La cooptación institucional dentro del sistema de justicia guatemalteco se manifiesta principalmente mediante la manipulación de los mecanismos de selección de las altas cortes. Este fenómeno permite que actores políticos y grupos de poder influyan en las decisiones judiciales, garantizando la impunidad y debilitando el estado de derecho.

En este punto se podría hablar de una “manipulación” de los procesos de selección y postulación como el eje central de la cooptación que ha logrado encontrar un dónde anidar como lo son las Comisiones de Postulación, órganos encargados de elaborar las listas de aspirantes para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones[1]. Aunque fueron concebidas como mecanismos técnicos para garantizar independencia y mérito, en la práctica funcionan los han convertido en espacios de negociación política.

En estos procesos se ha documentado y es de conocimiento público el fenómeno del tráfico de influencias y el uso de estos órganos como “cascarones formales”, particularmente en los casos conocidos como Comisiones Paralelas (1 y 2). A través de ellas, grupos de poder logran introducir candidatos afines y excluir a profesionales independientes. La existencia de estas redes políticas y empresariales son aquellas que cuentan con un peso en las votaciones dentro del Congreso lo que hace que consoliden este control.

La selección de magistrados suele responder a equilibrios políticos antes que a méritos profesionales. Los nombramientos resultan, más que un proceso técnico, en una repartición del poder judicial como botín político. Este fenómeno fue advertido ya desde la Constitución de 1985, que dejó abierta la posibilidad de acuerdos corporativos entre los integrantes de las comisiones.

Este proceso no es ajeno a contar con debilidades estructurales, las comisiones presentan un diseño institucional defectuoso que facilita esa influencia negativa externa. Su composición; mayoritariamente decanos de facultades de Derecho y representantes del Colegio de Abogados, ha fomentado dinámicas corporativas y clientelares. A ello se suma la proliferación de universidades privadas, que en Guatemala según el Consejo de la Enseñanza Privada Superior[2], se tienen registradas 15 Universidades y de estas 10 cuentan con facultad o carrera de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales y el resto tiene alguna carrera con un nombre similar o enmarcada en las ciencias sociales, sumando a la única universidad pública como la USAC, muchas de estas sin prestigio académico fundadas con intereses políticos, cuyos decanos participan en estos espacios.

De tal cuenta que, esta estructura fragmentada de las comisiones crea múltiples puntos de entrada para la corrupción y la injerencia del crimen organizado. Además, la participación de magistrados en ejercicio dentro de ellas puede derivar en tráfico de influencias, especialmente al considerarse su reelección. Y si a esto se adiciona una interpretación constitucional errónea que permite a aspirantes evadir el concurso público de oposición, contraviniendo el mandato constitucional de mérito y transparencia.

Una vez cooptado, el sistema judicial se convierte en una herramienta de persecución política y control institucional, según diversas fuentes estiman que se encuentran más de 40 personas[3] entre fiscales y jueces independientes[4], quienes han sido objeto de hostigamiento, criminalización y exilio. Al mismo tiempo, el aparato judicial ha protegido a funcionarios y empresarios vinculados a corrupción, reforzando la impunidad estructural.

Este sometimiento político asegura la especie de “domesticación” de los jueces mediante nombramientos cortos; de apenas un año en el caso de la presidencia del Organismo Judicial, lo que incentiva la subordinación al poder político y a las redes que controlan la judicatura.

Contexto actual: elección del presidente del Organismo Judicial (octubre 2025)

En octubre de 2025, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) atraviesa un impasse por la falta de consensos para elegir a su nuevo presidente. Tras la finalización del mandato de Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado, el magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz asumió provisionalmente la presidencia del Organismo Judicial.

Los magistrados fueron convocados a un pleno extraordinario el 21 de octubre de 2025 con el fin de elegir al nuevo titular, pero las votaciones continúan sin resultados concretos. Entre los posibles candidatos se mencionan Claudia Paredes Castañeda, Carlos Ramiro Contreras y Luis Corado Campos, con Paredes perfilándose como favorita, respaldada por sectores afines a la gremial profesional ASPA, vinculada al magistrado de la Corte de Constitucionalidad Nester Vásquez.

La Corte Suprema actual —electa por el Congreso en octubre de 2024 para el período 2024-2029— refleja una composición que responde en gran medida a los intereses de bloques parlamentarios tradicionales, manteniendo las dinámicas que facilitan la cooptación judicial. Según reportes de prensa y análisis independientes, los esfuerzos por renovar el liderazgo del Organismo Judicial se ven obstaculizados por las disputas de poder y la falta de transparencia en las negociaciones internas.

La crisis actual pone nuevamente en evidencia cómo los mecanismos de elección de las autoridades del sector justicia se encuentran condicionados por alianzas políticas y corporativas, lo que impide un verdadero proceso de independencia judicial.

La cooptación institucional en Guatemala no es un fenómeno aislado, sino un mecanismo sistemático de control sobre el sistema de justicia. Su raíz se halla en la manipulación de los procesos de selección, la captura de las comisiones de postulación y la utilización del poder judicial para fines políticos. Mientras la elección del presidente del Organismo Judicial siga respondiendo a intereses particulares, la independencia judicial seguirá siendo una promesa pendiente.

[1]  Constitución Política de la República (artículos 215 y 217) y la Ley de Comisiones de Postulación (Decreto 19-2009).

[2] https://www.ceps.edu.gt/ceps/

[3] https://revistaraya.com/el-pacto-de-corrupcion-en-guatemala-que-pretende-ensuciar-la-justicia-colombiana.html

[4] https://www.amnesty.org/es/latest/news/2023/11/hunting-season-against-justice-officials-guatemala/

En los últimos años cuando hablamos de justicia, administración pública o de procesos electorales significa inevitablemente hablar de los Licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogados y Notarios. Este sector gremial ha trascendido en los últimos años pasando de su rol técnico y profesional para erigirse en un actor que controla amplios espacios del poder estatal, dejando en evidencia un predominio desproporcionado y poco fiscalizado, de su grado de influencia en una diversidad de temas.

De tal cuenta la ciudadanía observa con preocupación cómo las llaves de muchos ministerios, secretarias, comisiones presidenciales, en resumen cargos en los tres poderes del Estado y órganos autónomos parecen estar en poder de este sector profesional. El problema de esta concentración de poder, dentro de la administración publica, no ha ido acompañada de mecanismos éticos y democráticos robustos, generando redes de corrupción que dañan la credibilidad del sistema y el Estado de derecho guatemalteco.

Esta concentración de poder ha dejado una huella profesional que domina el Estado, debido a que más allá de su función natural en tribunales y fiscalías, los abogados guatemaltecos controlan estructuras vitales del Gobierno. En el Ejecutivo lideran algunos viceministerios, comisiones presidenciales, direcciones departamentales, etc. mientras en el Legislativo no solo ejercen como diputados sino, con mayor peso, como asesores de bancadas o de diputados en la elaboración de leyes, las cuales en ocasiones están diseñadas para defender o incidir sobre intereses particulares.

En entes de control, como la Contraloría General de Cuentas o el Registro Nacional de Personas (RENAP), Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por mencionar algunas entidades, el gremio mantiene una influencia decisiva. Las comisiones de postulación para magistraturas, donde el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) tiene poder de veto, son un claro ejemplo de esta hegemonía que determina quién accederá a puestos clave en justicia y gobernanza.

En este sentido las elecciones del CANG en febrero de 2025 expusieron y dividieron este poder. La pugna entre dos planillas principales refleja no solo dinámicas internas sino la disputa por controlar espacios decisivos para la justicia y el Estado de derecho.

La exjueza Patricia Gámez, líder de la llamada Planilla 10, ganó la presidencia del CANG con un margen estrecho que refleja la alta polarización del gremio, mientras la Planilla 4 asumió el Tribunal de Honor y Comité Asesor de Inversiones. Ambas influirán en la elección de autoridades clave como el Fiscal General o magistrados del Tribunal Supremo Electoral en 2026.

Este escenario muestra cómo el gremio jurídico no es solo un cuerpo profesional, sino que representa una fuerza política interna que negocia poder tras bambalinas, muchas veces alineada con sectores corruptos y élites económicas que históricamente minan la democracia guatemalteca.

Es aquí donde se puede hablar del lado oscuro, el control abrumador del gremio sobre la justicia y la administración pública se ha manifestado en estructuras paralelas que permiten actos ilegales revestidos de «legalidad». Abogados han sido señalados por el diseño de esquemas para fraudes fiscales, contratos ficticios y la desviación de procesos judiciales contra operadores independientes.

Esta «legalización» de la corrupción representa una paradoja amarga: quienes deberían defender la justicia a menudo se convierten en facilitadores de impunidad. Es allí donde la toga se vuelve una capa para ocultar corrupción, simulación y enriquecimiento ilícito a costa del interés público.

Ahora bien que llamamiento hay hacia el futuro, un llamado a la reforma y vigilancia ciudadana, este llamado a la participación de todas y todos está enfocado a superar la influencia negativa y desmedida del gremio jurídico, que implica reformas profundas que aseguren pluralidad y transparencia en los procesos de elección de autoridades judiciales. Repensar el papel que juega el CANG, promover que otros sectores profesionales puedan influir de forma positiva en la selección de jueces y fortalecer controles externos son pasos indispensables que como ciudadanía se debe de plantear con el fin de restaurar la confianza en la justicia.

De tal cuenta no solo la ciudadanía, sino investigadores, entidades de cooperación internacional y periodistas tienen un rol crucial al vigilar y cuestionar el origen y las redes de poder de quienes hoy definen la justicia guatemalteca. La toga debería simbolizar compromiso con el derecho, no un pase VIP hacia la impunidad.

En Guatemala cuando escuchamos hablar de presupuesto público suele sonar abstracto, lejano y complicado, de personas con conocimientos específicos en la materia, sin embargo, todos los días nos afecta como ciudadanos desde temas de salud, educación, seguridad, desarrollo, etc. Pero ¿Qué pasaría si cada guatemalteco pudiera entenderlo y participar en el proceso de cocreacion? precisamente esa es la apuesta general de los presupuestos ciudadanos, servir como una especia de “traductor” entre el Estado y la ciudadanía, herramienta diseñada para abrir las puertas de la gestión pública, acercando las decisiones técnicas a las prioridades y necesidades cotidianas de la sociedad guatemalteca hacia los responsables.

Pero el objetivo de este artículo es responder a ciertos cuestionamientos como ¿Qué es el presupuesto ciudadano y por qué importa? ¿Por qué es importante nuestro involucramiento?

De tal cuenta el presupuesto ciudadano debe entenderse como es una versión simplificada, didáctica y transparente del presupuesto nacional, elaborada para facilitar su comprensión por parte de cualquier persona. No es un documento alternativo ni paralelo, sino una representación visual y explicativa que detalla de dónde vienen los ingresos, en qué se gastan y cómo afectan a la vida diaria. Su objetivo principal es empoderar a la población para que pueda fiscalizar, debatir y proponer mejoras en el uso de los fondos públicos.

En Guatemala, el Presupuesto Ciudadano 2025[1], es coordinado, elaborado y publicado por el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN)[2], este asciende a un monto aprobado de Q148,526 millones, un aumento del 26.9% respecto al año anterior, y se enlaza directamente con la Gestión por Resultados (GpR)[3] y con las políticas alineadas al Plan Nacional Katún 2032, la Política General de Gobierno 2024-2028 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Pero con los aumentos y modificaciones el presupuesto llego a Q 154,536 millones.

Este presupuesto ciudadano facilita que cualquier persona pueda entender de dónde vienen los recursos (principalmente impuestos, con un 70.59% del total) y cómo se distribuyen a sectores esenciales como educación, salud, seguridad, infraestructura, tecnología, producción y protección social.

Ahora bien aquí es de preguntarse ¿Cómo afecta el presupuesto ciudadano a distintos actores?

Por ejemplo las Organizaciones Sociales y Activistas, pueden identificar áreas críticas y articular diversos esfuerzos que permitan intervenciones oportunas para fortalecer sectores como salud, educación o combate a la corrupción, con base en datos claros. También Investigadores y Periodistas, tienen un mayor acceso a información amigable que fomenta análisis rigurosos y cobertura informativa. Incluso a los Funcionarios Públicos, el presupuesto ciudadano eleva la calidad gerencial y acompaña la transparencia en la gestión, como un mecanismo de participación ciudadana, y no por ser el ultimo el menos importante a Estudiantes y la ciudadanía general, ya que fomenta la educación cívica y el ejercicio activo del control social, haciendo palpable la relación entre recursos públicos y derechos, como un mecanismo de acertar las necesidades de los diversos sectores a los funcionarios públicos pero también como de un mecanismo de rendición de cuentas de igual manera.

Y con esta participaciónciudadana las prioridades y desafíos en Guatemalase identifican ciertas áreas que el presupuesto prioriza como el gasto asignado salud Q 15,200.0 (9.8%), Q 25,530.3 millones para educación (16.5%). También se asigna Q 8,272.8 (5.3%) en seguridad y Q 7,841.1 (7.8%) en infraestructura, reflejando las prioridades que tiene el poder ejecutivo.

Pero en contraste con el tipo de gasto se puede evidenciar que el 63.9% del presupuesto vigente es para el Funcionamiento, el 13% para pagar Deuda pública y el 23.1% es dedicado a la inversión pública.

Pero esta participación ciudadana sin embargo, enfrenta desafíos que no permiten fortalecer este mecanismo como: 1. La baja cultura de fiscalización y participación ciudadana. 2. Procesos muy rígidos, técnicos y legales que limitan la adaptación presupuestaria a necesidades emergentes. y 3. La necesidad de fortalecer y aumentar la recaudación tributaria para sostener inversiones y reducir la deuda pública.

Desafíos de la participación ciudadana

Pero veamos un ejemplo práctico nacional, como las asignaciones presupuestarias detalladas permiten que cualquier guatemalteco pueda seguir cómo se invierte en servicios clave como las escuelas y hospitales de su comunidad, y participen en canales abiertos por las entidades públicas para influir en decisiones y exigir rendición de cuentas.

En este orden de ideas es fundamental el identificar aquellas oportunidades y propuestas para fortalecer el presupuesto ciudadano como:

• Abrir, fortalecer y consolidar aquellos espacios de consulta pública y participación ciudadana durante el ciclo presupuestario;
• Desarrollar herramientas digitales para monitorear la asignación y ejecución de los recursos, reportando irregularidades;
• Fomentar el acceso a información con pertinencia étnica y lingüística para garantizar de esta forma una verdadera inclusión social.
• También promover aquellos espacios que promuevan la reducción de las brechas relacionadas a procesos de formación presupuestaria desde la educación formal con un lenguaje sencillo y materiales visuales.

De tal cuenta el presupuesto ciudadano es aquel responsable que convierte cifras complejas en una herramienta fácil y sencilla para el cambio concreto pero con las necesidades y solicitudes de la ciudadanía, involucrarse no solo es un derecho sino una necesidad para asegurar que los recursos públicos beneficien justamente a todos, especialmente en contextos de fragilidad institucional como el contexto guatemalteco y en especial aquellos grupos vulnerables, porque comprenderlo y exigir su cumplimiento es un paso hacia un Estado más democrático, transparente y cercano.

[1] https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/Presupuesto%20Ciudadano%202025-28-feb-2025.pdf

[2] https://tallerdepresupuestoabierto.minfin.gob.gt/

[3] Estrategia de gestión pública que se enfoca en generar valor público y mejorar el bienestar de la ciudadanía al orientar los recursos del Estado hacia el logro de objetivos y resultados concretos.

La búsqueda de una justicia objetiva, imparcial e independiente en Guatemala se ha convertido en una lucha que presenta múltiples frentes, en la que convergen desde el fortalecimiento institucional, la defensa de los derechos humanos hasta la resistencia frente a prácticas discriminatorias y represivas. Es en este contexto, que las mujeres indígenas han emergido como uno actor fundamental en la defensa de sus comunidades, desafiando aquellas estructuras de poder tradicionales acosta de arriesgar sus vidas y libertades.

Guatemala, a lo largo de su historia ha estado marcada por conflictos internos, regímenes autoritarios y profundas desigualdades sociales; que hasta el día de hoy persisten, ha enfrentado constantes desafíos para la consolidación de un sistema judicial independiente y justo. Desde la época colonial hasta las crisis políticas contemporáneas, la separación de poderes y la autonomía judicial han sido temas de constante debate y reforma.

Posterior a la finalización de los 36 años de conflicto armado interno y posterior firma de los acuerdos de paz, se ha intentado la implementación de múltiples esfuerzos para fortalecer las instituciones relacionadas al sistema de justicia penal en Guatemala, sin embargo, la influencia de intereses políticos y económicos aún permea el sistema judicial.

En este contexto de coyuntura actual caracterizado por tensiones entre estructuras tradicionales y las diversas demandas sociales, es donde la defensa de los derechos colectivos; especialmente los que afectan a las comunidades indígenas, enfrenta obstáculos desde la corrupción y la impunidad hasta la criminalización de líderes y defensoras que cuestionan el estatus quo.

Es eneste contexto de país que la Independencia judicial y colonialismo en Guatemala están intrínsecamente ligados a un pasado colonial. Es durante el periodo de la colonia española, que los sistemas jurídicos indígenas fueron suprimidos y reemplazados por estructuras que favorecían a las élites criollas. Es que después de la independencia en 1821, que este modelo se perpetuó, el sistema legal continúo excluyendo a los pueblos originarios, negándoles acceso a la justicia y despojándolos de sus tierras comunales.

En Guatemala los 36 años de conflicto armado interno exacerbó estas desigualdades. El Estado, como una práctica institucionalizada y perfeccionada a lo largo del tiempo, utiliza el sistema judicial como una herramienta de represión, en donde líderes indígenas y campesinos fueron judicializados bajo cargos falsos, mientras las masacres contra comunidades mayas quedaban en la impunidad.

Los Acuerdos de Paz firmados en el año de 1996 prometían reformas como el Acuerdo de Identidad y derechos de los pueblos indígenas[1], y reconocimiento del derecho indígena[2]. Sin embargo, en un informe de Naciones Unidas, indica que el 90% de las sentencias relacionadas con conflictos territoriales han favorecido a empresas extractivas, evidenciando la cooptación del sistema de justicia.

La corrupción en el sistema de justicia de Guatemala se ha agravado en la última década. Casos de alto impacto vinculados a funcionarios públicos y empresarios relacionados con casos de corrupción han sido criminalizados por la labor realizada, obligándoles al exilio o a enfrentar a este sistema cooptado por las redes de cooptación del Estado, evidenciando cómo las élites manipulan cortes para proteger sus intereses. Es en este contexto que se puede dar explicación del por qué las mujeres indígenas, como guardianas de la tierra y la cultura, han asumido la defensa legal desde las trincheras comunitarias.

¿Y porque no hubo cambios sustanciales? Aquí quizás la respuesta es fácil y evidente de responder, porque el modelo actual de impartir justicia se recicló. El Estado criollo-mestizo mantuvo un sistema legal centralista que ha invisibilizado el sistema de justicia ancestral, con el entendido que es comunitaria y colectiva, y que está basada en los valores, costumbres e idioma de las comunidades indígenas. Se aplica en los casos que las comunidades indígenas eligen y a quienes ellos deciden.

El Convenio 169 de las Naciones Unidas establece que los Estados deben garantizar los derechos de los pueblos indígenas, y que los operadores de justicia deben conocerlos y considerarlos en su práctica jurídica.

Es aquí donde el mito de la neutralidad de La Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, quienes históricamente han estado dominados por figuras alineadas con élites económicas, han validado megaproyectos en comunidades del país (minería, hidroeléctricas) sin la realización consultas comunitarias, violando el Convenio 169 de la OIT[3].  Evidenciando que la justicia opera como brazo legal del extractivismo y no como garante de derechos.

De tal cuenta podemos reflexionar sobre la esperanza que se tenía con la creación de la Corte de Constitucionalidad (1986) y la reforma del Organismo Judicial prometieron democratizar la justicia. No obstante, la cooptación por grupos corruptos nos ha demostrado que, sin independencia real, las instituciones se convierten en teatros de legitimación.

Es en este escenario de convulsión y agitación social que el liderazgo y residencia de las mujeres indígenas se encuentra entre la defensa legal y la criminalización. Las mujeres indígenas han desempeñado un rol crucial en la articulación de demandas de justicia, derechos territoriales y culturales, y en la protección del medio ambiente. Este liderazgo demostrado a lo largo de los años se fundamenta en un profundo conocimiento de las tradiciones, la cosmovisión comunitaria y un compromiso inquebrantable con la defensa de su identidad.

Las mujeres han asumido responsabilidades de representación ante instituciones estatales, han desarrollado e implementado estrategias de litigio y denuncia que trascienden lo meramente jurídico para adentrarse en el terreno de la transformación social, cultural, política, económica y ambiental.

Por lo que este liderazgo no está exento de riesgos. Esta defensa legal emprendida por las mujeres indígenas en Guatemala implica enfrentarse a un sistema de judicial penal en ocasiones parcial y a estructuras de poder que han mostrado una férrea resistencia de reconocer las demandas legítimas de pueblos históricamente marginados. Es aquí donde las batallas legales se convierten en un acto genuino de resistencia que, además de buscar la reparación por las injusticias sufridas, cuestiona la misma esencia del sistema judicial y su capacidad para proteger a las poblaciones vulnerables.

Las mujeres indígenas han roto estereotipos al convertirse en lideresas de movimientos socioambientales y jurídicos. Su papel no es casual según la diversas organizaciones de mujeres, estiman que el 70% de las comunidades afectadas por megaproyectos (minería, hidroeléctricas) son defendidas por mujeres, quienes ven en la tierra un sustento vital para sus familias.

Aura Lolita Chávez, líder maya k’iche’ del Consejo de Pueblos K’iche’s (CPK), es un símbolo de esta resistencia. Desde 2012, ha denunciado la tala ilegal en la Reserva de Biosfera Maya y la instalación de hidroeléctricas en Quiché. Su activismo le ha costado amenazas de muerte, campañas de difamación y un exilio forzado en 2017. En 2023, el Ministerio Público aún mantiene abiertos dos procesos penales en su contra por «incitación a la rebelión», cargos que organizaciones como Front Line Defenders califican de infundados[4].

La criminalización sigue un patrón sistemático:

• Fabricación de delitos: Las lideresas son difamadas, estigmatizadas y con un fuerte componente de discurso de odio, con la intención o fin superior de ser acusadas de «terrorismo», «secuestro» o «usurpación agravada», entre otros “delitos” por protestar pacíficamente.
• Uso abusivo del sistema penal: Según UDEFEGUA, entre 2019 y 2023, el 45% de las agresiones contra defensoras indígenas incluyeron detenciones arbitrarias.
• Estigmatización mediática: Medios afines al poder las etiquetan como «anti-desarrollo» o «delincuentes».

Según UDEFEGUA el año 2023 fue el peor año para la defensa de los DD. DD. “…Se destaca un notable aumento de las agresiones contra personas defensoras en 2023… documentó un total de 9,496 agresiones durante este periodo. Este aumento forma parte de un patrón de crecimiento en las agresiones denunciadas en informes anteriores desde el año 2020.”

De este 100% de agresiones el 24% es por defender el derecho de acceder a la justicia, dicho informe destaca que el 26.5% de las víctimas son mujeres. Dicho informe también recopila el tipo de agresión sufrida por defensoras (es) son el Hostigamiento y difamación con un 48% y 24% respectivamente representando el 72%.  Este hostigamiento no solo viola derechos individuales, sino que debilita la independencia judicial al convertir las cortes en instrumentos de represión.

Fuente: Elaboración propia con datos de UDEFEGUA, Informe 2023

El caso de Aura Lolita Chávez, líder maya k’iche’, ilustra cómo la falta de independencia judicial se traduce en criminalización selectiva. En el año 2017, un juez de Quiché emitió una orden de captura contra ella por «incitar a delitos» tras liderar protestas contra una hidroeléctrica en territorio k’iche’. Presentando como las únicas pruebas del caso los testimonios de los empleados de la empresa, sin que estos pasaran por un proceso de investigación rigurosa.

En buen chapín se podría decir que en Guatemala “la justicia no es medida con la misma vara” existe una doble moral judicial, mientras las defensoras son procesadas con celeridad, los casos de asesinatos de líderes indígenas (como el de Juana Raymundo[5], 2018) el cual consiguió sentencia condenatoria[6] después de 2 años de un proceso judicial.

En el “mejor” de los casos el exilio es el último recurso para preservar la vida, por lo que debe verse o ser considerado como un síntoma de colapso del sistema de justicia,en el caso de Lolita quien tuvo que refugiarse en España tras amenazas de muerte. Su situación subraya que, sin independencia judicial, el Estado no protege a quienes desafían el estatus quo, sino que los empuja al destierro.

El caso de Aura Lolita Chávez se enmarca especialmente en un patrón más amplio de criminalización de lideresas indígenas en Guatemala. La persecución legal de estas mujeres va más allá de situaciones aisladas sino que responde a dinámicas estructurales en las que se combinan el racismo, el machismo y la represión política. La criminalización se manifiesta a través de acusaciones infundadas, procesos judiciales irregulares y la utilización del aparato del Estado para desarticular movimientos sociales que reclaman derechos históricos.

Por lo que en el contexto actual y de no cambiar la forma en que el poder judicial del país cambie o en realidad funcione como lo indican sus principios, este fenómeno mantendrá una estrategia que tiene diversas implicaciones como:

• Deslegitimación de demandas legítimas: Al criminalizar a las lideresas, se busca debilitar el respaldo a las luchas de comunidades indígenas y desviar la atención de las violaciones estructurales en materia de derechos humanos.
• Instrumentalización del sistema judicial penal: El uso de procesos legales para perseguir a activistas constituye una grave vulneración del principio de independencia judicial, ya que el sistema se utiliza para fines políticos más que para impartir justicia.
• Efectos intimidatorios: La criminalización genera un clima de miedo y autocensura, impidiendo que otras mujeres y líderes indígenas se pronuncien y defiendan los derechos de sus comunidades.

Por lo que ante la situación actual se exige, por tanto, un análisis profundo y una respuesta coordinada por parte de la sociedad civil, organismos internacionales, academia, gremio de periodistas y principalmente los propios actores que integran directa e indirectamente el sistema de judicial penal en Guatemala, para revertir estos procesos y garantizar la protección integral de las defensoras, y que en realidad la justicia sea pronta y expedita[7].

Articulo de interes

https://lac.unwomen.org/es/stories/noticia/2022/08/las-mujeres-indigenas-de-guatemala-no-piden-la-palabra-la-toman

Fuentes Citadas

1. UDEFEGUA. (2023). Informe anual sobre agresiones a defensoras de derechos humanos en Guatemala.
2. Amnistía Internacional. (2022). ¿Cuántas más? Criminalización de mujeres indígenas en América Latina.
3. Plataforma Internacional contra la Impunidad. (2021). Acceso a la justicia para pueblos indígenas: Un sistema en deuda.

[1] Acuerdos de Paz de Guatemala

[2] Artículo 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala

[3] https://www.ilo.org/es/media/443541/download

[4] https://www.frontlinedefenders.org/es/profile/aura-lolita-chavez#:~:text=Aura%20Lolita%20Ch%C3%A1vez%20Ixcaquic%20es,amenazante%20expansi%C3%B3n%20de%20megaproyectos%20mineros%2C

[5] https://www.entremundos.org/revista/politica/juanaraymundo

[6] https://www.dw.com/es/guatemala-62-a%C3%B1os-de-c%C3%A1rcel-para-asesino-de-activista-ind%C3%ADgena/a-55048122

[7] Es un principio constitucional que establece que las autoridades deben resolver los conflictos de manera rápida, completa, e imparcial.