La criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos y operadores de justicia en Guatemala ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos años. Esta práctica no solo vulnera los derechos fundamentales de estas personas, sino que también afecta la consolidación del Estado de derecho y la democracia en el país. Este artículo analiza las tendencias de criminalización, los casos paradigmáticos y su relación con la justicia abierta como una posible solución para enfrentar esta problemática.
Contexto y Tendencias Recientes
En Guatemala, la persecución de defensores de derechos humanos no es un fenómeno nuevo, pero ha adquirido una dimensión preocupante desde 2019, tras el fin del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Este organismo, que jugó un papel crucial en la lucha contra la corrupción, fue clave en investigaciones que desarticularon redes de poder ilícitas. Sin embargo, su salida marcó un retroceso en los avances alcanzados.
Entre 2020 y principios de 2024, la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos y operadores de justicia aumentó significativamente. De acuerdo con datos de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA), se registraron miles de ataques anuales, dirigidos tanto a individuos como a organizaciones de la sociedad civil. En 2023, durante el proceso electoral, estos ataques alcanzaron picos alarmantes, marcados por campañas de desprestigio, amenazas y el uso indebido del sistema penal.
Este contexto ha consolidado un modelo de Estado autoritario, en el que los tres poderes del Estado parecen alineados con agendas que promueven la impunidad. Las víctimas principales de este escenario han sido jueces, fiscales y activistas que trabajaron en casos emblemáticos de corrupción o defensa de derechos fundamentales.
Casos Paradigmáticos
Dos casos ilustran las graves consecuencias de la criminalización en Guatemala:
- C.G.: Reconocida abogada defensora de derechos humanos, C.G. fue detenida en 2023 bajo cargos de abuso de autoridad, un delito que generalmente aplica a funcionarios públicos, a pesar de que ella no ocupaba un cargo público. Su caso refleja un uso arbitrario del derecho penal, basado en acusaciones que carecen de fundamento sólido. Durante su proceso, enfrentó retrasos maliciosos, violaciones a sus derechos procesales y campañas de estigmatización, obligándola a luchar por su libertad en un sistema diseñado para intimidar y silenciar.
- V.L.: Exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, V.L. fue perseguida y condenada por su trabajo en casos relacionados con corrupción y derechos humanos. Fue acusada de abuso de autoridad y usurpación de funciones, cargos que han sido cuestionados por organismos internacionales. A pesar de las recomendaciones de liberar a V.L. emitidas por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, el sistema judicial guatemalteco ha ignorado estas resoluciones, prolongando su encarcelamiento.
Ambos casos reflejan patrones comunes: la manipulación del derecho penal, la falta de independencia judicial y el uso de mensajes misóginos como herramienta adicional de ataque contra mujeres operadoras de justicia.
Impactos Sociales y Políticos
La criminalización no solo afecta a las personas directamente involucradas, sino que tiene consecuencias profundas en la sociedad. Envía un mensaje intimidante a quienes luchan por los derechos humanos y la justicia, generando un clima de temor generalizado. Además, exacerba la desconfianza en las instituciones, ya que la población percibe que el sistema judicial está más interesado en proteger intereses corruptos que en garantizar el acceso a la justicia.
La violencia de género también juega un papel significativo en este contexto. Operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos han sido blanco de campañas de odio que combinan misoginia con mensajes de desprestigio, un patrón que agrava aún más su situación de vulnerabilidad.
Justicia Abierta como Alternativa Transformadora
Frente a estos desafíos, la justicia abierta surge como una alternativa innovadora y necesaria. Este modelo propone principios de transparencia, participación ciudadana y colaboración entre el sistema judicial y la sociedad. Aunque Guatemala ha mostrado avances limitados en esta área, la implementación efectiva de la justicia abierta podría:
- Mejorar la legitimidad de las instituciones judiciales.
- Garantizar mayor acceso a la información para la ciudadanía.
- Fortalecer la independencia del sistema judicial frente a presiones políticas.
Para lograr estos objetivos, es crucial que las autoridades judiciales adopten políticas públicas que prioricen la apertura y rendición de cuentas. Asimismo, la cooperación internacional puede desempeñar un papel clave proporcionando recursos técnicos y promoviendo las mejores prácticas en justicia abierta.
Recomendaciones para el Futuro
El Estado de Guatemala debe comprometerse a:
- Implementar políticas integrales para proteger a defensores de derechos humanos y operadores de justicia.
- Garantizar investigaciones imparciales y transparentes en casos de criminalización.
- Fortalecer los mecanismos de justicia abierta, fomentando la participación ciudadana y el acceso a datos judiciales.
Por su parte, la sociedad civil y los organismos internacionales deben mantener la presión para que estas reformas se materialicen. La lucha por un sistema judicial independiente es clave para garantizar un futuro donde los derechos humanos sean plenamente respetados.
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