Por: Yonni Aguilar – observatoriociid@gmail.com
Como hemos reflexionado en artículos anteriores donde hemos abordado estos temas, podemos recordar que la estructura política y judicial de Guatemala se ha desarrollado en un contexto de profundos contrastes étnicos y sociales. En donde los pueblos indígenas, a pesar de su vasta contribución cultural y numérica al país, han enfrentado históricamente una exclusión permanente de espacios de poder y toma de decisiones. Este aislamiento no solo se manifiesta en un ámbito político, sino que se extiende al sistema de justicia penal de Guatemala, donde la falta de representación de este bono poblacional es evidente en los altos cargos.
Esta falta de representación es consecuencia de múltiples factores: desde barreras educativas, discriminatorias, tecnológicas y económicas, hasta una cultura institucional que históricamente ha privilegiado a ciertos sectores de la sociedad. La ausencia de una amplia diversidad de sectores en las magistraturas perpetúa un sistema judicial que puede resultar ajeno a la realidad y a las necesidades de una parte significativa de la población guatemalteca.
De tal cuenta que, la elección de magistrados en Guatemala es un proceso que históricamente ha estado marcado por desigualdades y sesgos estructurales. Uno de los temas más relevantes y preocupantes es la notable ausencia de representación indígena y de mujeres principalmente, en los altos cargos del Organismo Judicial, un reflejo de discriminación estructural que requiere análisis profundo y propuestas de transformación, como podría ser la implementación de cuotas de grupos o sectores sociales.
Guatemala es un país pluricultural, plurilingüe y multiétnico, donde más del 40% de acuerdo al censo 2018 de la población se identifica como indígena, perteneciente a los pueblos Maya, Garífuna, Xinka y otros. Sin embargo, esta diversidad no se refleja en los altos cargos del Organismo Judicial. La ausencia de magistrados indígenas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Corte de Apelaciones o en la misma dirección del Ministerio Público evidencia una problemática profunda y solo demuestra la discriminación estructural que persiste en las instituciones del Estado.
Aquí resalta un cuestionamiento fundamental: ¿Por qué, en un país con mayoría indígena, estos siguen excluidos de los espacios donde se decide el rumbo de la justicia? Este artículo busca de forma sencilla analizar las causas históricas, los mecanismos de exclusión actuales, que han marcado e incrementado esa brecha para solucionar de forma objetiva e incluyente el construir un sistema judicial verdaderamente inclusivo.
Antes de continuar debemos entender a qué se refiere el concepto de Discriminación Estructural en el Sistema Judicial, que no es otro aspecto más que el conjunto de normas, prácticas y comportamientos que, de manera implícita o explícita, favorecen a determinados grupos en detrimento de otros. En el caso de Guatemala, el sesgo étnico se ve reflejado en los criterios de selección y promoción dentro del Organismo Judicial, donde a menudo se privilegia a individuos provenientes de contextos urbanos y de mayor poder adquisitivo.
La exclusión de los pueblos indígenas en el sistema judicial tiene sus raíces en la colonización, que impuso estructuras de poder excluyentes y una cultura racista. Tras la independencia, los Estados latinoamericanos, incluido Guatemala, construyeron instituciones que marginaron a los pueblos originarios, considerándolos «inferiores» o «incapaces» de ejercer roles de liderazgo.
Además, persisten estereotipos que asocian lo «indígena» con falta de capacidad técnica, ignorando que muchas comunidades cuentan con sistemas normativos propios basados en el derecho consuetudinario[1], que podrían enriquecer al sistema de justicia penal de Guatemala.
Algunas barreras Institucionales y Sociales que impiden estas cuotas de participación son:
- Falta de acceso a oportunidades educativas.
- Redes de influencia y capital social.
- Cultura institucional y prejuicios implícitos.
En Guatemala, la Ley de Comisiones de Postulación (reformada en 2016) podría modificarse para incluir cuotas étnicas y de género. Además, se requiere:
- Educación jurídica intercultural: Formar a operadores de justicia en derechos indígenas y plurinacionalidad.
- Traductores y protocolos culturales: Garantizar que los procesos judiciales respeten idiomas y prácticas comunitarias.
- Transparencia en las elecciones: Evitar que las comisiones de postulación prioricen criterios clientelares.
Dentro de los múltiples desafíos y críticas del ¿Por qué existe resistencia al cambio a las cuotas de representación? Es porque estas enfrentan una resistencia sistémica de parte de diversos sectores hegemónicos y tradicionales de poder económico y político. Contrario a los diversos actores que tildan de «injustas» o «contrarias a la meritocracia».
Este argumento utilizado por sectores marginados es relegado por la mala utilización o aplicación del concepto de «mérito» está sesgado por estructuras racistas porque ¿cómo competir en igualdad de condiciones si históricamente se ha negado el acceso a oportunidades?
Otro temor existente por los sectores dominantes es que, una justicia más diversa de jueces y magistrados cuestione de forma objetiva los privilegios de grupos tradicionales. Por ejemplo, magistrados que sea originarios de pueblos indígenas podrían impulsar agendas contra el racismo institucional, la defensa de territorios ante megaproyectos o la persecución de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado.
De tal cuenta la ausencia de pueblos indígenas en los altos cargos judiciales no obedece a un problema técnico, sino principalmente a un tema de índole político e ideológico de las elites dominantes. Lo que lleva a que en Guatemala no podrá llamarse una democracia real mientras sus instituciones excluyan a los pueblos que las sostienen. Las cuotas étnicas son un paso necesario, pero deben ir acompañadas de una transformación cultural integral que valore, incentive y motive los conocimientos indígenas y desmonte el racismo arraigado.
De tal cuenta esta ausencia de representación indígena en altos cargos del sistema de justicia penal de Guatemala no es solo una cuestión de números, sino un síntoma de una problemática estructural que afecta a todo el sistema. Lo que hace urgente el abordar esta situación que implica reconocer y enfrentar décadas de discriminación estructural y trabajar de manera conjunta para transformar las prácticas institucionales.
Las propuestas de cuotas, al margen de las controversias que puedan suscitar, ofrecen una vía para comenzar a reparar estas desigualdades y promover un sistema judicial más inclusivo y representativo. Sin embargo, es crucial que estas medidas se implementen dentro de un marco de políticas integrales que aborden también las barreras educativas, sociales y culturales que han impedido históricamente la participación plena de las comunidades indígenas en el ámbito judicial.
[1] es un conjunto de costumbres, prácticas y creencias que los pueblos indígenas y las comunidades locales aceptan como normas de conducta obligatorias y que forma parte intrínseca de sus sistemas sociales y económicos y su forma de vida.
