Análisis del Presupuesto 2026

El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026, aprobado mediante el Decreto Número 27-2025, asciende a un monto total de Q. 163,469,328,657.00, normativa aprobada en horas de la madrugada de este miércoles 26 de noviembre, con 139 votos a favor y 11 en contra.[1]

Este instrumento financiero refleja una política fiscal, que busco “equilibrar” la rigidez del gasto de funcionamiento y deuda, pero con una ENORME apuesta significativa por la inversión pública descentralizada, como estrategia de agilizar la inversión en los territorios con la justificación de las exigencias de la población se vieran convertidas en una diversidad de obras, utilizando para tal efecto a los Consejos de Desarrollo (CODEDES) como el principal brazo ejecutor, un tema que en los últimos meses ha causado mucha polémica debido a los diversos mecanismos oscuros y personajes de dudosa reputación quienes serán los encargados de ejecutar dichos fondos.

Ahora bien centraremos este resumen áreas fundamentales como los Ingresos; de qué forma se financiará el presupuesto como sus diversas fuentes, también la estructura de Egresos, es decir como se gastarán las diversas entidades públicas dichos fondos, y detalles como el fondo otorgado a CODEDES y los sectores de Seguridad y Sistema de Justicia.

Datos clave para iniciar:

• Monto total aprobado: Q163.47 millardos.
• Estructura del Gasto:
  • El 66% se destina a Funcionamiento,
  • el 21% a Inversión y
  • el 13% al pago de la Deuda Pública.
• Déficit / Financiamiento: Aproximadamente el 22.4% del presupuesto se financia con deuda (bonos y préstamos) y el uso de saldos de caja.

Con este porcentaje estamos diciendo técnicamente que: de cada Q. 1.00 que el Estado gastará en 2026, 22 centavos no existen en la recaudación de impuestos del año. Esos 22 centavos se consiguen pidiendo prestado (emitiendo Bonos o préstamos bancarios) o «rascando la olla» de ahorros viejos (Saldos de Caja).

• CODEDES: Reciben una asignación histórica que supera los Q10.8 millardos.

Fuentes de financiamiento – Ingresos –

El presupuesto se sustenta o su base de financiamiento principal es la recaudación tributaria, aunque mantiene una dependencia del endeudamiento que utilizan para cubrir el déficit fiscal y la inversión.

Egresos por entidad pública

La distribución institucional muestra que la mayor parte de los recursos se concentra en las obligaciones a cargo del tesoro (transferencias) y en el sector educación.

Entidades con mayor asignación:

1. Obligaciones del estado a cargo del tesoro: Q. 62,167,873,972.00 (38.0% del total). Incluye el aporte constitucional a municipalidades, aportes a CODEDES, clases pasivas y subsidios diversos.
2. Ministerio de educación (MINEDUC): Q. 26,941,500,000.00 (16.5% del total).

Destinado mayoritariamente al rubro de funcionamiento (pago de nómina), con una asignación de Q26,688 millones para gastos operativos.

3. Servicios de la deuda pública: Q. 21,368,706,634.00 (13.1% del total).

Representando el costo financiero de la deuda (intereses y amortizaciones), constituyendo una carga fija relevante.

4. Ministerio de Salud (MSPAS): Q. 16,537,678,000.00 (10.1% del total).

Contempla Q1,497 millones para inversión en infraestructura hospitalaria y centros de salud.

5. Ministerio de Gobernación: Q. 9,560,355,600.00 (5.8% del total).

Otras entidades relevantes:

Ministerio de Comunicaciones (CIV): Q7,061,667,692.00 a pesar de ser el ente rector de la infraestructura, su presupuesto es menor comparado con la suma de fondos descentralizados, además de estar envuelto en mucha polémica por las críticas a la baja inversión en mantenimiento de la red vial y la creación de más kilómetros nuevos de esta.

Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES)

Los CODEDES “asumen” o les designan un rol protagónico en el presupuesto 2026, administrando y gestionando una porción sustancial de la inversión pública, los fondos asignados para este ejercicio fiscal se desglosan de la siguiente manera:

Los CODEDES administrarán el 31.7% del total de la Inversión Pública del país. Este porcentaje significa o implica que una tercera parte de los recursos para infraestructura (escuelas, caminos rurales, agua y saneamiento) será ejecutada por el sistema de Consejos de Desarrollo.

El Decreto incluye disposiciones que buscan en el mejor de los casos asegurar la continuidad de obras (obras de arrastre) y de igual manera ordena la regularización de saldos ociosos en las cuentas únicas del tesoro, buscando mayor eficiencia en el gasto.

Pero que quiere decir todo esto, que Q. 1.00 de cada Q. 3.00 destinados a construir escuelas, caminos rurales o sistemas de agua, será ejecutado por el sistema de Consejos de Desarrollo y no por los ministerios centrales.

Regulaciones o modificación críticas en el presupuesto:

• Cuentas corrientes (Art. 53): Se ordena una «limpieza» de las cuentas únicas del tesoro de los CODEDES, en donde los fondos “ociosos” de proyectos sin movimiento al 31 de diciembre de 2023 serán debitados y devueltos al fondo común.
• Continuidad de obras (Art. 54): Se autoriza ampliar el presupuesto para incorporar saldos no ejecutados de años anteriores (obras de arrastre) para evitar obras inconclusas, con un plazo límite al 31 de enero de 2026 para solicitar modificaciones.

Monto asignado a CODEDES por departamento

Otro de los temas prioritarios para la población es saber ¿Cuánto es el monto asignado a los sectores de Justicia y Seguridad ciudadana.

Podemos iniciar con la Seguridad Ciudadana, en donde el ente rector es el que recibe la mayor asignación individual dentro de este bloque, reflejando cuales son las prioridades del poder del Ejecutivo en materia de control territorial y la prevención del delito.

Detalle del gasto en seguridad:

• Funcionamiento: Q. 8,945,945,081.00 (93.6% del presupuesto de MINGOB se va en salarios y operación).
• Inversión: Q. 614,410,519.00 (Destinado a comisarías, equipo y tecnología).

Ahora otro de los sectores controversiales en la coyuntura nacional es el Sector Justicia[2] y las instituciones que conforman dicho sistema. El modo de que se financia a las instituciones de dicho sector es más complejo, ya que se distribuye entre aportes constitucionales y asignaciones extraordinarias provenientes de las «Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro», además que dependerá de que instituciones se consideran como parte de dicho sistema.

Ahora bien de estos 2 sectores se puede realizar un análisis comparativo:

Se evidencia un desbalance operativo, con esto nos referimos en que por cada Q. 1.00 que el Estado invierte en Justicia (Investigación y juzgamiento), invierte aproximadamente Q. 1.25 quetzales en Seguridad (Prevención del delito y captura de delincuentes).

Igualmente se identifican procesos poco rígidos, le denominamos rígidos o estáticos, debido a que ambos sectores presentan una altísima rigidez presupuestaria, por ejemplo en el caso del Ministerio de Gobernación, solo el 6.4% de su presupuesto es para inversión real, lo que limita la implementación de acciones que busquen la modernización de cárceles, comisarías y demás áreas vinculadas con la prevención del delito y ataque de estructuras criminales.

Alta nivel de dependencia, esto debido que a diferencia del Ministerio de Gobernación quien tiene un presupuesto propio, caso contrario al sector justicia y entidades que lo conforman depende enteramente de las transferencias de las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, lo que suele generar tensiones de flujo de caja si la recaudación fiscal baja, además de los movimientos políticos para recibir más o que ya en la etapa de ejecución del presupuesto se gestiones transferencias presupuestarias o modificaciones al mismo haciendo que también dependa de otros factores como el componente político.

Y también como un dato relevante del presupuesto a hacer mención, es la asignación de 16 millones a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (SENABED), entidad clave para monetizar los bienes incautados al crimen organizado y reinvertirlos en el mismo sector justicia y seguridad.

Ya para finalizar, podemos expresar que el Presupuesto 2026 fue aprobado refleja tensiones políticas, denuncias de sus negociaciones oscuras y viejas prácticas de ser aprobado bajo negociaciones y en horas de noche, bajo nivel de inclusión de las propuestas populares que exigían más atención a sus exigencias y necesidades, una fuerte e intensa presión estructural y si a esto le adherimos las nuevas prioridades políticas del contexto inestable y cambiante de Guatemala, harán que su ejecución se de en un entorno que sin duda alguna estará caracterizado por los siguientes factores que consideramos críticos.

El reto de la descentralización como estrategia de inversión, y la apuesta del Ejecutivo por los CODEDES, esto debido a que al asignar montos históricos a los Consejos de Desarrollo, el Gobierno Central apuesta por dinamizar la inversión pública «municipalizando» la ejecución. Acto que en un escenario ideal, puede o debería en el mejor de los casos agilizar la obra pública en las comunidades; sin embargo, plantea desafíos inmensos en materia de capacidad técnica, fiscalización, corrupción, cero mecanismos para rendiciones de cuentas y riesgo latente de que llegue a un punto de politización de los recursos en un año pre-electoral. Pero este sería tan solo uno de los factores a contemplar en esta área en específico, otro aspecto fundamental es la calidad de la infraestructura creada, ya que esta dependerá enteramente de controles que históricamente han sido laxos; por no decir corruptos.

El tema de la rigidez fiscal extrema, o dependencia de ingresos fiscales, el margen de maniobra que le queda al Estado es mínimo, esto debido a que al sumar los gastos de funcionamiento (nóminas) y el servicio de la deuda, cerca del 79% del presupuesto ya está comprometido en gastos operativos y financieros ineludibles. Esto ha obligado a financiar la nueva inversión pública casi exclusivamente mediante deuda (Bonos del Tesoro), como una práctica histórica que se implementa desde el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), lo cual, si bien permite la expansión del gasto, incrementa la presión sobre la sostenibilidad fiscal a mediano plazo.

Ahora si nos enfocamos en temas de seguridad y justicia el presupuesto pareciera evidenciar una prioridad financiera enfocada o dirigida en la contención del delito sobre su judicialización. Mientras el Ministerio de Gobernación recibe una asignación robusta de Q. 9,5 millardos para seguridad ciudadana y control territorial, el sector justicia en su conjunto suma aproximadamente Q. 8 millardos. Como se hizo mención anteriormente este desbalance operativo de invertir Q1.25 en seguridad por cada Q1.00 en justicia, también trata de sugerir un fortalecimiento de la fuerza policial, pero advierte un posible «cuello de botella» en la capacidad del Estado para investigar y procesar judicialmente los delitos, agravado por la dependencia de estas entidades a las transferencias del Tesoro y sus limitados recursos para nueva inversión.

En términos que también nos preocupan están la transparencia y calidad del gasto, la cual compartirnos con una buena parte de la ciudadanía, por esta especia de epidemia crónica de corrupción que se ha mantenido a lo largo del tiempo a lo interno de la institucionalidad gubernamental, este presupuesto busca incorporar normas de «calidad del gasto» más estrictas, exigiendo informes cuatrimestrales de avance físico y financiero en formatos de datos abiertos, que puedan facilitar la auditoria social informada.

En el artículo 39, obliga a crear espacios ciudadanos de transparencia, obliga a todas las instituciones públicas y ONGs (nacionales o internacionales) que reciban fondos del Estado a crear mecanismos o espacios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en una especie de mecanismo de «gobierno abierto» bajo las siguientes reglas o condiciones: a) qué deben presentar, no solo la ejecución financiera (gastos), sino el cumplimiento de metas, resultados físicos y cantidad de personas beneficiadas cada cuatro meses. b) implementar mecanismos de reuniones presenciales, virtuales o híbridas, difundidas por redes sociales y páginas web, c) mantener espacios permanentes de interacción con la ciudadanía con el objetivo explícito que esta cuestione, aporte y formule preguntas directamente a los responsables. Y d) realizar una evaluación obligatoria, al finalizar cada espacio ciudadano, las entidades públicas deben realizar una encuesta de satisfacción a los participantes y publicar los resultados para medir oportunidades de mejora.

El éxito de la gestión dependerá de que estos candados legales no sean burlados en la práctica administrativa, y que los procesos de auditoria gubernamental como de sociedad civil no tengan efecto algo frente a estructuras del crimen organizado dedicadas a nutrirse de fondos públicos por medio del otorgamiento de contratos de obra pública.

El estado ahora tiene una buena cantidad de presupuesto el cual se perfila como “expansivo” o “novedoso” por su forma de inversión descentralizada pero débil ante intereses espurios, sectoriales, políticos y de estructuras dedicadas al saqueo del erario. Para el gobierno del Presidente Arévalo el éxito a nuestro criterio dependerá de tres pilares: 1) la capacidad de ejecución transparente de los fondos, por ejemplo el de los CODEDES , 2) la eficiencia del gasto en seguridad para reducir la incidencia criminal, y 3) el cumplimiento de las metas de recaudación tributaria para evitar un mayor endeudamiento.

[1] https://lahora.gt/nacionales/dguzman/2025/11/26/con-139-votos-a-favor-y-11-en-contra-asi-voto-el-congreso-para-aprobar-el-presupuesto-general-2026/

[2] https://www.youtube.com/watch?v=ODXUutm3j5M

El sistema de justicia penal en Guatemala está compuesto por diversas instituciones que trabajan conjuntamente para garantizar la aplicación de la ley y la protección de los derechos de los ciudadanos.

El sistema desempeña un papel crucial en la protección de los derechos humanos, el mantenimiento del estado de derecho y la lucha contra la impunidad. Sin embargo, enfrenta importantes desafíos, desde la mora judicial de casos, hasta la debilidad institucional y la corrupción. Este artículo resume los principales aspectos de este sistema, destacando áreas que requieren atención inmediata.

Enfrenta retos estructurales históricos que han limitado su capacidad para garantizar justicia de manera eficiente y equitativa.

1. Mora judicial de casos[1]: Según datos en 2023 se reportaron más de 1.5 millones de casos pendientes de resolución. Esta acumulación refleja la necesidad de reformas procesales y un mayor acceso a tecnologías que agilicen los procedimientos.
2. Corrupción y debilitamiento institucional: La corrupción sigue siendo un obstáculo significativo, afectando la confianza ciudadana en las instituciones.
3. Acceso desigual a la justicia: Las comunidades indígenas y rurales enfrentan barreras lingüísticas, culturales y económicas para acceder al sistema judicial.

Retos pendientes

Para avanzar hacia un sistema de justicia penal más eficiente y accesible, es fundamental abordar las siguientes áreas:

1. Reformas legislativas: Es crucial promover leyes que simplifiquen los procesos judiciales y fortalezcan la independencia del sistema judicial.
2. Fortalecimiento del Ministerio Público: Dotar a esta institución de recursos humanos y tecnológicos suficientes es clave para enfrentar la impunidad de forma independiente e imparcial.
3. Inclusión social: Es necesario garantizar servicios de traducción y sensibilización cultural para poblaciones indígenas y otros grupos vulnerables.

El proceso penal guatemalteco tiene como objetivo

Averiguar los hechos delictivos, determinar la participación del imputado, establecer la responsabilidad del imputado, fijar la pena que le corresponde al imputado, ejecutar la pena.

El proceso penal guatemalteco se compone de varias etapas, entre ellas: 

• La etapa preparatoria,
• La etapa intermedia,
• La etapa del juicio penal,
• La etapa de impugnaciones,
• La etapa de ejecución

Las principales entidades que lo integran son:

• Organismo Judicial: Encargado de impartir justicia de forma independiente, con potestad para juzgar y ejecutar lo juzgado.
• Corte Suprema de Justicia (CSJ): Máximo tribunal del Organismo Judicial, responsable de supervisar y dirigir la función judicial, asegurando la correcta aplicación de las leyes. También ejerce funciones administrativas y disciplinarias sobre los jueces y tribunales inferiores.
• Corte de Constitucionalidad: Máximo tribunal en materia constitucional vela por la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales.
• Ministerio Público: Dirige la investigación penal y ejerce la acción penal pública, representando los intereses de la sociedad en la persecución de delitos.
• Instituto de la Defensa Pública Penal: Proporciona asistencia legal gratuita en asuntos penales a personas de escasos recursos, garantizando el derecho a la defensa.
• Ministerio de Gobernación: Responsable de la seguridad ciudadana, administra el Sistema Penitenciario y supervisa a la Policía Nacional Civil.
• Procuraduría General de la Nación: Representa y asesora jurídicamente al Estado en asuntos legales.
• Procuraduría de los Derechos Humanos: Promueve y vela por el respeto y defensa de los derechos humanos en el país.
• Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF): Proporciona análisis científicos y técnicos que apoyan las investigaciones criminales y los procesos judiciales.
• Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG): Agrupa a los profesionales del derecho, contribuyendo al desarrollo y supervisión de la práctica legal en el país.

Estas instituciones, junto con otras entidades como el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y las facultades de derecho de las universidades del país, conforman el sistema de justicia penal guatemalteco, trabajando de manera coordinada para asegurar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos fundamentales de la población.

A parte de las instituciones anteriormente mencionadas existen otras que apoyan al Sistema de Justicia tales como:

1. Contraloría General de Cuentas
2. Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito
3. Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET)
4. Defensoría de la Mujer Indígena
5. Colegio de Abogados y Notarios
6. Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (CODISRA)
7. Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID)
8. Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
9. Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (SENABED)
10. Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia (SEICMSJ)

Algunos datos [2]

Organismo Judicial OJ

CASOS

• 1. Casos ingresados: 56,175
• 2. Casos egresados: 49,175
• 3. Tasa de casos egresados: 87.54 %
• 4. Tasa de sentencias: 27.54 %

PERSONAS SENTENCIADAS

• 5. Personas sentenciadas: 13,394
• 6. Tasa de sentencias condenatorias: 87.38 % (11,704) recibieron sentencias condenatorias.
• 7. Tasa de sentencias a prisión: 85.16 %

PRESUPUESTO

• 8. Presupuesto aprobado: Q 3,620.00 millones
• 9. Presupuesto vigente: Q 4,619.40 millones (2024)
• 10. Presupuesto aprobado en proporción al nacional: 3.12 %
• 11. Ejecución Presupuestaria: 75.77 % (2024)

Ministerio Público – MP

CASOS

• 1. Casos ingresados: 570,955
• 2. Tasa de casos ingresados en PNC: 31.60 %
• 3. Tasa de gestión* de casos: 76.19 %

* Un caso gestionado es el que ha sido ingresado a una fiscalía. Los casos no gestionados son depurados al considerarse que no constituyen delito.

SALIDAS

• 4. Casos a los que se les dio salida: 506,801
• 5. Tasa de atención de casos: 116.50 %
• 6. Tasa de casos archivados*: 25.18 %
• 7. Tasa de acusaciones: 3.63 %

* Un caso puede ser archivado cuando no se puede individualizar al imputado o se declara su rebeldía.

SENTENCIAS

• 8. Personas sentenciadas: 13,394
• 9. Tasa de sentencias condenatorias: 87.38 %
• 10. Tasa de sentencias a prisión: 85.16 %

PRESUPUESTO

• 11. Presupuesto aprobado: Q4,316.2 millones
• 12. Presupuesto vigente: Q4,267.9 millones (2024)
• 13. Presupuesto aprobado en proporción al nacional: 3.72 %
• 14. Ejecución Presupuestaria: 75.34 % (2024)

INVESTIGACIONES ESPECIALIZADAS

DEIC

• 15. Investigaciones requeridas a DEIC: 114,852
• 16. Investigaciones realizadas por DEIC: 80,467
• 17. Investigaciones pendientes de diligenciar por DEIC: 34,385

DICRI

• 18. Investigaciones requeridas a DICRI: 4,815
• 19. Investigaciones realizadas por DICRI: 1,967
• 20. Investigaciones pendientes de diligenciar por DICRI: 2,848

DEIC+DICRI

• 21. Tasa de investigaciones pendientes: 31.11 %

* DEIC son las siglas de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil.
** DICRI son las siglas de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público.

Instituto de la Defensa Publica Penal – IDPP (2023)

DEFENSAS REQUERIDAS

• 1. Defensas públicas requeridas: 52,357
• 2. Defensas públicas realizadas: 98,546
• 3. Relación de defensas públicas realizadas vs requeridas: 188.22 %

RESOLUCIONES JUDICIALES

• 4. Defensas con resoluciones judiciales definitivas: 54,817
• 5. Defensas con resoluciones judiciales pendientes: 25,516
• 6. Defensas con resoluciones pendientes con relación a las requeridas: 48.73 %

PRESUPUESTO (2024)

• 7. Presupuesto aprobado: Q 387.20 millones
• 8. Presupuesto vigente: Q 378.60 millones (2024)
• 9. Presupuesto aprobado en proporción al nacional: 0.33 %
• 10. Ejecución presupuestaria: 81.79 % (2024)

Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala – INACIF

SOLICITUDES (2023)

• 1. Solicitudes atendidas: 234,455
• 2. Solicitudes pendientes de evacuar: 8,992
• 3. Solicitudes activas: 243,447

NECROPCIAS (2024)

• 4. Necropsias según sexo: 83.52 % hombres
• 5. Necropsias según rango de edad: 49.49% entre 20 y 39 años
• 6. Necropsias según ubicación geográfica: 35.73 % de los cadáveres fueron levantados en el departamento de Guatemala

PRESPUESTO

• 7. Presupuesto aprobado: Q 380.27 millones
• 8. Presupuesto vigente: Q 391.27 millones (2024)
• 9. Presupuesto aprobado en proporción al nacional: 0.33 %
• 10. Ejecución presupuestaria: 85.11 % (2024)

[1] Es el retraso en los procesos judiciales. En Guatemala, la mora judicial puede deberse a la falta de jueces, la escasez de recursos, la deficiente organización y la falta de preparación de los jueces.

[2] https://justiciacriminal.gt/indicadores