Elaborado por: Yonni Aguilar – observatoriociidh@gmail.com

La crisis del sistema penitenciario en Guatemala no es nueva, décadas de fallas estructurales, hacinamiento y ausencia de control han convertido a las cárceles en espacios ingobernables, donde la información es fragmentada y la opacidad alimenta la inseguridad. El análisis que elaborado plantea una visión amplia y clara, en él se plantea la afirmación que, sin datos confiables sobre la población privada de libertad, no es posible mejorar la seguridad pública ni impulsar una verdadera reforma penitenciaria.

El reciente mandato legal de crear una base de datos centralizada en un plazo de 90 días es el desafío de integración de información más ambicioso que el Estado ha enfrentado. A continuación, detallamos un resumen de los elementos principales de nuestro análisis y propuesta de cómo debería de enfocarse dicha base, desde una perspectiva de estadística criminal.

Una «Crisis de Datos» en un sistema fallido, como se hizo mención no es nueva históricamente las diversas autoridades del el Sistema Penitenciario han fallado en su mandato constitucional de «readaptación social y reeducación». En la práctica, funciona como un simple «depósito de personas», lo que genera tres problemas centrales:

1. Hacinamiento: El problema más visible, con una tasa superior al 370%.
2. Corrupción y Pérdida de Control: Una corrupción «enraizada a todos los niveles» ha permitido que las prisiones se conviertan en «centros de mando para el crimen organizado».
3. Fracaso de la Readaptación: Menos del 10% de los reclusos accede a programas de educación o trabajo.

Una de las tantas causas que generan factores de ingobernabilidad, es la «crisis de datos». Que históricamente, no ha sido importante o prioritaria, por tal razón que la información ha estado dispersa en «silos institucionales» (Sistema Penitenciario, Organismo Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional Civil), impidiendo cualquier control real o visión integral.

El Decreto 11-2025 exige la creación de una base de datos centralizada de todas las personas privadas de libertad en un plazo de tres meses. El éxito de este reto no depende de construir algo desde cero, sino de la capacidad de integrar y consolidar los datos que ya existen en los silos institucionales.

Desde el ODGS proponemos una metodología ágil e intensiva de 7 fases para lograrlo:

1. Diagnóstico y levantamiento inicial: Realizar un inventario de la infraestructura, conectividad y sistemas existentes en cada centro.
2. Diseño de modelo de datos y validación: Definir la estructura de los datasets conforme a la ley y estándares internacionales (como los de UNODC e INEGI). Estandarizar catálogos (delitos, centros, etnias).
3. Desarrollo e implementación tecnológica: La propuesta recomienda seleccionar un Sistema de Gestión de Reclusos (OMS) modular. El punto crítico aquí es lograr la interoperabilidad (con PNC, OJ, MP), usando el CUI como llave única para rastrear la carrera criminal de un individuo desde su detención hasta su sentencia y potencial reincidencia.
4. Capacitación y pilotaje: Formar intensivamente al personal, incluyendo protocolos de protección de datos, ética y derechos humanos. Realizar una prueba piloto en centros seleccionados.
5. Carga inicial y validación: Realizar la carga masiva de datos reales al sistema, verificando la consistencia, integridad y calidad de la información.
6. Monitoreo y mantenimiento: Implementar monitoreo en tiempo real para estadísticas y auditoría, junto con un plan de mantenimiento y recuperación ante desastres.
7. Publicación y transparencia: El sistema debe tener módulos de inteligencia estratégica («dashboards») para calcular KPIs automáticos (tasa de hacinamiento, tasa de reincidencia, etc.). Además, se deben preparar portales de consulta pública con datos agregados para fomentar la auditoría social.

Para que el sistema funcione, el ODGS propone una arquitectura de datos basada en dos datasets principales interconectados:

Dataset 1: Centros Penitenciarios (Gestión de Infraestructura)

este dataset rastrea o contiene información detallada de las diversas entidades físicas del sistema penitenciario. Incluye campos esenciales como:

• Identificación y ubicación (GPS).
• Capacidad de diseño vs. Población actual (para calcular hacinamiento).
• Infraestructura de seguridad (CCTV, escáneres).
• Servicios básicos (agua, saneamiento).
• Recursos humanos (custodios, médicos).
• Programas de reinserción activos.

Dataset 2: Personas Privadas de Libertad (Gestión de Población)

Descrito como el «corazón del sistema», se centra en el individuo usando el CUI/DPI como identificador único. Sus campos básicos clave deben de incluir:

• Identificación: Datos personales, incluyendo etnia y comunidad lingüística.
• Estatus Legal: Delitos (estandarizados), juzgado, estado (preventivo/condenado) y fechas de condena.
• Afiliación Criminal: Campos para registrar la pertenencia a organizaciones criminales, incluyendo el nombre de la pandilla (Mara Salvatrucha, Barrio 18) y la «clica» específica.
• Historial Penitenciario: Traslados, sanciones y perfil criminológico.
• Social y Salud: Nivel educativo, condiciones de salud (física y mental) y registro de visitas familiares.

Más allá de los programas se requiere voluntad política, concluimos indicando que el desafío de 90 días es agresivo, pero su éxito no se medirá por la compra de un software costoso. El factor decisivo será la voluntad política para forzar la interoperabilidad entre instituciones que históricamente han trabajado aisladas.

El objetivo no debería de ser el solo crear un «simple listado», sino todo lo contrario aprovechar la oportunidad de construir el «cerebro» de la estrategia de seguridad y reforma penitenciaria del país. Esta base de datos debe entenderse como un «censo dinámico», una fuente de inteligencia estratégica para el combate al crimen organizado y para formular políticas públicas basadas en evidencia.

Finalmente, el informe subraya que este sistema debe ser una herramienta clave contra la corrupción, permitiendo auditar la conducta del personal y coordinando esfuerzos con entidades como la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) para avanzar hacia una gestión ética, transparente y eficiente.

Si deseas informarte mas sobre el tema y sobre nuestra propuesta puedes descargar el siguiente documento  

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Por: Yonni Aguilar – observatoriociidh@gmail.com

El desafío que representan las maras y pandillas para la seguridad ciudadana y la estabilidad del Estado en Guatemala ha motivado la promulgación de la «Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos» (Decreto 11-2025). Esta legislación no es una simple reforma, sino busca convertirse en un instrumento legal que logre por fin una redefinición fundamental de la estrategia estatal frente al crimen organizado. Al reclasificar a estas estructuras como amenazas terroristas, la ley articula un nuevo marco jurídico-operativo diseñado para ser más severo y coordinado. El propósito de este análisis es desglosar los componentes estratégicos de esta nueva legislación, examinando sus implicaciones y la arquitectura institucional diseñada para su implementación, ofreciendo una perspectiva clara, en la espera de su entrada en vigor y monitorear en el corto y mediano plazo sus principales resultados.

El Decreto 11-2025 se articula sobre dos pilares que modifican radicalmente el abordaje del Estado guatemalteco hacia las pandillas.

1. Objetivo Principal y Nuevo Marco Jurídico: conforme a su Artículo 1, el objetivo central de la ley es establecer un marco jurídico integral para la identificación, designación y tratamiento de las maras. Esto no solo busca fortalecer el combate a sus actividades delictivas, sino también regular las consecuencias operativas de su nueva designación y ordenar la creación de centros penitenciarios de máxima seguridad, sentando las bases para una política de seguridad de carácter excepcional.
2. Designación de Maras como Grupos Terroristas: el cambio más trascendental es la declaración de las maras como «grupos criminales organizados transnacionales y terroristas» (Artículo 2). Esta medida representa un cambio de paradigma: transforma el problema de una cuestión de delincuencia común a una amenaza para la seguridad nacional. Esta recalificación justifica la movilización de recursos y capacidades tradicionalmente reservadas para amenazas de mayor envergadura, como el apoyo militar en operaciones de seguridad interior, una cooperación de inteligencia internacional más robusta y la aplicación de un marco punitivo considerablemente más agresivo.

La ley designa explícitamente a la Mara Salvatrucha (MS) y al Barrio Dieciocho (18), y establece un mecanismo jurídico para futuras designaciones, que requerirán una solicitud del Ministerio Público y una resolución de la Corte Suprema de Justicia.

El Decreto modifica sustancialmente la legislación existente para erigir un andamiaje legal más estricto y con menos fisuras procesales, para el fortalecimiento del marco punitivo

La ley implementa un endurecimiento punitivo con un doble enfoque. Por un lado, ataca directamente las actividades centrales que sostienen a las pandillas; por otro, crea un agravante general que establece una vía judicial más severa para cualquier miembro de un grupo designado.

• Ley Contra la Delincuencia Organizada: Se tipifica el reclutamiento ilícito de menores de edad (Artículo 6), una de las principales fuentes de crecimiento de las maras. Adicionalmente, se eleva la pena para la obstrucción extorsiva de tránsito (Artículo 5), impactando directamente una de sus fuentes de financiamiento.
• Código Penal: Se incrementan las penas para delitos clave como la extorsión (Artículo 10) y la usura (Artículo 11). De manera crucial, la ley establece un agravante específico: las penas se aumentan en una tercera parte si los delitos son cometidos por integrantes de maras designadas (Artículos 10 y 12).
• Código Procesal Penal: Se prohíbe explícitamente otorgar medidas sustitutivas para delitos como extorsión y reclutamiento ilícito de menores (Artículo 13). En la práctica, esto significa que se elimina la posibilidad de arresto domiciliario o libertad bajo fianza para estos delitos graves, cerrando un vacío procesal que históricamente permitía a los líderes de estas estructuras seguir operando mientras esperaban juicio.

Reforzamiento del control intra-carcelario: reconociendo que las prisiones han funcionado como centros de mando, la ley introduce reformas para desmantelar esta capacidad operativa. Según los Artículos 7 y 8, se prohíbe el ingreso y uso de tecnologías como drones y receptores de señal de internet, y se ordena la creación de una base de datos de reclusos en un plazo de tres meses. Este registro deberá incluir la pertenencia específica a una mara o pandilla, una herramienta clave para la inteligencia penitenciaria y la gestión de riesgos.

Un enfoque interinstitucional: la eficacia que se busca este Decreto en el corto y mediano plazo no reside únicamente en su marco punitivo, sino en su arquitectura o estrategia de implementación, la cual distribuye responsabilidades operativas y estratégicas a lo largo de todo el aparato estatal. Este diseño refleja el reconocimiento de que el problema de las maras no es solo criminal, sino también financiero, social e internacional. La ley transita de un modelo policial-céntrico o concentrado en un solo ente a una estrategia de «gobierno en su conjunto», involucrando a ministerios de finanzas, relaciones exteriores, defensa y desarrollo social, entre otros. La siguiente tabla resume esta distribución de responsabilidades.

Tabla 1: Responsables de la Implementación

Responsable	Función o Tarea Clave
Ministerio de Gobernación	Lidera la ejecución operativa. Adquisición de equipo, redespliegue de unidades especiales (DIPANDA, CAT) y construcción de centros de máxima seguridad.
Ministerio Público (MP)	Solicitar ante la Corte Suprema la designación de nuevos grupos como terroristas y dirigir la investigación y persecución penal.
Corte Suprema de Justicia	Designar formalmente a los grupos terroristas y ampliar la competencia de los Jueces de Mayor Riesgo para que conozcan estos casos.
Dirección del Sistema Penitenciario	Crear la base de datos de reclusos, adecuar instalaciones con videoconferencias y gestionar los nuevos centros de máxima seguridad.
Ministerio de la Defensa Nacional	Apoyar con acciones coordinadas al Ministerio de Gobernación para recuperar el orden y seguridad en territorios afectados.
Ministerio de Finanzas Públicas	Realizar las ampliaciones presupuestarias necesarias para la construcción de infraestructura penitenciaria.
Consejo Nacional de Seguridad	Recomendar estrategias complementarias para el combate de estas organizaciones.
Contraloría General de Cuentas	Realizar auditoría concurrente a las adquisiciones de equipo táctico para garantizar transparencia.
Ministerio de Relaciones Exteriores	Fortalecer la cooperación internacional en inteligencia, seguridad y procedimientos de extradición.

Mapeo de Reformas Legislativas

El Decreto impacta transversalmente el ordenamiento jurídico guatemalteco. La siguiente tabla sintetiza las principales leyes modificadas y la naturaleza de los cambios introducidos.

Tabla 2: Lista de Leyes Modificadas por el Decreto 11-2025

Ley Modificada	Decreto Original	Cambios Principales Introducidos
Ley Contra la Delincuencia Organizada	Decreto Número 21-2006	• Incluye a las maras y pandillas en la lista de organizaciones delictivas. • Agrega nuevos delitos a su ámbito de aplicación (reclutamiento de menores, extorsión, etc.). • Crea nuevos tipos penales: «Obstrucción Extorsiva de Tránsito» y «Reclutamiento Ilícito de Menores».
Ley del Régimen Penitenciario	Decreto Número 33-2006	• Prohíbe el ingreso de equipos de comunicación (internet, drones) a los centros penitenciarios. • Obliga a crear una base de datos nacional de reclusos, identificando su afiliación a maras.
Código Penal	Decreto Número 17-73	• Agrava las penas (en un tercio) para delitos cometidos por pandilleros, como extorsión. • Tipifica el delito de usura y establece la expulsión de extranjeros que lo cometan. • Aumenta las penas para el delito de coacción cuando la víctima es un privado de libertad.
Código Procesal Penal	Decreto Número 51-92	• Restringe las medidas sustitutivas (como la prisión preventiva condicional) para delitos graves como extorsión y reclutamiento de menores, impidiendo que los acusados queden en libertad.
Ley de Contrataciones del Estado	Decreto Número 57-92	• Excepciona la compra de equipo táctico (por Q200 millones) de los procedimientos regulares de contratación pública, para agilizar el proceso. (Modificación indirecta/derogación parcial temporal)
Ley Orgánica del Presupuesto	Decreto Número 101-97	• Faculta readecuaciones presupuestarias y ampliaciones para financiar la construcción de centros de máxima seguridad y la com

Esta nueva Ley representa un cambio de paradigma en la estrategia de seguridad de Guatemala, al designar a las maras como organizaciones terroristas, el Estado adopta formalmente una postura de «combate frontal», trasladando el enfoque desde la delincuencia común hacia una amenaza a la seguridad nacional. Esta ley no se limita a endurecer penas; articula una estrategia integral que combina el fortalecimiento punitivo con una compleja arquitectura de coordinación interinstitucional, recuperación territorial y modernización de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, el éxito de esta ambiciosa legislación dependerá de superar desafíos significativos, como garantizar la sostenibilidad fiscal de sus medidas, fortalecer la capacidad judicial para procesar un mayor volumen de casos complejos y, fundamentalmente, asegurar la correcta implementación operativa, y desarticular aquellas estructuras delincuenciales y de corrupción que se encuentran a lo interno del Ministerio de gobernación, Policía Nacional Civil y Sistema penitenciario, ese será el principal reto, que en el corto plazo también este crimen organizado desde la función publica sea desarticulado.

De tal cuenta que el verdadero indicador de su eficacia no será únicamente el número de capturas, la construcción de la cárcel de máxima seguridad, o el adquirir el equipamiento más actualizado, sino la capacidad del Estado para ejecutar la sofisticada coordinación que la propia ley demanda, todo ello manteniendo, como lo exige el texto legal, el «pleno respeto a los derechos humanos», un equilibrio indispensable para garantizar una justicia efectiva y legítima.

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[1] Comisiones de postulación

Los hechos de tránsito en Guatemala representan una crisis de salud pública que afecta significativamente a la población, el sistema de salud y las instituciones encargadas de la seguridad vial. Con un promedio diario de 22 hechos de tránsito, 6 muertes y 23 personas lesionadas, esta problemática se posiciona como la segunda causa de muerte en el país, superada únicamente por los homicidios por arma de fuego.

Estadísticas Alarmantes

Entre 2011 y 2023, se registraron más de 87,000 hechos de tránsito, resultando en 22,322 muertes y 105,384 personas lesionadas. En 2024, de enero a septiembre, se reportaron 6,049 hechos de tránsito, con 1,744 fallecimientos y 6,268 lesionados. Las motocicletas son el vehículo más involucrado en estos hechos, representando el 49% de los hechos, lo que resalta la vulnerabilidad de los motociclistas, especialmente los jóvenes de entre 20 y 29 años.

El consumo de alcohol es otro factor crítico. En 2021, el 12% de los conductores involucrados en hechos de tránsito habían consumido alcohol, y en 2023 se detuvieron a más de 7,000 personas por conducir ebrias.

Principales Retos en Seguridad Vial

1. Infraestructura Deficiente: Las carreteras en mal estado, la señalización insuficiente o inexistente y la falta de planeación adecuada aumentan el riesgo de accidentes.
2. Falta de Coordinación Institucional: Diversas entidades trabajan en seguridad vial, pero sin una política pública nacional ni un sistema unificado de datos, lo que dificulta una acción integral y efectiva.
3. Educación Vial Limitada: Aunque la educación vial está incluida en el currículo educativo, su implementación no ha sido prioritaria, dejando brechas en el conocimiento y respeto a las normas de tránsito.
4. Corrupción: Desde la emisión de licencias hasta la construcción de carreteras, prácticas corruptas han debilitado los esfuerzos por mejorar la seguridad vial.
5. Incremento del Parque Vehicular: La proliferación de motocicletas, incentivada durante la pandemia de COVID-19, representa un desafío adicional, ya que este tipo de vehículo lidera las estadísticas de incidentes de tránsito.

Acciones para Mejorar la Seguridad Vial

El gobierno, junto con la sociedad civil y el sector privado, ha implementado diversas medidas para enfrentar esta crisis:

1. Operativos de Tránsito

• Se realizan controles en las principales rutas del país para verificar el estado de los vehículos, la portación de documentos y el uso de dispositivos de seguridad como cascos y cinturones.
• Durante festividades como Navidad y Semana Santa, se intensifican operativos para reducir el aumento de hechos de tránsito en estas épocas de alta movilidad.
• Las pruebas de alcoholemia y controles de velocidad son herramientas clave en estos operativos.

2. Educación y Sensibilización

• Capacitaciones Escolares: APASIT y el Departamento de Tránsito realizan talleres y charlas en escuelas y universidades para fomentar una cultura vial desde temprana edad.
• Campañas de Concientización: Se han distribuido manuales y materiales educativos para sensibilizar a la población sobre la importancia de respetar las normas de tránsito.

3. Reformas Legislativas

• En 2024, se aprobaron reformas a la Ley de Tránsito (Decreto 33-2024) para mejorar la imposición de multas. Sin embargo, estas han sido criticadas por no abordar la raíz del problema.

4. Alianzas Estratégicas

• Con el Sector Privado: Organizaciones como ASIM han donado cascos certificados, mientras que AmCham y FUNDESA organizan congresos internacionales sobre seguridad vial.
• Con Organismos Internacionales: La colaboración con la OPS/OMS ha permitido la realización de estudios sobre el uso de dispositivos de seguridad y la capacitación de agentes de tránsito.

Impacto Social y Familiar

Los hechos de tránsito no solo generan pérdidas humanas, sino que también imponen un alto costo económico y emocional a las familias afectadas. Gastos médicos, procesos legales y el duelo por la pérdida de seres queridos son solo algunas de las consecuencias que enfrentan las víctimas y sus familias. A esto se suma la falta de un sistema estatal integral para brindar apoyo a estas personas.

Organizaciones como APASIT han tomado la iniciativa para llenar este vacío, proporcionando orientación médica, legal y emocional a las familias afectadas. Sin embargo, se necesita un compromiso más fuerte por parte del Estado para atender estas necesidades de manera estructurada.

Necesidades Urgentes

Para enfrentar la crisis de siniestralidad vial, Guatemala necesita adoptar un enfoque integral que incluya:

• Creación de una Política Nacional de Seguridad Vial: Que coordine las acciones de todas las instituciones relacionadas y fomente la colaboración intersectorial.
• Inversiones en Infraestructura: Mejorar las condiciones de las carreteras y garantizar una señalización adecuada.
• Educación Vial Obligatoria: Incluir programas de formación en seguridad vial en todos los niveles educativos.
• Fortalecimiento de la Ley: Implementar y hacer cumplir estrictamente las normativas existentes, especialmente en cuanto a velocidad, estado de los vehículos y consumo de alcohol.
• Unificación de Datos: Crear un sistema integrado que permita recopilar, analizar y utilizar información confiable sobre siniestralidad vial para la toma de decisiones.

Descarga el análisis completo en el siguiente enlace:

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Este documento presenta un análisis detallado de la Plataforma para la Comunicación de Datos Estadísticos de Incidencia Criminal – PLADEIC-, del Ministerio de Gobernación de Guatemala y la Policía Nacional Civil. PLADEIC es una plataforma creada en 2022 a través del acuerdo ministerial 419-2022, cuyo principal objetivo es hacer que los datos delictivos del país sean más transparentes y accesibles mediante la disponibilidad de la información pública de manera fidedigna a las instituciones y al público en general.

El diagnóstico presenta elementos clave en PLADEIC que incluyen desde quién la administra, las fuentes de información y la función de un Centro de Coordinación de Información Interinstitucional para la integración y publicación de datos. Para la funcionalidad, el análisis abarca los tableros y los filtros que permiten a los usuarios ver la información según períodos de tiempo, regiones geográficas, y tipo de delitos cometidos.

Se identifican elementos clave a lo largo de este documento, donde se resalta la visibilidad de la plataforma maneja la precisión de la visualización de la información y la eficiencia para descargar o manejar los datos. El diagnóstico no solo pretende brindar una visión general del estado actual de PLADEIC, sino también hacer recomendaciones estratégicas para expandir su impacto a medida que continúa potenciando los datos abiertos de seguridad y justicia en Guatemala.

Antecedentes

En septiembre de 2022 el Ministerio de Gobernación (MINGOB) puso en marcha un nuevo sistema llamado PLADEIC para hacer que la información sobre la incidencia criminal sea más clara y confiable. Esta plataforma digital, un esfuerzo de colaboración con la Policía Nacional Civil (PNC), está diseñada para mejorar acceso público a datos relacionados con el crimen en todo el país. Al trabajar estrechamente con la PNC, esta plataforma busca cerrar la brecha entre las fuerzas del orden y la comunidad, asegurando que los datos lleguen a la población de una forma pronta, clara y de calidad.

La PLADEIC fue creada para consolidar y compartir información oficial sobre delitos y seguridad, facilitando a personas y organizaciones encontrar datos recientes sobre delitos. Esta plataforma permite analizar patrones de delitos, centrándose en el tiempo, la ubicación y tipos de incidentes para mejorar la comprensión y la prevención

La plataforma es creada por medio del acuerdo ministerial 419-2022 de fecha 31 de agosto de 2022, A continuación, se resumen los puntos principales:

1. Objetivo: La PLADEIC se aprueba como el canal oficial para la divulgación de información sobre la incidencia criminal en los registros de la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC). La plataforma busca fomentar la transparencia y rendición de cuentas, garantizando el acceso a información pública sobre criminalidad.
2. Administración: La Dirección de Informática del Ministerio de Gobernación es responsable de la administración y mejora continua de la plataforma.
3. Fuente de información: La PNC es la fuente oficial de datos para la plataforma. Esto asegura que la información divulgada esté centralizada y provenga de una entidad oficial.
4. Coordinación: El Centro de Coordinación de Información Interinstitucional (CECOIN) es el encargado de integrar y publicar los datos en la PLADEIC, lo que garantiza una gestión interinstitucional para el manejo de la información.

El Centro de Coordinación de Información Interinstitucional (CECOIN) en Guatemala es una unidad del Ministerio de Gobernación (MINGOB) encargada de la integración, manejo y divulgación de información criminal, especialmente para la Plataforma para la Comunicación de Datos Estadísticos de Incidencia Criminal (PLADEIC). Este centro centraliza y coordina los datos que recibe de la Policía Nacional Civil (PNC) y otros organismos relevantes, asegurando que la información se procese y publique de manera adecuada y transparente.

Descarga el documento que contiene el diagnostico completo

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Los hechos de tránsito son una preocupación pública creciente en Guatemala, afectan a miles de personas cada año y tienen un impacto significativo en la seguridad vial y la calidad del tráfico. vida ciudadana. Un análisis reciente del Observatorio de Derechos Humanos y Gasto Social (ODGS) y el Departamento de Transporte muestra patrones alarmantes en los hechos de tránsito de tránsito, basado en datos recopilados entre 2015 y 2024. El análisis identifica las causas y principales factores de riesgo relacionados con el tráfico vehicular y proporciona algunas recomendaciones clave para reducir la ocurrencia de tales incidentes en el futuro.

Tabla No. 01 – Evolución parque vehicular 2005 – 2024*[1]

Año	Cantidad	Variación	% Variación
2005	1,080,068	0	0%
2006	1,302,272	222,204	21%
2007	1,558,145	255,873	20%
2008	1,760,013	201,868	13%
2009	1,912,469	152,456	9%
2010	2,064,035	151,566	8%
2011	2,222,182	158,147	8%
2012	2,389,240	167,058	8%
2013	2,562,925	173,685	7%
2014	2,738,925	176,000	7%
2015	2,970,678	231,753	8%
2016	3,250,194	279,516	9%
2017	3,535,682	285,488	9%
2018	3,504,405	-31277	-1%
2019	3,795,178	290,773	8%
2020	4,096,800	301,622	8%
2021	4,472,894	376,094	9%
2022	4,829,864	356,970	8%
2023	5,266,843	436,979	9%
2024*	5,728,844	404,781	9%

Fuente: elaboración propia – Con datos de la SAT

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[1] Hasta el mes de septiembre de 2024

Tabla No. 02 – proyección parque vehicular 2025 – 2029

Año	Proyección	Límite de confianza inferior	Límite de confianza superior
2024	5,743,357	–	–
2025	6,124,242	5,819,551	6,428,933
2026	6,578,152	6,134,188	7,022,116
2027	7,032,062	6,413,672	7,650,452
2028	7,485,972	6,666,287	8,305,657
2029	7,939,882	6,896,486	8,983,278

Fuente: elaboración propia

Uno de los hallazgos más importantes del estudio es que la provincia de Guatemala alberga el 42% de los vehículos del país y el 40% de los hechos de tránsito de tránsito reportados ocurren con frecuencia en este sector. Las investigaciones muestran que una alta densidad de vehículos dentro de un área geográfica limitada conduce a una mayor frecuencia de hechos de tránsito, especialmente en áreas urbanas con mucho tráfico. Además, factores como el consumo de bebidas alcohólicas y/o fermentadas, el exceso de velocidad y la falta de revisiones vehiculares agravan la situación, convirtiendo los hechos de tránsito de tránsito en un problema complejo que requiere una solución integral.

Para comprender mejor las causas de los hechos de tránsito, el informe señala que se centra en la llamada «trilogía del tráfico» formada por personas, tráfico y factores ambientales. Estos tres factores interactúan para provocar un aumento en la tasa de hechos de tránsito del país. Los factores humanos incluyen comportamientos peligrosos como la conducción imprudente, conductores sin experiencia y el desprecio de las normas de tráfico. En cuanto a los factores relacionados con los vehículos de motor, la proporción de hechos de tránsito que involucran motocicletas es alta (41%), y su uso ha aumentado debido a su disponibilidad y costo relativamente bajo. En cuanto a los factores ambientales, la falta de infraestructuras como señalización, iluminación y mantenimiento de las vías también es un factor clave en los hechos de tránsito viales.

Gráfica No. 02 – Top 5 departamentos con mayor frecuencia de hechos de tránsito 2015 a mayo 2024

Fuente: Elaboración propia con base del tablero del -ODGS- (Hechos de Tránsito)

El estudio también analizó los picos en las tasas de hechos de tránsito de tráfico. Se señaló que hubo aumentos importantes en marzo y diciembre. Estas fechas coinciden con días festivos como Semana Santa y Nochevieja, lo que puede incrementar la circulación de personas y vehículos, así como el consumo de alcohol, creando condiciones peligrosas que impactan tanto a conductores como a peatones.

Gráfica No. 04 – Hechos con mayor incidencia del año 2015 a mayo 2024

Fuente: Elaboración propia con base del tablero del -ODGS- (Hechos de Tránsito)

Tabla No. 06 – Incidencia de vehículos por tipo de hecho y departamento periodo del año 2015 a mayo 2024

Departamento	Colisión	Atropello	Caída	Choque	Vuelco	Salida de pista	Ignorado	Total, general
Guatemala	28,316	8,428	2,323	2,030	295	234	3	41,630
Escuintla	5,942	1,388	611	506	185	83	0	8,719
Alta Verapaz	2,632	1,134	169	256	130	89	0	4,412
Sacatepéquez	2,434	700	184	239	61	31	0	3,649
Chimaltenango	2,372	1,067	148	211	92	33	2	3,925
Quetzaltenango	2,341	691	73	185	56	25	0	3,371
Suchitepéquez	2,339	624	93	146	58	24	0	3,285
Izabal	2,317	679	179	183	65	30	0	3,453
Santa Rosa	2,226	626	136	223	80	56	0	3,347
Retalhuleu	2,207	507	103	144	34	15	0	3,010
Peten	2,107	598	242	235	79	30	0	3,291
Jutiapa	1,947	458	151	194	93	41	2	2,887
Zacapa	1,792	468	140	140	33	49	0	2,622
San Marcos	1,625	455	50	138	54	22	0	2,345
El Progreso	1,572	365	127	142	88	32	0	2,328
Chiquimula	1,322	429	99	103	67	42	0	2,062
Quiche	1,241	445	52	114	85	79	0	2,018
Huehuetenango	1,145	443	48	116	78	61	0	1,891
Baja Verapaz	1,125	332	101	150	49	56	0	1,813
Jalapa	1,048	267	74	95	47	25	0	1,556
Sololá	754	453	32	60	78	63	0	1,441
Totonicapán	498	215	18	41	28	28	0	828
Total, general	69,302	20,772	5,153	5,651	1,835	1,148	7	103,883

Fuente: Elaboración propia con base del tablero del -ODGS- (Hechos de Tránsito)

El informe hace recomendaciones para abordar de manera integral estos temas, incluyendo:

Implementar medidas de seguridad preventivas proactivas: llevar a cabo actividades de educación en seguridad vial dirigidas principalmente a conductores jóvenes para promover el cumplimiento de las normas y la conducción cuidadosa. También se recomienda un estricto control de velocidad y pruebas de alcoholemia, especialmente los fines de semana y festivos cuando aumenta el número de hechos de tránsito de tráfico.

Mejorar la infraestructura vial: La calidad de las vías y la infraestructura para peatones y peatones. Para los motociclistas, reducir la ocurrencia de hechos de tránsito de tránsito es muy importante. Se recomienda mejorar las aceras, la señalización y la iluminación en áreas de alto tráfico. Aparte de,Sería útil establecer infraestructura específica para motocicletas y proporcionar caminos seguros para los peatones, minimizando la interacción de diferentes tipos de usuarios dentro de un mismo espacio y reduciendo así el riesgo de hechos de tránsito.

Regular la compra y uso de motocicletas: Dado que las motocicletas son el tipo de vehículo que más hechos de tránsito de tránsito causa, se recomienda tomar medidas de control en la compra y exigir licencia de conducir antes de adquirirlas. Además, sería útil promover campañas que fomenten el uso de cascos certificados, ya que el incumplimiento de esta medida de seguridad pasiva es habitual entre motociclistas y pasajeros.

Promover el transporte público seguro y accesible: Fomentar el uso del transporte público La seguridad y la comodidad son estrategias clave para reducir los movimientos de vehículos privados y reducir los hechos de tránsito de tráfico. Al fomentar el transporte compartido, ayudamos a reducir la carga de vehículos en zonas urbanas congestionadas, mejorando así la movilidad y la seguridad vial en general.

Utilice un seguro de responsabilidad obligatorio: proteja a las víctimas de hechos de tránsito de tráfico,Es necesario garantizar la implantación del seguro obligatorio de responsabilidad civil de conformidad con lo dispuesto en la Ley de circulación por carretera. Esta medida garantiza la indemnización por daños personales y materiales y promueve una cultura de responsabilidad y prevención.

Fortalecer los controles de seguridad pasiva: se debe fomentar el uso de dispositivos de seguridad como cinturones de seguridad y cascos de motocicleta mediante publicidad y regulaciones más estrictas. Existe evidencia de que estos dispositivos pueden salvar vidas y reducir la gravedad de las lesiones en caso de hecho de tránsito de tráfico.

Cooperación interinstitucional y cooperación con la sociedad civil: Las agencias responsables de la seguridad vial deben coordinar su trabajo con los municipios y las organizaciones de la sociedad civil. Implantar medidas de seguimiento e información en materia de seguridad vial. La cooperación entre diferentes sectores puede aumentar la eficacia de las intervenciones y proporcionar un enfoque integrado para prevenir los hechos de tránsito de tráfico.

El análisis proporciona una visión clara de los desafíos de seguridad vial de Guatemala y la urgente necesidad de medidas preventivas. Los hechos de tránsito de tráfico no sólo afectan a los conductores, sino también a los peatones y pasajeros, y reducir los hechos de tránsito de tráfico requiere del esfuerzo conjunto de las autoridades, la sociedad y todos los usuarios de la vía. Fortalecer la infraestructura vial, promover el transporte público seguro y regular los vehículos de alto riesgo, como las motocicletas, son pasos necesarios para reducir el número de hechos de tránsito viales y construir un sistema vial seguro y sostenible.

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El objetivo del análisis dentro del eje de seguridad del Observatorio de Derechos Humanos y Gasto Social -ODGS- es facilitar conocimientos que informen a la ciudadanía en materia de seguridad vial y prevención de los hechos de tránsito; en consecuencia, de este fenómeno es indispensable brindar acciones y mecanismos que garanticen el adecuado funcionamiento de la movilidad vial.

Las medidas para reducir el riesgo de lesiones y muertes causadas por la siniestralidad vial están a cargo del Departamento de Tránsito, ente coordinador y regulador del tránsito a nivel nacional, debido a ello es importante conocer la historia, facultades, funciones y la estructura orgánica, a continuación, se presenta la compilación de información basada en la Ley de tránsito y su reglamento.

Este capítulo es una introducción a la organización y designación de las funciones de este departamento, delegadas por medio de la Orden General No. 75-2014 emitida por la Dirección General Adjunta de la Policía Nacional Civil; el objetivo es la administración y ordenamiento del sistema vial en protección de las personas que circulan en la vía pública, con un adecuado recurso humano policial y administrativo con el fin de disminuir la incidencia de la siniestralidad vial, con programas de educación, señalización y control. Tomando en cuenta que las muertes por hechos de tránsito en nuestro país son la segunda causa de muertes violentas.

La importancia de la gestión institucional para sentar las bases de intervención y prevención en la movilidad segura en Guatemala cada vez aumenta, debido a la complejidad del fenómeno las personas participantes son peatón, pasajero y conductor en un hecho de tránsito.

El documento tiene continuidad “parte II” con información estadística de los hechos de tránsito ocurridos del año 2015 a mayo 2024, datos proporcionados por el Departamento de Tránsito de la PNC.

Departamento de Tránsito Dirección General de la -PNC-

El Departamento de Tránsito de la Direccion General de la Policía Nacional Civil – DTPNC – como Dependencia directa del Director General Adjunto reglamentado por el Director General de la Policía Nacional Civil -PNC- para mejor funcionamiento, establecido en la Orden General No. 75-2014 “Organización y designación de funciones del Departamento de Transito de la Direccion General Adjunta de la Policía Nacional Civil”, establece el desarrollo de la regulación, control, ordenamiento y administración del sistema de seguridad vial, a fin de minimizar los siniestros viales a nivel nacional, en protección de las personas que circulan en la vía pública.

En materia de seguridad vial el Departamento ejerce desde sus inicios hasta la actualidad con facultades y funciones establecidas por medio de estructura organizacional. La expansión en el territorio nacional se realiza por medio de las Delegaciones del Departamento de tránsito y Policías Municipales de Tránsito -PMT-, donde haya sido delegada esta función a las municipalidades, en contribución a la movilidad segura y sustentable de la población nacional en el marco de la siniestralidad vial. 

Historia

La trayectoria histórica de la ejecución de funciones como ente rector de coordinación y regulación del tránsito del territorio nacional como departamento interno de la Dirección General de la Policía Nacional.

El 18 de diciembre de 1996 se emite Decreto Número 132-96 la creación de la Ley de Tránsito para efectos de regulación, control, ordenamiento y administración de la circulación terrestre y acuática de personas y vehículos, señalización, semaforización, uso de vías públicas, educación vial y actividades de policía relacionadas con el tránsito, en materia de la organización del Departamento de Transito se establece en el artículo 1 del Acuerdo Gubernativo número 273-98 Reglamento de tránsito emitido 22 de mayo 1998.

En el Decreto 11-97 Ley de la -PNC- artículo 10 inciso I) se designa la función de coordinar y regular todo lo relativo a las obligaciones del Departamento de Tránsito establecidas en la Ley, en la actualidad depende directamente de la Dirección General Adjunta de la Policía Nacional Civil, establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 97-2009 Reglamento de organización de la -PNC- de fecha 1 de abril de 2009 articulo 3.

El Jefe y Subjefe del Departamento de Tránsito, de conformidad con la ley de la materia es nombrado por el Ministro de Gobernación, y éstos a su vez realizan las funciones establecidas en el artículo 5 del Decreto 132-96 del Congreso de la República el 27 de noviembre de 1996 Ley de Tránsito, y Acuerdo Gubernativo número 273-98, de fecha 22 de mayo de 1998, Reglamento de Tránsito.

Diferencia entre facultades y funciones

La facultad es la capacidad para actuar en base a derechos y obligaciones de los órganos de la institución y las funciones son las actividades para desarrollar las atribuciones (derechos y obligaciones) establecidas para desarrollar según el cargo asignado en cumplimiento de la competencia de este. (Ver Figura 1)

Figura 1. Diferencia entre Facultades y Funciones

Fuente: Elaboración con base compilación de enciclopedia y diccionario jurídico

Facultades del Departamento de Tránsito

Conforme al artículo 5 de la Ley de Tránsito y su reglamento, el Departamento de tránsito atribuye facultades en el ejercicio de la autoridad de tránsito en la vía pública, con responsabilidad de la seguridad especialmente en cuanto a planeación, regulación y control se refiere, con el objetivo de la administración del tránsito, considerando el crecimiento de la población y el número de vehículos, su concentración, el uso excesivo y descontrolado de la vía pública por personas y vehículos.

Figura 2. Facultades del DTPNC

Fuente: Elaboración con base a Orden General No. 75-2014

Lee y descarga la investigación completa en el siguiente enlace:

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La violencia contra la mujer es un fenómeno global que trasciende fronteras culturales, económicas y sociales. Es una manifestación de desigualdad de género arraigada en estructuras patriarcales que perpetúan la subordinación de las mujeres en diversas esferas de la vida. Desde una perspectiva de seguridad y justicia, abordar este problema implica comprender sus múltiples dimensiones y desarrollar estrategias integrales para prevenir, proteger y sancionar adecuadamente los actos de violencia.

Dimensiones de la Violencia contra la Mujer

La violencia contra la mujer abarca una amplia gama de comportamientos que van desde la violencia física y sexual hasta la violencia psicológica, económica y estructural. Estos actos pueden ocurrir en el ámbito privado, como la violencia doméstica, o en el público, como el acoso callejero y la trata de personas con fines de explotación sexual. Es importante reconocer que esta violencia se manifiesta de manera interseccional, afectando de manera desproporcionada a mujeres de diferentes grupos étnicos, socioeconómicos, y orientaciones sexuales, entre otros.

Este análisis tiene por objetivo es exponer y establecer de manera objetiva las características en datos de las personas sindicadas por cometer el delito de violencia contra las mujeres, al profundizar en variables como sexo y edad del sindicado, la relación de este con la víctima, así como determinar geográficamente la cantidad de sindicados por departamento, pero fundamentalmente el tiempo que transcurre entre la fecha de ocurrencia del hecho como la fecha cuando este fue denunciado en el Ministerio Público.

Dimensiones de la Violencia contra la Mujer

Según la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer un SINDICADO es aquella persona a quien se le atribuye o acusa de cometer el delito de violencia contra las mujeres son aquellas quienes, en el ámbito público o privado, ejerza violencia física, sexual o psicológica, valiéndose de las siguientes circunstancias: 1) Haber pretendido, en forma reiterada o continua, infructuosamente, establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima. 2) Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral, educativa o religiosa. 3) Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo. 4) En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital. 5) Por misoginia.

En resumen En Guatemala, “un sindicado es una persona que ha sido señalada de haber cometido un delito.”

También En el proceso penal guatemalteco, se debe recibir la declaración del sindicado en una audiencia. En esta audiencia, se le informa al sindicado de los medios de convicción que existen en su contra y de la forma en que quedará sujeto al proceso penal.

El proceso penal tiene como objetivo:

• Averiguar un hecho señalado como delito o falta;
• Establecer la posible participación del sindicado;
• Pronunciar la sentencia respectiva;
• Ejecutar la sentencia;

Violencia la debemos entender como “uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo”. Dentro de los diversos tipos de violencia en el ámbito privado; como aquella que se da dentro del hogar, podemos encontrar:1) Económica 2) Psicológica 3) Emocional 4) Física y 5) Sexual.

Y si se habla de violencia sexual; como aquella que se comete contra la voluntad de otra persona, se puede incluir: 1) Acoso sexual; 2) Violación 3) Violencia correctiva. También se puede mencionar la cultura de la violación en donde el entorno social permite normalizar y justificar la violencia sexual. Teniendo su origen en el patriarcado alimentando las desigualdades y sesgos de género y sexualidad persisten en nuestros días.

No se puede dejar de lado la violencia generada o facilitada por la tecnología como el Ciberacoso[1], el Sexteo o sexting[2] y el Doxing[3] 

Desarrollo del tema

Para el presente análisis se toman datos históricos que datan de hechos delictivos de 1960 a diciembre del 2021 y de denuncias correspondientes del año 2016 al 2021, proporcionados por el Ministerio Publico. Estos registros totalizan 61,936 denuncias equivalentes a una tasa de 416 denuncias por cada 100 mil habitantes.[4]

Al iniciar la perfilación de los sindicados daremos seleccionaremos variables que nos permitan identificar en primera instancia las características propias de los individuos como lo son el rango de edad llamando poderosamente la atención el dato que el 63% de las victimas desconoce la edad del victimario, esto puede ser resultado de muchas variantes como que la víctima no tiene ninguna relación con el sindicado, en donde la víctima no tenía mayores elementos para proporcionar una edad aproximada del mismo. Otra hipótesis que podemos incluir es que muchas denuncias pueden ser realizadas por terceras personas quienes desconocen dicho dato.

Continuando con la variable edad se puede iniciar la vinculación con la relación que el sindicado guarda con la victima de esta cuenta podemos destacar que el 14% de los sindicados están dentro del rango de edad de 20 a 30 años, y que 1,721 víctimas son solteras 653 víctimas están casadas con el victimario y 5,349 casos en donde se desconoce el estado conyugal, el siguiente rango de edad analizado corresponde de 30 a 40 años de edad donde 1,058 víctimas son solteras 999 están casadas con las víctimas y 4,138 se ignora el estado conyugal. De estas cifras podemos destacar que mucha violencia en los rangos de 20 a 40 años del victimario este ejerce violencia contra la mujer no necesariamente siendo cónyuges, muchas veces la violencia se ejerce desde un espacio de trabajo, estudios, espacios públicos, el hogar, la comunidad y en particular últimamente la esfera virtual

Al analizar la grafica 1 podemos darnos cuenta de que conforme el rango de edad aumenta el grado de involucramiento como sindicado disminuye desde los 40 a los 100 años; ojo en esta disminución de la relación de la edad con el tipo de violencia no quiere decir que por ser de menor incidencia en los datos esta sea de menor intensidad.

Con el estado conyugal del sindicado con la víctima en la gráfica 2 se puede establecer que el 85% se tiene el dato ignorado haciendo eco de lo expuesto anterior, el 8% es soltero quiere decir que puede o no tener una relación sentimental con la víctima, el 6% este casado con la víctima, en menor incidencia esta unión de hecho, divorciado, viudo.

Respecto a la cantidad de denuncias por año; grafica 3, llama poderosamente la atención que según los datos que los años 2020 y 2021 se tienen picos fuera de lo normal en los datos, por ejemplo del año 2019 al 2020 se tuvo un incremento de 3,148 denuncias representando un incremento porcentual de 3,537.08% y del año 2020 al 2021 el incremento es de 48,446 casos porcentualmente un incremento del 1,496.63%. a simple vista podría concluirse que el tema de la pandemia incremento la violencia debido a las restricciones impuestas para el confinamiento y toques de queda haciendo que la intrafamiliar se incrementara, pero si analizamos los casos donde el esposo es el sindicado el 2020 presento 133 casos con un incremento del 1,800% y el año 2021 3,278 casos denunciados porcentualmente incremento de 2,364.66%.

Este pico de incremento puede ser por varias causas entre ellos están aquellos casos donde no se puede vincular la relación entre victimario y víctima. 

Continuando con el análisis ahora se analiza el ámbito geográfico; grafica 4, de la violencia destacando los 5 departamentos con mayor incidencia siendo estos: 1) Guatemala con 12,458 2) Escuintla con 5,211 3) Alta Verapaz 4,563 4) Suchitepéquez 4,144 y 5) San Marcos 3,961. Pero si esto lo analizamos la gráfica 5 y 6 por tasa de violencia estos sufren un cambio sustantivo quedando de la siguiente forma: 1) El Progreso con una tasa de 931 2) Retalhuleu con 781 3) Suchitepéquez con 747 4) Escuintla 711 y 5) Zacapa con 675.  

De los datos anteriormente descritos se procedió a comprobar la hipótesis si existe relación entre el departamento con el nivel de violencia por medio del coeficiente de Pearson, dando como resultado que existe una baja correlación entre las variables, siendo esta de -0.2208. Es decir, que existe una débil o escasa relación entre la población existente en un departamento y la tasa de detenidos según el hecho denunciado.

 

Otro elemento para tomar en cuenta para el presente análisis sobre el comportamiento de los tiempos de denuncia según la gráfica 7 refleja que el 42% de las victimas tarda una semana en presentar la denuncia correspondiente, el 26% un mes, el 13% un año y solamente el 7% el mismo día. De las cifras anteriormente descritas se pude deducir que el tiempo de denuncia intervienen varios factores para que esta sea interpuesta en el órgano jurisdiccional correspondiente, por ejemplo: el tipo de violencia sufrida, la relación que se tiene entre victimario y víctima, pero muy fundamental el tema que si el grado de violencia imposibilita que la propia victima por aspectos de salud presentar la misma, también podemos inferir que la victima por temor o amenazas no se apersona, esto ultimo se puede sustentar que el 11% presenta la denuncia con 5 años en adelante.

También lo anterior es que no existe un mecanismo apropiado por parte de las instituciones legalmente responsables de promover una cultura de denuncia, igualmente no existen campañas donde se de a conocer los mecanismos, herramientas, páginas web, aplicaciones móviles u otro mecanismo para interponer la denuncia. Pero fundamentalmente el tema que no existe una plena confianza por parte de la población respecto de las instituciones publicas que motive a las víctimas, quienes se ven en muchos de los casos solas y desamparadas ante estos vejámenes.

Conclusiones

En el marco de la violencia contra la mujer en temas del perfil de los sindicados se puede concluir en los siguientes aspectos fundamentales de la realidad nacional como lo son:

• Factores que perpetúan la violencia: La violencia contra la mujer está arraigada en dinámicas de poder desiguales y en normas sociales que legitiman la dominación masculina. La discriminación estructural, la desigualdad económica y la falta de acceso a la justicia contribuyen a la persistencia de este problema. Además, los estereotipos de género y la cultura de la violencia normalizan y perpetúan los comportamientos violentos, dificultando la denuncia y la búsqueda de ayuda por parte de las víctimas.
• Desafíos en el Sistema de Justicia: Uno de los principales desafíos en la lucha contra la violencia de género es la respuesta del sistema de justicia. Frecuentemente, las mujeres enfrentan barreras para acceder a la justicia debido a la falta de recursos, la revictimización, la falta de sensibilidad de los funcionarios y la impunidad de los agresores. Además, la poca confianza en las instituciones públicas, el subregistro y la falta de datos precisos dificultan la comprensión completa del alcance del problema y la formulación de políticas efectivas.
• Enfoque Integral y Multisectorial: Para abordar eficazmente la violencia contra la mujer, es necesario adoptar un enfoque integral y multisectorial que combine medidas preventivas, de protección y de acceso a la justicia. Esto implica promover la igualdad de género en todos los ámbitos, fortalecer los servicios de atención y apoyo a las víctimas, capacitar a los profesionales del sistema de justicia en perspectiva de género y garantizar la aplicación efectiva de la legislación existente.
• Prevención y Educación: La prevención de la violencia contra la mujer debe comenzar desde edades tempranas mediante la educación en igualdad de género y el fomento de relaciones saludables y respetuosas. Es fundamental sensibilizar a la sociedad sobre los impactos de la violencia de género y promover modelos de masculinidades positivas que rechacen la violencia y el control sobre las mujeres.

La violencia contra la mujer es un problema complejo que requiere un compromiso firme de todos los sectores de la sociedad. Desde el ámbito de la seguridad y la justicia, es fundamental garantizar la protección de los derechos de las mujeres y la aplicación efectiva de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en todas sus formas. Esto implica abordar las causas estructurales de la desigualdad de género y promover un cambio cultural que promueva relaciones equitativas y libres de violencia. Solo a través de esfuerzos concertados y sostenidos podemos construir un mundo donde todas las mujeres vivan libres de violencia y discriminación.

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[1] Consiste en el envío de mensajes intimidatorios o amenazantes.

[2] Envío de mensajes o fotos de contenido explícito sin contar con la autorización de la persona destinataria.

[3] Publicación de información privada o identificativa sobre la víctima.

[4] https://odgs.ciidhguatemala.org/analisis-violencia-contra-la-mujer

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Introducción

Guatemala en años recientes ha sido catalogado como uno de los países más violentos a nivel mundial, debido a la cantidad de homicidios, corrupción y tráfico de drogas del Triángulo Norte de Centroamérica que conforman también El Salvador y Honduras (ONU, 2023).

La violencia armada es un fenómeno complejo, multidimensional y sistémico que se relaciona con una débil gobernanza, limitaciones en las instituciones de seguridad y justicia y con la ausencia de un Estado de Derecho pleno. En ese sentido el breve análisis aborda en particular la caracterización de las muertes de mujeres a causa de la violencia armada, según las necropsias[1] realizadas por ley por parte del INACIF durante el periodo 2017-2023.

Contexto internacional

El Estudio Global sobre Homicidios de la ONU (2023), afirma que la mayoría de los países con las tasas más elevadas de homicidios en el mundo se sitúan en América Latina y el Caribe; particularmente en el caso de Guatemala capta la atención la evolución en el número de homicidios entre 2017 y 2020, que descendió alrededor del 35%, para posteriormente elevarse en 2021 en 7%.

La cantidad de hombres involucrados en la violencia homicida en América Latina y el Caribe es predominantemente en jóvenes. Esto es de esperarse, ya que la región tiene una población bastante joven y relativamente grande, pese a que la proporción de jóvenes ha ido disminuyendo con el tiempo. Guatemala se encuentra dentro de los países que registran la mayor proporción de víctimas de homicidio en el rango de edades de 15 a 29 años en 2021 con 48%.

A nivel regional, en 2021 se estimaba que al menos 4,473 mujeres fueron víctimas de femicidio o feminicidio en 29 países y territorios de la región, según datos oficiales informados por los países al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), esto representa 12 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día en la región.

Violencia de género en Guatemala

Según la cantidad de muertes de mujeres a causa de armas de fuego en Guatemala, para el período 2017-2023, este asciende a un total de 2,358 mujeres, de este total se podría decir que el promedio anual de muertes de mujeres por el uso de armas de fuego fue de 590 y para ilustrar o dimensionar el fenómeno esto equivale a un promedio de 6 muertes diarias.

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[1] Etimológicamente proviene del griego necros (cadáver) y opsis (cortar), es decir cortar un cadáver, también se le denomina autopsia y la realiza un médico especialista en patología, al exhumar un cuerpo humano que es encuentra enterrado, se analiza el exterior del cadáver, se practica una incisión para observar los órganos internos, se anota su posición del cuerpo y se extraen las partes para su análisis visual con ayuda del microscopio.

Gráfica 1. Muertes de mujeres por el uso de armas de fuego. Guatemala. Periodo 2017-2023.

Fuente: Tablero de necropsias. ODGS-CiiDH. Periodo 2017-2023

En cuanto a los meses donde se registran más muertes a causa de armas de fuego, destacan en el primer semestre los meses de enero y mayo con 247 y 232 y el segundo semestre del año, los meses de julio y octubre, estos meses reportan más de 200 muertes cada uno. En contraste los meses con menor cantidad de muertes corresponden a los meses de junio y agosto con cifras de 174 y 170 casos.

Violencia de género por grupos etarios

El análisis por grupos etarios evidencia que el grueso o grupo mayormente afectado por este fenómeno corresponde a adultez con 12.7% que comprende las edades de 27 a 59 años, juventud con 6% (14 a 26 años), adolescencia con 2.9% y vejez (60 años o más) con menos del 1%.

La variación interanual a causa de muertes por armas de fuego, según se aprecia en la gráfica 2 fue estable durante los años 2017-2019, con un descenso considerable para el año 2020 con 265 muertes y que podría estar relacionado a las restricciones de movilidad o medidas de confinamiento impuestos por el gobierno durante la Pandemia del Covid-19, en los años subsiguientes este presenta un repunte en el número de muertes para los años 2021 y 2022 con 321 y 374 casos.

Gráfica 2. Variación interanual de necropsias por armas de fuego. Sexo femenino. Guatemala. Periodo 2017-2023.

Fuente: Tablero de necropsias. ODGS-CiiDH. Periodo 2017-2023

Lee el análisis completo y visita el tablero de datos de necropsias

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Tablero de necropsias

Las manifestaciones de la violencia en la sociedad guatemalteca afectan a la población en general, independientemente de los contextos económicos, sociales y geográficos, y aquí se proyectan datos importantes de los efectos de este fenómeno sobre un sector especialmente afectado por sus mismas condiciones de vulnerabilidad, tal como es el caso de la niñez y adolescencia[1], donde hay que enfatizar que las mayormente afectadas por la violencia son las niñas y mujeres adolescentes.

Para tales fines, comprender la evolución de la cantidad de víctimas de la violencia que son menores de edad, se hace referencia al tablero del ODGS que contiene datos de la Policía Nacional Civil de los años 2016 al 2021, considerando diferentes variables: edad, sexo, área geográfica, departamento, fecha, tipo de delito, entre otros, desarrollando un acercamiento a algunas de las variables que este análisis considera de mayor relevancia, como un esfuerzo orientador de lo que refleja el tablero sobre la problemática de la violencia hacia la niñez y adolescencia según sean los hallazgos que se pretendan encontrar.

De manera muy general, se realiza un pequeño esbozo de contexto con datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística -INE- y proyecciones, siempre relacionadas con los sectores de población de niñez y adolescencia. Se presenta con datos a nivel general, desde la perspectiva país, sin embargo, esta fuente del INE contiene datos a otros niveles territoriales, que permiten hacer análisis específicos de acuerdo con los intereses particulares o institucionales.

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[1] Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Decreto Legislativo Número 27-2003. Artículo 2. Definición de niñez y adolescencia. Para los efectos de esta Ley se considera niño o niña a toda persona desde su concepción hasta que cumple trece años, y adolescente a toda aquella desde los trece hasta que cumple dieciocho años.

Contexto

Según las proyecciones de población para 2021 del Instituto Nacional de Estadística -INE-, 40% de la población infantil tiene entre cero y seis años (primera infancia); 38.94%, entre siete y doce años (niñez), y 26.8%, entre trece a diecisiete años (adolescencia).

Guatemala es un país joven, para el 2022 se estimaba que aproximadamente el 37% de sus habitantes tendrían entre 0 a 17 años, es decir que estaría conformado en un importante porcentaje por población perteneciente a la niñez y adolescencia.

En total, este grupo poblacional lo conforman 3,358,362 hombres, niños y adolescentes, lo cual equivale a un 39.3% del total de hombres y al 19.3% del total de la población general. En total, este grupo poblacional lo conforman 3,226,710 niñas y adolescentes mujeres, lo cual equivale a 36.6% del total de mujeres y al 18.6% del total de la población.

Guatemala cuenta con importantes estadísticas de pobreza generalizada, desnutrición infantil y violencia, circunstancias derivadas de una larga historia de conflicto armado interno y otras expresiones de violencia como el narcotráfico y el crimen organizado. Inciden también factores como la inversión gubernamental inadecuada en los servicios públicos tales como educación y salud, lo que conlleva a que las niñas, los niños y adolescentes no tengan acceso de calidad a estos servicios y otros que forman parte medular de la reproducción social de estos grupos de población.

El tema del empleo, a partir de las complicaciones de la economía familiar, presiona a muchas niñas, niños y adolescentes a involucrarse en actividades laborales, regularmente informales, incluso se involucran en trabajos de alto riesgo como las coheterías, para contribuir a la sobrevivencia, lo que provoca en muchos de los casos la deserción escolar. La niñez y la adolescencia también se ven bastante afectados por las dinámicas migratorias y también corren el riesgo de reclutamiento por parte de estructuras criminales.

La violencia intrafamiliar, que incluso se incrementó en los tiempos de pandemia, tiene efectos físicos y psicosociales muy importantes en la niñez y adolescencia guatemalteca, donde las niñas y las mujeres adolescentes enfrentan las peores consecuencias debido a que hay muchos casos de violaciones y embarazos, muchos de los actos de violencia contra este grupo de población terminan con la muerte.[2]

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[2] Una fuente importante para consultar para obtener datos confiables en este tema es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses -INACIF-.

Entre los principales cinco delitos cometidos en contra de menores de edad (niñez y adolescencia) están: delitos contra la libertad (4,255), desaparecidos (3,101), otras causas (1,676), lesiones (1,297), homicidios (715). De acuerdo con los datos, en el tema de homicidios por arma blanca y homicidios por arma de fuego, son los hombres los más afectados, principalmente en el caso de los homicidios por arma de fuego.

Tipo	Hombre	Mujer	Total general
Homicidio por arma blanca	34	17	51
Homicidio por arma de fuego	393	88	481
Total general	427	105	532

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Análisis elaborado por: Claudia Cap / Analista de datos ODGS

Presentación

La violencia sexual es una realidad desgarradora en Guatemala, que afecta a personas de todas las edades, géneros y estratos sociales. Esta se ha arraigado profundamente en su tejido social, dejando cicatrices invisibles pero profundas en sus víctimas y en la sociedad en su conjunto.

En el contexto guatemalteco, la violencia sexual abarca una amplia gama de actos atroces, que van desde el acoso sexual y el abuso en el hogar hasta la violación y la esclavitud sexual. Las causas de esta epidemia son complejas y multifacéticas, con raíces profundas en la desigualdad de género, la pobreza, la falta de acceso a la justicia y la impunidad generalizada.

La situación se ve agravada por la presencia de pandillas, el crimen organizado y la corrupción sistémica, que perpetúan un entorno de miedo y silencio, donde las víctimas rara vez encuentran el valor o el apoyo necesario para buscar ayuda y justicia.

Este documento se centra en una primera entrega en comprender las complejidades de este fenómeno, y abogar por un cambio sistémico, así como la sensibilización y la colaboración con organizaciones locales e internacionales, buscamos no solo abordar las consecuencias inmediatas de la violencia sexual, sino también erradicar sus causas subyacentes.

En este análisis introductorio, exploraremos el impacto devastador de la violencia sexual en Guatemala, analizaremos los factores que la perpetúan y examinaremos las medidas necesarias para construir un futuro donde todas las personas puedan vivir libres del miedo y la opresión.

Así como informar de manera clara sobre la situación de la violencia sexual en Guatemala, mostrando el incremento de la tasa a partir del año 2017 hasta el año 2022, tomando de datos proporcionados por la Secretaría contra la violencia sexual explotación y trata de personas SVET quien recopila datos del Ministerio Público MP.

La información que se proporciona en este informe se encuentra disponible en nuestro sitio web dentro del apartado del observatorio del ODGS .  

La violencia sexual en Guatemala.

La violencia sexual es un problema, que influye en la calidad de vida de la población guatemalteca. Es un fenómeno social que afecta a mujeres, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y hombres por igual; sin importar la clase social, etnia, religión y en el espacio que se encuentren, ya sea lugares públicos o privados y en cualquier etapa de la vida.

¿Qué es violencia sexual? Se define como toda conducta que incluya amenaza o intimidación que afecte la integridad física, moral y sexual de la víctima, es todo acto en el que, a través la fuerza física, por ejemplo, la seducción, la persuasión, intimidación, coerción, presión o amenaza, se obliga a una persona a tener sexo contra su voluntad o participar en actividades sexuales en contra de su voluntad.

La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) ha
aprobado un Plan Estratégico Institucional, tomando en consideración los compromisos nacionales e internacionales, especialmente los encaminados a prevenir la violencia sexual y la protección social de la población en riesgo.

¿Qué es la SVET? Es el ente rector, articulador y asesor responsable de velar por el cumplimiento de la Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, es el responsable de la prevención, atención, persecución y sanción de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas, implementado medidas que garantizan los derechos de protección a la población prioritaria.

La Ley contra el Femicidio, concretamente contempla los tipos penales de Femicidio, Violencia Contra la Mujer (física, sexual y psicológica) y Violencia Económica; establece los parámetros de interpretación y acepciones (Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer)
Decreto Número 22-2008

Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas; Esta Ley tiene por objeto prevenir, reprimir, sancionar y erradicar la violencia sexual, la explotación y la trata de personas, la atención y protección de sus víctimas y resarcir los daños y perjuicios ocasionados. Decreto Número 9-2009

La denuncia, acto que informa respecto de la presunta comisión de un hecho delictivo, tiene como esencial efecto, el de movilizar al órgano competente (MP) para que inicie las investigaciones preliminares para constatar, en primer lugar, la realización de un hecho ilícito, y, en segundo lugar, su presunto autor.

Cualquier persona tiene el derecho de presentar una denuncia, sin embargo, cuando se trata de denuncias de oficio, le corresponde al representante del Ministerio Público, en su calidad de defensor de la sociedad, asumir la responsabilidad de la investigación de los hechos que son materia de una denuncia.

Incidencia de la violencia sexual:

Durante los años 2017 al 2022 ante el Ministerio Público se presentaron un total de 44,261 denuncias por el delito de violencia sexual contemplados en la ley de violencia sexual, explotación y trata de personas, y se reporta un aproximado de 24 denuncias diarias presentadas ante el Ministerio Público MP, siendo las niñas y los niños, adolescentes y hombres mayores quienes sufren más actos de violencia sexual en Guatemala.

El acceso de los datos sobre la violencia contra las mujeres y niñas ha mejorado considerablemente en los últimos años

Fuente: Elaboración propia con datos de SVET del año 2017 a 2022

Denuncias por año

Fuente: Elaboración propia con datos de SVET del año 2017 a 2021

Dentro de los delitos contemplados dentro de esta ley, los y las adolescentes entre los 10 y 20 años son las principales víctimas con un total 6,504 denuncias en hombres jóvenes y 173 en mujeres jóvenes, siguiendo los hombres adultos de entre 20 y 30 años con un total de 5, 864 denuncias registradas durante los años 2017 al 2022.
El dato ignorado en el registro de las edades representa un dato significativo en todos los delitos de violencia sexual

Cantidad de denuncias por rango de edad y sexo

Fuente: Elaboración propia con datos de SVET del año 2017 a 2021

Según datos de la SVET alrededor del 80% de los casos por delitos contemplados en la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, se encuentran en proceso de investigación por parte del Ministerio Público, de estos 6 de cada 10 casos fueron por Violación y Violación agravada en todas sus formas.

Las principales víctimas de los delitos de actividades sexuales fueron adolescentes entre los 10 y 20 años y hombres adultos entre los 20 y 30 años entre los delitos más denunciados durante los años 2017 al 2021 relacionados con violencia sexual tenemos: Agresión sexual, agresión sexual con agravación a la pena, violación, violación a la intimidad sexual, violación agravada, violación con circunstancias especiales de agravación. El delito de violación el más denunciado durante estos años, el año 2017 hubo mayor incremento con un 62.71% los demás años hasta el 2021 han mantenido una tendencia entre el 50 y 60%.

 
Cantidad de denuncias por año y tipo de delito

Fuente: Elaboración propia con datos de SVET del año 2017 a 2021

De las denuncias presentadas, el año 2019 alcanzo un total de 11,176 denuncias presentadas por cada 12 mil mujeres. En ese año se reportó un aproximado de 6 denuncias diarias presentadas ante el Ministerio público por los delitos de violencia sexual a personas de todas las edades.

Denuncias por año

Fuente: Elaboración propia con datos de SVET del año 2017 a 2021

Del total de los datos contemplados que se encuentran procesados, en ambos sexos a menor grado de escolaridad de las víctimas mayor es la proporción de víctimas por los delitos contemplados en la ley contra la violencia sexual. Es más, del 75% de los casos no se registró la variable o se desconoce el nivel educativo.

Del total de denuncias de personas por pueblo de pertenencia, se registran que un total de 7,693 por cada 8 mil denuncias que representa el 95% aproximado de denuncias sin datos o no registran el pueblo de pertenencia, siguiendo ladinos/ mestizos con un total de 735 denuncias.

Denuncias por año según pueblo de pertenencia

Fuente: Elaboración propia con datos de SVET del año 2017 a 2021

Reflexiones finales:

Es importante destacar que los niños varones y los hombres también pueden ser víctimas de violencia sexual. La violación y otras formas de coacción sexual contra hombres y niños varones tienen lugar en diversos espacios que pueden ser sus hogares, lugares de trabajo, escuelas, calles, hasta en las prisiones.

Es lamentable que la violencia sexual contra los hombres sea un tema descuidado y muy sensible. La victimización sexual, especialmente durante la niñez, está asociada con perpetración en etapas posteriores de la vida, de manera que es importante abordar este tema, tanto por sí misma como para prevenir la comisión de delitos relacionados con la violencia sexual.

Es importante recalcar la importancia de recolectar la totalidad de las variables al momento de ingresar las denuncias ya que permite realizar análisis completos y efectivos, otro factor que podría incidir en esta diferencia entre los datos de las instituciones que atienden los casos de violencia sexual es el silencio de las víctimas. Es probable que una significativa proporción de personas víctimas no acuda a la justicia penal en busca de ayuda o no proporciona sus datos completos, por miedo, desconocimiento o por vergüenza.

Creemos que se debe contar con mecanismos de apertura de datos que permitan analizar este tipo de fenómeno social con mayor profundidad, de esta cuenta se pueda elaborar un perfil de las victimas como de los victimarios de forma ampla, así como de los entornos donde la violencia de este tipo de origina.

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