bárcena denomina la «burocratización de la justicia»[1]. La presión por cumplir con una estadística convierte los expedientes en números, y detrás de cada número hay una vida o un conflicto que deja de ser analizado con la profundidad que la justicia exige. Se sacrifica la deliberación por la velocidad, transformando la justicia en una línea de ensamblaje.

El resultado final de esta paradoja es alarmante: obtenemos «una justicia pronta que no necesariamente es justicia». La velocidad se convierte en el objetivo, en lugar de la correcta aplicación de la ley y la resolución justa de los conflictos, erosionando el propósito fundamental del sistema.

La barrera del lenguaje: Cuando el mayor muro de la justicia son las palabras

Más allá de aspectos vinculados con la política, actos de corrupción o la ineficiencia, existe un obstáculo fundamental que aleja a los ciudadanos de la justicia: el lenguaje.

Si tuviéramos como premisa el lenguaje jurídico tradicional, lleno de tecnicismos, latinazgos y estructuras sintácticas complejas, funciona como un muro que separa a las personas del sistema diseñado para protegerlas. Esta barrera lingüística viola un derecho fundamental que a menudo se pasa por alto: el «derecho a entender».

Esto presenta un impacto, esta «oscuridad» del lenguaje frustra la comunicación y afecta directamente la capacidad de una persona para ejercer sus derechos. ¿De qué sirve recibir una notificación, una citación o incluso una sentencia si el destinatario no puede comprender lo que dice o lo que se le exige hacer? El documento se convierte en un texto inútil que genera más confusión que claridad.

Lo que hace de suma importancia, el promover el lenguaje claro, el cual no es una «simplificación» o una «vulgarización» del derecho. Al contrario, es una herramienta democrática fundamental. Esta barrera no es accidental; es un mecanismo de poder. Un lenguaje incomprensible mantiene el control en manos de una élite jurídica y deja al ciudadano común en una posición de dependencia y vulnerabilidad, incapaz de defender sus propios derechos sin un «traductor». Un lenguaje accesible, en cambio, aumenta la confianza en las instituciones, reduce la discrecionalidad de los funcionarios y fortalece el Estado de derecho.

“[…] el lenguaje jurídico tradicional crea ya una pared en lugar de tender un puente entre la administración de justicia y los ciudadanos, afectando un derecho: el derecho a entender.” (Lee articulo relacionado)

Justicia en el banquillo: Cuando los propios gremios de abogados atacan a sus jueces

Las presiones sobre los jueces independientes no solo provienen de políticos, medios de comunicación o poderes fácticos. A veces, el ataque más sorprendente y sutil proviene de sus propios colegas a través de los gremios profesionales.

El mecanismo de ataque: Un juez, por ser también un abogado colegiado, puede ser denunciado y sancionado por un «Tribunal de Honor» de su colegio profesional. Lo peligroso o lo que enciende las banderas rojas, es que estas denuncias pueden estar basadas en los diversos actos realizados en el ejercicio de su función, esto quiere decir que, por las decisiones que toma en sus sentencias ya sea condenatoria o absolutoria.

El caso emblemático: Un ejemplo contundente ocurrido en Guatemala, como el de la jueza Yassmín Barrios que presidió el Tribunal A de Mayor Riesgo en el histórico juicio por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad contra Efraín Ríos Montt fue, tras dictar la sentencia en mayo de 2013, quien fue denunciada ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, quien la sancionó con una amonestación pública y una suspensión o inhabilitación de 1 año en el ejercicio de su profesión por sus actuaciones como jueza en el caso e imponerle una multa argumentando que había “humillado” al abogado defensor del exdictador durante el juicio. Además, se le ordenó publicar una amonestación pública en medios escritos, radiales y televisivos.

La amenaza: Este tipo de acción representa un ataque extremadamente peligroso a la independencia judicial. Es un intento de coartar la función de juzgar utilizando un órgano gremial como herramienta de presión. Sienta un precedente para amenazar a otros jueces que tomen decisiones valientes o impopulares. La legalidad de las resoluciones judiciales debería ser revisadas solamente a través de los recursos legales y contemplados dentro de la normativa jurídica por medio de los diversos mecanismos establecidos por la ley, no por un tribunal de ética profesional que actúa como una instancia paralela y que sirve de instrumento político.

De tal cuenta que la verdadera fortaleza de un sistema de justicia no reside únicamente en lo majestuoso o innovador de sus leyes o la severidad de sus castigos. Si no, que reside en su diseño institucional, en la transparencia de los procesos, en la claridad de su lenguaje y, sobre todo, en la seguridad y la independencia real de sus jueces.

Estas verdades incómodas revelan grietas profundas en las estructuras que deberían ser nuestros mayores garantes de derechos. Si las estructuras creadas para protegernos tienen fallas tan profundas, ¿cuál es nuestro papel como ciudadanos para exigir una justicia que no solo sea imparcial, sino también accesible, comprensible y verdaderamente independiente?

[1] https://ciesas.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1015/657/1/TE%20B.A.%202018%20Erika%20Barcena%20Arevalo.pdf

Sin caer en los falsos romanticismos podríamos decir que en el corazón de la búsqueda de justicia late una tensión fundamental, que es la necesidad de proteger una investigación delicada frente al derecho inalienable de toda persona a una defensa justa y transparente. En el caso particular de Guatemala y máximo en el contexto actual, esta tensión se materializa de forma palpable en la figura de la «reserva» en los procesos penales, una herramienta legal que, si bien concebida para salvaguardar la integridad de las pesquisas, a menudo se convierte en un velo que oscurece la verdad y, en ocasiones, niega el acceso a una justicia plena.

Como organización social, hemos observado cómo esta disposición, regulada en el artículo 314 del Código Procesal Penal, ha sido esgrimida por diversos actores tanto político, económico, sectorial, funcionarios públicos inclusive crimen organizado. Su aplicación, ya sea de forma total o parcial, sobre las actuaciones judiciales, ha generado un debate que data de varios años, el cual es profundo y, a veces, doloroso. De tal cuenta nace una pregunta fundamental si este recurso legal ¿Es un escudo legítimo para la investigación o una espada de doble filo que hiere los cimientos del debido proceso[1]?

Este artículo nos adentraremos en esa pregunta, explorando cómo la reserva, en un contexto de altos niveles de conflictividad política e institucional como el guatemalteco, puede desviarse de su propósito original y transformarse en un instrumento para el retardo malicioso, la negación de justicia, la incapacidad de ejercer la defensa e, incluso, la protección de intereses oscuros; como lo analizamos en el artículo publicado con anterioridad. Esto representa que lejos de fortalecer la justicia, puede convertirse en una estrategia de opacidad que vulnera derechos fundamentales.

En tal sentido el marco legal de la reserva se presenta con un equilibrio frágil. El artículo 314 del Código Procesal[2] Penal guatemalteco establece que el juez puede declarar la reserva don dos sentidos, total o parcial de las actuaciones. La idea detrás de esta figura es proteger la investigación en sus fases iniciales, cuando la divulgación de información podría poner en riesgo la recolección de pruebas, la seguridad de víctimas o testigos, o la captura de implicados. Se busca evitar la “frustración” de la pesquisa antes de que esta madure lo suficiente para ser conocida por las partes.

Esta medida ha sido pensada para proteger la eficacia de la acción penal y los derechos de las partes. Sin embargo, recientemente la ambigüedad en su aplicación ha generado interpretaciones extensivas y arbitrarias que favorecen la opacidad y no la transparencia del proceso legal. La decisión de aplicarla recae, en teoría, en la autoridad judicial, aunque en la práctica, es el Ministerio Público (MP) quien a menudo la solicita, aplica o dictar para la protección de indicios[3].

La intención original es clara y, en principio, loable: asegurar que la verdad material pueda ser descubierta sin interferencias externas. Pero, como ocurre con muchas herramientas legales, su aplicación en un entorno con debilidades institucionales y principalmente de independencia, puede desvirtuar su propósito. La reserva, en su esencia, es una excepción a la regla de publicidad de los actos procesales. La publicidad es un pilar de la justicia moderna, garantizando la transparencia, el control ciudadano y la confianza en las instituciones. Cuando esta excepción se vuelve la norma, o se utiliza de manera discrecional, el sistema cojea y la fe pública se resquebraja.

La reserva para ciertos actores, no importando a que sector social representen lo pueden ver como un obstáculo que debilita la protección de evidencias, prolongando secretos debido a que los imputados siguen sin ser investigados o no se conoce el estatus de las actuaciones judiciales y más importante negación de la defensa al no saber el estado del caso para saber las estrategias legales que puedan ser adoptadas.

En tal sentido la aplicación de la reserva, especialmente cuando es prolongada o excesiva, puede convertirse en una barrera insalvable para el ejercicio pleno del derecho a la defensa. Ahora bien imagina por un momento a una persona acusada de un delito, sentada en un banquillo de los acusados, sin poder acceder a los detalles de las pruebas en su contra, ni a las declaraciones que la incriminan. ¿Cómo puede preparar una estrategia de defensa sólida si la información crucial está bajo un velo impenetrable de secretismo?

En el caso nacional tal situación no es una fantasía; es una realidad que muchos enfrentan en Guatemala. La reserva puede ser utilizada también, como una táctica dilatoria, un «retardo malicioso» que alarga los procesos indefinidamente. Si la defensa no conoce los elementos del caso, no puede refutarlos, proponer pruebas de descargo o interrogar a testigos de manera efectiva. Esto no solo es una negación de justicia para el acusado, sino también una burla al principio de igualdad de armas en el proceso penal.

Nuevamente pensemos en un caso hipotético, imagínate tú, que has sido acusado de un delito menor, y de repente te encuentras con tu expediente bajo reserva. Piensa en tu angustia, la incertidumbre, la impotencia de no saber de qué se te acusa exactamente, de no poder hablar con tu abogado sobre los detalles, son una cantidad de sentimientos abrumadores. Esta situación no solo te afecta como acusado, sino también a tu núcleo familiar, entorno laboral, esto genera un profundo desasosiego y una sensación de desamparo frente a un sistema que debería de protegerte y no dejarte indefenso.

Cuando la reserva se extiende sin justificación clara o por un tiempo irrazonable, se vulnera el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva. La justicia se vuelve entonces en un laberinto oscuro donde solo unos pocos tienen la linterna para encontrar la salida. Las víctimas quedan al margen de la investigación, y sus abogados enfrentan obstáculos para conocer los indicios que puedan existir en su contra[4].

En tal sentido el uno de los aspectos más preocupantes de la reserva, en el caso particular para Guatemala, es su uso como herramienta para proteger intereses espurios. En nuestro caso como país donde la conflictividad política e institucional es una constante, y donde las estructuras de corrupción y crimen organizado han permeado todas las expresiones de poder, este recurso legal lo convierten en un manto perfecto para esconder la verdad y garantizar la impunidad de ciertos actores[5].

No es desconocido para todos como casos de alto impacto, involucran a figuras políticas, económicas, vinculadas al crimen organizado, son declarados bajo reserva, convirtiéndose en una barrera para el escrutinio público y la capacidad de la prensa y la sociedad civil para fiscalizar. En el año 2024, el Ministerio Público (MP) declaró bajo reserva el caso contra el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), liderado por Joviel Acevedo, quien argumento razones de proteger la investigación. No obstante, este hermetismo extremo ha impedido conocer los avances del proceso y genera sospechas sobre un posible encubrimiento de pactos políticos y redes de corrupción. De igual forma la nota de Soy502[6] del 2019 sobre este caso es un ejemplo de cómo puede ser aplicada en situaciones de interés público, generando una percepción de desconfianza sobre la transparencia del actuar del MP.

En meses recientes esta preocupación se ha intensificado, diversas investigaciones y artículos de prensa señalan cómo la justicia en Guatemala opera «bajo reserva», especialmente en aquellos casos se ha creado una narrativa como «judicialización de la política». Incluyendo aquellos procesos de criminalización contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos y fundamentalmente operadores de justicia independientes. La reserva, en estos contextos, no busca proteger la investigación, sino más bien ocultar la información que podría exponer la fragilidad o la parcialidad de las acusaciones, o incluso la persecución política. La sociedad se queda con la sensación de que hay algo que no se quiere que se sepa, que la verdad está siendo secuestrada para favorecer a unos pocos poderosos.

En noviembre de 2024[7], la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, justificó la reserva de los casos, lo que generó un claro enojo en la prensa. Este incidente subraya la tensión entre la opacidad de la justicia y la necesidad de transparencia en una democracia, así como la necesidad de implementar mecanismos ciudadanos de auditoria social al sistema de justicia. Pero cuando autoridad responsable de la persecución penal, que últimamente perdido credibilidad, defiende la reserva de manera tan apasionada, el mensaje que se traslada a la ciudadanía que la información no es para todos y es selectiva o exclusiva, también que algunos casos están por encima del escrutinio público. Esto es un golpe directo a la confianza en el sistema de justicia y a la percepción de que la ley es igual para todos. La reserva, en estos escenarios, se convierte en un instrumento para proteger redes de poder, silenciar voces críticas y mantener un statu quo que beneficia a los corruptos o como se indicó para proteger la investigación penal deficiente por parte del MP y sirva de moneda de cambio para implementar una especie de chantaje o extorción en contra de ciertos actores incomodos para ciertos sectores. De tal cuenta la justicia, en lugar de ser un faro de verdad, se transforma en una herramienta de control y opresión.

La aplicación abusiva y sin fundamentos reales, de la reserva tiene un efecto corrosivo sobre la confianza ciudadana en el sistema de justicia cambiando su percepción por completo. Cuando los procesos importantes se desarrollan en la oscuridad, la ciudadanía se siente excluida, impotente y, en última instancia, desilusionada. La percepción de que la justicia es selectiva, que favorece a los poderosos y castiga a los vulnerables, se arraiga profundamente y cada acto que realizan alimenta esa idea.

Un Estado de Derecho robusto se construye sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la certeza jurídica[8]. La reserva, cuando se usa indebidamente, socava estos pilares, y si a este factor le sumamos la falta de acceso a la información impide que la sociedad civil, los investigadores y los periodistas cumplan su rol de fiscalización, dejando un vacío que puede ser llenado por la arbitrariedad y la impunidad, como sucede en la actualidad. Ocasionando que los ciudadanos no puedan fiscalizar el actuar del MP ni de los jueces, erosionando la poca confianza en el sistema de justicia.

Ahora bien la opacidad genera sospecha, y mucha, si el Ministerio Público o los jueces deciden mantener bajo reserva información de casos que debería ser pública, la pregunta que surge es: ¿qué están ocultando? esta desconfianza es extensible a todas las instituciones del sector justicia, debilitando la legitimidad del sistema. Obteniendo como resultado que la población empieza a sentir que la justicia no es para ellos, que en realidad es un juego de poder donde las reglas cambian según los intereses de los más influyentes (económica y políticamente), esta sensación de injusticia es un veneno lento para cualquier sociedad.

Guatemala no es el único país que lidia con la tensión entre el secreto de la investigación y la publicidad del proceso. En muchos sistemas jurídicos de América Latina, existe la figura del «secreto de sumario» o «secreto de las actuaciones», similar a la reserva guatemalteca. Sin embargo, en países con instituciones más sólidas, su aplicación suele ser más restrictiva, temporal y sujeta a un control judicial riguroso. Por ejemplo, en algunos países, la ley establece plazos perentorios[9] para el secreto de sumario, y su prórroga requiere una justificación excepcional y una aprobación judicial explícita. Además, se suelen establecer mecanismos para que la defensa, incluso bajo secreto, pueda acceder a ciertos elementos esenciales para preparar su estrategia, garantizando el derecho a la información mínima.

De tal cuenta para poder dar cierre a este tema podríamos decir que: La reserva judicial, concebida para proteger el proceso penal, se ha convertido en muchos casos en una barrera para la justicia. Su aplicación arbitraria contribuye al debilitamiento del Estado de derecho, la criminalización de actores independientes y la consolidación de una justicia al servicio de intereses particulares.

Su aplicación, a menudo excesiva y discrecional, ha generado un profundo cuestionamiento sobre si su verdadero propósito es la averiguación de la verdad o, más bien, la negación de la justicia para muchos y la protección de intereses oscuros para otros.

En el contexto institucional frágil actual, esta figura legal se presta a abusos que minan la confianza ciudadana, erosionan el Estado de Derecho y perpetúan la impunidad. La sensación de que la justicia opera en las sombras es devastadora para la moral de una nación.

Por tal razón es imperativo que Guatemala avance hacia una justicia más abierta y confiable. Requiriendo de todos aquellos profesionales del derecho, quienes tienen el conocimiento en la materia, realizar no solo una revisión crítica y profunda de la aplicación de la reserva, los efectos que tiene no solo en la actualidad, sino también en aquellos de mediano y largo plazo si las condiciones de impunidad y de privilegios continua en el sistema de justicia. También se hace necesario promover un compromiso firme con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la independencia judicial, la sociedad guatemalteca, con su incansable resiliencia, busca la verdad y justicia, nos merecemos un sistema que no oculte, sino que ilumine el camino hacia un futuro más justo y equitativo.

La justicia es un derecho de todas y todos, y su ejercicio pleno solo es posible cuando se despoja de los velos que impiden ver la verdad y sea un escudo para la impunidad.

Fuentes consultadas:

• Código Procesal Penal de Guatemala. Artículo 314. http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20compilaciones/Compilacion%20Leyes%20Penales/expedientes/02_CodigoProcesalPenal.pdf
• Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos Decreto Numero 67-2001 – Artículo 10. Reserva de investigación.
• https://www.cicig.org/noticias-2011/la-reserva-en-los-procesos-penales/  
• http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20compilaciones/Compilacion%20Leyes%20Penales/expedientes/02_CodigoProcesalPenal.pdf
• https://www.ojala.mx/es/ojala-es/la-justicia-en-guatemala-bajo-reserva
• CICIG (2011). «La reserva en los procesos penales». https://www.cicig.org/noticias-2011/la-reserva-en-los-procesos-penales/
• Ministerio Público de Guatemala. (2024). Caso Joviel Acevedo. https://www.soy502.com/articulo/mp-declara-bajo-reserva-caso-contra-sindicato-joviel-acevedo-101772
• Prensa Comunitaria (2024). «Consuelo Porras justifica la reserva de los casos y se enoja con la prensa». https://prensacomunitaria.org/2024/11/consuelo-porras-justifica-la-reserva-de-los-casos-y-se-enoja-con-la-prensa/
• Due Process of Law Foundation (2023). https://dplf.org/independencia-judicial

[1]  Es un derecho fundamental que garantiza que toda persona acusada de cometer un delito tenga derecho a un juicio justo y equitativo, con la salvaguarda de sus derechos y libertades. Este derecho incluye una serie de garantías procesales que aseguran que el proceso legal se lleve a cabo de manera transparente, imparcial y con respeto a la dignidad humana. 

[2]http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20compilaciones/Compilacion%20Leyes%20Penales/expedientes/02_CodigoProcesalPenal.pdf

[3] Artículo 314.- Carácter de las actuaciones.  (CPP)“…podrá dictar las medidas razonablemente necesarias para proteger y aislar indicios en los lugares en que se esté investigando un delito, a fin de evitar la contaminación o destrucción de rastros, evidencias y otros elementos materiales.”

[4] https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/caso-semilla-juez-fredy-orellana-decreta-reserva-de-audiencia-de-trabajadoras-del-tse-y-suspende-diligencia/

[5] https://lahora.gt/editorial/la-hora/2024/08/05/los-casos-bajo-reserva/

[6] https://www.soy502.com/articulo/mp-declara-bajo-reserva-caso-contra-sindicato-joviel-acevedo-101772

[7] https://prensacomunitaria.org/2024/11/consuelo-porras-justifica-la-reserva-de-los-casos-y-se-enoja-con-la-prensa/

[8] se refiere a la confianza que los ciudadanos y empresas tienen en el sistema legal, permitiéndoles predecir las consecuencias de sus acciones y decisiones basadas en normas claras, estables y aplicadas de manera uniforme. Implica que las leyes sean accesibles, entendibles y que se cumplan de forma consistente, lo que a su vez genera seguridad y facilita la inversión y el desarrollo económico. 

[9] es un período de tiempo fijado para realizar un acto procesal, que una vez transcurrido, produce la extinción del derecho a realizar dicho acto, sin necesidad de que medie petición de la parte contraria o resolución judicial. En otras palabras, es un plazo que no se puede extender ni modificar y, al vencer, se pierde la oportunidad de realizar la acción. 

Guatemala es cuna de una rica diversidad cultural y lingüística; según datos del INE[1]se calcula que el 44 %[2] de su población se reconoce como indígena en otras palabras 1 de cada 2 personas en nuestro país es indígena. Este bono demográfico está distribuido en los 340 municipios con un total de 22 idiomas mayas, además del Xinca y Garífuna. Pero a pesar de este enorme capital cultural, los pueblos originarios enfrentan serias barreras para ejercer plenamente su derecho a justicia. Haciendo fundamental el explorar cómo las limitaciones lingüísticas – las cuales se abordarán en este documento más adelante – además del racismo y discriminación[3] estructural dentro del sistema de justicia penal de Guatemala, hacen que la exclusión institucional de las comunidades indígenas tenga un mayor impacto. Pero sin embargo existen propuestas para avanzar hacia un enfoque de justicia intercultural y de derechos colectivos que reconozca las especificidades culturales y lingüísticas de estos pueblos.

El estado de Guatemala ratificó el Convenio 169 el 5 de junio de 1996, y el 4 de marzo de 2010 la Corte de Constitucionalidad[4] determinó que sus disposiciones —incluidos los derechos colectivos y la consulta previa— tienen jerarquía constitucional en el país.

Ahora bien para darnos cuenta del impacto a nivel nacional sobre el componente lingüístico, en el censo del año 2018[5] se registraron 6,207,503 millones de personas como hablantes de idiomas mayas, resaltando el departamento de Alta Verapaz, con un total de 1,129,369 habitantes (18.19%), seguido de Quiché con un total de 846,500 habitantes (13.64%) y Huehuetenango con 760,871 (12.26%).

Tabla No. 1- Total de población pueblo Maya por departamento

Fuente: INE – Censo 2018 – elaboración propia

Grafica No. 1 – Mapa de población

Fuente: INE – Censo 2018 – elaboración propia

Ahora bien, dentro de la diversidad de barreras lingüísticas a lo interno del sistema judicial, han existido iniciativas o propuestas desde la institucionalidad publica para cerrar estas brechas, dentro de ellas podemos mencionar que en el año 2019 fue aprobada la Política de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas (POJAJPI), por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde indica que su fin primordial es la “Atención con Pertinencia Cultural”. Derivado de esta política, el Organismo Judicial creó el Sistema Nacional de Intérpretes, constituida por una red de intérpretes que facilitan la comunicación entre personas que hablan diferentes idiomas, especialmente en contextos judiciales y administrativos, garantizando el acceso a la justicia y otros servicios públicos para personas hablantes de idiomas mayas, garífuna, xinca, o con discapacidad auditiva. 

La POJAJPI- 2019-2029 describe los principios rectores de la política, tales como: el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, identidad cultural, igualdad y no discriminación, pluralismo jurídico, derecho propio, pertinencia cultural y lingüística. Se organiza en cinco Ejes de trabajo:

• Reconocimiento
• Acceso
• Atención con pertinencia cultural
• Seguimiento y monitoreo
• Rendición de cuentas y participación.

Otra unidad creada por el OJ fue la constitución de la Secretaría de Pueblos Indígenas Organismo Judicial, que apoya técnicamente la ejecución de la Política del OJ sobre Pueblos Indígenas, esto según con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia para estos pueblos. Esta política busca asegurar que los pueblos indígenas tengan acceso a un sistema de justicia respetuoso de sus derechos y de su cultura. 

Sin embargo, aún existen brechas: en departamentos como Quiché y Totonicapán, las variantes en los idiomas locales impiden que un solo intérprete satisfaga todas las necesidades lingüísticas de las comunidades; en Alta Verapaz e Izabal, la oferta de intérpretes es insuficiente, de modo que muchos juicios se realizan con la traducción literal “aproximada” o directamente en español, lo que limita la comprensión real del proceso por parte de los acusados o testigos indígenas.

Aunado a esto, la infraestructura judicial es escasa en áreas rurales. Muchas comunidades deben viajar largas distancias para llegar al juzgado más cercano, lo que implica gastos de transporte y jornadas enteras fuera de sus hogares. Cuando no hay intérprete disponible, los vecinos se ven obligados a llevar a un familiar que hable español o renunciar a su derecho a testificar en su lengua materna, dejándolos en una posición de vulnerabilidad frente a la autoridad.

Dentro de la diversidad de manifestaciones de racismo judicial se puede hablar como elemento de análisis las acusaciones y el contexto en el que se dan estas, por tomar un caso emblemático que recién sucedió, es el del mes de abril de 2025, fueron arrestados Luis Pacheco y Héctor Chaclán, del colectivo indígena Los 48 Cantones. Fueron acusados por el Ministerio Público de delitos como terrorismo, asociación ilícita, obstrucción a la justicia, sedición y asociación ilícita, supuestamente por su participación en protestas y bloqueos durante las manifestaciones de 2023.

La motivación de las acusaciones y defensa, como lo han indicado organizaciones nacionales e internacionales relacionadas a la defensa de derechos humanos y defensa de activistas, diversas autoridades y asambleas indígenas denunciaron que esta persecución representa una criminalización de la protesta indígena, atentando contra su autonomía.

En este caso y otros se puede identificar un claro patrón de discriminación y práctica judicial, este caso fue el uso político del sistema judicial, que favorece a actores con poder económico o político a costa de líderes indígenas. Se trata de una práctica denunciada por estudios internacionales que advierten sobre el uso indebido de leyes antiterroristas para reprimir protestas pacíficas

Es en este elemento de exclusión institucional y falta de reconocimiento de derechos colectivos que el sistema judicial tradicional reconoce un único marco normativo, pero ignora los sistemas de justicia comunitaria que conviven en las comunidades del interior del país. En departamentos como Quiché y Totonicapán, algunas autoridades municipales indígenas han incorporado prácticas de mediación basadas en normas consuetudinarias para resolver conflictos internos, reconocidos por la Constitución art. 66 y 203 y el Convenio 169 de la OIT reconocen el derecho de los pueblos indígenas a aplicar justicia ancestral, siempre que no contravenga estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.  Sin embargo, si el caso trasciende a delitos tipificados como “graves” (homicidio, violación, violencia intrafamiliar) no pueden ser juzgados por autoridades comunitarias y se reservan exclusivamente al sistema judicial estatal, sin coordinación efectiva con los mecanismos ancestrales.

Esto ha generado algunas tensiones en las comunidades indígenas que sostienen que sus normas ancestrales priorizan sanciones reparadoras (restitución de tierras, ceremonias, reparación del daño) y fomentan la reintegración comunitaria, en lugar del sistema punitivo del Estado.

Este modelo de justicia, efectivo en conflictos menores, no se articula adecuadamente con el Estado cuando ocurren delitos graves, lo que provoca tensiones, sensación de desconexión y deslegitimación comunitaria, ya que se da por sentado que solo la penalización estatal responde a su proceder.

Lo anterior solo ha generado desconfianza en el sistema estatal ha fortalecido los mecanismos de justicia comunitaria, pero al mismo tiempo profundiza la exclusión, pues quienes recurren a sus propios sistemas carecen de reconocimiento legal pleno y quedan al margen de procesos penales formales. La falta de articulación provoca que delitos graves —como despojo de tierras, violencia de género y extracción ilegal de recursos— queden impunes o se resuelvan de maneras que no satisfacen los estándares internacionales de derechos humanos.

Se podrían detallar muchas propuestas de enfoque de derechos colectivos e iniciativas de justicia intercultural que permitan fortalecer e institucionalizar el Sistema Nacional de Intérpretes y traductores, se debe iniciar por el reconocimiento legal de la jurisdicción comunitaria. así como la creación de juzgados móviles interculturales que permitan el acceso pronto y justo a las comunidades alejadas del país. E implementar una fuerte campaña de sensibilización y capacitación a jueces y fiscales, por medio de programas continuos de formación en derechos indígenas, diversidad cultural y estándares internacionales.

El promover la participación ciudadana y veedurías o auditoria social comunitaria a organizaciones de la sociedad civil, juntas de acción comunal y asociaciones de abogados mayas pueden integrar comités de vigilancia que acompañen audiencias y den fe pública de la correcta traducción y trato digno.

Pero no bastan propuestas de fortalecimiento, que tienen el objetivo de garantizar una justicia equitativa, capaz de reconocer el idioma, cultura y cosmovisión de las comunidades indígenas. La mirada colectiva, al considerar la reparación del tejido social y no solo la sanción individual, puede transformar gradualmente un sistema marcado por la exclusión. Sino que deben de tener un fuerte componente de voluntad política para su realización.

[1] Instituto Nacional de Estadistica

[2] https://censo2018.ine.gob.gt/graficas

[3] El racismo se basa en la creencia de la superioridad de un grupo étnico sobre otro, lo que a menudo conduce a la discriminación, la exclusión y la persecución. La discriminación, implica la desigualdad de trato o el trato desfavorable hacia una persona o grupo debido a características específicas como la raza, el origen étnico, la religión, el sexo, la orientación sexual, la discapacidad, entre otros. 

[4] Sentencia 2009-1551: reconoció la jerarquía constitucional del Convenio 169, estableciendo que sus disposiciones tienen rango constitucional y deben ser aplicadas en Guatemala.
Esta sentencia enfatizó la protección de los derechos de los pueblos indígenas y el respeto a su identidad cultural, tierras, y participación en asuntos que les afectan.

[5] https://censo2018.ine.gob.gt/graficas

En Guatemala, donde el sistema de justicia enfrenta constantes presiones políticas, retrocesos democráticos y ataques sistemáticos contra operadores judiciales independientes, la defensa de la independencia judicial se ha convertido en una causa urgente. En este contexto adverso, una nueva generación de actores está emergiendo con fuerza: jóvenes abogados, estudiantes de derecho y colectivos ciudadanos comprometidos que no solo denuncian los abusos, sino que también proponen soluciones, observan, auditan y acompañan procesos judiciales de alto interés público. Colectivos organizados en la ciudad capital y organizaciones juveniles del interior del país están demostrando que la juventud vinculada a la problemática social y principalmente en el sector justicia, no es indiferente. Muy por el contrario, se posicionan como una generación clave para revitalizar la lucha por un sistema judicial independiente, imparcial y verdaderamente al servicio de la ciudadanía.

La independencia judicial en Guatemala no es únicamente un principio constitucional; es también una trinchera de resistencia democrática.

En los últimos años, diversas voces nacionales e internacionales han denunciado la creciente captura del sistema de justicia por redes político-económicas ilegales, manifestada en la persecución de jueces independientes, fiscales anticorrupción y defensores de derechos humanos. Frente a este panorama sombrío, las juventudes organizadas han decidido no permanecer al margen. Agrupadas en colectivos, redes universitarias y grupos territoriales, estas nuevas generaciones están asumiendo un rol protagónico en la defensa del Estado de derecho, empleando herramientas como la auditoría social ciudadana, el litigio estratégico, las campañas de comunicación y el monitoreo constante del sistema judicial. Este espacio analizamos su papel en el fortalecimiento democrático y los múltiples desafíos que enfrentan en un entorno marcado por la conflictividad institucional y la represión.

La independencia judicial es un valor en disputa, principio fundamental del Estado de derecho, implica que jueces y magistrados puedan ejercer sus funciones sin interferencias indebidas, presiones políticas ni represalias. Sin embargo, en Guatemala este principio ha sido reiteradamente vulnerado. Casos paradigmáticos como la criminalización de jueces independientes, la manipulación en la elección de cortes y la instrumentalización del derecho penal para perseguir a operadores de justicia, reflejan una justicia cooptada por intereses paralelos.

Según informes[1] que abordan como la justicia ha sido capturada, al menos 25 operadores de justicia independientes se han exiliado desde 2018 debido a amenazas o procesos penales espurios. Esta situación ha generado un profundo desencanto en la ciudadanía, pero también ha despertado nuevas formas de organización y resistencia, especialmente desde las juventudes.

En una nueva narrativa generacional Justicia Ya[2] es uno de los colectivos juveniles más visibles en la escena guatemalteca. Nacido en el contexto de las protestas ciudadanas de 2015, este grupo ha evolucionado desde el activismo digital hacia una incidencia más articulada en temas de justicia. Conformado por jóvenes profesionales —principalmente abogados— su trabajo combina análisis jurídico, comunicación estratégica y movilización ciudadana.

Estos colectivos tanto de la ciudad capital como del interior del país han acompañado procesos clave como las elecciones de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a las Cortes de Apelaciones, promoviendo una mayor transparencia en las comisiones de postulación. Inclusive ciertas organizaciones han impulsado campañas educativas sobre independencia judicial, corrupción y acceso a la justicia, acercando estos temas a audiencias jóvenes a través de redes sociales, podcasts, videos y actividades presenciales.

Un sector para resaltar en esta nube de colectivos es el de jóvenes del interior, que con muchas limitaciones no solo de distancia, sino financieras, técnicas, entre otras, se han embardado en procesos formales de auditoría ciudadana desde los territorios.

En donde más allá de la capital, en departamentos como Quetzaltenango, Alta Verapaz y Huehuetenango, han surgido colectivos juveniles que integran estudiantes de derecho, abogados recién graduados y activistas comunitarios. Estas agrupaciones, la mayoría de las veces con apoyo de universidades o redes de organizaciones de sociedad civil, realizan auditorías sociales a juzgados locales, dan seguimiento a casos de interés comunitario, e impulsan debates públicos sobre la justicia en sus territorios.

Un ejemplo destacado es el Grupo de Apoyo Xela (GAX ONG)[3], una organización de base comunitaria legalmente establecida en Quetzaltenango ha impulsado la creación del Observatorio de Justicia Abierta desde Sociedad Civil. Este observatorio se centra en abrir datos del sector justicia en Guatemala, facilitando acciones de veeduría social desde la sociedad civil y promoviendo la transparencia en el sistema judicial. Estos procesos contribuyen no solo a visibilizar malas prácticas judiciales, sino también a construir una cultura de exigencia y vigilancia desde lo local.

Casos emblemáticos

• En 2023, adolescentes y jóvenes organizados en cinco municipios de Quetzaltenango se expresaron y promovieron sus derechos a través de diferentes acciones, como parte de sus planes de trabajo. Estas actividades fueron parte de iniciativas apoyadas por organizaciones como PAMI[4] Guatemala.
• En Cobán existen iniciativas relevantes que involucran a estudiantes de Derecho en actividades relacionadas con la promoción de la justicia y los derechos humanos. Taller Jurídico en Cobán: La sede de Cobán de Nueva Acrópolis Guatemala inició un Club Jurídico con talleres sobre ética en las profesiones legales, desarrollados por abogadas voluntarias[5].

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala – Sede Cobán: Ofrece programas académicos en Ciencias Jurídicas y Sociales, formando profesionales éticamente responsables y socialmente comprometidos.

Los ejemplos anteriores resaltan un tema fundamental que es la educación jurídica y compromiso cívico, que son un binomio necesario para reducir las brechas no solo educativas sino de igual manera digitales.

La formación académica en derecho ha sido tradicionalmente formalista y alejada de una perspectiva crítica sobre el rol del sistema de justicia en la democracia. Sin embargo, universidades públicas y privadas están comenzando a abrir espacios donde los estudiantes pueden reflexionar sobre la justicia como bien público, desarrollar pensamiento crítico y vincularse con procesos de auditoría social, litigio estratégico o comunicación para la incidencia. Es de resaltar que estos espacios si bien son a nivel universitario muchas iniciativas nacen desde los estudiantes y no de la institucionalidad de las universidades.

La Fundación Myrna Mack[6] ha publicado diversos informes y estudios relacionados con el sistema de justicia guatemalteco, como «Justicia en cifras: Analizando el desempeño de la institucionalidad del sistema de justicia», que analiza la capacidad de respuesta de instituciones como el Ministerio Público y el Organismo Judicial entre 2018 y 2022. Sin embargo, estos estudios no incluyen encuestas dirigidas a estudiantes de Derecho ni datos específicos sobre su interés en participar en iniciativas ciudadanas relacionadas con el sistema de justicia.

Un componente para tener presente es ver que han implementado en otros países como experiencias regionales dirigidas o enfocadas a jóvenes por la justicia en América Latina, Guatemala no está sola en esta lucha por la independencia judicial y el involucramiento de este bono demográfico de juventudes. Por ejemplo:

Existen iniciativas en Perú que promueven la participación de estudiantes en temas relacionados con la justicia y los derechos humanos. Como:

• Red ESPAZ[7] Perú: La Red Internacional de Estudiantes por la Paz (Red ESPAZ Perú) tiene como objetivo capacitar a jóvenes estudiantes en temas relacionados con la cultura de paz, liderazgo, educación, derechos humanos y desarrollo sostenible. Si bien su enfoque principal no es la independencia judicial, su labor en derechos humanos es relevante.
• Programa Secigra Derecho[8]: El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) de Perú implementa el programa Secigra Derecho, que en 2024 contó con la participación de 2,302 estudiantes de 90 universidades del país. Estos estudiantes realizan prácticas profesionales en diversas instituciones públicas, contribuyendo al fortalecimiento del sistema de justicia.

En cuanto a Colombia y Honduras, se han identificado movimientos juveniles que han participado activamente en la defensa de la independencia judicial y la promoción del Estado de derecho. Por ejemplo:

• Colombia: Aunque no se ha encontrado información específica sobre una organización llamada «De justicia» que forme generaciones de jóvenes investigadores y litigantes, existen diversas iniciativas y programas académicos que promueven la formación de jóvenes en temas relacionados con la justicia y los derechos humanos.
• Honduras[9]: El «Movimiento de las y los indignados» ha liderado protestas masivas en varias ciudades del país, exigiendo transparencia y justicia. Estas movilizaciones han sido impulsadas en gran medida por jóvenes, quienes han desempeñado un papel crucial en la defensa de la independencia judicial.

Estas experiencias regionales demuestran que las juventudes pueden ser agentes de cambio significativos en la promoción y defensa de la independencia judicial, incluso en contextos adversos y que puedan promover iniciativas de auditoria social al sistema de justicia penal de Guatemala.

En ese sentido, los colectivos guatemaltecos deben de fortalecer estas alianzas regionales, crear espacios para el intercambio de metodologías en procesos de auditoría social o ciudadana y construir una red que permita obtener una radiografía ciudadana del sistema de justicia nacional. Y si este esfuerzo nacional se le suma organizaciones de sociedad civil latinoamericanas y la cooperación internacional quienes juegan un rol clave en apoyar este tipo de articulaciones, los cambios necesarios puedes esperarse que sean a mediano plazo y de beneficio para nuestro país.

Pero en el contexto actual que enfrentamos como país, se tienen escenarios diversos y adversos en muchas áreas que se convierten en desafíos para el compromiso juvenil con la justicia, ya que pese al entusiasmo y la innovación de este bono demográfico de juventudes, su camino no está libre de obstáculos. como:

• La criminalización del activismo juvenil, especialmente en contextos rurales o indígenas, donde la defensa de los derechos suele ser estigmatizada.
• La falta de una oportunidad laboral, que desincentiva la participación en actividades no remuneradas como la auditoría social.
• La falta de acceso a información pública de parte del poder judicial clara, actualizada y en formatos editables y amigables para el monitoreo ciudadano.
• El escaso reconocimiento institucional, ya que muchos operadores judiciales no consideran a las juventudes como interlocutores legítimos en la discusión sobre justicia.

Pero el superar estos retos implica una acción coordinada entre universidades, organizaciones de sociedad civil, cooperación internacional y entidades que conforman el sistema de justicia penal y que estén comprometidas con la transparencia y la participación ciudadana.

Una nueva generación, una nueva esperanza las juventudes, jóvenes abogados y abogadas están demostrando que la independencia judicial no es solo un principio abstracto o una preocupación de ciertas élites o grupos sociales aislados. Sino que se  ha convertido en una condición necesaria para construir y contribuir a una sociedad más justa, donde las leyes no sean un instrumento de persecución sino de protección.

Aunque se enfrentan enormes desafíos, su creatividad, valentía y compromiso los convierten en actores imprescindibles para el presente y el futuro del sistema de justicia guatemalteco. Escucharlos, apoyarlos y visibilizar su trabajo es clave para transformar la relación entre ciudadanía y justicia en el país.

[1] https://www.wola.org/es/

[2] linktr.ee/justiciayagt

[3] https://gaxong.gt/justicia-abierta-gax

[4] https://pami-guatemala.org/2023/07/12/adolescentes-y-jovenes-organizados-se-expresan-y-promueven-sus-derechos-en-5-municipios-de-quetzaltenango

[5] https://www.nuevaacropolis.org.gt/taller-juridico-en-coban

[6] https://myrnamack.org.gt/justicia-en-cifras-analizando-el-desempeno-de-la-institucionalidad-del-sistema-de-justicia

[7] redespazperu.org

[8] https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/906816-minjusdh-mas-de-2-mil-estudiantes-universitarios-participan-en-programa-secigra-derecho-2024

[9] https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/12049.pdf

Tomando en cuenta lo expuesto en la primera parte de este análisis, se hace necesario que población en general, organizaciones de sociedad civil, defensores y defensoras de derechos humanos, entidades de cooperación internacional, periodistas, investigadores y analistas, conozcamos de una forma simple y básica cómo funciona el proceso penal, si se tiene planificado implementar acciones de monitoreo, por lo que estos  conocimientos básicos con terminología de fácil comprensión y entendimiento, son fundamentales para comprender y entender de forma objetiva dicho proceso.

1. Etapa Preparatoria o de Investigación Inicial

Esta etapa tiene como objetivo recopilar evidencias y elementos de convicción para determinar si existe mérito para llevar a cabo un juicio. Se divide en las siguientes fases:

• Denuncia o Querella[1]: El proceso inicia con la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público (MP) o la Policía Nacional Civil (PNC). La denuncia puede ser presentada por cualquier persona, mientras que la querella solo puede ser interpuesta por la víctima o su representante legal.
• Investigación: El Ministerio Público, como titular de la acción penal, dirige la investigación con el apoyo de la PNC. Durante esta fase, se recaban pruebas, se practican diligencias (allanamientos, interrogatorios, peritajes, etc.) y se identifican a los posibles responsables.
• Resolución de la Investigación: Al concluir la investigación, el MP puede:
  • Archivar el caso: Si no encuentra suficientes elementos para acusar.
  • Solicitar el sobreseimiento: Si se determina que no hubo delito o no existe responsabilidad penal.
  • Presentar acusación: Si considera que hay suficientes pruebas para llevar el caso a juicio.

2. Etapa Intermedia

Esta etapa tiene como objetivo depurar el caso y prepararlo para el juicio oral y público. Se divide en dos fases:

• Control de la Acusación: El juez de primera instancia revisa la acusación presentada por el MP para determinar si cumple con los requisitos legales. En esta fase, el imputado y su defensa pueden presentar excepciones, objeciones o solicitar la exclusión de pruebas.
• Apertura a Juicio: Si el juez considera que hay mérito para continuar, emite un auto de apertura a juicio. En caso contrario, puede rechazar la acusación y ordenar el sobreseimiento.

3. Etapa de Juicio Oral y Público

Es la fase central del proceso penal, donde se debate la culpabilidad o inocencia del acusado. Se caracteriza por ser oral, público, contradictorio y concentrado. Las etapas son:

• Audiencia Preliminar: Se fijan los hechos a debatir, se admiten pruebas y se resuelven cuestiones procesales.
• Desarrollo del Juicio: Se presentan las pruebas, se escuchan los testimonios de testigos y peritos, y se realizan los alegatos de las partes (MP, defensa y querellante adhesivo).
• Sentencia: El tribunal delibera y emite una sentencia, que puede ser:
  • Condenatoria: Si se determina la responsabilidad penal del acusado.
  • Absolutoria: Si no se prueba la culpabilidad más allá de toda duda razonable.

4. Etapa de Impugnación

Las partes pueden impugnar la sentencia mediante recursos legales. Los principales son:

• Apelación: Se interpone ante el tribunal superior para revisar la sentencia.
• Casación: Se presenta ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para revisar aspectos de forma o fondo en la aplicación de la ley.

5. Etapa de Ejecución

Una vez que la sentencia queda firme (es decir, no cabe recurso alguno), se procede a su ejecución. Esta etapa incluye:

• Cumplimiento de la Pena: Si la sentencia es condenatoria, el condenado cumple la pena en un centro carcelario.
• Libertad: Si la sentencia es absolutoria o el condenado cumple su pena, se ordena su libertad.

Principios Rectores del Proceso Penal en Guatemala

• Presunción de Inocencia: Todo imputado se considera inocente hasta que se demuestre lo contrario.
• Legalidad: Solo se puede perseguir penalmente lo que está tipificado como delito en la ley.
• Contradicción: Las partes tienen derecho a debatir y contradecir las pruebas presentadas.
• Publicidad: El proceso es público, salvo excepciones para proteger derechos fundamentales.
• Derechos de la Víctima: La víctima tiene derecho a participar en el proceso como querellante adhesivo y a recibir protección.

Actores Involucrados

En el proceso penal participan varias personas e instituciones, cada una con un rol específico. Estos actores trabajan juntos para garantizar que el caso se investigue, se juzgue y se resuelva de manera justa. A continuación, te explicamos quiénes son y qué hacen:

1. El Ministerio Público (MP)

El Ministerio Público es una institución clave en el proceso penal. Su función principal es representar a la sociedad y velar por la justicia. Sus responsabilidades incluyen:

• Investigar los delitos: El MP dirige la investigación con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC).
• Presentar la acusación: Si encuentra suficientes pruebas, el MP acusa formalmente a una persona ante un juez.
• Defender los intereses de la víctima: El MP vela por los derechos de la víctima durante todo el proceso.

El MP es como el «fiscal» o «procurador» en otros países. Su trabajo es asegurarse de que los delitos no queden impunes.

2. La Policía Nacional Civil (PNC)

La PNC es la institución encargada de mantener el orden público y apoyar al Ministerio Público en las investigaciones. Sus funciones en el proceso penal incluyen:

• Recibir denuncias: La PNC es el primer contacto cuando alguien quiere denunciar un delito.
• Recolectar pruebas: Los agentes de la PNC ayudan a reunir evidencias, como testimonios, objetos o documentos.
• Detener a sospechosos: Si hay una orden de captura, la PNC puede detener a una persona para que sea investigada.

3. El Juez

El juez es la persona encargada de tomar decisiones importantes durante el proceso penal. Su rol es garantizar que todo se haga conforme a la ley y que se respeten los derechos de todas las partes. Sus funciones incluyen:

• Controlar la investigación: El juez supervisa que las pruebas se obtengan de manera legal.
• Decidir si hay juicio: Revisa si hay suficientes pruebas para llevar el caso a juicio.
• Dirigir el juicio: Durante el juicio, el juez escucha las pruebas y los argumentos de ambas partes.
• Emitir la sentencia: Al final, el juez decide si el acusado es culpable o inocente y, en caso de ser culpable, qué pena debe cumplir.

4. El Imputado o Acusado

El imputado o acusado es la persona a quien se le señala como posible responsable de un delito. Tiene derechos importantes, como:

• Presunción de inocencia: Se considera inocente hasta que se demuestre lo contrario.
• Derecho a defenderse: Puede contar con un abogado y presentar pruebas en su favor.
• Derecho a un juicio justo: El proceso debe ser transparente y respetar sus derechos.

5. La Víctima

La víctima es la persona que ha sufrido directamente el delito. Tiene un papel importante en el proceso penal, ya que puede:

• Presentar la denuncia: Iniciar el proceso penal al reportar el delito.
• Participar como querellante adhesivo: Esto significa que puede unirse al Ministerio Público para apoyar la acusación y presentar sus propias pruebas.
• Recibir protección: Si corre algún riesgo, puede pedir medidas de seguridad.

6. El Defensor (Abogado de la Defensa)

El defensor es el abogado que representa al imputado o acusado. Su trabajo es proteger los derechos de su cliente y asegurarse de que reciba un trato justo. Sus funciones incluyen:

• Asesorar al imputado: Explicarle sus derechos y opciones.
• Presentar pruebas y argumentos: Defenderlo durante el juicio.
• Impugnar decisiones: Si no está de acuerdo con alguna decisión del juez, puede presentar recursos legales.

7. El Querellante Adhesivo

El querellante adhesivo es la víctima o su representante legal que decide participar activamente en el proceso penal. Puede presentar pruebas, hacer preguntas y apoyar la acusación del Ministerio Público.

8. Los Testigos y Peritos

• Testigos: Son personas que tienen información relevante sobre el caso. Pueden ser testigos presenciales o personas que conocen detalles importantes.
• Peritos: Son expertos en alguna área (como medicina, balística o informática) que ayudan a interpretar pruebas técnicas o científicas.

9. El Tribunal de Sentencia

En la etapa de juicio, un tribunal (compuesto por uno o más jueces) es el encargado de escuchar las pruebas, los testimonios y los argumentos de ambas partes. Al final, el tribunal decide si el acusado es culpable o inocente y, en caso de ser culpable, qué pena debe cumplir.

10. Corte Suprema de Justicia (CSJ)

En casos muy complejos o cuando se presentan recursos de casación, la Corte Suprema de Justicia revisa las decisiones de los jueces para asegurarse de que se aplicó correctamente la ley.

Resumen de los Actores y sus Roles

Derechos de las Partes

El proceso penal en Guatemala garantiza una serie de derechos a todas las partes involucradas, tales como:

• Derecho a la defensa: Todo acusado tiene derecho a ser asistido por un abogado.
• Derecho a un juicio justo: Las partes tienen derecho a ser escuchadas y a presentar pruebas.
• Derecho a la presunción de inocencia: Todo acusado es considerado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.

En el proceso penal, tanto el imputado (la persona acusada) como la víctima tienen derechos específicos que deben ser respetados en todo momento. Estos derechos están diseñados para garantizar un proceso justo, transparente y equilibrado. A continuación, te explicamos de manera clara y sencilla cuáles son los derechos de cada una de las partes involucradas.

Derechos del Imputado o Acusado

El imputado es la persona a quien se le señala como posible responsable de un delito. Aunque esté siendo investigado o acusado, tiene derechos fundamentales que deben ser respetados. Estos son los principales:

1. Presunción de Inocencia:
   • El imputado se considera inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio.
   • Nadie puede tratarlo como culpable antes de que se emita una sentencia.
2. Derecho a ser Informado:
   • El imputado debe ser informado de los cargos en su contra (qué delito se le acusa) y de las pruebas que existen.
   • También debe ser notificado de sus derechos, como el derecho a un abogado.
3. Derecho a un Abogado:
   • El imputado tiene derecho a ser representado por un abogado defensor.
   • Si no puede pagar uno, el Estado debe proporcionarle un defensor público gratuito.
4. Derecho a Guardar Silencio:
   • El imputado no está obligado a declarar en su contra.
   • Puede negarse a responder preguntas si así lo decide.
5. Derecho a Presentar Pruebas y Argumentos:
   • El imputado puede presentar pruebas y testigos en su defensa.
   • También puede contradecir las pruebas presentadas en su contra.
6. Derecho a un Juicio Justo y Público:
   • El juicio debe ser imparcial, transparente y realizado dentro de un plazo razonable.
   • El imputado tiene derecho a ser escuchado y a que se respeten todas las garantías procesales.
7. Derecho a Impugnar Decisiones:
   • Si el imputado no está de acuerdo con una decisión del juez, puede presentar recursos legales, como una apelación.
8. Derecho a no ser Sometido a Tratos Crueles o Inhumanos:
   • El imputado no puede ser torturado, maltratado o humillado durante el proceso.

Derechos de la Víctima

La víctima es la persona que ha sufrido directamente el delito. También tiene derechos importantes que buscan protegerla y garantizar su participación en el proceso. Estos son los principales:

1. Derecho a Denunciar:
   • La víctima puede presentar una denuncia o querella ante el Ministerio Público o la Policía Nacional Civil.
2. Derecho a ser Informada:
   • La víctima debe ser informada sobre el avance de la investigación y las decisiones importantes, como el cierre del caso o la apertura a juicio.
3. Derecho a Participar en el Proceso:
   • La víctima puede participar como querellante adhesivo, lo que significa que puede unirse al Ministerio Público para apoyar la acusación y presentar pruebas.
4. Derecho a Protección:
   • Si la víctima corre algún riesgo (por ejemplo, amenazas del acusado), puede solicitar medidas de protección, como escolta policial o cambio de identidad.
5. Derecho a ser Escuchada:
   • La víctima tiene derecho a ser escuchada durante el proceso, especialmente en el juicio, donde puede presentar su versión de los hechos.
6. Derecho a Reparación:
   • La víctima puede pedir una indemnización por los daños sufridos, ya sea económica, moral o psicológicamente.
7. Derecho a Asistencia Legal:
   • Si la víctima no puede pagar un abogado, puede solicitar asistencia legal gratuita para representarse en el proceso.
8. Derecho a Respeto y Dignidad:
   • La víctima debe ser tratada con respeto y sin discriminación durante todo el proceso.

Derechos del Ministerio Público (MP)

Aunque el MP no es una «parte» en el sentido tradicional, también tiene derechos y facultades para cumplir su rol:

1. Derecho a Investigar:
   • El MP tiene la facultad de dirigir la investigación y recopilar pruebas.
2. Derecho a Acusar:
   • Si encuentra suficientes pruebas, el MP puede presentar una acusación formal ante el juez.
3. Derecho a Participar en el Juicio:
   • El MP presenta las pruebas y argumentos para demostrar la culpabilidad del acusado.

Derechos de la Defensa (Abogado del Imputado)

El abogado defensor también tiene derechos para garantizar una defensa adecuada:

1. Derecho a Acceder a las Pruebas:
   • El defensor puede revisar todas las pruebas que el MP tiene en su contra.
2. Derecho a Presentar Pruebas y Argumentos:
   • Puede presentar testigos, documentos y otras pruebas en favor del imputado.
3. Derecho a Impugnar Decisiones:
   • Si no está de acuerdo con una decisión del juez, puede presentar recursos legales.

Resumen de los Derechos de las Partes

[1] En Guatemala, la denuncia es un acto de conocimiento, mientras que la querella es una declaración de voluntad. La denuncia es una obligación, mientras que la querella es un derecho. 

Denuncia 

• Es un acto de colaboración con la justicia
• Puede ser presentada por cualquier persona
• Puede ser verbal o escrita
• Puede ser anónima
• No requiere requisitos formales
• Se puede presentar ante la policía, el Ministerio Público o la autoridad judicial

Querella 

• Es un acto voluntario
• Es un derecho de las personas directamente afectadas por el delito
• Requiere requisitos formales
• Debe ser presentada por escrito
• Se debe presentar ante el juez o tribunal competente
• Requiere la intervención de abogado y procurador
• Puede requerir una fianza

La denuncia y la querella son actos procesales que se utilizan para iniciar una investigación y un proceso judicial por un delito. 

El proceso penal guatemalteco, se encuentra regulado por el Código Procesal Penal (Decreto 51-92), el cual establece principios como la independencia judicial, presunción de inocencia y legalidad, los cuales son fundamentales para garantizar un Estado de derecho.

Sin embargo, en el contexto actual tanto político, económico e ideológico, Guatemala enfrenta grandes desafíos que socavan estos principios, particularmente en casos que involucran a activistas de derechos humanos, quienes en los últimos años se han visto bajo un ataque constante por el ámbito en que se encuentran específicamente por su involucramiento en la defensa de los derechos no solo de personas a nivel individual, sino del territorio, de la naturaleza, entre otros.

De tal cuenta la independencia judicial, como hemos abordado en análisis o artículos anteriores, es un pilar esencial para evitar la injerencia de poderes políticos, económicos o criminales en las decisiones judiciales. En los últimos años en Guatemala, se han documentado situaciones que cuestionan este principio, por ejemplo, las diversas presiones políticas y corrupción donde organismos como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han señalado y denunciado públicamente, la infiltración de redes de corrupción en el sistema de justicia. Jueces y fiscales que investigaban casos de alto impacto (como corrupción o violaciones de derechos humanos) han enfrentado campañas de desprestigio, amenazas o destituciones arbitrarias y creados casos que han sido judicializados donde se les vinculas a ilegalidades en su accionar.

El uso estratégico o malicioso de recursos legales presentador por los sectores tradicionalmente poderosos (económico y político) quienes han instrumentalizado recursos como acciones de amparo o recursos de apelación para retrasar o bloquear procesos judiciales, afectando la imparcialidad de las resoluciones, y en contubernio con las actuales autoridades del OJ y de la CSJ, de tal cuenta que los casos de alto impacto se han desestimado o anulado las acciones que integraban dichos casos.

Como resultado de este incremento en la impunidad en el sistema de justicia de igual forma se incrementa de forma exponencial, la criminalización de defensores y organizaciones de derechos humanos, como una práctica recurrente que viola los principios del proceso penal, Abuso de la etapa de investigación, principalmente el rol que el Ministerio Público (MP) ha jugado en los últimos años, donde han sido acusados de iniciar investigaciones basadas en denuncias falsas o pruebas fabricadas contra activistas. Esto contradice el principio de legalidad, persiguiendo actores que defiendes derechos legítimos, y en otros casos han implementado la estrategia de “engavetar” aquellos casos de quienes son afines o de quienes defienden intereses en común.

Recursos como querellas maliciosas, en Guatemala los sectores empresariales o políticos han utilizado la figura del querellante adhesivo para judicializar conflictos sociales, acusando a líderes indígenas, ambientalistas o periodistas de delitos como «usurpación» o «coacción». acciones buscan desgastar a los activistas mediante procesos largos y costosos.

la falta de garantías en el juicio, principalmente en casos emblemáticos, como el de Bernardo Caal Xol (defensor ambiental), donde a lo largo del proceso se observaron y denunciaron irregularidades como la exclusión de pruebas favorables al acusado y la parcialidad de tribunales, violando el derecho a un juicio justo y la contradicción de pruebas.

Cuandose realiza un breve análisis o comparación entre el marco legal vs. realidad práctica, se puede iniciar haciendo referencia al marco legal guatemalteco establece protecciones robustas como la Ley de Víctimas del Delito (Decreto 33-2006), su aplicación es selectiva, por ejemplo se puede hacer en una primera instancia:

1. Los derechos del imputado[1] vs. activistas: aquí podemos decir que mientras el Código Procesal Penal garantiza la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, los activistas enfrentan estigmatización mediática y trato discriminatorio desde la etapa investigativa, ciertos grupos en redes sociales y medios de comunicación han expresado que esta estrategia es una muerte civil para sus enemigos o contrarios políticos o ideológicos.
2. La protección insuficiente a víctimas-defensores: A pesar del derecho que asiste a las víctimas a contar con medidas de protección, organizaciones como la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) reportan un aumento de agresiones contra activistas, con escasa respuesta estatal. O inclusive aun que el ataque se de desde uno de los poderes del estado, activando toda esa maquinaria con un fin en particular.

Por lo que él impacto en el Estado de Derecho de estas prácticas solamente causan una erosión en la confianza en las instituciones y generan un clima de impunidad, contribuyendo con un Efecto disuasorio por esta estrategia de criminalización con el objetivo que busca desincentivar la participación ciudadana en la denuncia de abusos, especialmente en comunidades indígenas y rurales.  Causando un debilitamiento de la justicia transicional, principalmente en casos relacionados con el conflicto armado interno o crímenes de lesa humanidad enfrentan obstrucciones sistemáticas, como la destitución de fiscales especializados.

De tal cuenta que, el proceso penal en Guatemala establece un sistema acusatorio adversarial[2]. Este sistema se caracteriza por la separación de funciones entre los órganos de investigación, acusación y juzgamiento, garantizando los derechos de las partes involucradas, especialmente los de la víctima y el imputado.

El proceso penal en Guatemala es un conjunto de normas y procedimientos que regulan la investigación, persecución y sanción de los delitos. El objetivo de este sistema es garantizar el respeto a los derechos humanos, la justicia y la verdad en el marco de un Estado de derecho.

[1] Persona que se encuentra en un proceso penal por la presunta comisión de un delito. 

[2] Sistema de justicia penal que se caracteriza por la confrontación entre la Fiscalía y la defensa ante un juez imparcial. El juez decide la condena o absolución de la persona acusada basándose en las pruebas y argumentos presentados por ambas partes.