La Sala de Apelaciones recientemente instalada en Guatemala ha generado gran inquietud entre organizaciones de derechos humanos, víctimas y ciudadanos comprometidos con la justicia. Sus fallos recientes representan un duro golpe para el avance de los procesos de justicia transicional, especialmente aquellos que buscan esclarecer y castigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. Estas decisiones han frenado casos clave que involucran desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes de lesa humanidad, lo que pone en riesgo el esfuerzo de años de lucha por la verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias.
Desde su instalación, esta Sala de Apelaciones ha tomado decisiones que, según expertos en derechos humanos, favorecen la impunidad y ponen en entredicho el compromiso del Estado con la memoria histórica y la reparación. Las organizaciones señalan que esta tendencia debilita la institucionalidad de la justicia y profundiza la desconfianza en el sistema judicial guatemalteco, que ya ha sido criticado por su falta de independencia en diversas ocasiones. La preocupación principal es que estos fallos responden a intereses que buscan obstaculizar el camino hacia la verdad y proteger a quienes participaron en abusos del pasado, evitando así que los perpetradores enfrenten las consecuencias de sus actos.
Para las víctimas, este retroceso representa una revictimización. Sus demandas de justicia han sido históricamente desoídas, y cada obstáculo adicional en el proceso significa un alargamiento del dolor y la frustración. Organizaciones y activistas han denunciado que el bloqueo de estos casos les arrebata a las víctimas el derecho a la justicia y perpetúa el ciclo de impunidad que Guatemala ha tratado de superar. Además, estos fallos envían un mensaje preocupante sobre el futuro de la justicia transicional y los derechos humanos en el país, amenazando con desmantelar los logros obtenidos en materia de derechos humanos y fortalecimiento de la memoria histórica.
En este contexto, activistas y organizaciones han hecho un llamado a la sociedad civil para mantenerse informada y participar activamente en la defensa de la justicia transicional en Guatemala. La defensa de la memoria y la justicia histórica no es solo una responsabilidad del sistema judicial, sino también un compromiso de toda la sociedad. Los ciudadanos están invitados a exigir transparencia, a seguir de cerca los avances (o retrocesos) de estos casos y a ejercer presión para que el Estado no renuncie a su responsabilidad de proporcionar verdad y justicia a quienes sufrieron en el pasado.
La historia y la memoria de un país no deben estar sujetas a intereses que buscan ocultar la verdad. Exijamos un sistema de justicia que respete el derecho de las víctimas y que continúe el camino hacia la reparación y reconciliación en Guatemala. ¡Infórmate y participa en la defensa de los derechos humanos y la justicia transicional!
