En Guatemala, donde el sistema de justicia enfrenta constantes presiones políticas, retrocesos democráticos y ataques sistemáticos contra operadores judiciales independientes, la defensa de la independencia judicial se ha convertido en una causa urgente. En este contexto adverso, una nueva generación de actores está emergiendo con fuerza: jóvenes abogados, estudiantes de derecho y colectivos ciudadanos comprometidos que no solo denuncian los abusos, sino que también proponen soluciones, observan, auditan y acompañan procesos judiciales de alto interés público. Colectivos organizados en la ciudad capital y organizaciones juveniles del interior del país están demostrando que la juventud vinculada a la problemática social y principalmente en el sector justicia, no es indiferente. Muy por el contrario, se posicionan como una generación clave para revitalizar la lucha por un sistema judicial independiente, imparcial y verdaderamente al servicio de la ciudadanía.

La independencia judicial en Guatemala no es únicamente un principio constitucional; es también una trinchera de resistencia democrática.

En los últimos años, diversas voces nacionales e internacionales han denunciado la creciente captura del sistema de justicia por redes político-económicas ilegales, manifestada en la persecución de jueces independientes, fiscales anticorrupción y defensores de derechos humanos. Frente a este panorama sombrío, las juventudes organizadas han decidido no permanecer al margen. Agrupadas en colectivos, redes universitarias y grupos territoriales, estas nuevas generaciones están asumiendo un rol protagónico en la defensa del Estado de derecho, empleando herramientas como la auditoría social ciudadana, el litigio estratégico, las campañas de comunicación y el monitoreo constante del sistema judicial. Este espacio analizamos su papel en el fortalecimiento democrático y los múltiples desafíos que enfrentan en un entorno marcado por la conflictividad institucional y la represión.

La independencia judicial es un valor en disputa, principio fundamental del Estado de derecho, implica que jueces y magistrados puedan ejercer sus funciones sin interferencias indebidas, presiones políticas ni represalias. Sin embargo, en Guatemala este principio ha sido reiteradamente vulnerado. Casos paradigmáticos como la criminalización de jueces independientes, la manipulación en la elección de cortes y la instrumentalización del derecho penal para perseguir a operadores de justicia, reflejan una justicia cooptada por intereses paralelos.

Según informes[1] que abordan como la justicia ha sido capturada, al menos 25 operadores de justicia independientes se han exiliado desde 2018 debido a amenazas o procesos penales espurios. Esta situación ha generado un profundo desencanto en la ciudadanía, pero también ha despertado nuevas formas de organización y resistencia, especialmente desde las juventudes.

En una nueva narrativa generacional Justicia Ya[2] es uno de los colectivos juveniles más visibles en la escena guatemalteca. Nacido en el contexto de las protestas ciudadanas de 2015, este grupo ha evolucionado desde el activismo digital hacia una incidencia más articulada en temas de justicia. Conformado por jóvenes profesionales —principalmente abogados— su trabajo combina análisis jurídico, comunicación estratégica y movilización ciudadana.

Estos colectivos tanto de la ciudad capital como del interior del país han acompañado procesos clave como las elecciones de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a las Cortes de Apelaciones, promoviendo una mayor transparencia en las comisiones de postulación. Inclusive ciertas organizaciones han impulsado campañas educativas sobre independencia judicial, corrupción y acceso a la justicia, acercando estos temas a audiencias jóvenes a través de redes sociales, podcasts, videos y actividades presenciales.

Un sector para resaltar en esta nube de colectivos es el de jóvenes del interior, que con muchas limitaciones no solo de distancia, sino financieras, técnicas, entre otras, se han embardado en procesos formales de auditoría ciudadana desde los territorios.

En donde más allá de la capital, en departamentos como Quetzaltenango, Alta Verapaz y Huehuetenango, han surgido colectivos juveniles que integran estudiantes de derecho, abogados recién graduados y activistas comunitarios. Estas agrupaciones, la mayoría de las veces con apoyo de universidades o redes de organizaciones de sociedad civil, realizan auditorías sociales a juzgados locales, dan seguimiento a casos de interés comunitario, e impulsan debates públicos sobre la justicia en sus territorios.

Un ejemplo destacado es el Grupo de Apoyo Xela (GAX ONG)[3], una organización de base comunitaria legalmente establecida en Quetzaltenango ha impulsado la creación del Observatorio de Justicia Abierta desde Sociedad Civil. Este observatorio se centra en abrir datos del sector justicia en Guatemala, facilitando acciones de veeduría social desde la sociedad civil y promoviendo la transparencia en el sistema judicial. Estos procesos contribuyen no solo a visibilizar malas prácticas judiciales, sino también a construir una cultura de exigencia y vigilancia desde lo local.

Casos emblemáticos

• En 2023, adolescentes y jóvenes organizados en cinco municipios de Quetzaltenango se expresaron y promovieron sus derechos a través de diferentes acciones, como parte de sus planes de trabajo. Estas actividades fueron parte de iniciativas apoyadas por organizaciones como PAMI[4] Guatemala.
• En Cobán existen iniciativas relevantes que involucran a estudiantes de Derecho en actividades relacionadas con la promoción de la justicia y los derechos humanos. Taller Jurídico en Cobán: La sede de Cobán de Nueva Acrópolis Guatemala inició un Club Jurídico con talleres sobre ética en las profesiones legales, desarrollados por abogadas voluntarias[5].

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala – Sede Cobán: Ofrece programas académicos en Ciencias Jurídicas y Sociales, formando profesionales éticamente responsables y socialmente comprometidos.

Los ejemplos anteriores resaltan un tema fundamental que es la educación jurídica y compromiso cívico, que son un binomio necesario para reducir las brechas no solo educativas sino de igual manera digitales.

La formación académica en derecho ha sido tradicionalmente formalista y alejada de una perspectiva crítica sobre el rol del sistema de justicia en la democracia. Sin embargo, universidades públicas y privadas están comenzando a abrir espacios donde los estudiantes pueden reflexionar sobre la justicia como bien público, desarrollar pensamiento crítico y vincularse con procesos de auditoría social, litigio estratégico o comunicación para la incidencia. Es de resaltar que estos espacios si bien son a nivel universitario muchas iniciativas nacen desde los estudiantes y no de la institucionalidad de las universidades.

La Fundación Myrna Mack[6] ha publicado diversos informes y estudios relacionados con el sistema de justicia guatemalteco, como «Justicia en cifras: Analizando el desempeño de la institucionalidad del sistema de justicia», que analiza la capacidad de respuesta de instituciones como el Ministerio Público y el Organismo Judicial entre 2018 y 2022. Sin embargo, estos estudios no incluyen encuestas dirigidas a estudiantes de Derecho ni datos específicos sobre su interés en participar en iniciativas ciudadanas relacionadas con el sistema de justicia.

Un componente para tener presente es ver que han implementado en otros países como experiencias regionales dirigidas o enfocadas a jóvenes por la justicia en América Latina, Guatemala no está sola en esta lucha por la independencia judicial y el involucramiento de este bono demográfico de juventudes. Por ejemplo:

Existen iniciativas en Perú que promueven la participación de estudiantes en temas relacionados con la justicia y los derechos humanos. Como:

• Red ESPAZ[7] Perú: La Red Internacional de Estudiantes por la Paz (Red ESPAZ Perú) tiene como objetivo capacitar a jóvenes estudiantes en temas relacionados con la cultura de paz, liderazgo, educación, derechos humanos y desarrollo sostenible. Si bien su enfoque principal no es la independencia judicial, su labor en derechos humanos es relevante.
• Programa Secigra Derecho[8]: El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) de Perú implementa el programa Secigra Derecho, que en 2024 contó con la participación de 2,302 estudiantes de 90 universidades del país. Estos estudiantes realizan prácticas profesionales en diversas instituciones públicas, contribuyendo al fortalecimiento del sistema de justicia.

En cuanto a Colombia y Honduras, se han identificado movimientos juveniles que han participado activamente en la defensa de la independencia judicial y la promoción del Estado de derecho. Por ejemplo:

• Colombia: Aunque no se ha encontrado información específica sobre una organización llamada «De justicia» que forme generaciones de jóvenes investigadores y litigantes, existen diversas iniciativas y programas académicos que promueven la formación de jóvenes en temas relacionados con la justicia y los derechos humanos.
• Honduras[9]: El «Movimiento de las y los indignados» ha liderado protestas masivas en varias ciudades del país, exigiendo transparencia y justicia. Estas movilizaciones han sido impulsadas en gran medida por jóvenes, quienes han desempeñado un papel crucial en la defensa de la independencia judicial.

Estas experiencias regionales demuestran que las juventudes pueden ser agentes de cambio significativos en la promoción y defensa de la independencia judicial, incluso en contextos adversos y que puedan promover iniciativas de auditoria social al sistema de justicia penal de Guatemala.

En ese sentido, los colectivos guatemaltecos deben de fortalecer estas alianzas regionales, crear espacios para el intercambio de metodologías en procesos de auditoría social o ciudadana y construir una red que permita obtener una radiografía ciudadana del sistema de justicia nacional. Y si este esfuerzo nacional se le suma organizaciones de sociedad civil latinoamericanas y la cooperación internacional quienes juegan un rol clave en apoyar este tipo de articulaciones, los cambios necesarios puedes esperarse que sean a mediano plazo y de beneficio para nuestro país.

Pero en el contexto actual que enfrentamos como país, se tienen escenarios diversos y adversos en muchas áreas que se convierten en desafíos para el compromiso juvenil con la justicia, ya que pese al entusiasmo y la innovación de este bono demográfico de juventudes, su camino no está libre de obstáculos. como:

• La criminalización del activismo juvenil, especialmente en contextos rurales o indígenas, donde la defensa de los derechos suele ser estigmatizada.
• La falta de una oportunidad laboral, que desincentiva la participación en actividades no remuneradas como la auditoría social.
• La falta de acceso a información pública de parte del poder judicial clara, actualizada y en formatos editables y amigables para el monitoreo ciudadano.
• El escaso reconocimiento institucional, ya que muchos operadores judiciales no consideran a las juventudes como interlocutores legítimos en la discusión sobre justicia.

Pero el superar estos retos implica una acción coordinada entre universidades, organizaciones de sociedad civil, cooperación internacional y entidades que conforman el sistema de justicia penal y que estén comprometidas con la transparencia y la participación ciudadana.

Una nueva generación, una nueva esperanza las juventudes, jóvenes abogados y abogadas están demostrando que la independencia judicial no es solo un principio abstracto o una preocupación de ciertas élites o grupos sociales aislados. Sino que se  ha convertido en una condición necesaria para construir y contribuir a una sociedad más justa, donde las leyes no sean un instrumento de persecución sino de protección.

Aunque se enfrentan enormes desafíos, su creatividad, valentía y compromiso los convierten en actores imprescindibles para el presente y el futuro del sistema de justicia guatemalteco. Escucharlos, apoyarlos y visibilizar su trabajo es clave para transformar la relación entre ciudadanía y justicia en el país.

[1] https://www.wola.org/es/

[2] linktr.ee/justiciayagt

[3] https://gaxong.gt/justicia-abierta-gax

[4] https://pami-guatemala.org/2023/07/12/adolescentes-y-jovenes-organizados-se-expresan-y-promueven-sus-derechos-en-5-municipios-de-quetzaltenango

[5] https://www.nuevaacropolis.org.gt/taller-juridico-en-coban

[6] https://myrnamack.org.gt/justicia-en-cifras-analizando-el-desempeno-de-la-institucionalidad-del-sistema-de-justicia

[7] redespazperu.org

[8] https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/906816-minjusdh-mas-de-2-mil-estudiantes-universitarios-participan-en-programa-secigra-derecho-2024

[9] https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/12049.pdf

Como hemos reflexionado en artículos anteriores donde hemos abordado estos temas, podemos recordar que la estructura política y judicial de Guatemala se ha desarrollado en un contexto de profundos contrastes étnicos y sociales. En donde los pueblos indígenas, a pesar de su vasta contribución cultural y numérica al país, han enfrentado históricamente una exclusión permanente de espacios de poder y toma de decisiones. Este aislamiento no solo se manifiesta en un ámbito político, sino que se extiende al sistema de justicia penal de Guatemala, donde la falta de representación de este bono poblacional es evidente en los altos cargos.

Esta falta de representación es consecuencia de múltiples factores: desde barreras educativas, discriminatorias, tecnológicas y económicas, hasta una cultura institucional que históricamente ha privilegiado a ciertos sectores de la sociedad. La ausencia de una amplia diversidad de sectores en las magistraturas perpetúa un sistema judicial que puede resultar ajeno a la realidad y a las necesidades de una parte significativa de la población guatemalteca.

De tal cuenta que, la elección de magistrados en Guatemala es un proceso que históricamente ha estado marcado por desigualdades y sesgos estructurales. Uno de los temas más relevantes y preocupantes es la notable ausencia de representación indígena y de mujeres principalmente, en los altos cargos del Organismo Judicial, un reflejo de discriminación estructural que requiere análisis profundo y propuestas de transformación, como podría ser la implementación de cuotas de grupos o sectores sociales. 

Guatemala es un país pluricultural, plurilingüe y multiétnico, donde más del 40% de acuerdo al censo 2018 de la población se identifica como indígena, perteneciente a los pueblos Maya, Garífuna, Xinka y otros. Sin embargo, esta diversidad no se refleja en los altos cargos del Organismo Judicial. La ausencia de magistrados indígenas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Corte de Apelaciones o en la misma dirección del Ministerio Público evidencia una problemática profunda y solo demuestra la discriminación estructural que persiste en las instituciones del Estado.

Aquí resalta un cuestionamiento fundamental: ¿Por qué, en un país con mayoría indígena, estos siguen excluidos de los espacios donde se decide el rumbo de la justicia? Este artículo busca de forma sencilla analizar las causas históricas, los mecanismos de exclusión actuales, que han marcado e incrementado esa brecha para solucionar de forma objetiva e incluyente el construir un sistema judicial verdaderamente inclusivo.

Antes de continuar debemos entender a qué se refiere el concepto de Discriminación Estructural en el Sistema Judicial, que no es otro aspecto más que el conjunto de normas, prácticas y comportamientos que, de manera implícita o explícita, favorecen a determinados grupos en detrimento de otros. En el caso de Guatemala, el sesgo étnico se ve reflejado en los criterios de selección y promoción dentro del Organismo Judicial, donde a menudo se privilegia a individuos provenientes de contextos urbanos y de mayor poder adquisitivo.

La exclusión de los pueblos indígenas en el sistema judicial tiene sus raíces en la colonización, que impuso estructuras de poder excluyentes y una cultura racista. Tras la independencia, los Estados latinoamericanos, incluido Guatemala, construyeron instituciones que marginaron a los pueblos originarios, considerándolos «inferiores» o «incapaces» de ejercer roles de liderazgo.

Además, persisten estereotipos que asocian lo «indígena» con falta de capacidad técnica, ignorando que muchas comunidades cuentan con sistemas normativos propios basados en el derecho consuetudinario[1], que podrían enriquecer al sistema de justicia penal de Guatemala.

Algunas barreras Institucionales y Sociales que impiden estas cuotas de participación son:

• Falta de acceso a oportunidades educativas.
• Redes de influencia y capital social.
• Cultura institucional y prejuicios implícitos.

En Guatemala, la Ley de Comisiones de Postulación (reformada en 2016) podría modificarse para incluir cuotas étnicas y de género. Además, se requiere:

• Educación jurídica intercultural: Formar a operadores de justicia en derechos indígenas y plurinacionalidad.
• Traductores y protocolos culturales: Garantizar que los procesos judiciales respeten idiomas y prácticas comunitarias.
• Transparencia en las elecciones: Evitar que las comisiones de postulación prioricen criterios clientelares.

Dentro de los múltiples desafíos y críticas del ¿Por qué existe resistencia al cambio a las cuotas de representación?  Es porque estas enfrentan una resistencia sistémica de parte de diversos sectores hegemónicos y tradicionales de poder económico y político. Contrario a los diversos actores que tildan de «injustas» o «contrarias a la meritocracia».

Este argumento utilizado por sectores marginados es relegado por la mala utilización o aplicación del concepto de «mérito» está sesgado por estructuras racistas porque ¿cómo competir en igualdad de condiciones si históricamente se ha negado el acceso a oportunidades?

Otro temor existente por los sectores dominantes es que, una justicia más diversa de jueces y magistrados cuestione de forma objetiva los privilegios de grupos tradicionales. Por ejemplo, magistrados que sea originarios de pueblos indígenas podrían impulsar agendas contra el racismo institucional, la defensa de territorios ante megaproyectos o la persecución de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado.

De tal cuenta la ausencia de pueblos indígenas en los altos cargos judiciales no obedece a un problema técnico, sino principalmente a un tema de índole político e ideológico de las elites dominantes. Lo que lleva a que en Guatemala no podrá llamarse una democracia real mientras sus instituciones excluyan a los pueblos que las sostienen. Las cuotas étnicas son un paso necesario, pero deben ir acompañadas de una transformación cultural integral que valore, incentive y motive los conocimientos indígenas y desmonte el racismo arraigado.

De tal cuenta esta ausencia de representación indígena en altos cargos del sistema de justicia penal de Guatemala no es solo una cuestión de números, sino un síntoma de una problemática estructural que afecta a todo el sistema. Lo que hace urgente el abordar esta situación que implica reconocer y enfrentar décadas de discriminación estructural y trabajar de manera conjunta para transformar las prácticas institucionales.

Las propuestas de cuotas, al margen de las controversias que puedan suscitar, ofrecen una vía para comenzar a reparar estas desigualdades y promover un sistema judicial más inclusivo y representativo. Sin embargo, es crucial que estas medidas se implementen dentro de un marco de políticas integrales que aborden también las barreras educativas, sociales y culturales que han impedido históricamente la participación plena de las comunidades indígenas en el ámbito judicial.

[1] es un conjunto de costumbres, prácticas y creencias que los pueblos indígenas y las comunidades locales aceptan como normas de conducta obligatorias y que forma parte intrínseca de sus sistemas sociales y económicos y su forma de vida.