Más allá de aquella figura ideal de la balanza y la venda, como una imagen clásica de la justicia es una representación con los ojos vendados que sostiene una balanza, un poderoso símbolo de imparcialidad ciega y equilibrio. Pero mientras la mayoría nos preocupamos por la corrupción evidente, existen amenazas más profundas a la justicia no son un asalto al sistema de forma frontal, sino una erosión silenciosa desde adentro, incrustada en las legislaciones que deberían protegernos, en el lenguaje que utilizan y en el diseño mismo de los sistemas.

La trampa del ascenso: Por qué los mejores jueces a veces no pueden ascender

De existir un sistema de justicia penal ideal, la meritocracia y la integridad deberían ser el camino directo al ascenso o promociones. Sin embargo, la triste realidad de algunos países ocurre exactamente todo lo contrario: los jueces más reconocidos y eficaces se encuentran atrapados en los niveles más bajos de la judicatura. Y como en el caso concreto de nuestro país son criminalizados.

Esto genera un grave problema, en sistemas como el de Guatemala, los dos tercios superiores de la judicatura —magistrados de apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia— están fuera de la «carrera judicial». Su nombramiento no depende de un proceso meritocrático interno, sino de mecanismos de tipo político que priorizan otras lealtades sobre la capacidad.

Por ejemplo esta es la razón precisa por la cual jueces reconocidos como campeones anticorrupción, como Miguel Ángel Gálvez o Erika Aifán, permanecieron en primera instancia. Su estancamiento no se debió a una falta de capacidad o méritos, sino a un sistema diseñado para bloquearles el ascenso y mantenerlos alejados de las cortes superiores, donde podrían tener un impacto aún mayor.

La causa raíz de este fenómeno es perjudicial porque no se trata de un problema de personas, sino de un defecto estructural profundo. Es un fallo en el «diseño institucional» que ha resistido múltiples intentos de reforma, demostrando que las barreras son sistémicas, no individuales.

El hecho de que se hayan intentado este tipo de reformas tan profundas es evidencia de que el problema no necesariamente está en las personas, sino más bien en el diseño institucional de los órganos de justicia.

La paradoja de la eficiencia: Cuando una justicia «más rápida» se convierte en una peor justicia

La idea de que la eficiencia es siempre buena está profundamente arraigada en nuestra sociedad. Queremos que los servicios públicos sean rápidos y productivos. Sin embargo, en el ámbito judicial, una obsesión por la «productividad» puede tener consecuencias perversas y debilitar la calidad de la justicia.

En un intento por modernizar el sistema, se crea un conflicto en donde muchas judicaturas han implementado criterios de «productividad» (No es el caso de Guatemala) basados en la cantidad de casos resueltos y despachados. Los jueces son evaluados y presionados para cumplir con estadísticas y reducir el rezago de expedientes.

Esto solamente trae consigo una consecuencia negativa, ya que esta presión por las cifras ha generado lo que la antropóloga Erika Bárcena denomina la «burocratización de la justicia»[1]. La presión por cumplir con una estadística convierte los expedientes en números, y detrás de cada número hay una vida o un conflicto que deja de ser analizado con la profundidad que la justicia exige. Se sacrifica la deliberación por la velocidad, transformando la justicia en una línea de ensamblaje.

El resultado final de esta paradoja es alarmante: obtenemos «una justicia pronta que no necesariamente es justicia». La velocidad se convierte en el objetivo, en lugar de la correcta aplicación de la ley y la resolución justa de los conflictos, erosionando el propósito fundamental del sistema.

La barrera del lenguaje: Cuando el mayor muro de la justicia son las palabras

Más allá de aspectos vinculados con la política, actos de corrupción o la ineficiencia, existe un obstáculo fundamental que aleja a los ciudadanos de la justicia: el lenguaje.

Si tuviéramos como premisa el lenguaje jurídico tradicional, lleno de tecnicismos, latinazgos y estructuras sintácticas complejas, funciona como un muro que separa a las personas del sistema diseñado para protegerlas. Esta barrera lingüística viola un derecho fundamental que a menudo se pasa por alto: el «derecho a entender».

Esto presenta un impacto, esta «oscuridad» del lenguaje frustra la comunicación y afecta directamente la capacidad de una persona para ejercer sus derechos. ¿De qué sirve recibir una notificación, una citación o incluso una sentencia si el destinatario no puede comprender lo que dice o lo que se le exige hacer? El documento se convierte en un texto inútil que genera más confusión que claridad.

Lo que hace de suma importancia, el promover el lenguaje claro, el cual no es una «simplificación» o una «vulgarización» del derecho. Al contrario, es una herramienta democrática fundamental. Esta barrera no es accidental; es un mecanismo de poder. Un lenguaje incomprensible mantiene el control en manos de una élite jurídica y deja al ciudadano común en una posición de dependencia y vulnerabilidad, incapaz de defender sus propios derechos sin un «traductor». Un lenguaje accesible, en cambio, aumenta la confianza en las instituciones, reduce la discrecionalidad de los funcionarios y fortalece el Estado de derecho.

“[…] el lenguaje jurídico tradicional crea ya una pared en lugar de tender un puente entre la administración de justicia y los ciudadanos, afectando un derecho: el derecho a entender.” (Lee articulo relacionado)

Justicia en el banquillo: Cuando los propios gremios de abogados atacan a sus jueces

Las presiones sobre los jueces independientes no solo provienen de políticos, medios de comunicación o poderes fácticos. A veces, el ataque más sorprendente y sutil proviene de sus propios colegas a través de los gremios profesionales.

El mecanismo de ataque: Un juez, por ser también un abogado colegiado, puede ser denunciado y sancionado por un «Tribunal de Honor» de su colegio profesional. Lo peligroso o lo que enciende las banderas rojas, es que estas denuncias pueden estar basadas en los diversos actos realizados en el ejercicio de su función, esto quiere decir que, por las decisiones que toma en sus sentencias ya sea condenatoria o absolutoria.

El caso emblemático: Un ejemplo contundente ocurrido en Guatemala, como el de la jueza Yassmín Barrios que presidió el Tribunal A de Mayor Riesgo en el histórico juicio por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad contra Efraín Ríos Montt fue, tras dictar la sentencia en mayo de 2013, quien fue denunciada ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, quien la sancionó con una amonestación pública y una suspensión o inhabilitación de 1 año en el ejercicio de su profesión por sus actuaciones como jueza en el caso e imponerle una multa argumentando que había “humillado” al abogado defensor del exdictador durante el juicio. Además, se le ordenó publicar una amonestación pública en medios escritos, radiales y televisivos.

La amenaza: Este tipo de acción representa un ataque extremadamente peligroso a la independencia judicial. Es un intento de coartar la función de juzgar utilizando un órgano gremial como herramienta de presión. Sienta un precedente para amenazar a otros jueces que tomen decisiones valientes o impopulares. La legalidad de las resoluciones judiciales debería ser revisadas solamente a través de los recursos legales y contemplados dentro de la normativa jurídica por medio de los diversos mecanismos establecidos por la ley, no por un tribunal de ética profesional que actúa como una instancia paralela y que sirve de instrumento político.

De tal cuenta que la verdadera fortaleza de un sistema de justicia no reside únicamente en lo majestuoso o innovador de sus leyes o la severidad de sus castigos. Si no, que reside en su diseño institucional, en la transparencia de los procesos, en la claridad de su lenguaje y, sobre todo, en la seguridad y la independencia real de sus jueces.

Estas verdades incómodas revelan grietas profundas en las estructuras que deberían ser nuestros mayores garantes de derechos. Si las estructuras creadas para protegernos tienen fallas tan profundas, ¿cuál es nuestro papel como ciudadanos para exigir una justicia que no solo sea imparcial, sino también accesible, comprensible y verdaderamente independiente?

[1] https://ciesas.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1015/657/1/TE%20B.A.%202018%20Erika%20Barcena%20Arevalo.pdf

En los últimos años cuando hablamos de justicia, administración pública o de procesos electorales significa inevitablemente hablar de los Licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogados y Notarios. Este sector gremial ha trascendido en los últimos años pasando de su rol técnico y profesional para erigirse en un actor que controla amplios espacios del poder estatal, dejando en evidencia un predominio desproporcionado y poco fiscalizado, de su grado de influencia en una diversidad de temas.

De tal cuenta la ciudadanía observa con preocupación cómo las llaves de muchos ministerios, secretarias, comisiones presidenciales, en resumen cargos en los tres poderes del Estado y órganos autónomos parecen estar en poder de este sector profesional. El problema de esta concentración de poder, dentro de la administración publica, no ha ido acompañada de mecanismos éticos y democráticos robustos, generando redes de corrupción que dañan la credibilidad del sistema y el Estado de derecho guatemalteco.

Esta concentración de poder ha dejado una huella profesional que domina el Estado, debido a que más allá de su función natural en tribunales y fiscalías, los abogados guatemaltecos controlan estructuras vitales del Gobierno. En el Ejecutivo lideran algunos viceministerios, comisiones presidenciales, direcciones departamentales, etc. mientras en el Legislativo no solo ejercen como diputados sino, con mayor peso, como asesores de bancadas o de diputados en la elaboración de leyes, las cuales en ocasiones están diseñadas para defender o incidir sobre intereses particulares.

En entes de control, como la Contraloría General de Cuentas o el Registro Nacional de Personas (RENAP), Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por mencionar algunas entidades, el gremio mantiene una influencia decisiva. Las comisiones de postulación para magistraturas, donde el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) tiene poder de veto, son un claro ejemplo de esta hegemonía que determina quién accederá a puestos clave en justicia y gobernanza.

En este sentido las elecciones del CANG en febrero de 2025 expusieron y dividieron este poder. La pugna entre dos planillas principales refleja no solo dinámicas internas sino la disputa por controlar espacios decisivos para la justicia y el Estado de derecho.

La exjueza Patricia Gámez, líder de la llamada Planilla 10, ganó la presidencia del CANG con un margen estrecho que refleja la alta polarización del gremio, mientras la Planilla 4 asumió el Tribunal de Honor y Comité Asesor de Inversiones. Ambas influirán en la elección de autoridades clave como el Fiscal General o magistrados del Tribunal Supremo Electoral en 2026.

Este escenario muestra cómo el gremio jurídico no es solo un cuerpo profesional, sino que representa una fuerza política interna que negocia poder tras bambalinas, muchas veces alineada con sectores corruptos y élites económicas que históricamente minan la democracia guatemalteca.

Es aquí donde se puede hablar del lado oscuro, el control abrumador del gremio sobre la justicia y la administración pública se ha manifestado en estructuras paralelas que permiten actos ilegales revestidos de «legalidad». Abogados han sido señalados por el diseño de esquemas para fraudes fiscales, contratos ficticios y la desviación de procesos judiciales contra operadores independientes.

Esta «legalización» de la corrupción representa una paradoja amarga: quienes deberían defender la justicia a menudo se convierten en facilitadores de impunidad. Es allí donde la toga se vuelve una capa para ocultar corrupción, simulación y enriquecimiento ilícito a costa del interés público.

Ahora bien que llamamiento hay hacia el futuro, un llamado a la reforma y vigilancia ciudadana, este llamado a la participación de todas y todos está enfocado a superar la influencia negativa y desmedida del gremio jurídico, que implica reformas profundas que aseguren pluralidad y transparencia en los procesos de elección de autoridades judiciales. Repensar el papel que juega el CANG, promover que otros sectores profesionales puedan influir de forma positiva en la selección de jueces y fortalecer controles externos son pasos indispensables que como ciudadanía se debe de plantear con el fin de restaurar la confianza en la justicia.

De tal cuenta no solo la ciudadanía, sino investigadores, entidades de cooperación internacional y periodistas tienen un rol crucial al vigilar y cuestionar el origen y las redes de poder de quienes hoy definen la justicia guatemalteca. La toga debería simbolizar compromiso con el derecho, no un pase VIP hacia la impunidad.

Guatemala es cuna de una rica diversidad cultural y lingüística; según datos del INE[1]se calcula que el 44 %[2] de su población se reconoce como indígena en otras palabras 1 de cada 2 personas en nuestro país es indígena. Este bono demográfico está distribuido en los 340 municipios con un total de 22 idiomas mayas, además del Xinca y Garífuna. Pero a pesar de este enorme capital cultural, los pueblos originarios enfrentan serias barreras para ejercer plenamente su derecho a justicia. Haciendo fundamental el explorar cómo las limitaciones lingüísticas – las cuales se abordarán en este documento más adelante – además del racismo y discriminación[3] estructural dentro del sistema de justicia penal de Guatemala, hacen que la exclusión institucional de las comunidades indígenas tenga un mayor impacto. Pero sin embargo existen propuestas para avanzar hacia un enfoque de justicia intercultural y de derechos colectivos que reconozca las especificidades culturales y lingüísticas de estos pueblos.

El estado de Guatemala ratificó el Convenio 169 el 5 de junio de 1996, y el 4 de marzo de 2010 la Corte de Constitucionalidad[4] determinó que sus disposiciones —incluidos los derechos colectivos y la consulta previa— tienen jerarquía constitucional en el país.

Ahora bien para darnos cuenta del impacto a nivel nacional sobre el componente lingüístico, en el censo del año 2018[5] se registraron 6,207,503 millones de personas como hablantes de idiomas mayas, resaltando el departamento de Alta Verapaz, con un total de 1,129,369 habitantes (18.19%), seguido de Quiché con un total de 846,500 habitantes (13.64%) y Huehuetenango con 760,871 (12.26%).

Tabla No. 1- Total de población pueblo Maya por departamento

Fuente: INE – Censo 2018 – elaboración propia

Grafica No. 1 – Mapa de población

Fuente: INE – Censo 2018 – elaboración propia

Ahora bien, dentro de la diversidad de barreras lingüísticas a lo interno del sistema judicial, han existido iniciativas o propuestas desde la institucionalidad publica para cerrar estas brechas, dentro de ellas podemos mencionar que en el año 2019 fue aprobada la Política de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas (POJAJPI), por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde indica que su fin primordial es la “Atención con Pertinencia Cultural”. Derivado de esta política, el Organismo Judicial creó el Sistema Nacional de Intérpretes, constituida por una red de intérpretes que facilitan la comunicación entre personas que hablan diferentes idiomas, especialmente en contextos judiciales y administrativos, garantizando el acceso a la justicia y otros servicios públicos para personas hablantes de idiomas mayas, garífuna, xinca, o con discapacidad auditiva. 

La POJAJPI- 2019-2029 describe los principios rectores de la política, tales como: el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, identidad cultural, igualdad y no discriminación, pluralismo jurídico, derecho propio, pertinencia cultural y lingüística. Se organiza en cinco Ejes de trabajo:

• Reconocimiento
• Acceso
• Atención con pertinencia cultural
• Seguimiento y monitoreo
• Rendición de cuentas y participación.

Otra unidad creada por el OJ fue la constitución de la Secretaría de Pueblos Indígenas Organismo Judicial, que apoya técnicamente la ejecución de la Política del OJ sobre Pueblos Indígenas, esto según con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia para estos pueblos. Esta política busca asegurar que los pueblos indígenas tengan acceso a un sistema de justicia respetuoso de sus derechos y de su cultura. 

Sin embargo, aún existen brechas: en departamentos como Quiché y Totonicapán, las variantes en los idiomas locales impiden que un solo intérprete satisfaga todas las necesidades lingüísticas de las comunidades; en Alta Verapaz e Izabal, la oferta de intérpretes es insuficiente, de modo que muchos juicios se realizan con la traducción literal “aproximada” o directamente en español, lo que limita la comprensión real del proceso por parte de los acusados o testigos indígenas.

Aunado a esto, la infraestructura judicial es escasa en áreas rurales. Muchas comunidades deben viajar largas distancias para llegar al juzgado más cercano, lo que implica gastos de transporte y jornadas enteras fuera de sus hogares. Cuando no hay intérprete disponible, los vecinos se ven obligados a llevar a un familiar que hable español o renunciar a su derecho a testificar en su lengua materna, dejándolos en una posición de vulnerabilidad frente a la autoridad.

Dentro de la diversidad de manifestaciones de racismo judicial se puede hablar como elemento de análisis las acusaciones y el contexto en el que se dan estas, por tomar un caso emblemático que recién sucedió, es el del mes de abril de 2025, fueron arrestados Luis Pacheco y Héctor Chaclán, del colectivo indígena Los 48 Cantones. Fueron acusados por el Ministerio Público de delitos como terrorismo, asociación ilícita, obstrucción a la justicia, sedición y asociación ilícita, supuestamente por su participación en protestas y bloqueos durante las manifestaciones de 2023.

La motivación de las acusaciones y defensa, como lo han indicado organizaciones nacionales e internacionales relacionadas a la defensa de derechos humanos y defensa de activistas, diversas autoridades y asambleas indígenas denunciaron que esta persecución representa una criminalización de la protesta indígena, atentando contra su autonomía.

En este caso y otros se puede identificar un claro patrón de discriminación y práctica judicial, este caso fue el uso político del sistema judicial, que favorece a actores con poder económico o político a costa de líderes indígenas. Se trata de una práctica denunciada por estudios internacionales que advierten sobre el uso indebido de leyes antiterroristas para reprimir protestas pacíficas

Es en este elemento de exclusión institucional y falta de reconocimiento de derechos colectivos que el sistema judicial tradicional reconoce un único marco normativo, pero ignora los sistemas de justicia comunitaria que conviven en las comunidades del interior del país. En departamentos como Quiché y Totonicapán, algunas autoridades municipales indígenas han incorporado prácticas de mediación basadas en normas consuetudinarias para resolver conflictos internos, reconocidos por la Constitución art. 66 y 203 y el Convenio 169 de la OIT reconocen el derecho de los pueblos indígenas a aplicar justicia ancestral, siempre que no contravenga estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.  Sin embargo, si el caso trasciende a delitos tipificados como “graves” (homicidio, violación, violencia intrafamiliar) no pueden ser juzgados por autoridades comunitarias y se reservan exclusivamente al sistema judicial estatal, sin coordinación efectiva con los mecanismos ancestrales.

Esto ha generado algunas tensiones en las comunidades indígenas que sostienen que sus normas ancestrales priorizan sanciones reparadoras (restitución de tierras, ceremonias, reparación del daño) y fomentan la reintegración comunitaria, en lugar del sistema punitivo del Estado.

Este modelo de justicia, efectivo en conflictos menores, no se articula adecuadamente con el Estado cuando ocurren delitos graves, lo que provoca tensiones, sensación de desconexión y deslegitimación comunitaria, ya que se da por sentado que solo la penalización estatal responde a su proceder.

Lo anterior solo ha generado desconfianza en el sistema estatal ha fortalecido los mecanismos de justicia comunitaria, pero al mismo tiempo profundiza la exclusión, pues quienes recurren a sus propios sistemas carecen de reconocimiento legal pleno y quedan al margen de procesos penales formales. La falta de articulación provoca que delitos graves —como despojo de tierras, violencia de género y extracción ilegal de recursos— queden impunes o se resuelvan de maneras que no satisfacen los estándares internacionales de derechos humanos.

Se podrían detallar muchas propuestas de enfoque de derechos colectivos e iniciativas de justicia intercultural que permitan fortalecer e institucionalizar el Sistema Nacional de Intérpretes y traductores, se debe iniciar por el reconocimiento legal de la jurisdicción comunitaria. así como la creación de juzgados móviles interculturales que permitan el acceso pronto y justo a las comunidades alejadas del país. E implementar una fuerte campaña de sensibilización y capacitación a jueces y fiscales, por medio de programas continuos de formación en derechos indígenas, diversidad cultural y estándares internacionales.

El promover la participación ciudadana y veedurías o auditoria social comunitaria a organizaciones de la sociedad civil, juntas de acción comunal y asociaciones de abogados mayas pueden integrar comités de vigilancia que acompañen audiencias y den fe pública de la correcta traducción y trato digno.

Pero no bastan propuestas de fortalecimiento, que tienen el objetivo de garantizar una justicia equitativa, capaz de reconocer el idioma, cultura y cosmovisión de las comunidades indígenas. La mirada colectiva, al considerar la reparación del tejido social y no solo la sanción individual, puede transformar gradualmente un sistema marcado por la exclusión. Sino que deben de tener un fuerte componente de voluntad política para su realización.

[1] Instituto Nacional de Estadistica

[2] https://censo2018.ine.gob.gt/graficas

[3] El racismo se basa en la creencia de la superioridad de un grupo étnico sobre otro, lo que a menudo conduce a la discriminación, la exclusión y la persecución. La discriminación, implica la desigualdad de trato o el trato desfavorable hacia una persona o grupo debido a características específicas como la raza, el origen étnico, la religión, el sexo, la orientación sexual, la discapacidad, entre otros. 

[4] Sentencia 2009-1551: reconoció la jerarquía constitucional del Convenio 169, estableciendo que sus disposiciones tienen rango constitucional y deben ser aplicadas en Guatemala.
Esta sentencia enfatizó la protección de los derechos de los pueblos indígenas y el respeto a su identidad cultural, tierras, y participación en asuntos que les afectan.

[5] https://censo2018.ine.gob.gt/graficas

En América Latina, las defensoras de derechos humanos desempeñan un papel crucial en la defensa de los territorios, la defensa del medio ambiente y la lucha contra la impunidad. Sin embargo, su labor enfrenta un peligro creciente como lo es la criminalización por parte de instituciones que deberían garantizar justicia.

Bajo la actual administración del Ministerio Público, se ha consolidado una política preocupante que consiste en utilizar el sistema penal para perseguir a activistas, especialmente mujeres y pueblos indígenas, con el fin de silenciar sus voces y disuadir la participación ciudadana.

En los últimos años, Guatemala ha sido testigo de un preocupante incremento en la criminalización de defensoras de derechos humanos. Bajo la gestión de la actual Fiscal General, el Ministerio Público (MP) ha sido señalado por perseguir activistas y por instrumentalizar el sistema de justicia con el objetivo de generar miedo e inhibir el involucramiento comunitario. A través de la fabricación de casos, la manipulación del derecho penal y la utilización de tipos penales ambiguos, el MP ha convertido la lucha por los derechos humanos en un riesgo latente para quienes defienden el acceso a la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas.

En 2022 una líder comunitaria, organizó protestas contra un proyecto hidroeléctrico que amenazaba con desplazar a cientos de familias y contaminar fuentes de agua. Tras meses de movilizaciones, la fiscalía la acusó de «terrorismo», «asociación ilícita» y «daños a la propiedad privada», basándose en testimonios anónimos y sin pruebas materiales.

Durante el proceso, fue detenida preventivamente, a pesar de que su único «delito» fue ejercer su derecho a la protesta. Organizaciones internacionales documentaron irregularidades: jueces vinculados a intereses empresariales, testigos pagados y falta de transparencia en las audiencias.

Este caso no es aislado, según Front Line Defenders, el 70% de las defensoras criminalizadas en la región enfrentan cargos fabricados, desde obstrucción de vías públicas hasta secuestro, solo por liderar reclamos legítimos. Las mujeres, además, sufren estigmatización mediática y violencia de género institucional, como allanamientos sin orden judicial o vigilancia ilegal.

En el informe del año 2023[1] de Front Line Defenders indica que al menos 300 defensores de derechos humanos de 28 países fueron asesinados en un intento de silenciarlos y detener su labor. Dicho informe para el caso específico de Guatemala registra 6 casos de defensores y defensoras asesinados, de ellos destaca que 4 son de sexo femenino y 2 masculino.

• Nicolasa López Méndez
• Victoria Méndez Agustín
• Sonia Janeth Guevara
• Doris Aldana
• Francisco Gonzalo Velásquez Gómez
• Noe Gómez Barrera

Dicho informe resalta que 49 de los 300 defensores asesinados fueron identificados como mujeres, incluidas mujeres trans, 14 eran miembros de la comunidad LGBTIQ+.

En días recientes se conoce por medio de una publicación en redes sociales donde se da a entender que en el Ministerio Público donde existe una supuesta investigación en contra del periodista Nelton Rivera cofundador del medio independiente Prensa Comunitaria, el cual ejemplifica un preocupante patrón de uso instrumental del sistema judicial y de las redes sociales impulsado por los “netcenters”, para silenciar la labor crítica de la prensa en Guatemala.

Rivera, es conocido por su cobertura de conflictos socioambientales y violaciones a derechos humanos, enfrenta según estas publicaciones acusaciones infundadas que, lejos de sustentarse en pruebas concretas, reflejan una estrategia de hostigamiento mediante figuras penales ambiguas o desproporcionadas. Este caso no solo evidencia la vulneración del derecho a la libertad de expresión, sino también la erosión de la independencia judicial, al convertirse las instituciones públicas en herramientas de persecución política en lugar de ser garantes del justicia objetiva e independiente.

La comunidad internacional[2] ha alertado que tales prácticas, contrarias a estándares como los de la CIDH y la ONU, socavan la democracia al normalizar la impunidad del poder y el castigo a la disidencia. Urge, por tanto, que el sistema judicial guatemalteco reafirme su autonomía, desestimando cargos carentes de fundamento y protegiendo el rol esencial del periodismo en una sociedad libre.

Así mismo resalta que “el sector de defensores de los derechos de los pueblos indígenas fueron el grupo más atacado en 2023, con un total de 92 asesinatos registradas en Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Indonesia, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Filipinas. Un total de 64 Personas que defendían los derechos ambientales y territoriales fueron asesinadas en Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, India, México, Perú y Filipinas.”

Esto deja de manifiesto que el defender derechos en Guatemala es una actividad de alto riesgo debido a la diversidad de intereses económicos y políticos que se llegan a confrontar en la defensa de los derechos humanos fundamentales de los habitantes de los territorios, afectando la ya deteriorada independencia judicial.

Como consecuencia implementan e institucionalizan la “Política institucional de criminalización y persecución como herramienta de control” de parte de la actual fiscal, cuya gestión ha sido cuestionada por organismos internacionales, ha sido sancionada por EEUU por sus constantes ataques al estado de derecho en Guatemala, así como a personas allegadas a los interno del Ministerio Público y el 2 de abril de 2025 el Reino Unido[3] emite sanciones en contra del expresidente Alejandro Giammattei, Miguel Martínez e incluye a la actual Fiscal General del MP, Consuelo Porras en la lista de sanciones financieras por estar involucrados en casos de corrupción.

Se les congela activos y tienen prohibida el ingreso a dicho país. En el listado también figuran el diputado Felipe Alejos, el secretario del MP, Ángel Pineda, el exdirector del INDE, Melvin Quijivix y los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso estos últimos también actuales funcionarios del MP.

Este cumulo de sanciones solo ha evidenciado que estos actores han institucionalizado una estrategia clara, El Ministerio Público, ha utilizado diversas figuras penales para perseguir a defensoras y defensores de derechos humanos, activistas ambientales, periodistas y opositores políticos. Estas herramientas jurídicas, creadas originalmente para combatir delitos graves, han sido desviadas de su propósito para criminalizar la protesta social y la disidencia.

A continuación, se detallan algunas de las principales figuras legales utilizadas en esta política de criminalización:

Asociación ilícita

• Base legal: Ley Contra la Delincuencia Organizada.
• Uso abusivo: El MP acusa a activistas de integrar estructuras criminales sin presentar pruebas contundentes. Esta figura permite vincular a múltiples personas en un solo caso, facilitando la criminalización colectiva. Por ejemplo, en el caso «Toma de la USAC: botín político», 44 personas, incluido el binomio presidencial electo, fueron acusadas de asociación ilícita durante las protestas estudiantiles de 2023.
• Consecuencias: Prolonga los procesos judiciales y justifica detenciones preventivas, generando desgaste emocional y económico.

Terrorismo

• Base legal: Ley contra el Terrorismo.
• Uso abusivo: Se aplica de manera arbitraria a manifestaciones pacíficas o protestas contra megaproyectos. En el caso una líder comunitaria contra una hidroeléctrica, el MP la acusó de terrorismo pese a la ausencia de pruebas materiales, utilizando testimonios anónimos.
• Consecuencias: Genera estigmatización mediática y permite restringir libertades fundamentales bajo el argumento de «seguridad nacional».

Incumplimiento de deberes

• Base legal: Ley contra la Corrupción.
• Uso abusivo: Dirigido principalmente a exfuncionarios, jueces y fiscales independientes que investigaron corrupción. Por ejemplo, la exfiscal Virginia Laparra fue condenada bajo este cargo tras denunciar irregularidades en el sistema judicial.
• Consecuencias: Desalienta la independencia judicial y protege a actores corruptos al castigar a quienes los enfrentan.

Obstrucción a la justicia

• Base legal: Ley Contra la Delincuencia Organizada.
• Uso abusivo: Se emplea contra defensores que documentan violaciones de derechos humanos o periodistas que exponen casos de corrupción. El MP ha utilizado esta figura para acusar a quienes cuestionan sus investigaciones, como en el caso del presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, detenido por revelar redes de corrupción.
• Consecuencias: Silencia la libertad de prensa y obstruye el acceso a información pública.

Sedición

• Base legal: Código Penal.
• Uso abusivo: Criminaliza protestas sociales al interpretar reclamos legítimos como «alteraciones al orden público». En 2022, el MP presentó cargos de sedición contra comunidades indígenas que se oponían a proyectos mineros, argumentando «desestabilización».
• Consecuencias: Criminaliza la resistencia pacífica y legitima la represión estatal.

Abuso de autoridad

• Base legal: Código Penal.
• Uso abusivo: Aplicado a jueces o fiscales que emiten resoluciones favorables a defensores o que cuestionan al MP. Por ejemplo, el juez Miguel Ángel Gálvez, quien investigó el Caso Diario Militar, fue acosado judicialmente bajo este cargo.
• Consecuencias: Debilita la independencia judicial y fomenta la autocensura en operadores de justicia.

Tráfico de influencias

• Base legal: Código Penal.
• Uso abusivo: Utilizado para acusar a defensores que colaboran con organismos internacionales, como la exagente fiscal Samari Gómez, quien fue absuelta tras demostrarse que las acusaciones carecían de fundamento.
• Consecuencias: Desprestigia el trabajo de acompañamiento legal y desalienta la cooperación internacional.

Este enfoque no busca justicia, sino generar un efecto de “enfriamiento”, con la intención de disuadir a otras personas de involucrarse en causas sociales mediante el miedo a represalias legales.

Se puede identificar un patrón común, estas figuras legales se aplican bajo otra estrategia como lo es el de la “reserva legal”, utilizada como impidiendo la transparencia de los procesos y dificultando la defensa. Además, el MP suele acumular múltiples cargos en un mismo caso para prolongar los juicios y maximizar el impacto intimidatorio.

Dentro de todas las consecuencias esta la erosión democrática como ese proceso gradual y silencioso mediante el cual las instituciones y valores fundamentales de un sistema democrático -como la separación de poderes, el Estado de derecho, la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos- son debilitados, distorsionados o destruidos.

La criminalización tiene efectos devastadores a nivel de “autocensura comunitaria”, donde poblaciones enteras evitan denunciar abusos por temor a represalias. Otro efecto es que estos procesos judiciales generan una sobrecarga emocional y principalmente económica, los procesos judiciales requieren de recursos económicos y psicológicos de las defensoras, obligándolas a abandonar su lucha. Pero fundamentalmente la impunidad estructural, mientras el sistema judicial se enfoca en perseguir activistas, crímenes como corrupción o violencia contra mujeres quedan en la impunidad.

Ante este contexto adverso, es fundamental que la comunidad nacional e internacional continúe visibilizando estas violaciones a los derechos humanos y exija el cese de la criminalización de las defensoras. La independencia judicial y el respeto a los derechos humanos son pilares fundamentales de cualquier democracia y su deterioro afecta a toda la sociedad.

Los y las activistas de derechos humanos han sido históricamente un pilar en la lucha por la justicia en Guatemala. Su labor es indispensable para garantizar una sociedad más justa y equitativa.

Por lo que la criminalización de defensoras no es un error del sistema, sino una táctica deliberada para mantener privilegios y neutralizar la disidencia. Cuando el Ministerio Público se convierte en verdugo, pierde credibilidad y debilita el Estado de derecho. La sociedad continua hoy en día exigiendo un MP que priorice la protección de los derechos humanos sobre los intereses de unos pocos.

[1] https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/global-analysis-202324

[2] https://www.frontlinedefenders.org/es/case/smear-campaign-and-harassment-against-nelton-rivera-and-other-members-prensa-comunitaria

[3] https://www.gov.uk/government/news/campaign-to-tackle-dirty-money-steps-up-with-new-sanctions.es-419

Como hemos reflexionado en artículos anteriores donde hemos abordado estos temas, podemos recordar que la estructura política y judicial de Guatemala se ha desarrollado en un contexto de profundos contrastes étnicos y sociales. En donde los pueblos indígenas, a pesar de su vasta contribución cultural y numérica al país, han enfrentado históricamente una exclusión permanente de espacios de poder y toma de decisiones. Este aislamiento no solo se manifiesta en un ámbito político, sino que se extiende al sistema de justicia penal de Guatemala, donde la falta de representación de este bono poblacional es evidente en los altos cargos.

Esta falta de representación es consecuencia de múltiples factores: desde barreras educativas, discriminatorias, tecnológicas y económicas, hasta una cultura institucional que históricamente ha privilegiado a ciertos sectores de la sociedad. La ausencia de una amplia diversidad de sectores en las magistraturas perpetúa un sistema judicial que puede resultar ajeno a la realidad y a las necesidades de una parte significativa de la población guatemalteca.

De tal cuenta que, la elección de magistrados en Guatemala es un proceso que históricamente ha estado marcado por desigualdades y sesgos estructurales. Uno de los temas más relevantes y preocupantes es la notable ausencia de representación indígena y de mujeres principalmente, en los altos cargos del Organismo Judicial, un reflejo de discriminación estructural que requiere análisis profundo y propuestas de transformación, como podría ser la implementación de cuotas de grupos o sectores sociales. 

Guatemala es un país pluricultural, plurilingüe y multiétnico, donde más del 40% de acuerdo al censo 2018 de la población se identifica como indígena, perteneciente a los pueblos Maya, Garífuna, Xinka y otros. Sin embargo, esta diversidad no se refleja en los altos cargos del Organismo Judicial. La ausencia de magistrados indígenas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Corte de Apelaciones o en la misma dirección del Ministerio Público evidencia una problemática profunda y solo demuestra la discriminación estructural que persiste en las instituciones del Estado.

Aquí resalta un cuestionamiento fundamental: ¿Por qué, en un país con mayoría indígena, estos siguen excluidos de los espacios donde se decide el rumbo de la justicia? Este artículo busca de forma sencilla analizar las causas históricas, los mecanismos de exclusión actuales, que han marcado e incrementado esa brecha para solucionar de forma objetiva e incluyente el construir un sistema judicial verdaderamente inclusivo.

Antes de continuar debemos entender a qué se refiere el concepto de Discriminación Estructural en el Sistema Judicial, que no es otro aspecto más que el conjunto de normas, prácticas y comportamientos que, de manera implícita o explícita, favorecen a determinados grupos en detrimento de otros. En el caso de Guatemala, el sesgo étnico se ve reflejado en los criterios de selección y promoción dentro del Organismo Judicial, donde a menudo se privilegia a individuos provenientes de contextos urbanos y de mayor poder adquisitivo.

La exclusión de los pueblos indígenas en el sistema judicial tiene sus raíces en la colonización, que impuso estructuras de poder excluyentes y una cultura racista. Tras la independencia, los Estados latinoamericanos, incluido Guatemala, construyeron instituciones que marginaron a los pueblos originarios, considerándolos «inferiores» o «incapaces» de ejercer roles de liderazgo.

Además, persisten estereotipos que asocian lo «indígena» con falta de capacidad técnica, ignorando que muchas comunidades cuentan con sistemas normativos propios basados en el derecho consuetudinario[1], que podrían enriquecer al sistema de justicia penal de Guatemala.

Algunas barreras Institucionales y Sociales que impiden estas cuotas de participación son:

• Falta de acceso a oportunidades educativas.
• Redes de influencia y capital social.
• Cultura institucional y prejuicios implícitos.

En Guatemala, la Ley de Comisiones de Postulación (reformada en 2016) podría modificarse para incluir cuotas étnicas y de género. Además, se requiere:

• Educación jurídica intercultural: Formar a operadores de justicia en derechos indígenas y plurinacionalidad.
• Traductores y protocolos culturales: Garantizar que los procesos judiciales respeten idiomas y prácticas comunitarias.
• Transparencia en las elecciones: Evitar que las comisiones de postulación prioricen criterios clientelares.

Dentro de los múltiples desafíos y críticas del ¿Por qué existe resistencia al cambio a las cuotas de representación?  Es porque estas enfrentan una resistencia sistémica de parte de diversos sectores hegemónicos y tradicionales de poder económico y político. Contrario a los diversos actores que tildan de «injustas» o «contrarias a la meritocracia».

Este argumento utilizado por sectores marginados es relegado por la mala utilización o aplicación del concepto de «mérito» está sesgado por estructuras racistas porque ¿cómo competir en igualdad de condiciones si históricamente se ha negado el acceso a oportunidades?

Otro temor existente por los sectores dominantes es que, una justicia más diversa de jueces y magistrados cuestione de forma objetiva los privilegios de grupos tradicionales. Por ejemplo, magistrados que sea originarios de pueblos indígenas podrían impulsar agendas contra el racismo institucional, la defensa de territorios ante megaproyectos o la persecución de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado.

De tal cuenta la ausencia de pueblos indígenas en los altos cargos judiciales no obedece a un problema técnico, sino principalmente a un tema de índole político e ideológico de las elites dominantes. Lo que lleva a que en Guatemala no podrá llamarse una democracia real mientras sus instituciones excluyan a los pueblos que las sostienen. Las cuotas étnicas son un paso necesario, pero deben ir acompañadas de una transformación cultural integral que valore, incentive y motive los conocimientos indígenas y desmonte el racismo arraigado.

De tal cuenta esta ausencia de representación indígena en altos cargos del sistema de justicia penal de Guatemala no es solo una cuestión de números, sino un síntoma de una problemática estructural que afecta a todo el sistema. Lo que hace urgente el abordar esta situación que implica reconocer y enfrentar décadas de discriminación estructural y trabajar de manera conjunta para transformar las prácticas institucionales.

Las propuestas de cuotas, al margen de las controversias que puedan suscitar, ofrecen una vía para comenzar a reparar estas desigualdades y promover un sistema judicial más inclusivo y representativo. Sin embargo, es crucial que estas medidas se implementen dentro de un marco de políticas integrales que aborden también las barreras educativas, sociales y culturales que han impedido históricamente la participación plena de las comunidades indígenas en el ámbito judicial.

[1] es un conjunto de costumbres, prácticas y creencias que los pueblos indígenas y las comunidades locales aceptan como normas de conducta obligatorias y que forma parte intrínseca de sus sistemas sociales y económicos y su forma de vida.

En los últimos años, la sociedad guatemalteca ha sido testigo de cómo casos de corrupción dentro del sistema de justicia penal el país, han puesto en tela de juicio la independencia de los tribunales, jueces, magistrados y la integridad del sistema legal. Uno de los casos emblemáticos analizados ha sido el juicio por La Línea, un caso que ha dejado huella en la percepción de la población sobre el sistema de justicia, especialmente entre las juventudes.

Este artículo, explorara de manera clara y detallada en qué consiste este caso, cómo se vincula con la corrupción judicial y de qué manera afecta la participación política de los jóvenes.

El juicio por La Línea ha sido catalogado como un hito en el análisis de la corrupción en el sistema judicial nacional. Aunque los detalles específicos del proceso pueden ser complejos y difíciles de comprender por un ciudadano que solo se informa por los medios de comunicación o redes sociales, lo esencial radica en la exposición de irregularidades y prácticas que vulneran los principios de transparencia y equidad en la administración de justicia.

Entre los elementos centrales del caso se encuentran, a) La falta de transparencia: diversos aspectos del proceso judicial estuvieron marcados por la opacidad, lo que generó desconfianza en la ciudadanía. B) Influencia externa: Se identificaron presiones y maniobras por parte de de diversos sectores externos a las instituciones de impartir justicia, que sugieren que intereses externos pudieron haber influido en las decisiones judiciales. c) Debilitamiento de instituciones: El caso evidenció debilidades en los mecanismos de control interno del sistema de justicia, haciendo evidente que las medidas de rendición de cuentas no eran suficientes.

Este contexto se ha convertido en un referente para analizar cómo ciertos fallos en la administración de justicia, como lo sucedido recientemente en donde los implicados en este caso han salido de prisión e inclusive la devolución de activos que previamente habían sido adquiridos producto de actos de corrupción, estos actos jurídicos tienen repercusiones en la percepción de toda la sociedad, en especial entre los sectores de los bonos demográficos, como el de jóvenes.

Pero en este punto sale a relucir el concepto Corrupción Judicial, pero ¿Qué significa y por qué importa?

La corrupción judicial[1] se manifiesta cuando funcionarios o instituciones encargadas de impartir justicia se ven involucrados en actos ilícitos o irregulares, que pueden ir desde sobornos hasta manipulaciones en la aplicación de la ley.

En otras palabras podemos decir que la corrupción judicial es el abuso de poder por parte de jueces, fiscales, abogados y otros profesionales del derecho para obtener un beneficio personal

Algunas características son:

1. Imparcialidad comprometida: La confianza en el sistema de justicia penal se basa en la idea de que todos los ciudadanos serán tratados de manera equitativa. Cuando se evidencia corrupción, esta premisa se ve gravemente afectada.
2. Fallas en la rendición de cuentas: La incapacidad de sancionar a quienes vulneran la ley genera un efecto dominó, permitiendo que prácticas corruptas se repitan.
3. Erosión de la Confianza Pública: Cada escándalo judicial refuerza la idea de que el sistema no protege los derechos de los ciudadanos de manera justa.

El caso de La Línea es un ejemplo paradigmático de cómo estas fallas pueden desestabilizar no solo la percepción de la justicia, sino también el compromiso ciudadano en la defensa y la participación en el sistema democrático.

Pero esto genera ha generado un impacto que podría ser considerado negativo en la confianza de las juventudes[2], estos representan una parte fundamental de la sociedad, según los datos del censo poblacional del año 2018 el 11% de la población está comprendida en este bono demográfico, y su visión sobre la justicia influye directamente en su involucramiento político y social. Cuando se presentan casos como el juicio por La Línea, las consecuencias pueden ser profundas como:

Desconfianza Generalizada

En donde la percepción de injusticia, cuando la exposición a casos de corrupción judicial conduce a la sensación de que el sistema de justicia no protege a los ciudadanos de manera justa. Muchos jóvenes sienten que las reglas pueden ser manipuladas a favor de quienes tienen poder o influencia.

Otro elemento por considerar es la ceguera ante la legalidad, que surge cuando la repetición de este tipo de casos genera un ambiente en el que las juventudes se muestra escéptica sobre la posibilidad de lograr cambios a través de los mecanismos tradicionales de justicia.

Desmotivación y Desafección Política

Esto genera un ambiente negativo que impacta en la reducción del interés cívico, cuando los jóvenes perciben que el sistema está viciado, se desmotivan de participar en procesos electorales o en movimientos políticos. Esta falta de participación no solo debilita la democracia, sino que también perpetúa un ciclo de inacción y frustración.

Generando como consecuencia el aumento de la apatía, que en este escenario la podemos considerar como una sensación de impotencia frente a un sistema corrupto puede llevar a la apatía, donde las juventudes se retiran de la esfera pública, creyendo que sus voces no son escuchadas.

Búsqueda de Alternativas

Como el activismo y movimientos sociales, por otro lado, la indignación frente a la corrupción judicial ha motivado a algunos jóvenes a involucrarse en movimientos sociales y de protesta, buscando crear espacios de rendición de cuentas y mayor transparencia en la administración pública.

Y por último queda un elemento fundamental relacionado con la innovación en la participación ciudadana, en donde el uso de tecnologías y redes sociales se ha convertido en una herramienta poderosa para denunciar irregularidades y movilizar a la opinión pública, evidenciando una forma alternativa y moderna de participación política.

Por último solo queda dar una tentativa de respuesta a la pregunta de ¿Cómo la Corrupción judicial afecta la participación política de los jóvenes? el impacto del caso La Línea en la confianza de las juventudes es solo una parte del panorama. La corrupción del sistema de justicia penal en general influye de manera directa en la participación política de los jóvenes a través de diversos mecanismos como:

Falta de Representación

Existe una desconexión con las instituciones de justicia, cuando el sistema falla en garantizar justicia, las juventudes sienten que sus intereses y derechos no están representados. Esta desconexión puede llevar a una menor participación en procesos políticos y electorales, y esto se agrava cuando este bono demográfico está integrado por juventudes que integran o representan a poblaciones indígenas o pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, por mencionar algunos.

Desconfianza en los líderes políticos: La percepción de que las élites y los actores políticos están vinculados a prácticas corruptas desincentiva el compromiso con representantes que, en teoría, deberían defender los intereses de la sociedad. Pero como constante es que las juventudes se sienten utilizados por estos sectores para sus beneficios particulares, en donde en muchos casos solo benefician a solo una pequeña porción de quienes les apoyaron, privilegiando áreas urbanas sobre juventudes del área rural del país.

Lo anterior provoca una gran erosión de la credibilidad del Estado dando como resultado una desintegración del contrato social, donde la confianza en el Estado se basa en la premisa de que las instituciones actúan de forma justa y transparente. La corrupción judicial debilita este contrato, lo que resulta en una disminución de la participación ciudadana en la toma de decisiones. A esto se le debe sumar que existen barreras para el cambio, se da cuando las juventudes perciben que las instituciones están manipuladas por intereses particulares, se crean barreras psicológicas con el objetivo de implantar temor sobre las consecuencias de denunciar y proponer reformas estructurales.

Esto conlleva que se generen consecuencias de largo plazo como:

1. Desigualdad y exclusión: provocando que una falta de participación política por parte de las juventudes que se puede perpetuar como un sistema en el que solo un grupo reducido de personas tiene acceso al poder y a los recursos, incrementando la desigualdad, discriminación, entre otros.
2. Crisis de legitimidad: La repetida exposición a la población de casos de corrupción, como el de La Línea, lo que puede derivar en una crisis de legitimidad hacia las instituciones de justicia que, a mediano y largo plazo, afectan la estabilidad democrática y la capacidad de las instituciones para responder a las necesidades de la población.

Ante este panorama, es fundamental proponer estrategias que permitan recuperar la confianza de la juventud en la justicia y en las instituciones democráticas. Algunas propuestas que podrían ser fortalecer de la transparencia por medio de la implementación de mecanismos de auditoria social para la rendición de cuentas, aspecto vital para que se establezcan controles internos y externos que permitan sancionar de manera efectiva a quienes incurran en prácticas corruptas.

Establecer procesos de formación en derechos y deberes, en el cual se incluyan programas educativos que fortalezcan el conocimiento sobre el funcionamiento del sistema judicial y la importancia de la participación ciudadana. Que permitan el fomento del pensamiento crítico, por medio de la capacitación de jóvenes para analizar críticamente la información y distinguir entre hechos y percepciones, fortaleciendo su capacidad de exigir rendición de cuentas.

[1] Te recomendamos leer: https://knowledgehub.transparency.org/guide/topic-guide-on-judicial-corruption/5305

[2] Las Naciones Unidas define a los jóvenes como las personas entre 15 y 24 años.

El sistema de justicia penal en Guatemala está compuesto por diversas instituciones que trabajan conjuntamente para garantizar la aplicación de la ley y la protección de los derechos de los ciudadanos.

El sistema desempeña un papel crucial en la protección de los derechos humanos, el mantenimiento del estado de derecho y la lucha contra la impunidad. Sin embargo, enfrenta importantes desafíos, desde la mora judicial de casos, hasta la debilidad institucional y la corrupción. Este artículo resume los principales aspectos de este sistema, destacando áreas que requieren atención inmediata.

Enfrenta retos estructurales históricos que han limitado su capacidad para garantizar justicia de manera eficiente y equitativa.

1. Mora judicial de casos[1]: Según datos en 2023 se reportaron más de 1.5 millones de casos pendientes de resolución. Esta acumulación refleja la necesidad de reformas procesales y un mayor acceso a tecnologías que agilicen los procedimientos.
2. Corrupción y debilitamiento institucional: La corrupción sigue siendo un obstáculo significativo, afectando la confianza ciudadana en las instituciones.
3. Acceso desigual a la justicia: Las comunidades indígenas y rurales enfrentan barreras lingüísticas, culturales y económicas para acceder al sistema judicial.

Retos pendientes

Para avanzar hacia un sistema de justicia penal más eficiente y accesible, es fundamental abordar las siguientes áreas:

1. Reformas legislativas: Es crucial promover leyes que simplifiquen los procesos judiciales y fortalezcan la independencia del sistema judicial.
2. Fortalecimiento del Ministerio Público: Dotar a esta institución de recursos humanos y tecnológicos suficientes es clave para enfrentar la impunidad de forma independiente e imparcial.
3. Inclusión social: Es necesario garantizar servicios de traducción y sensibilización cultural para poblaciones indígenas y otros grupos vulnerables.

El proceso penal guatemalteco tiene como objetivo

Averiguar los hechos delictivos, determinar la participación del imputado, establecer la responsabilidad del imputado, fijar la pena que le corresponde al imputado, ejecutar la pena.

El proceso penal guatemalteco se compone de varias etapas, entre ellas: 

• La etapa preparatoria,
• La etapa intermedia,
• La etapa del juicio penal,
• La etapa de impugnaciones,
• La etapa de ejecución

Las principales entidades que lo integran son:

• Organismo Judicial: Encargado de impartir justicia de forma independiente, con potestad para juzgar y ejecutar lo juzgado.
• Corte Suprema de Justicia (CSJ): Máximo tribunal del Organismo Judicial, responsable de supervisar y dirigir la función judicial, asegurando la correcta aplicación de las leyes. También ejerce funciones administrativas y disciplinarias sobre los jueces y tribunales inferiores.
• Corte de Constitucionalidad: Máximo tribunal en materia constitucional vela por la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales.
• Ministerio Público: Dirige la investigación penal y ejerce la acción penal pública, representando los intereses de la sociedad en la persecución de delitos.
• Instituto de la Defensa Pública Penal: Proporciona asistencia legal gratuita en asuntos penales a personas de escasos recursos, garantizando el derecho a la defensa.
• Ministerio de Gobernación: Responsable de la seguridad ciudadana, administra el Sistema Penitenciario y supervisa a la Policía Nacional Civil.
• Procuraduría General de la Nación: Representa y asesora jurídicamente al Estado en asuntos legales.
• Procuraduría de los Derechos Humanos: Promueve y vela por el respeto y defensa de los derechos humanos en el país.
• Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF): Proporciona análisis científicos y técnicos que apoyan las investigaciones criminales y los procesos judiciales.
• Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG): Agrupa a los profesionales del derecho, contribuyendo al desarrollo y supervisión de la práctica legal en el país.

Estas instituciones, junto con otras entidades como el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y las facultades de derecho de las universidades del país, conforman el sistema de justicia penal guatemalteco, trabajando de manera coordinada para asegurar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos fundamentales de la población.

A parte de las instituciones anteriormente mencionadas existen otras que apoyan al Sistema de Justicia tales como:

1. Contraloría General de Cuentas
2. Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito
3. Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET)
4. Defensoría de la Mujer Indígena
5. Colegio de Abogados y Notarios
6. Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (CODISRA)
7. Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID)
8. Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
9. Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (SENABED)
10. Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia (SEICMSJ)

Algunos datos [2]

Organismo Judicial OJ

CASOS

• 1. Casos ingresados: 56,175
• 2. Casos egresados: 49,175
• 3. Tasa de casos egresados: 87.54 %
• 4. Tasa de sentencias: 27.54 %

PERSONAS SENTENCIADAS

• 5. Personas sentenciadas: 13,394
• 6. Tasa de sentencias condenatorias: 87.38 % (11,704) recibieron sentencias condenatorias.
• 7. Tasa de sentencias a prisión: 85.16 %

PRESUPUESTO

• 8. Presupuesto aprobado: Q 3,620.00 millones
• 9. Presupuesto vigente: Q 4,619.40 millones (2024)
• 10. Presupuesto aprobado en proporción al nacional: 3.12 %
• 11. Ejecución Presupuestaria: 75.77 % (2024)

Ministerio Público – MP

CASOS

• 1. Casos ingresados: 570,955
• 2. Tasa de casos ingresados en PNC: 31.60 %
• 3. Tasa de gestión* de casos: 76.19 %

* Un caso gestionado es el que ha sido ingresado a una fiscalía. Los casos no gestionados son depurados al considerarse que no constituyen delito.

SALIDAS

• 4. Casos a los que se les dio salida: 506,801
• 5. Tasa de atención de casos: 116.50 %
• 6. Tasa de casos archivados*: 25.18 %
• 7. Tasa de acusaciones: 3.63 %

* Un caso puede ser archivado cuando no se puede individualizar al imputado o se declara su rebeldía.

SENTENCIAS

• 8. Personas sentenciadas: 13,394
• 9. Tasa de sentencias condenatorias: 87.38 %
• 10. Tasa de sentencias a prisión: 85.16 %

PRESUPUESTO

• 11. Presupuesto aprobado: Q4,316.2 millones
• 12. Presupuesto vigente: Q4,267.9 millones (2024)
• 13. Presupuesto aprobado en proporción al nacional: 3.72 %
• 14. Ejecución Presupuestaria: 75.34 % (2024)

INVESTIGACIONES ESPECIALIZADAS

DEIC

• 15. Investigaciones requeridas a DEIC: 114,852
• 16. Investigaciones realizadas por DEIC: 80,467
• 17. Investigaciones pendientes de diligenciar por DEIC: 34,385

DICRI

• 18. Investigaciones requeridas a DICRI: 4,815
• 19. Investigaciones realizadas por DICRI: 1,967
• 20. Investigaciones pendientes de diligenciar por DICRI: 2,848

DEIC+DICRI

• 21. Tasa de investigaciones pendientes: 31.11 %

* DEIC son las siglas de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil.
** DICRI son las siglas de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público.

Instituto de la Defensa Publica Penal – IDPP (2023)

DEFENSAS REQUERIDAS

• 1. Defensas públicas requeridas: 52,357
• 2. Defensas públicas realizadas: 98,546
• 3. Relación de defensas públicas realizadas vs requeridas: 188.22 %

RESOLUCIONES JUDICIALES

• 4. Defensas con resoluciones judiciales definitivas: 54,817
• 5. Defensas con resoluciones judiciales pendientes: 25,516
• 6. Defensas con resoluciones pendientes con relación a las requeridas: 48.73 %

PRESUPUESTO (2024)

• 7. Presupuesto aprobado: Q 387.20 millones
• 8. Presupuesto vigente: Q 378.60 millones (2024)
• 9. Presupuesto aprobado en proporción al nacional: 0.33 %
• 10. Ejecución presupuestaria: 81.79 % (2024)

Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala – INACIF

SOLICITUDES (2023)

• 1. Solicitudes atendidas: 234,455
• 2. Solicitudes pendientes de evacuar: 8,992
• 3. Solicitudes activas: 243,447

NECROPCIAS (2024)

• 4. Necropsias según sexo: 83.52 % hombres
• 5. Necropsias según rango de edad: 49.49% entre 20 y 39 años
• 6. Necropsias según ubicación geográfica: 35.73 % de los cadáveres fueron levantados en el departamento de Guatemala

PRESPUESTO

• 7. Presupuesto aprobado: Q 380.27 millones
• 8. Presupuesto vigente: Q 391.27 millones (2024)
• 9. Presupuesto aprobado en proporción al nacional: 0.33 %
• 10. Ejecución presupuestaria: 85.11 % (2024)

[1] Es el retraso en los procesos judiciales. En Guatemala, la mora judicial puede deberse a la falta de jueces, la escasez de recursos, la deficiente organización y la falta de preparación de los jueces.

[2] https://justiciacriminal.gt/indicadores

El pasado 6 de enero de 2025 el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala publicó la convocatoria oficial para las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), donde señala que próximo el 7 de febrero, se lleve a cabo el acto electoral para la elección por planillas separadas, de la totalidad de los miembros de la Junta Directiva y del Tribunal de Honor de dicho colegio, para el periodo 2025-2027.

Dicho proceso tiene un realce significativo con una diversidad de impactos principalmente en la actual coyuntura nacional y su incidencia en el sistema de justicia penal del país especialmente en la independencia judicial y los impactos a corto y mediano plazo.

A continuación se realiza un análisis, sobre estos impactos y el contexto en el que este proceso eleccionario se da.

Importancia del Proceso Electoral

La elección de la Junta Directiva y el Tribunal de Honor es relevante debido a que estos órganos tienen autoridad sobre los procedimientos disciplinarios y administrativos del CANG. Ya que ellos deben garantizar un manejo ético y transparente de dicho colegio, fundamental para garantizar la legitimidad de los representantes del gremio, incluyendo los delegados que participan en las decisiones de carácter judicial.

Participación del CANG en la Elección de Magistrados

El CANG tiene un rol crucial y de vital importancia en el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones, como la que se llevó a cabo en el año 2024, proceso que se vio influenciado por diversas manifestaciones que buscan tener una influencia sobre estos representantes para mantener un “estatus” quo de sus intereses de clase ya sea políticos, económicos y principalmente de mantener un grado alto de impunidad en casos de tipo penal.

Debido a que los delegados que resulten electos en estas elecciones tendrán influencia directa en las Comisiones de Postulación, quienes son los responsables de convocar, evaluar e integrar las nóminas de candidatos para el sistema judicial penal del país. Por lo tanto, el perfil y las posturas de los candidatos electos impactarán directamente en la calidad y transparencia de estas designaciones.

Implicaciones Políticas

Históricamente, los procesos electorales del CANG han sido objeto de críticas por parte de diversas expresiones a nivel nacional, por la politización y la influencia de intereses externos al gremio, por parte de diversos actores quienes con este cuerpo colegiado busca influenciar en las decisiones judiciales que están conociendo los jueces relacionados a casos de alto impacto y que han buscado que los actores señalados de actos de corrupción queden en la impunidad.

Por lo que el anuncio de estas elecciones reaviva las expectativas y preocupaciones sobre la capacidad del CANG para garantizar elecciones libres de cooptación o interferencias que puedan comprometer su independencia y, en consecuencia, la del sistema judicial en general.

Legitimidad y Confianza en el Sistema Judicial

El desempeño de los delegados del CANG en las Comisiones de Postulación es observado de cerca por las organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales, debido a su impacto en la selección de magistrados. Un proceso electoral transparente, participativo pero sobre todo independiente, contribuiría a fortalecer la percepción de legitimidad tanto de los procesos internos del gremio como de su influencia en la independencia judicial.

Las elecciones en el CANG se revisten de vital importancia no solo por el proceso de elecciones de cortes anteriormente abordado, si no por el proceso que se avecina en los próximos meses, como lo es la renovación del Fiscal General de la Republica y Jefe del Ministerio Público (MP) puede permitir  un cambio  de la actual Fiscal General y su equipo de trabajo cerrando así un ciclo de un Ministerio público cooptado por los sectores antidemocráticos y que han obstaculizado la independencia judicial en Guatemala.      

De tal cuenta este proceso eleccionario requiere de diversos análisis de índole político y legal significativo debido a la importancia de esta figura en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y en la garantía del Estado de Derecho, y que el avance de la justicia pronte y expedita, carente de sesgos ideológicos, políticos o económicos.

¿Cómo es dicho proceso o mecanismo de Elección del Fiscal General?

El proceso para la elección del Fiscal General está regulado por el artículo 251 de la Constitución Política de Guatemala, el cual indica que: “El jefe del Ministerio Público será el Fiscal General y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Deberá ser abogado colegiado y tener las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y será nombrado por el Presidente de la República de una nómina de seis candidatos propuesta por una comisión de postulación, integrada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la preside, los decanos de las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las Universidades del País, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el Presidente del Tribunal de Honor de dicho Colegio. Para la elección de candidatos se requiere el voto de por lo menos las dos terceras partes de los miembros de la Comisión.”

Incidencia Directa en el Futuro Proceso (2026-2030)

A continuación se presentan algunos factores de incidencia a tomar en cuenta como resultado de las elecciones del CANG para la elección del próximo Fiscal General del MP y que pueden incidir en contra de la independencia del MP

Composición de la Comisión de Postulación:

Es de vital importancia que exista un equilibrio entre lo político y lo académico de esta comisión. Debido a que como en años o en procesos anteriores donde la mayoría de sus miembros han representado intereses de índole político o ideológico específicos, puede influir en la selección de candidatos.

Así mismo también es de tomar en cuenta para esta comisión de postulación la elección de nuevos decanos, quienes en los últimos procesos se han convertido en actores clave para ciertos grupos de interés quienes buscan mantener cierto grado de influencia en estos procesos, mismo interés que se anticipa se verá el proceso de elección de las directivas del CANG en 2025, el cual tendrá impacto directo en la orientación de esta comisión.

Contexto Político Nacional:

El Presidente de la República Bernardo Arévalo, desempeñará un rol crucial. Su decisión reflejará el compromiso con la transparencia o posibles intereses políticos. Esto tomando en cuenta que tanto el cómo el partido político con el cual llego a la presidencia como lo es el Movimiento Semilla ha sido cancelado por orden judicial debido a denuncias interpuestas en el MP donde se argumentan supuestas ilegalidades en la conformación de dicho partido político. Es debido a las diversas acusaciones y casos que han sido estratégicamente creados para debilitar la institucionalidad de ciertos puestos de elección popular, de tal cuenta el rol del Presidente es fundamental en la selección del mejor candidato o candidata para ocupar dicho puesto.

En los últimos años y meses se ha contado con la mirada de la comunidad internacional en los procesos vinculados al sistema de justicia en nuestro país. La comunidad internacional y organismos multilaterales, será determinante para evitar la elección de un fiscal que no priorice el combate a la corrupción. Un organismo que ha estado dando acompañamiento, así como condenando los últimos acontecimientos vinculados a los procesos aquí mencionados, han sido organismos internacionales como: Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde se han pronunciado y expresado su preocupación por la situación política en Guatemala en varias ocasiones.

La OEA ha solicitado que se retome el Estado de derecho y que se garantice el respeto a los derechos humanos. 

Algunos de los temas que ha abordado la OEA en relación con Guatemala son:

• La violación de la Constitución por parte del fiscal general Rafael Curruchiche; 
• Las anomalías en la elección de los cortes; 
• La necesidad de garantizar la rendición de cuentas de la Fiscalía General y el Ministerio Público; 
• La protección de la vida de las autoridades políticas, periodistas, defensores de los derechos humanos y pueblos indígenas; 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la OEA, ha formulado recomendaciones al Estado de Guatemala para garantizar el respeto a los derechos humanos.

Confianza Institucional

La percepción ciudadana y de actores relevantes, como organizaciones de sociedad civil, comunidad internacional y agencias de cooperación internacional, puede cambiar sobre la independencia y profesionalismo del MP influirá en la aceptación social del nombramiento, que realice el Presidente Arévalo.

Los procesos recientes, como investigaciones o acciones de la actual fiscal, han establecido un precedente para las expectativas, de quien ocupe dicho puesto por 4 años.

Marco Legal y Reforma Institucional:

El año 2024 fue marcado por una relación ríspida y con canales de comunicación cerrados entre el Poder Ejecutivo y la Fiscal General del MP, ya que se ha buscado por diversos mecanismos legales el reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público (Decreto número 18-2016), que han buscado reformar el Artículo 6 – Remoción en donde el Presidente de la república puede remover a quien ocupe el cargo. Si en el presente año se promueven reformas dicho cuerpo legal el proceso de elección del Fiscal General, podrían redefinir la dinámica del nombramiento.

Otro de los aspectos fundamentales es que surjan cambios que podrían incluir en mayor participación ciudadana o límites más estrictos discrecionales de la Comisión de postulación así como en los procesos de evaluación y selección de candidatos, el restringir lo que sucedió en la elección de cortes que se dejó fuera del proceso el tema de las llamadas “tachas” o señalamientos contra de actores que han estado vinculados a estructuras o personas que representan algún tipo de interés de sectores que tradicionalmente han ostentado el poder político y económico del país y que han estado señalados de actos de corrupción y de mantenerse en la impunidad.

Riesgos Potenciales

Este proceso cuenta con una serie de riesgos multicausales ente lo que podemos resaltar están:

• Politización del Proceso: Un ambiente polarizado puede dar lugar a una comisión dominada por intereses partidarios o grupos de poder económico.
• Interferencia Externa: Tanto actores internacionales como sectores privados nacionales pueden buscar influir en el resultado del proceso.
• Debilitamiento del Estado de Derecho: Si el proceso carece de transparencia, podría erosionar aún más la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.

El proceso de renovación del Fiscal General será un punto crítico para el fortalecimiento del sistema de justicia en Guatemala. Su impacto trascenderá el período constitucional 2026-2030, al determinar la capacidad del MP para combatir la corrupción y garantizar una justicia imparcial. La composición de la Comisión de Postulación, el rol del Presidente, y las dinámicas políticas y sociales del país serán factores determinantes en este proceso.

Pros del Proceso Electoral del CANG

Renovación Gremial

1. Las elecciones permiten la renovación de los órganos de dirección del CANG, como la Junta Directiva y el Tribunal de Honor, lo cual es fundamental para mantener la legitimidad y representación de los intereses del gremio.
2. También renuevan los delegados titulares y suplentes, quienes tienen un papel clave en las Comisiones de Postulación que nominan candidatos para altos cargos judiciales.

Participación Democrática

1. Este proceso electoral fomenta la participación activa de los abogados y notarios, quienes pueden ejercer su derecho al voto y elegir representantes que respondan a sus intereses.
2. Una alta participación del gremio fortalecería la legitimidad de los resultados. En palabras de Francis Peña, presidente del Tribunal Electoral del CANG, dijo que espera superar el último evento de votación del Colegio, que reunió a más de 15 mil de los 45 mil agremiados activos para la elección de comisionados para las postuladoras de renovación de cortes.

Oportunidad de Transparencia

Si el proceso electoral es conducido con transparencia, se puede fortalecer la confianza en el CANG como una institución independiente y ética, enviando un mensaje positivo a la sociedad, comunidad internacional y al sistema judicial.

Fortalecimiento Institucional

El establecimiento de nuevas autoridades brinda la oportunidad de implementar mejoras internas, reforzar la ética gremial y asegurar un desempeño más efectivo en los procesos judiciales en los que el CANG tiene injerencia.

Contras del Proceso Electoral del CANG

Riesgo de Cooptación

1. Las elecciones en el CANG han sido históricamente señaladas por presunta interferencia de actores externos, incluyendo grupos políticos y económicos, lo cual podría comprometer la independencia de la institución.
2. La falta de regulación sobre el financiamiento de campañas electorales dentro del CANG es un factor que puede facilitar dicha cooptación.

Polarización Interna

Los procesos electorales en el CANG suelen generar divisiones internas entre distintos sectores del gremio, lo que puede debilitar la cohesión y unidad de la institución.

Desconfianza del Gremio y la Sociedad

Si el proceso no es percibido como transparente y justo, se corre el riesgo de aumentar la desconfianza tanto entre los abogados como en la sociedad civil, erosionando la legitimidad del CANG.

Falta de Renovación Real

Existe el peligro de que las elecciones no representen un cambio significativo, sino que perpetúen las mismas estructuras y liderazgos que han sido criticados por falta de independencia o integridad.

Impactos en la Coyuntura Actual de Guatemala

Reflejo de la Lucha Anticorrupción

Guatemala atraviesa un momento de alta polarización y preocupación por la debilidad institucional frente a los intereses de élites políticas y económicas. Las elecciones del CANG son un termómetro para medir si el gremio está dispuesto a combatir la corrupción o, por el contrario, si seguirá influido por actores externos.

Impacto en el Estado de Derecho

La transparencia y legitimidad del proceso electoral afectarán directamente la percepción del CANG como un actor clave en el fortalecimiento del Estado de derecho. Un proceso contaminado o manipulado podría agravar la crisis de confianza en las instituciones.

Reacción de la Sociedad Civil

Organizaciones de sociedad civil y observadores internacionales estarán atentos al desarrollo del proceso electoral. Un mal manejo podría desencadenar protestas, pronunciamientos y un mayor escrutinio sobre el gremio y sus representantes, como ha sucedido en procesos anteriores.

Consideraciones Finales

• Importancia de la Transparencia: Será fundamental que las elecciones del CANG sean conducidas bajo principios de transparencia y rendición de cuentas, con reglas claras y equitativas.
• Participación Activa de los Abogados: Una alta participación del gremio garantizaría una representación más democrática y plural.
• Monitoreo Externo: El seguimiento por parte de organizaciones de sociedad civil, comunidad internacional y observadores independientes puede mitigar riesgos de cooptación y fortalecer la confianza en los resultados.

El anuncio de estas elecciones marca el inicio de un proceso clave para el fortalecimiento o debilitamiento del sistema de justicia en Guatemala. Las dinámicas que se desarrollen en el marco de este proceso electoral serán determinantes para el estado de derecho del país.