Análisis del Presupuesto 2026

El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026, aprobado mediante el Decreto Número 27-2025, asciende a un monto total de Q. 163,469,328,657.00, normativa aprobada en horas de la madrugada de este miércoles 26 de noviembre, con 139 votos a favor y 11 en contra.[1]

Este instrumento financiero refleja una política fiscal, que busco “equilibrar” la rigidez del gasto de funcionamiento y deuda, pero con una ENORME apuesta significativa por la inversión pública descentralizada, como estrategia de agilizar la inversión en los territorios con la justificación de las exigencias de la población se vieran convertidas en una diversidad de obras, utilizando para tal efecto a los Consejos de Desarrollo (CODEDES) como el principal brazo ejecutor, un tema que en los últimos meses ha causado mucha polémica debido a los diversos mecanismos oscuros y personajes de dudosa reputación quienes serán los encargados de ejecutar dichos fondos.

Ahora bien centraremos este resumen áreas fundamentales como los Ingresos; de qué forma se financiará el presupuesto como sus diversas fuentes, también la estructura de Egresos, es decir como se gastarán las diversas entidades públicas dichos fondos, y detalles como el fondo otorgado a CODEDES y los sectores de Seguridad y Sistema de Justicia.

Datos clave para iniciar:

• Monto total aprobado: Q163.47 millardos.
• Estructura del Gasto:
  • El 66% se destina a Funcionamiento,
  • el 21% a Inversión y
  • el 13% al pago de la Deuda Pública.
• Déficit / Financiamiento: Aproximadamente el 22.4% del presupuesto se financia con deuda (bonos y préstamos) y el uso de saldos de caja.

Con este porcentaje estamos diciendo técnicamente que: de cada Q. 1.00 que el Estado gastará en 2026, 22 centavos no existen en la recaudación de impuestos del año. Esos 22 centavos se consiguen pidiendo prestado (emitiendo Bonos o préstamos bancarios) o «rascando la olla» de ahorros viejos (Saldos de Caja).

• CODEDES: Reciben una asignación histórica que supera los Q10.8 millardos.

Fuentes de financiamiento – Ingresos –

El presupuesto se sustenta o su base de financiamiento principal es la recaudación tributaria, aunque mantiene una dependencia del endeudamiento que utilizan para cubrir el déficit fiscal y la inversión.

Egresos por entidad pública

La distribución institucional muestra que la mayor parte de los recursos se concentra en las obligaciones a cargo del tesoro (transferencias) y en el sector educación.

Entidades con mayor asignación:

1. Obligaciones del estado a cargo del tesoro: Q. 62,167,873,972.00 (38.0% del total). Incluye el aporte constitucional a municipalidades, aportes a CODEDES, clases pasivas y subsidios diversos.
2. Ministerio de educación (MINEDUC): Q. 26,941,500,000.00 (16.5% del total).

Destinado mayoritariamente al rubro de funcionamiento (pago de nómina), con una asignación de Q26,688 millones para gastos operativos.

3. Servicios de la deuda pública: Q. 21,368,706,634.00 (13.1% del total).

Representando el costo financiero de la deuda (intereses y amortizaciones), constituyendo una carga fija relevante.

4. Ministerio de Salud (MSPAS): Q. 16,537,678,000.00 (10.1% del total).

Contempla Q1,497 millones para inversión en infraestructura hospitalaria y centros de salud.

5. Ministerio de Gobernación: Q. 9,560,355,600.00 (5.8% del total).

Otras entidades relevantes:

Ministerio de Comunicaciones (CIV): Q7,061,667,692.00 a pesar de ser el ente rector de la infraestructura, su presupuesto es menor comparado con la suma de fondos descentralizados, además de estar envuelto en mucha polémica por las críticas a la baja inversión en mantenimiento de la red vial y la creación de más kilómetros nuevos de esta.

Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES)

Los CODEDES “asumen” o les designan un rol protagónico en el presupuesto 2026, administrando y gestionando una porción sustancial de la inversión pública, los fondos asignados para este ejercicio fiscal se desglosan de la siguiente manera:

Los CODEDES administrarán el 31.7% del total de la Inversión Pública del país. Este porcentaje significa o implica que una tercera parte de los recursos para infraestructura (escuelas, caminos rurales, agua y saneamiento) será ejecutada por el sistema de Consejos de Desarrollo.

El Decreto incluye disposiciones que buscan en el mejor de los casos asegurar la continuidad de obras (obras de arrastre) y de igual manera ordena la regularización de saldos ociosos en las cuentas únicas del tesoro, buscando mayor eficiencia en el gasto.

Pero que quiere decir todo esto, que Q. 1.00 de cada Q. 3.00 destinados a construir escuelas, caminos rurales o sistemas de agua, será ejecutado por el sistema de Consejos de Desarrollo y no por los ministerios centrales.

Regulaciones o modificación críticas en el presupuesto:

• Cuentas corrientes (Art. 53): Se ordena una «limpieza» de las cuentas únicas del tesoro de los CODEDES, en donde los fondos “ociosos” de proyectos sin movimiento al 31 de diciembre de 2023 serán debitados y devueltos al fondo común.
• Continuidad de obras (Art. 54): Se autoriza ampliar el presupuesto para incorporar saldos no ejecutados de años anteriores (obras de arrastre) para evitar obras inconclusas, con un plazo límite al 31 de enero de 2026 para solicitar modificaciones.

Monto asignado a CODEDES por departamento

Otro de los temas prioritarios para la población es saber ¿Cuánto es el monto asignado a los sectores de Justicia y Seguridad ciudadana.

Podemos iniciar con la Seguridad Ciudadana, en donde el ente rector es el que recibe la mayor asignación individual dentro de este bloque, reflejando cuales son las prioridades del poder del Ejecutivo en materia de control territorial y la prevención del delito.

Detalle del gasto en seguridad:

• Funcionamiento: Q. 8,945,945,081.00 (93.6% del presupuesto de MINGOB se va en salarios y operación).
• Inversión: Q. 614,410,519.00 (Destinado a comisarías, equipo y tecnología).

Ahora otro de los sectores controversiales en la coyuntura nacional es el Sector Justicia[2] y las instituciones que conforman dicho sistema. El modo de que se financia a las instituciones de dicho sector es más complejo, ya que se distribuye entre aportes constitucionales y asignaciones extraordinarias provenientes de las «Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro», además que dependerá de que instituciones se consideran como parte de dicho sistema.

Ahora bien de estos 2 sectores se puede realizar un análisis comparativo:

Se evidencia un desbalance operativo, con esto nos referimos en que por cada Q. 1.00 que el Estado invierte en Justicia (Investigación y juzgamiento), invierte aproximadamente Q. 1.25 quetzales en Seguridad (Prevención del delito y captura de delincuentes).

Igualmente se identifican procesos poco rígidos, le denominamos rígidos o estáticos, debido a que ambos sectores presentan una altísima rigidez presupuestaria, por ejemplo en el caso del Ministerio de Gobernación, solo el 6.4% de su presupuesto es para inversión real, lo que limita la implementación de acciones que busquen la modernización de cárceles, comisarías y demás áreas vinculadas con la prevención del delito y ataque de estructuras criminales.

Alta nivel de dependencia, esto debido que a diferencia del Ministerio de Gobernación quien tiene un presupuesto propio, caso contrario al sector justicia y entidades que lo conforman depende enteramente de las transferencias de las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, lo que suele generar tensiones de flujo de caja si la recaudación fiscal baja, además de los movimientos políticos para recibir más o que ya en la etapa de ejecución del presupuesto se gestiones transferencias presupuestarias o modificaciones al mismo haciendo que también dependa de otros factores como el componente político.

Y también como un dato relevante del presupuesto a hacer mención, es la asignación de 16 millones a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (SENABED), entidad clave para monetizar los bienes incautados al crimen organizado y reinvertirlos en el mismo sector justicia y seguridad.

Ya para finalizar, podemos expresar que el Presupuesto 2026 fue aprobado refleja tensiones políticas, denuncias de sus negociaciones oscuras y viejas prácticas de ser aprobado bajo negociaciones y en horas de noche, bajo nivel de inclusión de las propuestas populares que exigían más atención a sus exigencias y necesidades, una fuerte e intensa presión estructural y si a esto le adherimos las nuevas prioridades políticas del contexto inestable y cambiante de Guatemala, harán que su ejecución se de en un entorno que sin duda alguna estará caracterizado por los siguientes factores que consideramos críticos.

El reto de la descentralización como estrategia de inversión, y la apuesta del Ejecutivo por los CODEDES, esto debido a que al asignar montos históricos a los Consejos de Desarrollo, el Gobierno Central apuesta por dinamizar la inversión pública «municipalizando» la ejecución. Acto que en un escenario ideal, puede o debería en el mejor de los casos agilizar la obra pública en las comunidades; sin embargo, plantea desafíos inmensos en materia de capacidad técnica, fiscalización, corrupción, cero mecanismos para rendiciones de cuentas y riesgo latente de que llegue a un punto de politización de los recursos en un año pre-electoral. Pero este sería tan solo uno de los factores a contemplar en esta área en específico, otro aspecto fundamental es la calidad de la infraestructura creada, ya que esta dependerá enteramente de controles que históricamente han sido laxos; por no decir corruptos.

El tema de la rigidez fiscal extrema, o dependencia de ingresos fiscales, el margen de maniobra que le queda al Estado es mínimo, esto debido a que al sumar los gastos de funcionamiento (nóminas) y el servicio de la deuda, cerca del 79% del presupuesto ya está comprometido en gastos operativos y financieros ineludibles. Esto ha obligado a financiar la nueva inversión pública casi exclusivamente mediante deuda (Bonos del Tesoro), como una práctica histórica que se implementa desde el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), lo cual, si bien permite la expansión del gasto, incrementa la presión sobre la sostenibilidad fiscal a mediano plazo.

Ahora si nos enfocamos en temas de seguridad y justicia el presupuesto pareciera evidenciar una prioridad financiera enfocada o dirigida en la contención del delito sobre su judicialización. Mientras el Ministerio de Gobernación recibe una asignación robusta de Q. 9,5 millardos para seguridad ciudadana y control territorial, el sector justicia en su conjunto suma aproximadamente Q. 8 millardos. Como se hizo mención anteriormente este desbalance operativo de invertir Q1.25 en seguridad por cada Q1.00 en justicia, también trata de sugerir un fortalecimiento de la fuerza policial, pero advierte un posible «cuello de botella» en la capacidad del Estado para investigar y procesar judicialmente los delitos, agravado por la dependencia de estas entidades a las transferencias del Tesoro y sus limitados recursos para nueva inversión.

En términos que también nos preocupan están la transparencia y calidad del gasto, la cual compartirnos con una buena parte de la ciudadanía, por esta especia de epidemia crónica de corrupción que se ha mantenido a lo largo del tiempo a lo interno de la institucionalidad gubernamental, este presupuesto busca incorporar normas de «calidad del gasto» más estrictas, exigiendo informes cuatrimestrales de avance físico y financiero en formatos de datos abiertos, que puedan facilitar la auditoria social informada.

En el artículo 39, obliga a crear espacios ciudadanos de transparencia, obliga a todas las instituciones públicas y ONGs (nacionales o internacionales) que reciban fondos del Estado a crear mecanismos o espacios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en una especie de mecanismo de «gobierno abierto» bajo las siguientes reglas o condiciones: a) qué deben presentar, no solo la ejecución financiera (gastos), sino el cumplimiento de metas, resultados físicos y cantidad de personas beneficiadas cada cuatro meses. b) implementar mecanismos de reuniones presenciales, virtuales o híbridas, difundidas por redes sociales y páginas web, c) mantener espacios permanentes de interacción con la ciudadanía con el objetivo explícito que esta cuestione, aporte y formule preguntas directamente a los responsables. Y d) realizar una evaluación obligatoria, al finalizar cada espacio ciudadano, las entidades públicas deben realizar una encuesta de satisfacción a los participantes y publicar los resultados para medir oportunidades de mejora.

El éxito de la gestión dependerá de que estos candados legales no sean burlados en la práctica administrativa, y que los procesos de auditoria gubernamental como de sociedad civil no tengan efecto algo frente a estructuras del crimen organizado dedicadas a nutrirse de fondos públicos por medio del otorgamiento de contratos de obra pública.

El estado ahora tiene una buena cantidad de presupuesto el cual se perfila como “expansivo” o “novedoso” por su forma de inversión descentralizada pero débil ante intereses espurios, sectoriales, políticos y de estructuras dedicadas al saqueo del erario. Para el gobierno del Presidente Arévalo el éxito a nuestro criterio dependerá de tres pilares: 1) la capacidad de ejecución transparente de los fondos, por ejemplo el de los CODEDES , 2) la eficiencia del gasto en seguridad para reducir la incidencia criminal, y 3) el cumplimiento de las metas de recaudación tributaria para evitar un mayor endeudamiento.

[1] https://lahora.gt/nacionales/dguzman/2025/11/26/con-139-votos-a-favor-y-11-en-contra-asi-voto-el-congreso-para-aprobar-el-presupuesto-general-2026/

[2] https://www.youtube.com/watch?v=ODXUutm3j5M

El ejercicio fiscal 2024 estuvo marcado por controversias y opiniones divididas respecto a la ejecución presupuestaria de las municipalidades. Algunos sectores señalaron que la ejecución fue considerablemente baja en comparación con años anteriores, por lo que cuestionaban la necesidad de ampliar el presupuesto destinado a los Concejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE). En este contexto, el aporte extraordinario ascendía a Q1,881,000, distribuidos entre los 22 departamentos, aunque no en todos los municipios.

El cambio de autoridades municipales supone una curva de aprendizaje que puede afectar temporalmente la ejecución presupuestaria; sin embargo, esto no justifica que el desempeño financiero de las municipalidades sea discreto en 2024. A nivel nacional, el promedio de ejecución presupuestaria municipal se sitúa en un 78%^[1]. Aunque esto no significa que lo trasladado por la ampliación del presupuesto no haya sido ejecutado.

Determinar si una ejecución del 78% es buena o mala depende de varios factores. A primera vista, puede considerarse aceptable, ya que indica que la mayoría del presupuesto asignado ha sido utilizado. Además, en el último año han surgido nuevas disposiciones sobre la ejecución presupuestaria, incluyendo la posibilidad de una ejecución bianual, un concepto introducido por el Ministro de Finanzas Públicas durante las audiencias en el Congreso de la República. Esta medida permitiría a las municipalidades utilizar fondos en un período de dos años, en lugar de verse presionadas a gastar en un solo ejercicio fiscal.

Hay que recordar que existe una diferencia en los presupuestos que traslada el Gobierno Central y el realmente manejan cada una de las municipalidades del país. El presupuesto que traslada el Ministerio de Finanzas a las municipalidades son aporte constitucional, subsidios del gobierno central, el monto recaudado vía IVA PAZ, así como el impuesto al petróleo y combustibles derivados del petróleo, y recursos asignados por el fondo de solidaridad para el desarrollo comunitario a través de los Consejos Regionales de Desarrollo^[2].

Sin embargo, las municipalidades reciben otros ingresos por otras vías tales como el Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI), Arbitrio de Ornato Municipal, Arbitrios sobre Actividades Económicas, las contribuciones para mejoras y tasas que determinen los Concejos Municipales, aunque también reciben ingresos por regalías, subsidios donaciones, préstamos, venta de bienes y servicios, regalías entre otros según el artículo 100, capítulo I del Código Municipal.

Estructura del Presupuesto de Ingresos Municipales

La estructura de los ingresos municipales puede venir de 3 fuentes, Transferencias de Gobierno Central estas pueden ser Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital. Las transferencias corrientes son fondos que las municipalidades reciben para cubrir gastos operativos, como el pago de salarios, servicios básicos y mantenimiento administrativo, sin generar un incremento en su patrimonio. En cambio, las transferencias de capital se destinan a inversiones en infraestructura y proyectos de desarrollo, como la construcción de carreteras, escuelas o sistemas de agua potable, lo que sí aumenta el patrimonio municipal. Mientras las primeras aseguran el funcionamiento diario de la municipalidad, las segundas contribuyen al crecimiento y mejora de los servicios públicos.

Por otro lado, los ingresos pueden venir por endeudamiento y donaciones. Las donaciones pueden venir de entidades no gubernamentales y/o privadas, nacionales o extranjeras que la municipalidad obtiene para proyectos específicos, en forma de dinero, en especie como maíz, frijol, ambulancias, hospitales, entre otros, o servicios técnicos o profesionales.

Ingresos municipales por donación

Las municipalidades pueden pedir préstamos para cumplir con sus proyectos y necesidades, pero deben hacerlo siguiendo las reglas establecidas en el código municipal en su capítulo II. El endeudamiento puede ser a corto o largo plazo según lo establecido en el Código Municipal y en varias vías desde emisión de productos financieros hasta adquisición de créditos en bancos del país como Banrural o Bantrab, también puede venir de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y por último por entidades nacionales como el Instituto de Fomento Municipal (INFOM).

Proceso de aprobación de Prestamos Municipales

Los ingresos propios son los que las municipalidades recaban y no corresponden a las transferencias del Gobierno Central, a la deuda ni cualquier otra fuente. La clasificación que se le puede hacer es por Ingresos Tributarios e Ingresos No Tributarios.

Los ingresos tributarios son aquellos que las municipalidades reciben a través del pago de impuestos. Estos tributos se generan a partir de una actividad estatal general y no están directamente relacionados con un contribuyente específico. Pueden ser tasas como el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), o los arbitrios municipales, los cuales, por su naturaleza, no tienen una contraprestación directa. Es decir, quienes los pagan no reciben un bien o servicio específico a cambio, ya que estos fondos pueden destinarse a diferentes fines según lo establezca la ley, estos impuestos son creados por el Congreso de la República y deben pagarse de forma periódica. Además, los ingresos tributarios pueden incluir regalías, que son los ingresos obtenidos por la extracción de recursos naturales o no renovables dentro de un municipio, como ocurre con la explotación minera.

Los ingresos municipales No Tributarios son aquellos que reciben las municipalidades por cobros que hacen por la compensación al brindar algún servicio o una mejora que se presta a la población en general. Estos ingresos pueden venir por concepto de tasas creadas por los concejos municipales y deriva de la prestación de un servicio. Pueden ser por la extensión de certificaciones, solvencias, registro y constancias; o bien pueden ser tasas por servicios que provienen por el cobro a los usuarios de servicios públicos como el agua, drenaje, uso de rastro municipal, extracción de basura, servicios de cementerio y arrendamientos de locales municipales.

Los ingresos pueden venir de Contribución por Mejoras, en dado caso los vecinos que se benefician de las obras de urbanización pagan una contribución de acuerdo con lo que el Concejo Municipal establezca de acuerdo con lo establecido en el Código Municipal artículo 102. También reciben ingresos por multas por incumplir las normas legales de índole municipal.

Los ingresos por la venta de bienes y servicios, que incluye los pagos que los ciudadanos hacen por ciertos trámites o servicios prestados por la municipalidad. Entre ellos están el registro y uso de fuentes de agua, el deslinde de terrenos y el traspaso de derechos sobre servicios públicos, entre otros.

Fuentes de Ingresos Municipales No Tributarios

También existen los ingresos por operaciones municipales, que provienen de servicios específicos que ofrecen las municipalidades. Esto incluye pagos por el uso de espacios en mercados (piso de plaza), el derecho a usar fuentes de agua (canon de agua), el acceso a rastros privados para el sacrificio de ganado y la reserva de espacios en cementerios municipales.

Por último, las municipalidades pueden generar ingresos a través de rentabilidades monetarias, que son los intereses que ganan por los depósitos bancarios que mantienen en instituciones financieras.

La independencia y sostenibilidad de las municipalidades

Los ingresos propios son fundamentales para las municipalidades dado que permiten tener mayor autonomía y flexibilidad en la administración de sus recursos. A diferencia de otras fuentes de ingresos como las transferencias de Gobierno Central o los fondos específicos para proyectos, que están condicionados a ciertos usos o destinos dependiendo del tipo de transferencia que se dé; por ejemplo la ampliación de presupuesto 2024 asignaba un monto extraordinario para proyecto de educación, salud, agua, saneamiento, drenajes, infraestructura vial y caminos rurales. Los ingresos propios no tienen restricciones en su aplicación. Esto significa que las municipalidades pueden decidir libremente el destino, cómo y en qué invertirlos, Lo que les da la capacidad de priorizar según lo necesite la comunidad.

La independencia financiera es crucial para que las municipalidades puedan responder de manera ágil y efectiva a las demandas locales. Por ejemplo, si una municipalidad identifica la necesidad de construir o reparar un camino comunal, puede utilizar el ingreso propio para financiar obras sin tener que esperar aprobaciones o cumplir con los procedimientos burocráticos de la administración central.

A nivel financiero los ingresos propios fortalecen la sostenibilidad financiera de la municipalidad en el largo plazo. Por lo que los ingresos propios no solo son una fuente de financiamiento sino que son una herramienta clave para que las municipalidades ejerzan una gestión de manera autónoma, eficiente y adaptada a las realidades de su localidad.

Aunque los ingresos propios brindan a las municipalidades una mayor autonomía para gestionar sus recursos, esto no garantiza que su uso sea siempre transparente o libre de riesgos. Es aquí donde el papel de los ciudadanos es importante dado que la falta de controles adecuados y de mecanismos de rendición de cuentas puede generar situaciones de opacidad, malversación o corrupción en el manejo de estos fondos. Por ejemplo, algunos gobiernos locales podrían no reportar correctamente los ingresos obtenidos o destinar esos recursos a proyectos que no beneficien a la comunidad, sino a intereses particulares.

En la medida en que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones, como el pago de impuestos y tasas municipales, contribuyen directamente al desarrollo de su comunidad. Estos recursos permiten que las municipalidades brinden mejores servicios, inviertan en infraestructura y promuevan el bienestar de la población. Sin una cultura de responsabilidad y cumplimiento, los gobiernos locales enfrentan dificultades para atender las necesidades de la ciudadanía. Por ello, participar activamente y exigir transparencia en el uso de los recursos fortalece la democracia y mejora la calidad de vida de todos.

Visita el tablero de datos

^[1] Visite el tablero de ejecución del presupuesto municipal: https://odgs.ciidhguatemala.org/ejecucion-del-presupuesto-municipal-guatemala-2024/

^[2] http://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/56/Archivos/REVISTA69.pdf

En las últimas semanas, el Congreso de la República de Guatemala ha avanzado con notable agilidad en la discusión y probable aprobación del presupuesto general para 2025. Este escenario, respaldado por un superávit en la recaudación fiscal, ha generado un entorno en el que “hay dinero” disponible para asignaciones estratégicas, incentivando propuestas tanto en infraestructura como en incentivos salariales, especialmente en áreas críticas como la salud.

Entre las iniciativas más recientes se encuentra un aumento a la bolsa estudiantil a todos los estudiantes de medicina que están haciendo su EPS, en los Centros de Atención Primaria (CAP), una medida que responde a la necesidad de fortalecer el sistema de salud pública y reconocer el papel esencial de estos profesionales. La propuesta ha sido bien recibida por diversos sectores, aunque no exenta de cuestionamientos sobre la sostenibilidad de estos incentivos a largo plazo.  

Sin embargo, lo que resulta llamativo en este proceso es el contraste en el nivel de escrutinio ejercido por los legisladores en comparación con debates anteriores, como la reciente ampliación presupuestaria. Mientras que en aquel momento las audiencias se caracterizaron por discusiones extensas y críticas severas, la revisión actual ha sido más ágil y, para algunos, menos exhaustiva. Esta celeridad coincide, no casualmente, con la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que ha planteado dudas sobre las posibles dinámicas políticas que podrían estar influenciando el ritmo y enfoque de estas decisiones legislativas.  

Aunque las discusiones en el pleno aún continúan, es prácticamente seguro que el presupuesto será aprobado con enmiendas o agregados. Este panorama pone en evidencia un reto crítico: si bien hay recursos disponibles gracias al superávit, la pregunta clave es cómo se utilizarán de manera estratégica y con objetivos claros. Las decisiones apresuradas o influenciadas por intereses particulares podrían desviar fondos hacia proyectos sin impacto tangible para la población.  

El debate sobre el presupuesto no solo debe centrarse en la cantidad de dinero disponible, sino en la calidad de su uso. Los recursos públicos no deben convertirse en una herramienta de negociaciones políticas o en excusa para gastos indiscriminados, sino en un instrumento para promover un desarrollo inclusivo, efectivo y transparente.

El presupuesto destinado a los comedores sociales ha experimentado un incremento sustancial en los últimos años. De Q32 millones en 2020, pasó a Q224 millones en 2023, reflejando un aumento del 86% en solo tres años ​(Capitulo III) Estos incrementos son una clara señal de que el gobierno considera prioritario este programa en la lucha contra la inseguridad alimentaria. Sin embargo, surgen dudas sobre la eficiencia del gasto y el verdadero impacto en la reducción de la pobreza, ya que el programa se define como «asistencialista» y no se enfoca en combatir las causas estructurales de la pobreza​ (Capitulo II).

Documentos que integran el compendio

Implementación y Transparencia: Los Desafíos

Uno de los mayores retos en la implementación de los comedores sociales ha sido la transparencia en la adjudicación de contratos para el suministro de alimentos. Desde 2017, la empresa Banquetes de Guatemala, S.A. (conocida comercialmente como Presto), ha sido la única proveedora de los servicios alimentarios, lo que ha suscitado críticas sobre la falta de competencia y posibles prácticas monopólicas ​(Capitulo III).

El proceso de adquisición de servicios de alimentos se lleva a cabo a través del portal Guatecompras, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. Sin embargo, varios informes han señalado irregularidades, como la adjudicación repetitiva a un solo proveedor, lo que podría comprometer la calidad del servicio ​(Capitulo III).

Impacto en la Población Vulnerable

El programa de comedores sociales ha sido clave en proporcionar raciones diarias a la población más vulnerable de Guatemala. En 2022, se distribuyeron más de 9 millones de raciones en 79 comedores, lo que demuestra el alcance del programa ​(Capitulo II). Sin embargo, la distribución de los comedores no siempre se alinea con los índices de pobreza y vulnerabilidad. Según la auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC), muchos comedores se encuentran en zonas con baja incidencia de pobreza, lo que sugiere la necesidad de mejorar los mecanismos de focalización​(Capitulo II).

Políticas de Gasto Social y Programas Sociales: Impacto en la Sociedad

El gasto social es una herramienta crucial para promover la equidad y reducir la pobreza, especialmente en países en desarrollo. Este análisis se centra en las políticas de gasto social en Guatemala, particularmente a través de la implementación de programas como los comedores sociales. Estos programas tienen como objetivo mejorar la seguridad alimentaria, proporcionando alimentos a personas vulnerables que no pueden acceder a una nutrición adecuada.

En Guatemala, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) ha implementado los comedores sociales como una intención de coadyuvar a la creciente inseguridad alimentaria. Estos comedores distribuyen raciones de desayuno y almuerzo a personas en condiciones de vulnerabilidad económica y social. Según un estudio reciente, estos programas se enfocan en las regiones con mayor índice de inseguridad alimentaria, cubriendo tanto áreas urbanas como rurales ​(Capitulo V )​(Capitulo IV).

Calidad y Cantidad de la Alimentación

Uno de los factores clave evaluados fue la calidad de los alimentos proporcionados. Las encuestas revelaron que, si bien la mayoría de los beneficiarios está satisfecha con la cantidad de comida, se identificaron carencias en ciertos nutrientes como carbohidratos y vegetales​ (Capitulo V). Estas deficiencias nutricionales resaltan la necesidad de mejorar la composición de los menús para cumplir con los requerimientos alimenticios básicos.

Cifras clave:

• Un 45% de los encuestados se quedó sin recibir una ración en alguna ocasión debido a la falta de orden y la alta demanda​ (Capitulo V).
• El 57% de los encuestados afirmó que no cambiaría nada en los comedores, destacando la apreciación por el servicio, aunque algunos mencionaron mejoras en la atención y la infraestructura ​(Capitulo V).

Impacto del Gasto Social en la Sociedad

Los programas sociales, como los comedores, son una respuesta directa a la precariedad alimentaria que enfrenta gran parte de la población guatemalteca. El 71.1% de la población ocupada en el país está en el sector informal, lo que incrementa la vulnerabilidad de muchas familias ​(Capitulo IV). Los comedores sociales no solo cubren necesidades alimentarias, sino que representan un apoyo esencial para aquellos que no pueden costear una comida diaria.

Desigualdad en el Acceso a los Recursos

A pesar de los beneficios de los comedores, existen problemas relacionados con la distribución equitativa de las raciones y la infraestructura inadecuada. En algunos casos, se observó que ciertos beneficiarios recibían privilegios, como saltarse la fila o recibir raciones adicionales, lo que afecta a otros usuarios que dependen del programa ​(Capitulo IV).

Además, las instalaciones de los comedores presentan problemas, como la falta de baños y espacios adecuados para el consumo de alimentos​ (Capitulo IV). Estos inconvenientes afectan la experiencia de los beneficiarios y limitan el alcance del programa en cuanto a calidad de servicio.

Retos y Oportunidades para el Gasto Social

A pesar de los logros alcanzados, el sistema de comedores sociales enfrenta varios retos. Entre ellos se encuentran la falta de acceso para personas con discapacidades, la inequidad en la distribución de las raciones y la necesidad de mejorar las condiciones de infraestructura​ (Capitulo V)​(Capitulo IV).

Para aumentar la efectividad de los programas sociales, es esencial:

1. Mejorar la planificación y gestión de los recursos destinados a estos programas.
2. Fortalecer los mecanismos de monitoreo y evaluación, asegurando una distribución justa y equitativa de las raciones.
3. Ampliar el acceso y cobertura a poblaciones marginadas, especialmente en áreas rurales con altos índices de desnutrición.

En los siguientes enlaces puedes descargar los 5 documentos que integran el compendio:

La iniciativa de ley presentada por el Organismo Ejecutivo para la ampliación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2024 ha sido un tema de considerable controversia y debate en Guatemala. Esta ampliación, que inicialmente proponía un aumento de Q 14,451.7 millones, se desarrolló en un contexto de tensiones políticas y preocupaciones sobre la transparencia y la eficiencia en la asignación de recursos.

A pesar de la oposición de diversos sectores finalmente fue aprobada bajo el Decreto 17-2024 aunque con modificaciones significativas en la distribución de fondos. Este proceso ha evidenciado las tensiones inherentes entre las necesidades de desarrollo social y económico del país y las preocupaciones sobre la corrupción y la mala gestión de los recursos públicos.

Antecedentes

La iniciativa de ley que disponía aprobar ampliación al presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2024 fue presentada[1] el 28 de mayo del 2024. Como el procedimiento normal dicta, primero es presentado al Congreso de la República para luego ser trasladado a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, estos a su vez resuelven en un dictamen favorable o no.

En el caso de ser favorable lo trasladan de nuevo al Pleno para que le den lectura y se esperan tres debates, así como una discusión por artículo. Sin embargo, es posible aprobar una ley como Urgencia Nacional que es aprobado en un solo debate, se presentan enmiendas si es necesario, se lee, se firma y se envía a publicar. Esto último fue lo que sucedió para que se aprobara el Decreto 16-2024.

En la iniciativa de ley 6403 propuesta por el ejecutivo proponía ampliar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024 con un monto de Q14,451,700,391.00 El Ministro de Finanzas dio algunas declaraciones previas a presentarse la iniciativa de ley al congreso lo que generó una ola de reacciones, unas a favor otras en contra. La mayoría apuntaba a una negativa total o parcial de la iniciativa.

El aporte a los Consejos de desarrollo es el que más controversia ha generado desde finales de mayo, por ejemplo, los 48 cantones afirmaron que esa ampliación no responde a ningún criterio técnico y denotaba fines políticos[2]. ICEFI[3] también se sumó a la negativa[4], sobre los CODEDES[5] de recibir aporte extraordinario ya que afirman que históricamente son focos severos de corrupción, abuso y opacidad.

Comisión de Finanzas Públicas y Moneda

La controversia continua luego de que se presentara formalmente la iniciativa de ley. Desde entonces se realizaron 8 reuniones en las que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República de Guatemala analizó la ampliación presupuestaria que el ejecutivo solicitaba y con ello emitir un dictamen favorable o no. Escucharon a entidades del Estado que se vería beneficiada con la ampliación presupuestal, así como a otros grupos de interés dichas reuniones se encuentran en el Canal del Congreso en la plataforma de YouTube, véase tabla 1.

Tabla No. 1

[1] Asociación de Investigación y Estudios Sociales

[2] Centro De Investigaciones Económicas Nacionales

[3] Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales

[4] Ministerio de Trabajo y Previsión Social

[5] Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

[6] Ministerio de Relaciones Exteriores

[7] Crédito Hipotecario Nacional

[8] Ministerio de Gobernación

[9] Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

[1] https://lahora.gt/nacionales/jmaldonado/2024/05/28/gobierno-de-arevalo-presenta-propuesta-para-ampliar-presupuesto-por-q14-mil-millones/

[2] https://www.prensalibre.com/economia/48-cantones-de-totonicapan-piden-a-finanzas-corregir-aporte-extraordinario-a-codedes-breaking/

[3] Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales

[4] https://www.icefi.org/sites/default/files/gt06-2024_icefi_recomiendacion_al_congreso_-_ampliacion_presupuestaria_4_de_junio_2024.pdf

[5] Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural

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En las conclusiones del documento se menciona el panorama económico de este 2024 la incertidumbre geopolítica así como la recuperación de la economía mundial, pero sobre todo las condiciones climatológicas previstas para este año y las presiones que traerá para las economías emergentes como la de Guatemala, concluyendo que el aumento de la canasta básica seguiría y con esto desestabilización en la economía familiar.

Este documento es la continuación de lo planteado con anterioridad por el Centro de Costos, explora la situación actual del país, así como las causas en el aumento de los precios de varios productos y el impacto a la economía familiar y a nivel social.

Contexto y situación actual

Guatemala es un país cuya actividad económica se basa en la es predominantemente agrícola, con productos como café, maíz, banano y cardamomo siendo pilares de su economía. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la agricultura representa alrededor del 13% del PIB y emplea a más del 30% de la fuerza laboral. En los últimos años, se registra un incremento notable en los precios de productos esenciales como el maíz y los frijoles básicos en la dieta guatemalteca.

En las últimas semanas la población guatemalteca ha enfrentado un alza desmesurada en los precios de los productos de consumo alimenticio en los mercados tanto de la ciudad de Guatemala como en los departamentos. Estas últimas 2 semanas varios medios de comunicación[1] informaban sobre el alza de los precios, así como productos más caros que conforman la canasta básica alimentaria.

Soy502 daba a conocer el informe del INE sobre la Canasta Básica Alimentaria Urbana (CBAU) y la Canasta Básica Alimentaria Rural (CBAR) de junio y el alza que se presentó en producto como el tomate, papas, lechuga, aguacates, repollo, entre otros. Por su parte el Diario de Centro América informaba que tanto la ministra de Economía como el INE aluden a las condiciones climáticas como factor que ocasiona el alza de los precios. Sin embargo, la ministra asegura que no es un hecho aislado y que esto pasa a nivel Centroamericano. En tanto Prensa libre ha informado del alza de precios luego de un sondeo llevado a cabo por el noticiero Guatevisión, además los compradores de mercado mencionan que “No alcanza el sueldo”.

Los afectados son los ciudadanos que ven el incremento en los precios en productos de consumo diario. La preocupación es palpable y generalizada lo que ha llevado incluso a que varios diputados propongan iniciativas de ley enfocadas a un nuevo programa social, así como exención de IVA de ciertos productos de la canasta básica alimentaria.

En Guatemala existen varios indicadores que miden los precios de la canasta básica como:

Canasta básica alimentaria

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) según INE (2024) es el conjunto de alimentos que constituyen el mínimo necesario para satisfacer las necesidades energéticas y proteínas necesarias para una familia, solo que esta está ajustada en lo posible al:

• Patrón cultural,
• Capacidad adquisitiva,
• Disponibilidad y
• Precios de los alimentos a nivel local.

Este año iniciamos con una nueva metodología de cálculo del CBA, trabajada por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La metodología vigente de diciembre 2020 ha diciembre 2023 contemplaba 32 productos, la nueva metodología contempla a 66 productos para la CBAU y 60 productos para CBAR. 

La CBA tanto rural como urbana del mes de junio presenta una tendencia alcista desde febrero, en el caso de la CBA rural hubo una diferencia a la baja de 1.02% entre enero y febrero, hubo un incremento promedio de 0.87% entre febrero y junio, de febrero a marzo un aumento de 0.48%, de marzo a abril 1.02%, de abril a mayo 0.96% y de mayo a junio 1.02%.

La CBA urbana tuvo una diferencia a la baja de 0.71% entre enero y febrero mientras que para los siguientes meses hubo un incremento promedio de 0.78%. Entre febrero y marzo hubo un incremento de 0.24%, entre marzo y abril 0.96%, entre abril y mayo 98% y para mayo y junio un 93%.

Gráfica 1. Canasta Básica Alimentaria para una persona al mes

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

La gráfica 1 muestra el precio de la canasta básica alimentaria para una persona durante un mes, es decir que una persona que se ubicara en un poblado rural necesitaba Q654.40 para alimentarse, mientras que si la persona se ubicaba en una población urbana necesitaba Q846.27 para destinarlo a alimentos; y en el caso del mes de junio una persona del área rural necesitaba Q670.79 para destinarlo a los 60 productos que contempla su canasta básica, mientras que una persona para ese mismo mes pero que vive en el área urbana necesita Q866.97 para los 66 productos de la canasta básica alimentaria.

Índice de Precios al Consumidor

Uno de los instrumentos que se tienen en Guatemala para la medición de los precios en Guatemala es el Informe mensual del índice de Precios al Consumidor (IPC), se define como un indicador que mide las fluctuaciones en el costo promedio de los bienes y servicios que las familias adquieren. El encargado de esta publicación es el Instituto Nacional de Estadística. Aunque también se podría hablar de que el IPC proporción información sobre el poder adquisitivo, así como el bienestar económico de una población.

Para este 2024 el índice de Precios al Consumidor mantiene base de diciembre de 2023, y en el caso de la Canasta Básica Alimentaria tuvo una actualización metodológica para este 2024. Al cambiar la base significa que se comparan los precios actuales versus los precios del 2023, entonces si no hubo variación en los precios promedios de los bienes y servicios que contempla el cálculo entonces el valor será de 100, por encima de ese valor representaría una variación al alza o que los bienes y servicios están más caros.

Por su parte el INE en concordancia con su mandato constitucional, elaboró un calendario con las publicaciones que corresponden a los indicadores anteriormente mencionados. Para este mes la publicación del informe debió estar el 8 de julio sin embargo no se encuentra en la página web por lo menos al 18 de julio. A partir de los datos se obtuvo la gráfica 2 que refleja el IPC a nivel nacional.

Gráfica 2. Índice de Precios al Consumidor de enero a junio

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

Para este 2024 el IPC tiene una tendencia al alza, de enero a junio el precio de los alimentos, contemplados en el instrumento se han encarecido a nivel nacional. La dinámica no cambia mucho si se revisa el IPC por región. La gráfica nos quiere decir que, comparados con los precios del 2023, estos aumentaron en promedio para enero. En el caso de junio podemos decir que el promedio de los bienes y servicios aumentaron con relación al año pasado.

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[1] Soy502, Diario de Centro América, Prensa Libre

El Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala tiene como misión principal mejorar el bienestar de los individuos y promover el desarrollo integral de la sociedad. Aunque es un Ministerio relativamente joven, sus funciones tienen un impacto significativo en la vida de los guatemaltecos. Este documento de análisis se ha elaborado para proporcionar una comprensión detallada de las funciones del Ministerio, los programas sociales vigentes y las actividades que desempeña. Además, se analizará la asignación presupuestaria de estos programas según su estructura programática, lo que nos permitirá entender mejor cómo se distribuyen y utilizan los recursos disponibles.

Funciones del MIDES

Fuente: Elaboración propia con base en la ley del organismo ejecutivo

En este análisis, también se explorarán en profundidad los programas sociales administrados por el Ministerio de Desarrollo Social. Analizaremos en qué consisten estos programas, los criterios de inclusión, las corresponsabilidades que adquieren los beneficiarios y las diversas modalidades que existen dentro de cada programa social. Estos programas son herramientas fundamentales para abordar problemas críticos como la pobreza, la desigualdad y otras formas de exclusión social en Guatemala. Sin embargo, la efectividad y sostenibilidad de estos programas dependen en gran medida de su diseño y aplicación adecuados. Por ello, el estudio socioeconómico de los beneficiarios es esencial para evaluar la efectividad y pertinencia de estas intervenciones en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Programa Bono Social

Fuente: Elaboración propia en base a MIDES

Este documento también incluye una revisión de diversas perspectivas de autores reconocidos, con un enfoque particular en la teoría económica. Se abordarán temas como la importancia de los estudios socioeconómicos, las alternativas disponibles para mejorar los programas sociales, los problemas asociados con los «polizones» (personas que reciben beneficios sin cumplir los criterios) y los criterios para la integración efectiva de los beneficiarios. Además, se discutirán las mejores prácticas y recomendaciones para optimizar la implementación y el impacto de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social.

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Este breve documento versa sobre algunos de los principales problemas que deberá afrontar y atender el gobierno electo para el período 2024-2028, en ese sentido se abordan los fenómenos de carácter político, económico y social mediante un panorama actual que inicia con un contexto interno y externo de la economía, para posteriormente trasladar los análisis atinentes al desarrollo humano, pobreza y desigualdad, educación y salud, alimentaria y nutricional.

Los desafíos en materia de seguridad y justicia, sus implicaciones con la corrupción, los derechos humanos. La economía informal, el crimen organizado y la migración como alternativas de escape a la pobreza, la desigualdad y la marginación y exclusión social para culminar finalmente con algunas conclusiones y recomendaciones por parte del centro de costos.

Finalmente, el documento analiza el comportamiento a través de las distintas categorías del presupuesto, aborda de manera general el presupuesto asignado durante el periodo de análisis, asimismo se refiere a la categoría de presupuesto devengado o gastado por programa, para culminar con el análisis general de la categoría por devengar durante el periodo de análisis 2015-2023.

También puedes consultar el tablero de datos en donde se hace referencia a la cantidad de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial.

Este análisis ayuda a entender mejor cómo se maneja el presupuesto del Ministerio de Gobernación y cómo eso puede influir en nuestra seguridad y bienestar. La estructura presupuestaria del Ministerio de Gobernación, el MINGOB es una institución gubernamental y juega un papel importante en el país tales como la seguridad ciudadana y la gestión de emergencias justo como se analizó en la primera parte del análisis.

Para el funcionamiento adecuado del país es necesario contar con presupuesto para todo el órgano gubernamental, para ello cada una de las instituciones y entidades del Estado realizan un proyecto de presupuestación en donde plasman todas las actividades planificadas.

Abordaremos sobre el presupuesto público que la Nación asigna y presupuesta para atender las necesidades de la sociedad en materia de seguridad y como este genera un impacto positivo a través de las intervenciones en la vida de la población durante el periodo de análisis. Nos adentramos en los detalles del presupuesto de dicho Ministerio, para entenderlo mejor lo clasificaremos en presupuesto asignado, vigente, devengado y por devengar, y cómo el dinero es distribuido por el gobierno hasta llegar a su destino final.

En el siguiente enlace puedes visitar el Tablero relacionado al presente análisis

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