Análisis del Presupuesto 2026

El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026, aprobado mediante el Decreto Número 27-2025, asciende a un monto total de Q. 163,469,328,657.00, normativa aprobada en horas de la madrugada de este miércoles 26 de noviembre, con 139 votos a favor y 11 en contra.[1]

Este instrumento financiero refleja una política fiscal, que busco “equilibrar” la rigidez del gasto de funcionamiento y deuda, pero con una ENORME apuesta significativa por la inversión pública descentralizada, como estrategia de agilizar la inversión en los territorios con la justificación de las exigencias de la población se vieran convertidas en una diversidad de obras, utilizando para tal efecto a los Consejos de Desarrollo (CODEDES) como el principal brazo ejecutor, un tema que en los últimos meses ha causado mucha polémica debido a los diversos mecanismos oscuros y personajes de dudosa reputación quienes serán los encargados de ejecutar dichos fondos.

Ahora bien centraremos este resumen áreas fundamentales como los Ingresos; de qué forma se financiará el presupuesto como sus diversas fuentes, también la estructura de Egresos, es decir como se gastarán las diversas entidades públicas dichos fondos, y detalles como el fondo otorgado a CODEDES y los sectores de Seguridad y Sistema de Justicia.

Datos clave para iniciar:

• Monto total aprobado: Q163.47 millardos.
• Estructura del Gasto:
  • El 66% se destina a Funcionamiento,
  • el 21% a Inversión y
  • el 13% al pago de la Deuda Pública.
• Déficit / Financiamiento: Aproximadamente el 22.4% del presupuesto se financia con deuda (bonos y préstamos) y el uso de saldos de caja.

Con este porcentaje estamos diciendo técnicamente que: de cada Q. 1.00 que el Estado gastará en 2026, 22 centavos no existen en la recaudación de impuestos del año. Esos 22 centavos se consiguen pidiendo prestado (emitiendo Bonos o préstamos bancarios) o «rascando la olla» de ahorros viejos (Saldos de Caja).

• CODEDES: Reciben una asignación histórica que supera los Q10.8 millardos.

Fuentes de financiamiento – Ingresos –

El presupuesto se sustenta o su base de financiamiento principal es la recaudación tributaria, aunque mantiene una dependencia del endeudamiento que utilizan para cubrir el déficit fiscal y la inversión.

Egresos por entidad pública

La distribución institucional muestra que la mayor parte de los recursos se concentra en las obligaciones a cargo del tesoro (transferencias) y en el sector educación.

Entidades con mayor asignación:

1. Obligaciones del estado a cargo del tesoro: Q. 62,167,873,972.00 (38.0% del total). Incluye el aporte constitucional a municipalidades, aportes a CODEDES, clases pasivas y subsidios diversos.
2. Ministerio de educación (MINEDUC): Q. 26,941,500,000.00 (16.5% del total).

Destinado mayoritariamente al rubro de funcionamiento (pago de nómina), con una asignación de Q26,688 millones para gastos operativos.

3. Servicios de la deuda pública: Q. 21,368,706,634.00 (13.1% del total).

Representando el costo financiero de la deuda (intereses y amortizaciones), constituyendo una carga fija relevante.

4. Ministerio de Salud (MSPAS): Q. 16,537,678,000.00 (10.1% del total).

Contempla Q1,497 millones para inversión en infraestructura hospitalaria y centros de salud.

5. Ministerio de Gobernación: Q. 9,560,355,600.00 (5.8% del total).

Otras entidades relevantes:

Ministerio de Comunicaciones (CIV): Q7,061,667,692.00 a pesar de ser el ente rector de la infraestructura, su presupuesto es menor comparado con la suma de fondos descentralizados, además de estar envuelto en mucha polémica por las críticas a la baja inversión en mantenimiento de la red vial y la creación de más kilómetros nuevos de esta.

Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES)

Los CODEDES “asumen” o les designan un rol protagónico en el presupuesto 2026, administrando y gestionando una porción sustancial de la inversión pública, los fondos asignados para este ejercicio fiscal se desglosan de la siguiente manera:

Los CODEDES administrarán el 31.7% del total de la Inversión Pública del país. Este porcentaje significa o implica que una tercera parte de los recursos para infraestructura (escuelas, caminos rurales, agua y saneamiento) será ejecutada por el sistema de Consejos de Desarrollo.

El Decreto incluye disposiciones que buscan en el mejor de los casos asegurar la continuidad de obras (obras de arrastre) y de igual manera ordena la regularización de saldos ociosos en las cuentas únicas del tesoro, buscando mayor eficiencia en el gasto.

Pero que quiere decir todo esto, que Q. 1.00 de cada Q. 3.00 destinados a construir escuelas, caminos rurales o sistemas de agua, será ejecutado por el sistema de Consejos de Desarrollo y no por los ministerios centrales.

Regulaciones o modificación críticas en el presupuesto:

• Cuentas corrientes (Art. 53): Se ordena una «limpieza» de las cuentas únicas del tesoro de los CODEDES, en donde los fondos “ociosos” de proyectos sin movimiento al 31 de diciembre de 2023 serán debitados y devueltos al fondo común.
• Continuidad de obras (Art. 54): Se autoriza ampliar el presupuesto para incorporar saldos no ejecutados de años anteriores (obras de arrastre) para evitar obras inconclusas, con un plazo límite al 31 de enero de 2026 para solicitar modificaciones.

Monto asignado a CODEDES por departamento

Otro de los temas prioritarios para la población es saber ¿Cuánto es el monto asignado a los sectores de Justicia y Seguridad ciudadana.

Podemos iniciar con la Seguridad Ciudadana, en donde el ente rector es el que recibe la mayor asignación individual dentro de este bloque, reflejando cuales son las prioridades del poder del Ejecutivo en materia de control territorial y la prevención del delito.

Detalle del gasto en seguridad:

• Funcionamiento: Q. 8,945,945,081.00 (93.6% del presupuesto de MINGOB se va en salarios y operación).
• Inversión: Q. 614,410,519.00 (Destinado a comisarías, equipo y tecnología).

Ahora otro de los sectores controversiales en la coyuntura nacional es el Sector Justicia[2] y las instituciones que conforman dicho sistema. El modo de que se financia a las instituciones de dicho sector es más complejo, ya que se distribuye entre aportes constitucionales y asignaciones extraordinarias provenientes de las «Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro», además que dependerá de que instituciones se consideran como parte de dicho sistema.

Ahora bien de estos 2 sectores se puede realizar un análisis comparativo:

Se evidencia un desbalance operativo, con esto nos referimos en que por cada Q. 1.00 que el Estado invierte en Justicia (Investigación y juzgamiento), invierte aproximadamente Q. 1.25 quetzales en Seguridad (Prevención del delito y captura de delincuentes).

Igualmente se identifican procesos poco rígidos, le denominamos rígidos o estáticos, debido a que ambos sectores presentan una altísima rigidez presupuestaria, por ejemplo en el caso del Ministerio de Gobernación, solo el 6.4% de su presupuesto es para inversión real, lo que limita la implementación de acciones que busquen la modernización de cárceles, comisarías y demás áreas vinculadas con la prevención del delito y ataque de estructuras criminales.

Alta nivel de dependencia, esto debido que a diferencia del Ministerio de Gobernación quien tiene un presupuesto propio, caso contrario al sector justicia y entidades que lo conforman depende enteramente de las transferencias de las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, lo que suele generar tensiones de flujo de caja si la recaudación fiscal baja, además de los movimientos políticos para recibir más o que ya en la etapa de ejecución del presupuesto se gestiones transferencias presupuestarias o modificaciones al mismo haciendo que también dependa de otros factores como el componente político.

Y también como un dato relevante del presupuesto a hacer mención, es la asignación de 16 millones a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (SENABED), entidad clave para monetizar los bienes incautados al crimen organizado y reinvertirlos en el mismo sector justicia y seguridad.

Ya para finalizar, podemos expresar que el Presupuesto 2026 fue aprobado refleja tensiones políticas, denuncias de sus negociaciones oscuras y viejas prácticas de ser aprobado bajo negociaciones y en horas de noche, bajo nivel de inclusión de las propuestas populares que exigían más atención a sus exigencias y necesidades, una fuerte e intensa presión estructural y si a esto le adherimos las nuevas prioridades políticas del contexto inestable y cambiante de Guatemala, harán que su ejecución se de en un entorno que sin duda alguna estará caracterizado por los siguientes factores que consideramos críticos.

El reto de la descentralización como estrategia de inversión, y la apuesta del Ejecutivo por los CODEDES, esto debido a que al asignar montos históricos a los Consejos de Desarrollo, el Gobierno Central apuesta por dinamizar la inversión pública «municipalizando» la ejecución. Acto que en un escenario ideal, puede o debería en el mejor de los casos agilizar la obra pública en las comunidades; sin embargo, plantea desafíos inmensos en materia de capacidad técnica, fiscalización, corrupción, cero mecanismos para rendiciones de cuentas y riesgo latente de que llegue a un punto de politización de los recursos en un año pre-electoral. Pero este sería tan solo uno de los factores a contemplar en esta área en específico, otro aspecto fundamental es la calidad de la infraestructura creada, ya que esta dependerá enteramente de controles que históricamente han sido laxos; por no decir corruptos.

El tema de la rigidez fiscal extrema, o dependencia de ingresos fiscales, el margen de maniobra que le queda al Estado es mínimo, esto debido a que al sumar los gastos de funcionamiento (nóminas) y el servicio de la deuda, cerca del 79% del presupuesto ya está comprometido en gastos operativos y financieros ineludibles. Esto ha obligado a financiar la nueva inversión pública casi exclusivamente mediante deuda (Bonos del Tesoro), como una práctica histórica que se implementa desde el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), lo cual, si bien permite la expansión del gasto, incrementa la presión sobre la sostenibilidad fiscal a mediano plazo.

Ahora si nos enfocamos en temas de seguridad y justicia el presupuesto pareciera evidenciar una prioridad financiera enfocada o dirigida en la contención del delito sobre su judicialización. Mientras el Ministerio de Gobernación recibe una asignación robusta de Q. 9,5 millardos para seguridad ciudadana y control territorial, el sector justicia en su conjunto suma aproximadamente Q. 8 millardos. Como se hizo mención anteriormente este desbalance operativo de invertir Q1.25 en seguridad por cada Q1.00 en justicia, también trata de sugerir un fortalecimiento de la fuerza policial, pero advierte un posible «cuello de botella» en la capacidad del Estado para investigar y procesar judicialmente los delitos, agravado por la dependencia de estas entidades a las transferencias del Tesoro y sus limitados recursos para nueva inversión.

En términos que también nos preocupan están la transparencia y calidad del gasto, la cual compartirnos con una buena parte de la ciudadanía, por esta especia de epidemia crónica de corrupción que se ha mantenido a lo largo del tiempo a lo interno de la institucionalidad gubernamental, este presupuesto busca incorporar normas de «calidad del gasto» más estrictas, exigiendo informes cuatrimestrales de avance físico y financiero en formatos de datos abiertos, que puedan facilitar la auditoria social informada.

En el artículo 39, obliga a crear espacios ciudadanos de transparencia, obliga a todas las instituciones públicas y ONGs (nacionales o internacionales) que reciban fondos del Estado a crear mecanismos o espacios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en una especie de mecanismo de «gobierno abierto» bajo las siguientes reglas o condiciones: a) qué deben presentar, no solo la ejecución financiera (gastos), sino el cumplimiento de metas, resultados físicos y cantidad de personas beneficiadas cada cuatro meses. b) implementar mecanismos de reuniones presenciales, virtuales o híbridas, difundidas por redes sociales y páginas web, c) mantener espacios permanentes de interacción con la ciudadanía con el objetivo explícito que esta cuestione, aporte y formule preguntas directamente a los responsables. Y d) realizar una evaluación obligatoria, al finalizar cada espacio ciudadano, las entidades públicas deben realizar una encuesta de satisfacción a los participantes y publicar los resultados para medir oportunidades de mejora.

El éxito de la gestión dependerá de que estos candados legales no sean burlados en la práctica administrativa, y que los procesos de auditoria gubernamental como de sociedad civil no tengan efecto algo frente a estructuras del crimen organizado dedicadas a nutrirse de fondos públicos por medio del otorgamiento de contratos de obra pública.

El estado ahora tiene una buena cantidad de presupuesto el cual se perfila como “expansivo” o “novedoso” por su forma de inversión descentralizada pero débil ante intereses espurios, sectoriales, políticos y de estructuras dedicadas al saqueo del erario. Para el gobierno del Presidente Arévalo el éxito a nuestro criterio dependerá de tres pilares: 1) la capacidad de ejecución transparente de los fondos, por ejemplo el de los CODEDES , 2) la eficiencia del gasto en seguridad para reducir la incidencia criminal, y 3) el cumplimiento de las metas de recaudación tributaria para evitar un mayor endeudamiento.

[1] https://lahora.gt/nacionales/dguzman/2025/11/26/con-139-votos-a-favor-y-11-en-contra-asi-voto-el-congreso-para-aprobar-el-presupuesto-general-2026/

[2] https://www.youtube.com/watch?v=ODXUutm3j5M

En Guatemala cuando escuchamos hablar de presupuesto público suele sonar abstracto, lejano y complicado, de personas con conocimientos específicos en la materia, sin embargo, todos los días nos afecta como ciudadanos desde temas de salud, educación, seguridad, desarrollo, etc. Pero ¿Qué pasaría si cada guatemalteco pudiera entenderlo y participar en el proceso de cocreacion? precisamente esa es la apuesta general de los presupuestos ciudadanos, servir como una especia de “traductor” entre el Estado y la ciudadanía, herramienta diseñada para abrir las puertas de la gestión pública, acercando las decisiones técnicas a las prioridades y necesidades cotidianas de la sociedad guatemalteca hacia los responsables.

Pero el objetivo de este artículo es responder a ciertos cuestionamientos como ¿Qué es el presupuesto ciudadano y por qué importa? ¿Por qué es importante nuestro involucramiento?

De tal cuenta el presupuesto ciudadano debe entenderse como es una versión simplificada, didáctica y transparente del presupuesto nacional, elaborada para facilitar su comprensión por parte de cualquier persona. No es un documento alternativo ni paralelo, sino una representación visual y explicativa que detalla de dónde vienen los ingresos, en qué se gastan y cómo afectan a la vida diaria. Su objetivo principal es empoderar a la población para que pueda fiscalizar, debatir y proponer mejoras en el uso de los fondos públicos.

En Guatemala, el Presupuesto Ciudadano 2025[1], es coordinado, elaborado y publicado por el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN)[2], este asciende a un monto aprobado de Q148,526 millones, un aumento del 26.9% respecto al año anterior, y se enlaza directamente con la Gestión por Resultados (GpR)[3] y con las políticas alineadas al Plan Nacional Katún 2032, la Política General de Gobierno 2024-2028 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Pero con los aumentos y modificaciones el presupuesto llego a Q 154,536 millones.

Este presupuesto ciudadano facilita que cualquier persona pueda entender de dónde vienen los recursos (principalmente impuestos, con un 70.59% del total) y cómo se distribuyen a sectores esenciales como educación, salud, seguridad, infraestructura, tecnología, producción y protección social.

Ahora bien aquí es de preguntarse ¿Cómo afecta el presupuesto ciudadano a distintos actores?

Por ejemplo las Organizaciones Sociales y Activistas, pueden identificar áreas críticas y articular diversos esfuerzos que permitan intervenciones oportunas para fortalecer sectores como salud, educación o combate a la corrupción, con base en datos claros. También Investigadores y Periodistas, tienen un mayor acceso a información amigable que fomenta análisis rigurosos y cobertura informativa. Incluso a los Funcionarios Públicos, el presupuesto ciudadano eleva la calidad gerencial y acompaña la transparencia en la gestión, como un mecanismo de participación ciudadana, y no por ser el ultimo el menos importante a Estudiantes y la ciudadanía general, ya que fomenta la educación cívica y el ejercicio activo del control social, haciendo palpable la relación entre recursos públicos y derechos, como un mecanismo de acertar las necesidades de los diversos sectores a los funcionarios públicos pero también como de un mecanismo de rendición de cuentas de igual manera.

Y con esta participaciónciudadana las prioridades y desafíos en Guatemalase identifican ciertas áreas que el presupuesto prioriza como el gasto asignado salud Q 15,200.0 (9.8%), Q 25,530.3 millones para educación (16.5%). También se asigna Q 8,272.8 (5.3%) en seguridad y Q 7,841.1 (7.8%) en infraestructura, reflejando las prioridades que tiene el poder ejecutivo.

Pero en contraste con el tipo de gasto se puede evidenciar que el 63.9% del presupuesto vigente es para el Funcionamiento, el 13% para pagar Deuda pública y el 23.1% es dedicado a la inversión pública.

Pero esta participación ciudadana sin embargo, enfrenta desafíos que no permiten fortalecer este mecanismo como: 1. La baja cultura de fiscalización y participación ciudadana. 2. Procesos muy rígidos, técnicos y legales que limitan la adaptación presupuestaria a necesidades emergentes. y 3. La necesidad de fortalecer y aumentar la recaudación tributaria para sostener inversiones y reducir la deuda pública.

Desafíos de la participación ciudadana

Pero veamos un ejemplo práctico nacional, como las asignaciones presupuestarias detalladas permiten que cualquier guatemalteco pueda seguir cómo se invierte en servicios clave como las escuelas y hospitales de su comunidad, y participen en canales abiertos por las entidades públicas para influir en decisiones y exigir rendición de cuentas.

En este orden de ideas es fundamental el identificar aquellas oportunidades y propuestas para fortalecer el presupuesto ciudadano como:

• Abrir, fortalecer y consolidar aquellos espacios de consulta pública y participación ciudadana durante el ciclo presupuestario;
• Desarrollar herramientas digitales para monitorear la asignación y ejecución de los recursos, reportando irregularidades;
• Fomentar el acceso a información con pertinencia étnica y lingüística para garantizar de esta forma una verdadera inclusión social.
• También promover aquellos espacios que promuevan la reducción de las brechas relacionadas a procesos de formación presupuestaria desde la educación formal con un lenguaje sencillo y materiales visuales.

De tal cuenta el presupuesto ciudadano es aquel responsable que convierte cifras complejas en una herramienta fácil y sencilla para el cambio concreto pero con las necesidades y solicitudes de la ciudadanía, involucrarse no solo es un derecho sino una necesidad para asegurar que los recursos públicos beneficien justamente a todos, especialmente en contextos de fragilidad institucional como el contexto guatemalteco y en especial aquellos grupos vulnerables, porque comprenderlo y exigir su cumplimiento es un paso hacia un Estado más democrático, transparente y cercano.

[1] https://www.minfin.gob.gt/images/archivos/Presupuesto%20Ciudadano%202025-28-feb-2025.pdf

[2] https://tallerdepresupuestoabierto.minfin.gob.gt/

[3] Estrategia de gestión pública que se enfoca en generar valor público y mejorar el bienestar de la ciudadanía al orientar los recursos del Estado hacia el logro de objetivos y resultados concretos.

Hablar de contrataciones públicas en Guatemala suele evocar controversia, máximo en el contexto actual en el que nos encontramos, con una población altamente polarizada y en medio de una serie de procesos políticos que abonan a la crisis nacional. Pero el actor principal es quien queda relegado a un escalón muy bajo en esta escalera hacia el progreso y con justa razón la ciudadanía se pregunta: “¿Por qué tantas escuelas en condiciones deplorables, centros de salud en el abandono o los proyectos municipales nunca llegan a las comunidades más necesitadas?”

La respuesta a esta y muchas preguntas más en la mayoría de las respuestas tiene que ver con cómo el Estado gestiona sus compras y contrataciones, las cuales en los últimos días se han visto nuevamente en el foco de atención ya que se analiza si deben de aplicarse modificaciones a la Ley de Compras y Contrataciones para permitir que el Estado invierta y ejecute obras y servicios de forma más rápida y eficiente, superando una normativa que ya no se adapta a las necesidades institucionales actuales, sin sacrificar la transparencia ni debilitamiento del control fiscal. Según se sabe el Ejecutivo espera que estos cambios permitan mejorar la eficiencia del gasto público sin riesgos de opacidad, siempre y cuando se mantengan salvaguardias técnicas y controles adecuados, pero la experiencia nos indica que esto tendría que transformarse en obras de calidad o por lo menos eso no ha sucedido, imagínese si con “tantos controles” entregan los contratistas obras de mala calidad, que nos puede esperar si la normativa es mas laxa en este sentido.

Pero en contextos de alta desconfianza institucional, corrupción crónica y fragilidad democrática, lograr que cada quetzal se invierta correctamente es fundamental no solo para evitar el saqueo de recursos, sino también para transformar la vida real de los habitantes de una población.

Hoy, les invitamos a tener una mirada cercana de un cambio normativo reciente: las reformas introducidas por el Acuerdo Gubernativo 208-2024, que modifica el Acuerdo 133-2024 (Requisitos, Trámites y Procedimientos de Inscripción y Otras Anotaciones Registrales ante el Registro General de Adquisiciones del Estado) sobre requisitos de inscripción de contratistas estatales. ¿Es esto un avance real para la transparencia y la lucha contra la corrupción o solo un parche legal más? Y, ¿qué efectos podría tener la acción de inconstitucionalidad presentada contra parte de estas reformas, especialmente sobre la vida de quienes más necesitan que la obra pública sea de calidad y llegue a tiempo?

La corrupción en compras por parte de las entidades del Estado es uno de los grandes males de cualquier país, y claro que en Guatemala no es la excepción. Si las reglas están hechas para esconder a quién o quiénes están detrás de una empresa; individual o Sociedad anónima, que es contratada por el Estado, el terreno actualmente de las obras publicas está abonado para premiar: el favoritismo, el sobreprecio y la impunidad. La evidencia internacional es clara: mientras menos transparencia hay, más oportunidades tienen las redes corruptas para adueñarse de dinero público. No se trata de moralismos; es una relación directa y tangible que golpea especialmente a los territorios y sectores en mayor vulnerabilidad[1].

En Guatemala, la ciudadanía ha salido a las calles más de una vez a denunciar la corrupción —recordemos el 2015 como un punto de quiebre. Pero a pesar de la presión social, muchos cambios legales se han quedado en el papel, sin mecanismos efectivos para que la transparencia sea la norma y no la excepción[2].

Aquí es donde el Acuerdo Gubernativo 133-2024 establecía que las sociedades mercantiles interesadas en contratar con el Estado debían presentar información sobre quiénes son sus accionistas y las personas físicas que finalmente controlan sus decisiones. Es en diciembre de 2024, el Acuerdo 208-2024 emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas, refuerza esos requisitos y agrega una garantía clave: que la información recolectada se mantenga bajo confidencialidad por parte del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), permitiendo su acceso solo a entidades fiscalizadoras y evitando su exposición pública sin consentimiento, según el artículo 10 bis agregado.

Pero vamos desmenuzando por pocos este tema haciendo una pregunta fundamental ¿Para qué sirve esto? Básicamente, para que no haya lugar donde esconder la verdadera identidad de quienes hacen negocios con el Estado. Las redes de corrupción suelen operar creando empresas fachadas o usando “prestanombres” o también conocidos como “testaferros”, para disfrazar a los verdaderos beneficiarios de contratos millonarios. De tal cuenta al exigir esta información, y asegurar que solo órganos de control puedan consultarla, crea una especie de “filtro anticorrupción”, si un funcionario corrupto intenta asignar una obra a una empresa fantasma, queda una huella que puede ser rastreada por fiscalizadores o, en casos relevantes, por el Ministerio Público o la Contraloría.

Aquí es de resaltar que esta figura del “testaferro” quien o quienes se ven en la necesidad e utilizar esta figura, porque no lo utiliza un ciudadano que su interés principal es prestar bienes y servicios, si no es utilizado por personajes siniestros que representan intereses, políticos, religiosos, crimen organizado, por mencionar algunos.

Así mismo esta reforma se reviste de importancia en un contexto donde Guatemala ha avanzado en posiciones en los índices internacionales de transparencia[3]. Además, responde a compromisos internacionales contra la corrupción y a las recomendaciones de organismos multilaterales para cerrar brechas en la participación de empresas ligadas a estructuras ilícitas.

Apenas entraron en vigor estas reformas, se presentó una acción de inconstitucionalidad contra el requisito de identificar a los accionistas y controladores finales de las sociedades mercantiles que buscan contratar con el Estado, argumentando que vulnera los derechos de privacidad (artículo 24) y libertad de comercio (artículo 43) de la Constitución, y que solo una ley (no un acuerdo gubernativo) puede imponer estas restricciones.

¡Pero como afecta esto a la ciudadanía? Si la Corte Constitucional acoge esta acción de forma permanente y expulsa el requisito impugnado, el riesgo es enorme: el Estado volvería a “cerrar los ojos” ante quién está verdaderamente detrás de las empresas contratistas, dificultando la prevención y sanción de actos de corrupción, el lavado de dinero y las redes de tráfico de influencias. Eso significa que los recursos públicos seguirían estando en riesgo de terminar en manos indebidas, a costa de hospitales sin medicinas, carreteras incompletas y escuelas que nunca se abren.

No solo es un asunto jurídico: es un asunto de justicia social, cuando las reglas impiden rastrear a los beneficiarios finales, quienes terminan perjudicados son los ciudadanos de a pie, que ven cómo se esfuman oportunidades de desarrollo y atención básica. Por otro lado, la confidencialidad incluida en el nuevo acuerdo busca equilibrar la transparencia con la protección de datos, limitando el acceso a la información para evitar abusos, pero manteniendo control real por parte de los organismos de fiscalización.

En Latinoamérica, países que han impulsado reformas similares —como Colombia y México— han visto mejoras en la prevención de corrupción en la contratación pública, especialmente cuando las reglas permiten identificar a los verdaderos dueños de empresas contratistas. El desafío radica en no caer en la trampa de sobre regular sin capacidad de fiscalizar, pero tampoco en la desregulación que allana el camino al crimen de cuello blanco. En todos los casos exitosos, la combinación de información accesible para los fiscalizadores y protección de datos personales es clave para el equilibrio entre derechos.

Cuando se habla de “más contrataciones transparentes, menos corrupción”, no se trata solo de un eslogan. Es una realidad comprobable: solo cuando sabemos quién está detrás de las grandes y pequeñas obras públicas se puede luchar en serio contra las mafias que se enriquecen robando el futuro del país.

¿El Acuerdo 208-2024 es un paso en la dirección correcta?, la respuesta solo el tiempo lo dirá (mediano y largo plazo), pero en un corto plazo cierra brechas por donde históricamente se ha colado la corrupción. Las acciones legales que buscan revertir estos avances pueden disfrazarse de defensa de derechos, pero acaban siendo un retroceso en la vigilancia ciudadana, auditoria social, mecanismos anticorrupción y la garantía efectiva de que los recursos lleguen donde más se necesitan.

¿Quieres que los hospitales tengan medicinas, las escuelas funcionen y las carreteras lleguen a donde el Estado siempre ha estado ausente? Exige reglas claras y mecanismos anticorrupción efectivos en cada contratación pública. Porque tu participación, aunque no lo parezca, influye directamente en cuánto de la corrupción se cuela en la vida diaria.

Referencias seleccionadas

• Acuerdo Gubernativo 133-2024 y su reforma mediante el 208-2024.
• https://saladeprensa.minfin.gob.gt/ampliacion-de-proveedores-transparentes-busca-prevenir-la-corrupcion/

[1] https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/2686

[2] https://psicogt.org/index.php/riec/article/view/83

[3] https://cnc.gob.gt/comision-nacional-contra-la-corrupcion-fija-cobertura-territorial-y-robustecimiento-de-capacidades-en-el-organismo-ejecutivo-como-prioridades-en-2025/

El ejercicio fiscal 2024 estuvo marcado por controversias y opiniones divididas respecto a la ejecución presupuestaria de las municipalidades. Algunos sectores señalaron que la ejecución fue considerablemente baja en comparación con años anteriores, por lo que cuestionaban la necesidad de ampliar el presupuesto destinado a los Concejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE). En este contexto, el aporte extraordinario ascendía a Q1,881,000, distribuidos entre los 22 departamentos, aunque no en todos los municipios.

El cambio de autoridades municipales supone una curva de aprendizaje que puede afectar temporalmente la ejecución presupuestaria; sin embargo, esto no justifica que el desempeño financiero de las municipalidades sea discreto en 2024. A nivel nacional, el promedio de ejecución presupuestaria municipal se sitúa en un 78%^[1]. Aunque esto no significa que lo trasladado por la ampliación del presupuesto no haya sido ejecutado.

Determinar si una ejecución del 78% es buena o mala depende de varios factores. A primera vista, puede considerarse aceptable, ya que indica que la mayoría del presupuesto asignado ha sido utilizado. Además, en el último año han surgido nuevas disposiciones sobre la ejecución presupuestaria, incluyendo la posibilidad de una ejecución bianual, un concepto introducido por el Ministro de Finanzas Públicas durante las audiencias en el Congreso de la República. Esta medida permitiría a las municipalidades utilizar fondos en un período de dos años, en lugar de verse presionadas a gastar en un solo ejercicio fiscal.

Hay que recordar que existe una diferencia en los presupuestos que traslada el Gobierno Central y el realmente manejan cada una de las municipalidades del país. El presupuesto que traslada el Ministerio de Finanzas a las municipalidades son aporte constitucional, subsidios del gobierno central, el monto recaudado vía IVA PAZ, así como el impuesto al petróleo y combustibles derivados del petróleo, y recursos asignados por el fondo de solidaridad para el desarrollo comunitario a través de los Consejos Regionales de Desarrollo^[2].

Sin embargo, las municipalidades reciben otros ingresos por otras vías tales como el Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI), Arbitrio de Ornato Municipal, Arbitrios sobre Actividades Económicas, las contribuciones para mejoras y tasas que determinen los Concejos Municipales, aunque también reciben ingresos por regalías, subsidios donaciones, préstamos, venta de bienes y servicios, regalías entre otros según el artículo 100, capítulo I del Código Municipal.

Estructura del Presupuesto de Ingresos Municipales

La estructura de los ingresos municipales puede venir de 3 fuentes, Transferencias de Gobierno Central estas pueden ser Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital. Las transferencias corrientes son fondos que las municipalidades reciben para cubrir gastos operativos, como el pago de salarios, servicios básicos y mantenimiento administrativo, sin generar un incremento en su patrimonio. En cambio, las transferencias de capital se destinan a inversiones en infraestructura y proyectos de desarrollo, como la construcción de carreteras, escuelas o sistemas de agua potable, lo que sí aumenta el patrimonio municipal. Mientras las primeras aseguran el funcionamiento diario de la municipalidad, las segundas contribuyen al crecimiento y mejora de los servicios públicos.

Por otro lado, los ingresos pueden venir por endeudamiento y donaciones. Las donaciones pueden venir de entidades no gubernamentales y/o privadas, nacionales o extranjeras que la municipalidad obtiene para proyectos específicos, en forma de dinero, en especie como maíz, frijol, ambulancias, hospitales, entre otros, o servicios técnicos o profesionales.

Ingresos municipales por donación

Las municipalidades pueden pedir préstamos para cumplir con sus proyectos y necesidades, pero deben hacerlo siguiendo las reglas establecidas en el código municipal en su capítulo II. El endeudamiento puede ser a corto o largo plazo según lo establecido en el Código Municipal y en varias vías desde emisión de productos financieros hasta adquisición de créditos en bancos del país como Banrural o Bantrab, también puede venir de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y por último por entidades nacionales como el Instituto de Fomento Municipal (INFOM).

Proceso de aprobación de Prestamos Municipales

Los ingresos propios son los que las municipalidades recaban y no corresponden a las transferencias del Gobierno Central, a la deuda ni cualquier otra fuente. La clasificación que se le puede hacer es por Ingresos Tributarios e Ingresos No Tributarios.

Los ingresos tributarios son aquellos que las municipalidades reciben a través del pago de impuestos. Estos tributos se generan a partir de una actividad estatal general y no están directamente relacionados con un contribuyente específico. Pueden ser tasas como el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), o los arbitrios municipales, los cuales, por su naturaleza, no tienen una contraprestación directa. Es decir, quienes los pagan no reciben un bien o servicio específico a cambio, ya que estos fondos pueden destinarse a diferentes fines según lo establezca la ley, estos impuestos son creados por el Congreso de la República y deben pagarse de forma periódica. Además, los ingresos tributarios pueden incluir regalías, que son los ingresos obtenidos por la extracción de recursos naturales o no renovables dentro de un municipio, como ocurre con la explotación minera.

Los ingresos municipales No Tributarios son aquellos que reciben las municipalidades por cobros que hacen por la compensación al brindar algún servicio o una mejora que se presta a la población en general. Estos ingresos pueden venir por concepto de tasas creadas por los concejos municipales y deriva de la prestación de un servicio. Pueden ser por la extensión de certificaciones, solvencias, registro y constancias; o bien pueden ser tasas por servicios que provienen por el cobro a los usuarios de servicios públicos como el agua, drenaje, uso de rastro municipal, extracción de basura, servicios de cementerio y arrendamientos de locales municipales.

Los ingresos pueden venir de Contribución por Mejoras, en dado caso los vecinos que se benefician de las obras de urbanización pagan una contribución de acuerdo con lo que el Concejo Municipal establezca de acuerdo con lo establecido en el Código Municipal artículo 102. También reciben ingresos por multas por incumplir las normas legales de índole municipal.

Los ingresos por la venta de bienes y servicios, que incluye los pagos que los ciudadanos hacen por ciertos trámites o servicios prestados por la municipalidad. Entre ellos están el registro y uso de fuentes de agua, el deslinde de terrenos y el traspaso de derechos sobre servicios públicos, entre otros.

Fuentes de Ingresos Municipales No Tributarios

También existen los ingresos por operaciones municipales, que provienen de servicios específicos que ofrecen las municipalidades. Esto incluye pagos por el uso de espacios en mercados (piso de plaza), el derecho a usar fuentes de agua (canon de agua), el acceso a rastros privados para el sacrificio de ganado y la reserva de espacios en cementerios municipales.

Por último, las municipalidades pueden generar ingresos a través de rentabilidades monetarias, que son los intereses que ganan por los depósitos bancarios que mantienen en instituciones financieras.

La independencia y sostenibilidad de las municipalidades

Los ingresos propios son fundamentales para las municipalidades dado que permiten tener mayor autonomía y flexibilidad en la administración de sus recursos. A diferencia de otras fuentes de ingresos como las transferencias de Gobierno Central o los fondos específicos para proyectos, que están condicionados a ciertos usos o destinos dependiendo del tipo de transferencia que se dé; por ejemplo la ampliación de presupuesto 2024 asignaba un monto extraordinario para proyecto de educación, salud, agua, saneamiento, drenajes, infraestructura vial y caminos rurales. Los ingresos propios no tienen restricciones en su aplicación. Esto significa que las municipalidades pueden decidir libremente el destino, cómo y en qué invertirlos, Lo que les da la capacidad de priorizar según lo necesite la comunidad.

La independencia financiera es crucial para que las municipalidades puedan responder de manera ágil y efectiva a las demandas locales. Por ejemplo, si una municipalidad identifica la necesidad de construir o reparar un camino comunal, puede utilizar el ingreso propio para financiar obras sin tener que esperar aprobaciones o cumplir con los procedimientos burocráticos de la administración central.

A nivel financiero los ingresos propios fortalecen la sostenibilidad financiera de la municipalidad en el largo plazo. Por lo que los ingresos propios no solo son una fuente de financiamiento sino que son una herramienta clave para que las municipalidades ejerzan una gestión de manera autónoma, eficiente y adaptada a las realidades de su localidad.

Aunque los ingresos propios brindan a las municipalidades una mayor autonomía para gestionar sus recursos, esto no garantiza que su uso sea siempre transparente o libre de riesgos. Es aquí donde el papel de los ciudadanos es importante dado que la falta de controles adecuados y de mecanismos de rendición de cuentas puede generar situaciones de opacidad, malversación o corrupción en el manejo de estos fondos. Por ejemplo, algunos gobiernos locales podrían no reportar correctamente los ingresos obtenidos o destinar esos recursos a proyectos que no beneficien a la comunidad, sino a intereses particulares.

En la medida en que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones, como el pago de impuestos y tasas municipales, contribuyen directamente al desarrollo de su comunidad. Estos recursos permiten que las municipalidades brinden mejores servicios, inviertan en infraestructura y promuevan el bienestar de la población. Sin una cultura de responsabilidad y cumplimiento, los gobiernos locales enfrentan dificultades para atender las necesidades de la ciudadanía. Por ello, participar activamente y exigir transparencia en el uso de los recursos fortalece la democracia y mejora la calidad de vida de todos.

Visita el tablero de datos

^[1] Visite el tablero de ejecución del presupuesto municipal: https://odgs.ciidhguatemala.org/ejecucion-del-presupuesto-municipal-guatemala-2024/

^[2] http://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/56/Archivos/REVISTA69.pdf

En las últimas semanas, el Congreso de la República de Guatemala ha avanzado con notable agilidad en la discusión y probable aprobación del presupuesto general para 2025. Este escenario, respaldado por un superávit en la recaudación fiscal, ha generado un entorno en el que “hay dinero” disponible para asignaciones estratégicas, incentivando propuestas tanto en infraestructura como en incentivos salariales, especialmente en áreas críticas como la salud.

Entre las iniciativas más recientes se encuentra un aumento a la bolsa estudiantil a todos los estudiantes de medicina que están haciendo su EPS, en los Centros de Atención Primaria (CAP), una medida que responde a la necesidad de fortalecer el sistema de salud pública y reconocer el papel esencial de estos profesionales. La propuesta ha sido bien recibida por diversos sectores, aunque no exenta de cuestionamientos sobre la sostenibilidad de estos incentivos a largo plazo.  

Sin embargo, lo que resulta llamativo en este proceso es el contraste en el nivel de escrutinio ejercido por los legisladores en comparación con debates anteriores, como la reciente ampliación presupuestaria. Mientras que en aquel momento las audiencias se caracterizaron por discusiones extensas y críticas severas, la revisión actual ha sido más ágil y, para algunos, menos exhaustiva. Esta celeridad coincide, no casualmente, con la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que ha planteado dudas sobre las posibles dinámicas políticas que podrían estar influenciando el ritmo y enfoque de estas decisiones legislativas.  

Aunque las discusiones en el pleno aún continúan, es prácticamente seguro que el presupuesto será aprobado con enmiendas o agregados. Este panorama pone en evidencia un reto crítico: si bien hay recursos disponibles gracias al superávit, la pregunta clave es cómo se utilizarán de manera estratégica y con objetivos claros. Las decisiones apresuradas o influenciadas por intereses particulares podrían desviar fondos hacia proyectos sin impacto tangible para la población.  

El debate sobre el presupuesto no solo debe centrarse en la cantidad de dinero disponible, sino en la calidad de su uso. Los recursos públicos no deben convertirse en una herramienta de negociaciones políticas o en excusa para gastos indiscriminados, sino en un instrumento para promover un desarrollo inclusivo, efectivo y transparente.

En el siguiente video puedes ampliar la información sobre el caso.

Tabla No. 01 – Evolución parque vehicular 2005 – 2024*[1]

Fuente: elaboración propia – Con datos de la SAT

[1] Hasta el mes de septiembre de 2024

Tabla No. 02 – proyección parque vehicular 2025 – 2029

Fuente: elaboración propia

Uno de los hallazgos más importantes del estudio es que la provincia de Guatemala alberga el 42% de los vehículos del país y el 40% de los hechos de tránsito de tránsito reportados ocurren con frecuencia en este sector. Las investigaciones muestran que una alta densidad de vehículos dentro de un área geográfica limitada conduce a una mayor frecuencia de hechos de tránsito, especialmente en áreas urbanas con mucho tráfico. Además, factores como el consumo de bebidas alcohólicas y/o fermentadas, el exceso de velocidad y la falta de revisiones vehiculares agravan la situación, convirtiendo los hechos de tránsito de tránsito en un problema complejo que requiere una solución integral.

Para comprender mejor las causas de los hechos de tránsito, el informe señala que se centra en la llamada «trilogía del tráfico» formada por personas, tráfico y factores ambientales. Estos tres factores interactúan para provocar un aumento en la tasa de hechos de tránsito del país. Los factores humanos incluyen comportamientos peligrosos como la conducción imprudente, conductores sin experiencia y el desprecio de las normas de tráfico. En cuanto a los factores relacionados con los vehículos de motor, la proporción de hechos de tránsito que involucran motocicletas es alta (41%), y su uso ha aumentado debido a su disponibilidad y costo relativamente bajo. En cuanto a los factores ambientales, la falta de infraestructuras como señalización, iluminación y mantenimiento de las vías también es un factor clave en los hechos de tránsito viales.

Gráfica No. 02 – Top 5 departamentos con mayor frecuencia de hechos de tránsito 2015 a mayo 2024

Fuente: Elaboración propia con base del tablero del -ODGS- (Hechos de Tránsito)

El estudio también analizó los picos en las tasas de hechos de tránsito de tráfico. Se señaló que hubo aumentos importantes en marzo y diciembre. Estas fechas coinciden con días festivos como Semana Santa y Nochevieja, lo que puede incrementar la circulación de personas y vehículos, así como el consumo de alcohol, creando condiciones peligrosas que impactan tanto a conductores como a peatones.

Gráfica No. 04 – Hechos con mayor incidencia del año 2015 a mayo 2024

Fuente: Elaboración propia con base del tablero del -ODGS- (Hechos de Tránsito)

Tabla No. 06 – Incidencia de vehículos por tipo de hecho y departamento periodo del año 2015 a mayo 2024

Fuente: Elaboración propia con base del tablero del -ODGS- (Hechos de Tránsito)

El informe hace recomendaciones para abordar de manera integral estos temas, incluyendo:

Implementar medidas de seguridad preventivas proactivas: llevar a cabo actividades de educación en seguridad vial dirigidas principalmente a conductores jóvenes para promover el cumplimiento de las normas y la conducción cuidadosa. También se recomienda un estricto control de velocidad y pruebas de alcoholemia, especialmente los fines de semana y festivos cuando aumenta el número de hechos de tránsito de tráfico.

Mejorar la infraestructura vial: La calidad de las vías y la infraestructura para peatones y peatones. Para los motociclistas, reducir la ocurrencia de hechos de tránsito de tránsito es muy importante. Se recomienda mejorar las aceras, la señalización y la iluminación en áreas de alto tráfico. Aparte de,Sería útil establecer infraestructura específica para motocicletas y proporcionar caminos seguros para los peatones, minimizando la interacción de diferentes tipos de usuarios dentro de un mismo espacio y reduciendo así el riesgo de hechos de tránsito.

Regular la compra y uso de motocicletas: Dado que las motocicletas son el tipo de vehículo que más hechos de tránsito de tránsito causa, se recomienda tomar medidas de control en la compra y exigir licencia de conducir antes de adquirirlas. Además, sería útil promover campañas que fomenten el uso de cascos certificados, ya que el incumplimiento de esta medida de seguridad pasiva es habitual entre motociclistas y pasajeros.

Promover el transporte público seguro y accesible: Fomentar el uso del transporte público La seguridad y la comodidad son estrategias clave para reducir los movimientos de vehículos privados y reducir los hechos de tránsito de tráfico. Al fomentar el transporte compartido, ayudamos a reducir la carga de vehículos en zonas urbanas congestionadas, mejorando así la movilidad y la seguridad vial en general.

Utilice un seguro de responsabilidad obligatorio: proteja a las víctimas de hechos de tránsito de tráfico,Es necesario garantizar la implantación del seguro obligatorio de responsabilidad civil de conformidad con lo dispuesto en la Ley de circulación por carretera. Esta medida garantiza la indemnización por daños personales y materiales y promueve una cultura de responsabilidad y prevención.

Fortalecer los controles de seguridad pasiva: se debe fomentar el uso de dispositivos de seguridad como cinturones de seguridad y cascos de motocicleta mediante publicidad y regulaciones más estrictas. Existe evidencia de que estos dispositivos pueden salvar vidas y reducir la gravedad de las lesiones en caso de hecho de tránsito de tráfico.

Cooperación interinstitucional y cooperación con la sociedad civil: Las agencias responsables de la seguridad vial deben coordinar su trabajo con los municipios y las organizaciones de la sociedad civil. Implantar medidas de seguimiento e información en materia de seguridad vial. La cooperación entre diferentes sectores puede aumentar la eficacia de las intervenciones y proporcionar un enfoque integrado para prevenir los hechos de tránsito de tráfico.

El análisis proporciona una visión clara de los desafíos de seguridad vial de Guatemala y la urgente necesidad de medidas preventivas. Los hechos de tránsito de tráfico no sólo afectan a los conductores, sino también a los peatones y pasajeros, y reducir los hechos de tránsito de tráfico requiere del esfuerzo conjunto de las autoridades, la sociedad y todos los usuarios de la vía. Fortalecer la infraestructura vial, promover el transporte público seguro y regular los vehículos de alto riesgo, como las motocicletas, son pasos necesarios para reducir el número de hechos de tránsito viales y construir un sistema vial seguro y sostenible.

El presupuesto destinado a los comedores sociales ha experimentado un incremento sustancial en los últimos años. De Q32 millones en 2020, pasó a Q224 millones en 2023, reflejando un aumento del 86% en solo tres años ​(Capitulo III) Estos incrementos son una clara señal de que el gobierno considera prioritario este programa en la lucha contra la inseguridad alimentaria. Sin embargo, surgen dudas sobre la eficiencia del gasto y el verdadero impacto en la reducción de la pobreza, ya que el programa se define como «asistencialista» y no se enfoca en combatir las causas estructurales de la pobreza​ (Capitulo II).

Documentos que integran el compendio

Implementación y Transparencia: Los Desafíos

Uno de los mayores retos en la implementación de los comedores sociales ha sido la transparencia en la adjudicación de contratos para el suministro de alimentos. Desde 2017, la empresa Banquetes de Guatemala, S.A. (conocida comercialmente como Presto), ha sido la única proveedora de los servicios alimentarios, lo que ha suscitado críticas sobre la falta de competencia y posibles prácticas monopólicas ​(Capitulo III).

El proceso de adquisición de servicios de alimentos se lleva a cabo a través del portal Guatecompras, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. Sin embargo, varios informes han señalado irregularidades, como la adjudicación repetitiva a un solo proveedor, lo que podría comprometer la calidad del servicio ​(Capitulo III).

Impacto en la Población Vulnerable

El programa de comedores sociales ha sido clave en proporcionar raciones diarias a la población más vulnerable de Guatemala. En 2022, se distribuyeron más de 9 millones de raciones en 79 comedores, lo que demuestra el alcance del programa ​(Capitulo II). Sin embargo, la distribución de los comedores no siempre se alinea con los índices de pobreza y vulnerabilidad. Según la auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC), muchos comedores se encuentran en zonas con baja incidencia de pobreza, lo que sugiere la necesidad de mejorar los mecanismos de focalización​(Capitulo II).

Políticas de Gasto Social y Programas Sociales: Impacto en la Sociedad

El gasto social es una herramienta crucial para promover la equidad y reducir la pobreza, especialmente en países en desarrollo. Este análisis se centra en las políticas de gasto social en Guatemala, particularmente a través de la implementación de programas como los comedores sociales. Estos programas tienen como objetivo mejorar la seguridad alimentaria, proporcionando alimentos a personas vulnerables que no pueden acceder a una nutrición adecuada.

En Guatemala, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) ha implementado los comedores sociales como una intención de coadyuvar a la creciente inseguridad alimentaria. Estos comedores distribuyen raciones de desayuno y almuerzo a personas en condiciones de vulnerabilidad económica y social. Según un estudio reciente, estos programas se enfocan en las regiones con mayor índice de inseguridad alimentaria, cubriendo tanto áreas urbanas como rurales ​(Capitulo V )​(Capitulo IV).

Calidad y Cantidad de la Alimentación

Uno de los factores clave evaluados fue la calidad de los alimentos proporcionados. Las encuestas revelaron que, si bien la mayoría de los beneficiarios está satisfecha con la cantidad de comida, se identificaron carencias en ciertos nutrientes como carbohidratos y vegetales​ (Capitulo V). Estas deficiencias nutricionales resaltan la necesidad de mejorar la composición de los menús para cumplir con los requerimientos alimenticios básicos.

Cifras clave:

• Un 45% de los encuestados se quedó sin recibir una ración en alguna ocasión debido a la falta de orden y la alta demanda​ (Capitulo V).
• El 57% de los encuestados afirmó que no cambiaría nada en los comedores, destacando la apreciación por el servicio, aunque algunos mencionaron mejoras en la atención y la infraestructura ​(Capitulo V).

Impacto del Gasto Social en la Sociedad

Los programas sociales, como los comedores, son una respuesta directa a la precariedad alimentaria que enfrenta gran parte de la población guatemalteca. El 71.1% de la población ocupada en el país está en el sector informal, lo que incrementa la vulnerabilidad de muchas familias ​(Capitulo IV). Los comedores sociales no solo cubren necesidades alimentarias, sino que representan un apoyo esencial para aquellos que no pueden costear una comida diaria.

Desigualdad en el Acceso a los Recursos

A pesar de los beneficios de los comedores, existen problemas relacionados con la distribución equitativa de las raciones y la infraestructura inadecuada. En algunos casos, se observó que ciertos beneficiarios recibían privilegios, como saltarse la fila o recibir raciones adicionales, lo que afecta a otros usuarios que dependen del programa ​(Capitulo IV).

Además, las instalaciones de los comedores presentan problemas, como la falta de baños y espacios adecuados para el consumo de alimentos​ (Capitulo IV). Estos inconvenientes afectan la experiencia de los beneficiarios y limitan el alcance del programa en cuanto a calidad de servicio.

Retos y Oportunidades para el Gasto Social

A pesar de los logros alcanzados, el sistema de comedores sociales enfrenta varios retos. Entre ellos se encuentran la falta de acceso para personas con discapacidades, la inequidad en la distribución de las raciones y la necesidad de mejorar las condiciones de infraestructura​ (Capitulo V)​(Capitulo IV).

Para aumentar la efectividad de los programas sociales, es esencial:

1. Mejorar la planificación y gestión de los recursos destinados a estos programas.
2. Fortalecer los mecanismos de monitoreo y evaluación, asegurando una distribución justa y equitativa de las raciones.
3. Ampliar el acceso y cobertura a poblaciones marginadas, especialmente en áreas rurales con altos índices de desnutrición.

En los siguientes enlaces puedes descargar los 5 documentos que integran el compendio:

La iniciativa de ley presentada por el Organismo Ejecutivo para la ampliación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2024 ha sido un tema de considerable controversia y debate en Guatemala. Esta ampliación, que inicialmente proponía un aumento de Q 14,451.7 millones, se desarrolló en un contexto de tensiones políticas y preocupaciones sobre la transparencia y la eficiencia en la asignación de recursos.

A pesar de la oposición de diversos sectores finalmente fue aprobada bajo el Decreto 17-2024 aunque con modificaciones significativas en la distribución de fondos. Este proceso ha evidenciado las tensiones inherentes entre las necesidades de desarrollo social y económico del país y las preocupaciones sobre la corrupción y la mala gestión de los recursos públicos.

Antecedentes

La iniciativa de ley que disponía aprobar ampliación al presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2024 fue presentada[1] el 28 de mayo del 2024. Como el procedimiento normal dicta, primero es presentado al Congreso de la República para luego ser trasladado a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, estos a su vez resuelven en un dictamen favorable o no.

En el caso de ser favorable lo trasladan de nuevo al Pleno para que le den lectura y se esperan tres debates, así como una discusión por artículo. Sin embargo, es posible aprobar una ley como Urgencia Nacional que es aprobado en un solo debate, se presentan enmiendas si es necesario, se lee, se firma y se envía a publicar. Esto último fue lo que sucedió para que se aprobara el Decreto 16-2024.

En la iniciativa de ley 6403 propuesta por el ejecutivo proponía ampliar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024 con un monto de Q14,451,700,391.00 El Ministro de Finanzas dio algunas declaraciones previas a presentarse la iniciativa de ley al congreso lo que generó una ola de reacciones, unas a favor otras en contra. La mayoría apuntaba a una negativa total o parcial de la iniciativa.

El aporte a los Consejos de desarrollo es el que más controversia ha generado desde finales de mayo, por ejemplo, los 48 cantones afirmaron que esa ampliación no responde a ningún criterio técnico y denotaba fines políticos[2]. ICEFI[3] también se sumó a la negativa[4], sobre los CODEDES[5] de recibir aporte extraordinario ya que afirman que históricamente son focos severos de corrupción, abuso y opacidad.

Comisión de Finanzas Públicas y Moneda

La controversia continua luego de que se presentara formalmente la iniciativa de ley. Desde entonces se realizaron 8 reuniones en las que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República de Guatemala analizó la ampliación presupuestaria que el ejecutivo solicitaba y con ello emitir un dictamen favorable o no. Escucharon a entidades del Estado que se vería beneficiada con la ampliación presupuestal, así como a otros grupos de interés dichas reuniones se encuentran en el Canal del Congreso en la plataforma de YouTube, véase tabla 1.

Tabla No. 1

[1] Asociación de Investigación y Estudios Sociales

[2] Centro De Investigaciones Económicas Nacionales

[3] Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales

[4] Ministerio de Trabajo y Previsión Social

[5] Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

[6] Ministerio de Relaciones Exteriores

[7] Crédito Hipotecario Nacional

[8] Ministerio de Gobernación

[9] Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

[1] https://lahora.gt/nacionales/jmaldonado/2024/05/28/gobierno-de-arevalo-presenta-propuesta-para-ampliar-presupuesto-por-q14-mil-millones/

[2] https://www.prensalibre.com/economia/48-cantones-de-totonicapan-piden-a-finanzas-corregir-aporte-extraordinario-a-codedes-breaking/

[3] Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales

[4] https://www.icefi.org/sites/default/files/gt06-2024_icefi_recomiendacion_al_congreso_-_ampliacion_presupuestaria_4_de_junio_2024.pdf

[5] Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural

Descarga y lee el artículo completo:

Las medidas para reducir el riesgo de lesiones y muertes causadas por la siniestralidad vial están a cargo del Departamento de Tránsito, ente coordinador y regulador del tránsito a nivel nacional, debido a ello es importante conocer la historia, facultades, funciones y la estructura orgánica, a continuación, se presenta la compilación de información basada en la Ley de tránsito y su reglamento.

Este capítulo es una introducción a la organización y designación de las funciones de este departamento, delegadas por medio de la Orden General No. 75-2014 emitida por la Dirección General Adjunta de la Policía Nacional Civil; el objetivo es la administración y ordenamiento del sistema vial en protección de las personas que circulan en la vía pública, con un adecuado recurso humano policial y administrativo con el fin de disminuir la incidencia de la siniestralidad vial, con programas de educación, señalización y control. Tomando en cuenta que las muertes por hechos de tránsito en nuestro país son la segunda causa de muertes violentas.

La importancia de la gestión institucional para sentar las bases de intervención y prevención en la movilidad segura en Guatemala cada vez aumenta, debido a la complejidad del fenómeno las personas participantes son peatón, pasajero y conductor en un hecho de tránsito.

El documento tiene continuidad “parte II” con información estadística de los hechos de tránsito ocurridos del año 2015 a mayo 2024, datos proporcionados por el Departamento de Tránsito de la PNC.

Departamento de Tránsito Dirección General de la -PNC-

El Departamento de Tránsito de la Direccion General de la Policía Nacional Civil – DTPNC – como Dependencia directa del Director General Adjunto reglamentado por el Director General de la Policía Nacional Civil -PNC- para mejor funcionamiento, establecido en la Orden General No. 75-2014 “Organización y designación de funciones del Departamento de Transito de la Direccion General Adjunta de la Policía Nacional Civil”, establece el desarrollo de la regulación, control, ordenamiento y administración del sistema de seguridad vial, a fin de minimizar los siniestros viales a nivel nacional, en protección de las personas que circulan en la vía pública.

En materia de seguridad vial el Departamento ejerce desde sus inicios hasta la actualidad con facultades y funciones establecidas por medio de estructura organizacional. La expansión en el territorio nacional se realiza por medio de las Delegaciones del Departamento de tránsito y Policías Municipales de Tránsito -PMT-, donde haya sido delegada esta función a las municipalidades, en contribución a la movilidad segura y sustentable de la población nacional en el marco de la siniestralidad vial. 

Historia

La trayectoria histórica de la ejecución de funciones como ente rector de coordinación y regulación del tránsito del territorio nacional como departamento interno de la Dirección General de la Policía Nacional.

El 18 de diciembre de 1996 se emite Decreto Número 132-96 la creación de la Ley de Tránsito para efectos de regulación, control, ordenamiento y administración de la circulación terrestre y acuática de personas y vehículos, señalización, semaforización, uso de vías públicas, educación vial y actividades de policía relacionadas con el tránsito, en materia de la organización del Departamento de Transito se establece en el artículo 1 del Acuerdo Gubernativo número 273-98 Reglamento de tránsito emitido 22 de mayo 1998.

En el Decreto 11-97 Ley de la -PNC- artículo 10 inciso I) se designa la función de coordinar y regular todo lo relativo a las obligaciones del Departamento de Tránsito establecidas en la Ley, en la actualidad depende directamente de la Dirección General Adjunta de la Policía Nacional Civil, establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 97-2009 Reglamento de organización de la -PNC- de fecha 1 de abril de 2009 articulo 3.

El Jefe y Subjefe del Departamento de Tránsito, de conformidad con la ley de la materia es nombrado por el Ministro de Gobernación, y éstos a su vez realizan las funciones establecidas en el artículo 5 del Decreto 132-96 del Congreso de la República el 27 de noviembre de 1996 Ley de Tránsito, y Acuerdo Gubernativo número 273-98, de fecha 22 de mayo de 1998, Reglamento de Tránsito.

Diferencia entre facultades y funciones

La facultad es la capacidad para actuar en base a derechos y obligaciones de los órganos de la institución y las funciones son las actividades para desarrollar las atribuciones (derechos y obligaciones) establecidas para desarrollar según el cargo asignado en cumplimiento de la competencia de este. (Ver Figura 1)

Figura 1. Diferencia entre Facultades y Funciones

Fuente: Elaboración con base compilación de enciclopedia y diccionario jurídico

Facultades del Departamento de Tránsito

Conforme al artículo 5 de la Ley de Tránsito y su reglamento, el Departamento de tránsito atribuye facultades en el ejercicio de la autoridad de tránsito en la vía pública, con responsabilidad de la seguridad especialmente en cuanto a planeación, regulación y control se refiere, con el objetivo de la administración del tránsito, considerando el crecimiento de la población y el número de vehículos, su concentración, el uso excesivo y descontrolado de la vía pública por personas y vehículos.

Figura 2. Facultades del DTPNC

Fuente: Elaboración con base a Orden General No. 75-2014

Lee y descarga la investigación completa en el siguiente enlace: