Guatemala es cuna de una rica diversidad cultural y lingüística; según datos del INE[1]se calcula que el 44 %[2] de su población se reconoce como indígena en otras palabras 1 de cada 2 personas en nuestro país es indígena. Este bono demográfico está distribuido en los 340 municipios con un total de 22 idiomas mayas, además del Xinca y Garífuna. Pero a pesar de este enorme capital cultural, los pueblos originarios enfrentan serias barreras para ejercer plenamente su derecho a justicia. Haciendo fundamental el explorar cómo las limitaciones lingüísticas – las cuales se abordarán en este documento más adelante – además del racismo y discriminación[3] estructural dentro del sistema de justicia penal de Guatemala, hacen que la exclusión institucional de las comunidades indígenas tenga un mayor impacto. Pero sin embargo existen propuestas para avanzar hacia un enfoque de justicia intercultural y de derechos colectivos que reconozca las especificidades culturales y lingüísticas de estos pueblos.

El estado de Guatemala ratificó el Convenio 169 el 5 de junio de 1996, y el 4 de marzo de 2010 la Corte de Constitucionalidad[4] determinó que sus disposiciones —incluidos los derechos colectivos y la consulta previa— tienen jerarquía constitucional en el país.

Ahora bien para darnos cuenta del impacto a nivel nacional sobre el componente lingüístico, en el censo del año 2018[5] se registraron 6,207,503 millones de personas como hablantes de idiomas mayas, resaltando el departamento de Alta Verapaz, con un total de 1,129,369 habitantes (18.19%), seguido de Quiché con un total de 846,500 habitantes (13.64%) y Huehuetenango con 760,871 (12.26%).

Tabla No. 1- Total de población pueblo Maya por departamento

Fuente: INE – Censo 2018 – elaboración propia

Grafica No. 1 – Mapa de población

Fuente: INE – Censo 2018 – elaboración propia

Ahora bien, dentro de la diversidad de barreras lingüísticas a lo interno del sistema judicial, han existido iniciativas o propuestas desde la institucionalidad publica para cerrar estas brechas, dentro de ellas podemos mencionar que en el año 2019 fue aprobada la Política de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas (POJAJPI), por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde indica que su fin primordial es la “Atención con Pertinencia Cultural”. Derivado de esta política, el Organismo Judicial creó el Sistema Nacional de Intérpretes, constituida por una red de intérpretes que facilitan la comunicación entre personas que hablan diferentes idiomas, especialmente en contextos judiciales y administrativos, garantizando el acceso a la justicia y otros servicios públicos para personas hablantes de idiomas mayas, garífuna, xinca, o con discapacidad auditiva. 

La POJAJPI- 2019-2029 describe los principios rectores de la política, tales como: el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, identidad cultural, igualdad y no discriminación, pluralismo jurídico, derecho propio, pertinencia cultural y lingüística. Se organiza en cinco Ejes de trabajo:

• Reconocimiento
• Acceso
• Atención con pertinencia cultural
• Seguimiento y monitoreo
• Rendición de cuentas y participación.

Otra unidad creada por el OJ fue la constitución de la Secretaría de Pueblos Indígenas Organismo Judicial, que apoya técnicamente la ejecución de la Política del OJ sobre Pueblos Indígenas, esto según con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia para estos pueblos. Esta política busca asegurar que los pueblos indígenas tengan acceso a un sistema de justicia respetuoso de sus derechos y de su cultura. 

Sin embargo, aún existen brechas: en departamentos como Quiché y Totonicapán, las variantes en los idiomas locales impiden que un solo intérprete satisfaga todas las necesidades lingüísticas de las comunidades; en Alta Verapaz e Izabal, la oferta de intérpretes es insuficiente, de modo que muchos juicios se realizan con la traducción literal “aproximada” o directamente en español, lo que limita la comprensión real del proceso por parte de los acusados o testigos indígenas.

Aunado a esto, la infraestructura judicial es escasa en áreas rurales. Muchas comunidades deben viajar largas distancias para llegar al juzgado más cercano, lo que implica gastos de transporte y jornadas enteras fuera de sus hogares. Cuando no hay intérprete disponible, los vecinos se ven obligados a llevar a un familiar que hable español o renunciar a su derecho a testificar en su lengua materna, dejándolos en una posición de vulnerabilidad frente a la autoridad.

Dentro de la diversidad de manifestaciones de racismo judicial se puede hablar como elemento de análisis las acusaciones y el contexto en el que se dan estas, por tomar un caso emblemático que recién sucedió, es el del mes de abril de 2025, fueron arrestados Luis Pacheco y Héctor Chaclán, del colectivo indígena Los 48 Cantones. Fueron acusados por el Ministerio Público de delitos como terrorismo, asociación ilícita, obstrucción a la justicia, sedición y asociación ilícita, supuestamente por su participación en protestas y bloqueos durante las manifestaciones de 2023.

La motivación de las acusaciones y defensa, como lo han indicado organizaciones nacionales e internacionales relacionadas a la defensa de derechos humanos y defensa de activistas, diversas autoridades y asambleas indígenas denunciaron que esta persecución representa una criminalización de la protesta indígena, atentando contra su autonomía.

En este caso y otros se puede identificar un claro patrón de discriminación y práctica judicial, este caso fue el uso político del sistema judicial, que favorece a actores con poder económico o político a costa de líderes indígenas. Se trata de una práctica denunciada por estudios internacionales que advierten sobre el uso indebido de leyes antiterroristas para reprimir protestas pacíficas

Es en este elemento de exclusión institucional y falta de reconocimiento de derechos colectivos que el sistema judicial tradicional reconoce un único marco normativo, pero ignora los sistemas de justicia comunitaria que conviven en las comunidades del interior del país. En departamentos como Quiché y Totonicapán, algunas autoridades municipales indígenas han incorporado prácticas de mediación basadas en normas consuetudinarias para resolver conflictos internos, reconocidos por la Constitución art. 66 y 203 y el Convenio 169 de la OIT reconocen el derecho de los pueblos indígenas a aplicar justicia ancestral, siempre que no contravenga estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.  Sin embargo, si el caso trasciende a delitos tipificados como “graves” (homicidio, violación, violencia intrafamiliar) no pueden ser juzgados por autoridades comunitarias y se reservan exclusivamente al sistema judicial estatal, sin coordinación efectiva con los mecanismos ancestrales.

Esto ha generado algunas tensiones en las comunidades indígenas que sostienen que sus normas ancestrales priorizan sanciones reparadoras (restitución de tierras, ceremonias, reparación del daño) y fomentan la reintegración comunitaria, en lugar del sistema punitivo del Estado.

Este modelo de justicia, efectivo en conflictos menores, no se articula adecuadamente con el Estado cuando ocurren delitos graves, lo que provoca tensiones, sensación de desconexión y deslegitimación comunitaria, ya que se da por sentado que solo la penalización estatal responde a su proceder.

Lo anterior solo ha generado desconfianza en el sistema estatal ha fortalecido los mecanismos de justicia comunitaria, pero al mismo tiempo profundiza la exclusión, pues quienes recurren a sus propios sistemas carecen de reconocimiento legal pleno y quedan al margen de procesos penales formales. La falta de articulación provoca que delitos graves —como despojo de tierras, violencia de género y extracción ilegal de recursos— queden impunes o se resuelvan de maneras que no satisfacen los estándares internacionales de derechos humanos.

Se podrían detallar muchas propuestas de enfoque de derechos colectivos e iniciativas de justicia intercultural que permitan fortalecer e institucionalizar el Sistema Nacional de Intérpretes y traductores, se debe iniciar por el reconocimiento legal de la jurisdicción comunitaria. así como la creación de juzgados móviles interculturales que permitan el acceso pronto y justo a las comunidades alejadas del país. E implementar una fuerte campaña de sensibilización y capacitación a jueces y fiscales, por medio de programas continuos de formación en derechos indígenas, diversidad cultural y estándares internacionales.

El promover la participación ciudadana y veedurías o auditoria social comunitaria a organizaciones de la sociedad civil, juntas de acción comunal y asociaciones de abogados mayas pueden integrar comités de vigilancia que acompañen audiencias y den fe pública de la correcta traducción y trato digno.

Pero no bastan propuestas de fortalecimiento, que tienen el objetivo de garantizar una justicia equitativa, capaz de reconocer el idioma, cultura y cosmovisión de las comunidades indígenas. La mirada colectiva, al considerar la reparación del tejido social y no solo la sanción individual, puede transformar gradualmente un sistema marcado por la exclusión. Sino que deben de tener un fuerte componente de voluntad política para su realización.

[1] Instituto Nacional de Estadistica

[2] https://censo2018.ine.gob.gt/graficas

[3] El racismo se basa en la creencia de la superioridad de un grupo étnico sobre otro, lo que a menudo conduce a la discriminación, la exclusión y la persecución. La discriminación, implica la desigualdad de trato o el trato desfavorable hacia una persona o grupo debido a características específicas como la raza, el origen étnico, la religión, el sexo, la orientación sexual, la discapacidad, entre otros. 

[4] Sentencia 2009-1551: reconoció la jerarquía constitucional del Convenio 169, estableciendo que sus disposiciones tienen rango constitucional y deben ser aplicadas en Guatemala.
Esta sentencia enfatizó la protección de los derechos de los pueblos indígenas y el respeto a su identidad cultural, tierras, y participación en asuntos que les afectan.

[5] https://censo2018.ine.gob.gt/graficas

Como hemos reflexionado en artículos anteriores donde hemos abordado estos temas, podemos recordar que la estructura política y judicial de Guatemala se ha desarrollado en un contexto de profundos contrastes étnicos y sociales. En donde los pueblos indígenas, a pesar de su vasta contribución cultural y numérica al país, han enfrentado históricamente una exclusión permanente de espacios de poder y toma de decisiones. Este aislamiento no solo se manifiesta en un ámbito político, sino que se extiende al sistema de justicia penal de Guatemala, donde la falta de representación de este bono poblacional es evidente en los altos cargos.

Esta falta de representación es consecuencia de múltiples factores: desde barreras educativas, discriminatorias, tecnológicas y económicas, hasta una cultura institucional que históricamente ha privilegiado a ciertos sectores de la sociedad. La ausencia de una amplia diversidad de sectores en las magistraturas perpetúa un sistema judicial que puede resultar ajeno a la realidad y a las necesidades de una parte significativa de la población guatemalteca.

De tal cuenta que, la elección de magistrados en Guatemala es un proceso que históricamente ha estado marcado por desigualdades y sesgos estructurales. Uno de los temas más relevantes y preocupantes es la notable ausencia de representación indígena y de mujeres principalmente, en los altos cargos del Organismo Judicial, un reflejo de discriminación estructural que requiere análisis profundo y propuestas de transformación, como podría ser la implementación de cuotas de grupos o sectores sociales. 

Guatemala es un país pluricultural, plurilingüe y multiétnico, donde más del 40% de acuerdo al censo 2018 de la población se identifica como indígena, perteneciente a los pueblos Maya, Garífuna, Xinka y otros. Sin embargo, esta diversidad no se refleja en los altos cargos del Organismo Judicial. La ausencia de magistrados indígenas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Corte de Apelaciones o en la misma dirección del Ministerio Público evidencia una problemática profunda y solo demuestra la discriminación estructural que persiste en las instituciones del Estado.

Aquí resalta un cuestionamiento fundamental: ¿Por qué, en un país con mayoría indígena, estos siguen excluidos de los espacios donde se decide el rumbo de la justicia? Este artículo busca de forma sencilla analizar las causas históricas, los mecanismos de exclusión actuales, que han marcado e incrementado esa brecha para solucionar de forma objetiva e incluyente el construir un sistema judicial verdaderamente inclusivo.

Antes de continuar debemos entender a qué se refiere el concepto de Discriminación Estructural en el Sistema Judicial, que no es otro aspecto más que el conjunto de normas, prácticas y comportamientos que, de manera implícita o explícita, favorecen a determinados grupos en detrimento de otros. En el caso de Guatemala, el sesgo étnico se ve reflejado en los criterios de selección y promoción dentro del Organismo Judicial, donde a menudo se privilegia a individuos provenientes de contextos urbanos y de mayor poder adquisitivo.

La exclusión de los pueblos indígenas en el sistema judicial tiene sus raíces en la colonización, que impuso estructuras de poder excluyentes y una cultura racista. Tras la independencia, los Estados latinoamericanos, incluido Guatemala, construyeron instituciones que marginaron a los pueblos originarios, considerándolos «inferiores» o «incapaces» de ejercer roles de liderazgo.

Además, persisten estereotipos que asocian lo «indígena» con falta de capacidad técnica, ignorando que muchas comunidades cuentan con sistemas normativos propios basados en el derecho consuetudinario[1], que podrían enriquecer al sistema de justicia penal de Guatemala.

Algunas barreras Institucionales y Sociales que impiden estas cuotas de participación son:

• Falta de acceso a oportunidades educativas.
• Redes de influencia y capital social.
• Cultura institucional y prejuicios implícitos.

En Guatemala, la Ley de Comisiones de Postulación (reformada en 2016) podría modificarse para incluir cuotas étnicas y de género. Además, se requiere:

• Educación jurídica intercultural: Formar a operadores de justicia en derechos indígenas y plurinacionalidad.
• Traductores y protocolos culturales: Garantizar que los procesos judiciales respeten idiomas y prácticas comunitarias.
• Transparencia en las elecciones: Evitar que las comisiones de postulación prioricen criterios clientelares.

Dentro de los múltiples desafíos y críticas del ¿Por qué existe resistencia al cambio a las cuotas de representación?  Es porque estas enfrentan una resistencia sistémica de parte de diversos sectores hegemónicos y tradicionales de poder económico y político. Contrario a los diversos actores que tildan de «injustas» o «contrarias a la meritocracia».

Este argumento utilizado por sectores marginados es relegado por la mala utilización o aplicación del concepto de «mérito» está sesgado por estructuras racistas porque ¿cómo competir en igualdad de condiciones si históricamente se ha negado el acceso a oportunidades?

Otro temor existente por los sectores dominantes es que, una justicia más diversa de jueces y magistrados cuestione de forma objetiva los privilegios de grupos tradicionales. Por ejemplo, magistrados que sea originarios de pueblos indígenas podrían impulsar agendas contra el racismo institucional, la defensa de territorios ante megaproyectos o la persecución de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado.

De tal cuenta la ausencia de pueblos indígenas en los altos cargos judiciales no obedece a un problema técnico, sino principalmente a un tema de índole político e ideológico de las elites dominantes. Lo que lleva a que en Guatemala no podrá llamarse una democracia real mientras sus instituciones excluyan a los pueblos que las sostienen. Las cuotas étnicas son un paso necesario, pero deben ir acompañadas de una transformación cultural integral que valore, incentive y motive los conocimientos indígenas y desmonte el racismo arraigado.

De tal cuenta esta ausencia de representación indígena en altos cargos del sistema de justicia penal de Guatemala no es solo una cuestión de números, sino un síntoma de una problemática estructural que afecta a todo el sistema. Lo que hace urgente el abordar esta situación que implica reconocer y enfrentar décadas de discriminación estructural y trabajar de manera conjunta para transformar las prácticas institucionales.

Las propuestas de cuotas, al margen de las controversias que puedan suscitar, ofrecen una vía para comenzar a reparar estas desigualdades y promover un sistema judicial más inclusivo y representativo. Sin embargo, es crucial que estas medidas se implementen dentro de un marco de políticas integrales que aborden también las barreras educativas, sociales y culturales que han impedido históricamente la participación plena de las comunidades indígenas en el ámbito judicial.

[1] es un conjunto de costumbres, prácticas y creencias que los pueblos indígenas y las comunidades locales aceptan como normas de conducta obligatorias y que forma parte intrínseca de sus sistemas sociales y económicos y su forma de vida.

El sistema de justicia penal en Guatemala está compuesto por diversas instituciones que trabajan conjuntamente para garantizar la aplicación de la ley y la protección de los derechos de los ciudadanos.

El sistema desempeña un papel crucial en la protección de los derechos humanos, el mantenimiento del estado de derecho y la lucha contra la impunidad. Sin embargo, enfrenta importantes desafíos, desde la mora judicial de casos, hasta la debilidad institucional y la corrupción. Este artículo resume los principales aspectos de este sistema, destacando áreas que requieren atención inmediata.

Enfrenta retos estructurales históricos que han limitado su capacidad para garantizar justicia de manera eficiente y equitativa.

1. Mora judicial de casos[1]: Según datos en 2023 se reportaron más de 1.5 millones de casos pendientes de resolución. Esta acumulación refleja la necesidad de reformas procesales y un mayor acceso a tecnologías que agilicen los procedimientos.
2. Corrupción y debilitamiento institucional: La corrupción sigue siendo un obstáculo significativo, afectando la confianza ciudadana en las instituciones.
3. Acceso desigual a la justicia: Las comunidades indígenas y rurales enfrentan barreras lingüísticas, culturales y económicas para acceder al sistema judicial.

Retos pendientes

Para avanzar hacia un sistema de justicia penal más eficiente y accesible, es fundamental abordar las siguientes áreas:

1. Reformas legislativas: Es crucial promover leyes que simplifiquen los procesos judiciales y fortalezcan la independencia del sistema judicial.
2. Fortalecimiento del Ministerio Público: Dotar a esta institución de recursos humanos y tecnológicos suficientes es clave para enfrentar la impunidad de forma independiente e imparcial.
3. Inclusión social: Es necesario garantizar servicios de traducción y sensibilización cultural para poblaciones indígenas y otros grupos vulnerables.

El proceso penal guatemalteco tiene como objetivo

Averiguar los hechos delictivos, determinar la participación del imputado, establecer la responsabilidad del imputado, fijar la pena que le corresponde al imputado, ejecutar la pena.

El proceso penal guatemalteco se compone de varias etapas, entre ellas: 

• La etapa preparatoria,
• La etapa intermedia,
• La etapa del juicio penal,
• La etapa de impugnaciones,
• La etapa de ejecución

Las principales entidades que lo integran son:

• Organismo Judicial: Encargado de impartir justicia de forma independiente, con potestad para juzgar y ejecutar lo juzgado.
• Corte Suprema de Justicia (CSJ): Máximo tribunal del Organismo Judicial, responsable de supervisar y dirigir la función judicial, asegurando la correcta aplicación de las leyes. También ejerce funciones administrativas y disciplinarias sobre los jueces y tribunales inferiores.
• Corte de Constitucionalidad: Máximo tribunal en materia constitucional vela por la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales.
• Ministerio Público: Dirige la investigación penal y ejerce la acción penal pública, representando los intereses de la sociedad en la persecución de delitos.
• Instituto de la Defensa Pública Penal: Proporciona asistencia legal gratuita en asuntos penales a personas de escasos recursos, garantizando el derecho a la defensa.
• Ministerio de Gobernación: Responsable de la seguridad ciudadana, administra el Sistema Penitenciario y supervisa a la Policía Nacional Civil.
• Procuraduría General de la Nación: Representa y asesora jurídicamente al Estado en asuntos legales.
• Procuraduría de los Derechos Humanos: Promueve y vela por el respeto y defensa de los derechos humanos en el país.
• Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF): Proporciona análisis científicos y técnicos que apoyan las investigaciones criminales y los procesos judiciales.
• Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG): Agrupa a los profesionales del derecho, contribuyendo al desarrollo y supervisión de la práctica legal en el país.

Estas instituciones, junto con otras entidades como el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y las facultades de derecho de las universidades del país, conforman el sistema de justicia penal guatemalteco, trabajando de manera coordinada para asegurar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos fundamentales de la población.

A parte de las instituciones anteriormente mencionadas existen otras que apoyan al Sistema de Justicia tales como:

1. Contraloría General de Cuentas
2. Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito
3. Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET)
4. Defensoría de la Mujer Indígena
5. Colegio de Abogados y Notarios
6. Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (CODISRA)
7. Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID)
8. Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
9. Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (SENABED)
10. Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia (SEICMSJ)

Algunos datos [2]

Organismo Judicial OJ

CASOS

• 1. Casos ingresados: 56,175
• 2. Casos egresados: 49,175
• 3. Tasa de casos egresados: 87.54 %
• 4. Tasa de sentencias: 27.54 %

PERSONAS SENTENCIADAS

• 5. Personas sentenciadas: 13,394
• 6. Tasa de sentencias condenatorias: 87.38 % (11,704) recibieron sentencias condenatorias.
• 7. Tasa de sentencias a prisión: 85.16 %

PRESUPUESTO

• 8. Presupuesto aprobado: Q 3,620.00 millones
• 9. Presupuesto vigente: Q 4,619.40 millones (2024)
• 10. Presupuesto aprobado en proporción al nacional: 3.12 %
• 11. Ejecución Presupuestaria: 75.77 % (2024)

Ministerio Público – MP

CASOS

• 1. Casos ingresados: 570,955
• 2. Tasa de casos ingresados en PNC: 31.60 %
• 3. Tasa de gestión* de casos: 76.19 %

* Un caso gestionado es el que ha sido ingresado a una fiscalía. Los casos no gestionados son depurados al considerarse que no constituyen delito.

SALIDAS

• 4. Casos a los que se les dio salida: 506,801
• 5. Tasa de atención de casos: 116.50 %
• 6. Tasa de casos archivados*: 25.18 %
• 7. Tasa de acusaciones: 3.63 %

* Un caso puede ser archivado cuando no se puede individualizar al imputado o se declara su rebeldía.

SENTENCIAS

• 8. Personas sentenciadas: 13,394
• 9. Tasa de sentencias condenatorias: 87.38 %
• 10. Tasa de sentencias a prisión: 85.16 %

PRESUPUESTO

• 11. Presupuesto aprobado: Q4,316.2 millones
• 12. Presupuesto vigente: Q4,267.9 millones (2024)
• 13. Presupuesto aprobado en proporción al nacional: 3.72 %
• 14. Ejecución Presupuestaria: 75.34 % (2024)

INVESTIGACIONES ESPECIALIZADAS

DEIC

• 15. Investigaciones requeridas a DEIC: 114,852
• 16. Investigaciones realizadas por DEIC: 80,467
• 17. Investigaciones pendientes de diligenciar por DEIC: 34,385

DICRI

• 18. Investigaciones requeridas a DICRI: 4,815
• 19. Investigaciones realizadas por DICRI: 1,967
• 20. Investigaciones pendientes de diligenciar por DICRI: 2,848

DEIC+DICRI

• 21. Tasa de investigaciones pendientes: 31.11 %

* DEIC son las siglas de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil.
** DICRI son las siglas de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público.

Instituto de la Defensa Publica Penal – IDPP (2023)

DEFENSAS REQUERIDAS

• 1. Defensas públicas requeridas: 52,357
• 2. Defensas públicas realizadas: 98,546
• 3. Relación de defensas públicas realizadas vs requeridas: 188.22 %

RESOLUCIONES JUDICIALES

• 4. Defensas con resoluciones judiciales definitivas: 54,817
• 5. Defensas con resoluciones judiciales pendientes: 25,516
• 6. Defensas con resoluciones pendientes con relación a las requeridas: 48.73 %

PRESUPUESTO (2024)

• 7. Presupuesto aprobado: Q 387.20 millones
• 8. Presupuesto vigente: Q 378.60 millones (2024)
• 9. Presupuesto aprobado en proporción al nacional: 0.33 %
• 10. Ejecución presupuestaria: 81.79 % (2024)

Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala – INACIF

SOLICITUDES (2023)

• 1. Solicitudes atendidas: 234,455
• 2. Solicitudes pendientes de evacuar: 8,992
• 3. Solicitudes activas: 243,447

NECROPCIAS (2024)

• 4. Necropsias según sexo: 83.52 % hombres
• 5. Necropsias según rango de edad: 49.49% entre 20 y 39 años
• 6. Necropsias según ubicación geográfica: 35.73 % de los cadáveres fueron levantados en el departamento de Guatemala

PRESPUESTO

• 7. Presupuesto aprobado: Q 380.27 millones
• 8. Presupuesto vigente: Q 391.27 millones (2024)
• 9. Presupuesto aprobado en proporción al nacional: 0.33 %
• 10. Ejecución presupuestaria: 85.11 % (2024)

[1] Es el retraso en los procesos judiciales. En Guatemala, la mora judicial puede deberse a la falta de jueces, la escasez de recursos, la deficiente organización y la falta de preparación de los jueces.

[2] https://justiciacriminal.gt/indicadores