La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, ha destituido al fiscal Erick de León, quien lideró investigaciones clave sobre violaciones a los derechos humanos, incluido el emblemático caso de genocidio Ixil. La decisión ha suscitado preocupación entre defensores de derechos humanos y organizaciones que ven esta acción como un intento de debilitar la justicia en un contexto ya crítico para el país.
Erick de León había estado a cargo de investigaciones que buscaban rendir cuentas a quienes perpetraron violaciones graves durante el conflicto armado interno, lo que lo convirtió en un actor importante en la lucha por la justicia. Su remoción ha sido condenada por diversas voces, quienes argumentan que este tipo de acciones socavan el avance hacia la justicia y la reparación para las víctimas y sus familias.
La destitución se suma a una serie de cambios y despidos dentro del Ministerio Público que han sido percibidos como un ataque sistemático contra el personal que ha trabajado en casos sensibles, incluyendo aquellos relacionados con derechos humanos. Activistas han manifestado su temor de que esta tendencia continúe, afectando la independencia del Ministerio Público y debilitando la capacidad del Estado para garantizar justicia.
