Elaborado por: Nahomy Morales
En las últimas semanas, el Congreso de la República de Guatemala ha avanzado con notable agilidad en la discusión y probable aprobación del presupuesto general para 2025. Este escenario, respaldado por un superávit en la recaudación fiscal, ha generado un entorno en el que “hay dinero” disponible para asignaciones estratégicas, incentivando propuestas tanto en infraestructura como en incentivos salariales, especialmente en áreas críticas como la salud.
Entre las iniciativas más recientes se encuentra un aumento a la bolsa estudiantil a todos los estudiantes de medicina que están haciendo su EPS, en los Centros de Atención Primaria (CAP), una medida que responde a la necesidad de fortalecer el sistema de salud pública y reconocer el papel esencial de estos profesionales. La propuesta ha sido bien recibida por diversos sectores, aunque no exenta de cuestionamientos sobre la sostenibilidad de estos incentivos a largo plazo.
Sin embargo, lo que resulta llamativo en este proceso es el contraste en el nivel de escrutinio ejercido por los legisladores en comparación con debates anteriores, como la reciente ampliación presupuestaria. Mientras que en aquel momento las audiencias se caracterizaron por discusiones extensas y críticas severas, la revisión actual ha sido más ágil y, para algunos, menos exhaustiva. Esta celeridad coincide, no casualmente, con la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que ha planteado dudas sobre las posibles dinámicas políticas que podrían estar influenciando el ritmo y enfoque de estas decisiones legislativas.
Aunque las discusiones en el pleno aún continúan, es prácticamente seguro que el presupuesto será aprobado con enmiendas o agregados. Este panorama pone en evidencia un reto crítico: si bien hay recursos disponibles gracias al superávit, la pregunta clave es cómo se utilizarán de manera estratégica y con objetivos claros. Las decisiones apresuradas o influenciadas por intereses particulares podrían desviar fondos hacia proyectos sin impacto tangible para la población.
El debate sobre el presupuesto no solo debe centrarse en la cantidad de dinero disponible, sino en la calidad de su uso. Los recursos públicos no deben convertirse en una herramienta de negociaciones políticas o en excusa para gastos indiscriminados, sino en un instrumento para promover un desarrollo inclusivo, efectivo y transparente.
