Contexto y desafíos en Guatemala

El implementar acciones que incluyan los principios y conceptos relacionados con justicia abierta en Guatemala, en el contexto actual que presenta el país enfrenta a obstáculos como la falta de mecanismos para la apertura de datos, una limitada participación ciudadana y una excesiva burocracia judicial. Todos estos factores han debilitado la confianza y de la ciudadanía en el sistema de justicia, evidenciando la necesidad de implementar una serie de acciones inmediatas para revertir esta situación y cambiar no solo la percepción de la población si no también que esta cumpla con los preceptos de ser una sistema de justicia justicia pronta y cumplida. A pesar de los compromisos adquiridos por el país en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, aún no se han definido estrategias efectivas para integrar los principios de justicia abierta en las políticas públicas.

Estrategia para la inclusión de la justicia abierta en un Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto desde el Organismo Ejecutivo

La investigación destaca en uno de sus numerales una estrategia clave para impulsar la justicia abierta a través del Organismo Ejecutivo, incluso frente a la resistencia que puede generarse desde el Organismo Judicial. La propuesta reconoce que, aunque el OJ mantenga su autonomía, las instituciones del Ejecutivo pueden jugar un papel catalizador en la promoción de la transparencia judicial mediante acciones indirectas que generen beneficios tangibles. Entre las principales iniciativas se encuentran:

1. Fomento de la transparencia interinstitucional: Se propone la creación de un Observatorio de Justicia Abierta, que puede ser liderado por la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE). Este observatorio publicaría información de instituciones clave como el Ministerio Público (MP), el Ministerio de Gobernación (MINGOB) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), entre otros actores, abordando temas como tiempos procesales, resultados de casos y estadísticas de detenciones.
2. Fortalecimiento institucional: El Ejecutivo puede liderar procesos de capacitación para funcionarios de instituciones que interactúan con el sistema judicial. Estas capacitaciones se centrarían en estándares de transparencia, digitalización de procesos y promoción de métodos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y el arbitraje.
3. Generación de incentivos indirectos: A través de la publicación de informes y estadísticas de desempeño, el Ejecutivo puede ejercer presión pública sobre el OJ para que adopte prácticas de justicia abierta. Este enfoque busca demostrar que es posible avanzar en transparencia y eficiencia, incluso sin una colaboración directa con el OJ.
4. Participación ciudadana: La estrategia contempla la movilización de actores de la sociedad civil, la academia y la ciudadanía mediante talleres participativos y mesas de diálogo. Estos espacios servirían para identificar barreras en el acceso a la justicia y diseñar políticas inclusivas que respondan a las necesidades de los diversos sectores de la población.

El enfoque propuesto de esta propuesta destaca la importancia de un liderazgo activo del Organismo Ejecutivo, reconociendo que su capacidad de actuar como impulsor de la justicia abierta puede generar un impacto transformador en la relación entre el sistema judicial y la ciudadanía.

Principales líneas de acción

La implementación de esta estrategia se basa en la creación de herramientas prácticas como portales de datos abiertos, la promoción de indicadores de transparencia y la construcción de alianzas con la comunidad internacional para asegurar recursos y conocimientos técnicos. Estas acciones no solo buscan fortalecer el acceso a la justicia, sino también fomentar un ecosistema de confianza entre las instituciones judiciales y la población.

Aunque el OJ mantenga su autonomía, el Organismo Ejecutivo tiene una oportunidad única para liderar el cambio hacia un modelo de justicia más abierto, accesible y eficiente. Esta estrategia no solo beneficia al sistema judicial, sino que también refuerza el compromiso de Guatemala con los principios de un gobierno abierto.

Enlaces de interes

https://www.opengovpartnership.org/es/open-gov-guide/justice-access-to-justice

Descarga la investigación:

Estadísticas Alarmantes

Entre 2011 y 2023, se registraron más de 87,000 hechos de tránsito, resultando en 22,322 muertes y 105,384 personas lesionadas. En 2024, de enero a septiembre, se reportaron 6,049 hechos de tránsito, con 1,744 fallecimientos y 6,268 lesionados. Las motocicletas son el vehículo más involucrado en estos hechos, representando el 49% de los hechos, lo que resalta la vulnerabilidad de los motociclistas, especialmente los jóvenes de entre 20 y 29 años.

El consumo de alcohol es otro factor crítico. En 2021, el 12% de los conductores involucrados en hechos de tránsito habían consumido alcohol, y en 2023 se detuvieron a más de 7,000 personas por conducir ebrias.

Principales Retos en Seguridad Vial

1. Infraestructura Deficiente: Las carreteras en mal estado, la señalización insuficiente o inexistente y la falta de planeación adecuada aumentan el riesgo de accidentes.
2. Falta de Coordinación Institucional: Diversas entidades trabajan en seguridad vial, pero sin una política pública nacional ni un sistema unificado de datos, lo que dificulta una acción integral y efectiva.
3. Educación Vial Limitada: Aunque la educación vial está incluida en el currículo educativo, su implementación no ha sido prioritaria, dejando brechas en el conocimiento y respeto a las normas de tránsito.
4. Corrupción: Desde la emisión de licencias hasta la construcción de carreteras, prácticas corruptas han debilitado los esfuerzos por mejorar la seguridad vial.
5. Incremento del Parque Vehicular: La proliferación de motocicletas, incentivada durante la pandemia de COVID-19, representa un desafío adicional, ya que este tipo de vehículo lidera las estadísticas de incidentes de tránsito.

Acciones para Mejorar la Seguridad Vial

El gobierno, junto con la sociedad civil y el sector privado, ha implementado diversas medidas para enfrentar esta crisis:

1. Operativos de Tránsito

• Se realizan controles en las principales rutas del país para verificar el estado de los vehículos, la portación de documentos y el uso de dispositivos de seguridad como cascos y cinturones.
• Durante festividades como Navidad y Semana Santa, se intensifican operativos para reducir el aumento de hechos de tránsito en estas épocas de alta movilidad.
• Las pruebas de alcoholemia y controles de velocidad son herramientas clave en estos operativos.

2. Educación y Sensibilización

• Capacitaciones Escolares: APASIT y el Departamento de Tránsito realizan talleres y charlas en escuelas y universidades para fomentar una cultura vial desde temprana edad.
• Campañas de Concientización: Se han distribuido manuales y materiales educativos para sensibilizar a la población sobre la importancia de respetar las normas de tránsito.

3. Reformas Legislativas

• En 2024, se aprobaron reformas a la Ley de Tránsito (Decreto 33-2024) para mejorar la imposición de multas. Sin embargo, estas han sido criticadas por no abordar la raíz del problema.

4. Alianzas Estratégicas

• Con el Sector Privado: Organizaciones como ASIM han donado cascos certificados, mientras que AmCham y FUNDESA organizan congresos internacionales sobre seguridad vial.
• Con Organismos Internacionales: La colaboración con la OPS/OMS ha permitido la realización de estudios sobre el uso de dispositivos de seguridad y la capacitación de agentes de tránsito.

Impacto Social y Familiar

Los hechos de tránsito no solo generan pérdidas humanas, sino que también imponen un alto costo económico y emocional a las familias afectadas. Gastos médicos, procesos legales y el duelo por la pérdida de seres queridos son solo algunas de las consecuencias que enfrentan las víctimas y sus familias. A esto se suma la falta de un sistema estatal integral para brindar apoyo a estas personas.

Organizaciones como APASIT han tomado la iniciativa para llenar este vacío, proporcionando orientación médica, legal y emocional a las familias afectadas. Sin embargo, se necesita un compromiso más fuerte por parte del Estado para atender estas necesidades de manera estructurada.

Necesidades Urgentes

Para enfrentar la crisis de siniestralidad vial, Guatemala necesita adoptar un enfoque integral que incluya:

• Creación de una Política Nacional de Seguridad Vial: Que coordine las acciones de todas las instituciones relacionadas y fomente la colaboración intersectorial.
• Inversiones en Infraestructura: Mejorar las condiciones de las carreteras y garantizar una señalización adecuada.
• Educación Vial Obligatoria: Incluir programas de formación en seguridad vial en todos los niveles educativos.
• Fortalecimiento de la Ley: Implementar y hacer cumplir estrictamente las normativas existentes, especialmente en cuanto a velocidad, estado de los vehículos y consumo de alcohol.
• Unificación de Datos: Crear un sistema integrado que permita recopilar, analizar y utilizar información confiable sobre siniestralidad vial para la toma de decisiones.

Descarga el análisis completo en el siguiente enlace:

Contexto y Tendencias Recientes

En Guatemala, la persecución de defensores de derechos humanos no es un fenómeno nuevo, pero ha adquirido una dimensión preocupante desde 2019, tras el fin del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Este organismo, que jugó un papel crucial en la lucha contra la corrupción, fue clave en investigaciones que desarticularon redes de poder ilícitas. Sin embargo, su salida marcó un retroceso en los avances alcanzados.

Entre 2020 y principios de 2024, la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos y operadores de justicia aumentó significativamente. De acuerdo con datos de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA), se registraron miles de ataques anuales, dirigidos tanto a individuos como a organizaciones de la sociedad civil. En 2023, durante el proceso electoral, estos ataques alcanzaron picos alarmantes, marcados por campañas de desprestigio, amenazas y el uso indebido del sistema penal.

Este contexto ha consolidado un modelo de Estado autoritario, en el que los tres poderes del Estado parecen alineados con agendas que promueven la impunidad. Las víctimas principales de este escenario han sido jueces, fiscales y activistas que trabajaron en casos emblemáticos de corrupción o defensa de derechos fundamentales.

Casos Paradigmáticos

Dos casos ilustran las graves consecuencias de la criminalización en Guatemala:

1. C.G.: Reconocida abogada defensora de derechos humanos, C.G. fue detenida en 2023 bajo cargos de abuso de autoridad, un delito que generalmente aplica a funcionarios públicos, a pesar de que ella no ocupaba un cargo público. Su caso refleja un uso arbitrario del derecho penal, basado en acusaciones que carecen de fundamento sólido. Durante su proceso, enfrentó retrasos maliciosos, violaciones a sus derechos procesales y campañas de estigmatización, obligándola a luchar por su libertad en un sistema diseñado para intimidar y silenciar.
2. V.L.: Exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, V.L. fue perseguida y condenada por su trabajo en casos relacionados con corrupción y derechos humanos. Fue acusada de abuso de autoridad y usurpación de funciones, cargos que han sido cuestionados por organismos internacionales. A pesar de las recomendaciones de liberar a V.L. emitidas por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, el sistema judicial guatemalteco ha ignorado estas resoluciones, prolongando su encarcelamiento.

Ambos casos reflejan patrones comunes: la manipulación del derecho penal, la falta de independencia judicial y el uso de mensajes misóginos como herramienta adicional de ataque contra mujeres operadoras de justicia.

Impactos Sociales y Políticos

La criminalización no solo afecta a las personas directamente involucradas, sino que tiene consecuencias profundas en la sociedad. Envía un mensaje intimidante a quienes luchan por los derechos humanos y la justicia, generando un clima de temor generalizado. Además, exacerba la desconfianza en las instituciones, ya que la población percibe que el sistema judicial está más interesado en proteger intereses corruptos que en garantizar el acceso a la justicia.

La violencia de género también juega un papel significativo en este contexto. Operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos han sido blanco de campañas de odio que combinan misoginia con mensajes de desprestigio, un patrón que agrava aún más su situación de vulnerabilidad.

Justicia Abierta como Alternativa Transformadora

Frente a estos desafíos, la justicia abierta surge como una alternativa innovadora y necesaria. Este modelo propone principios de transparencia, participación ciudadana y colaboración entre el sistema judicial y la sociedad. Aunque Guatemala ha mostrado avances limitados en esta área, la implementación efectiva de la justicia abierta podría:

• Mejorar la legitimidad de las instituciones judiciales.
• Garantizar mayor acceso a la información para la ciudadanía.
• Fortalecer la independencia del sistema judicial frente a presiones políticas.

Para lograr estos objetivos, es crucial que las autoridades judiciales adopten políticas públicas que prioricen la apertura y rendición de cuentas. Asimismo, la cooperación internacional puede desempeñar un papel clave proporcionando recursos técnicos y promoviendo las mejores prácticas en justicia abierta.

Recomendaciones para el Futuro

El Estado de Guatemala debe comprometerse a:

1. Implementar políticas integrales para proteger a defensores de derechos humanos y operadores de justicia.
2. Garantizar investigaciones imparciales y transparentes en casos de criminalización.
3. Fortalecer los mecanismos de justicia abierta, fomentando la participación ciudadana y el acceso a datos judiciales.

Por su parte, la sociedad civil y los organismos internacionales deben mantener la presión para que estas reformas se materialicen. La lucha por un sistema judicial independiente es clave para garantizar un futuro donde los derechos humanos sean plenamente respetados.

Lee y descarga la investigación completa

Análisis de la Migración Irregular en Guatemala: Causas, Retos y Políticas Migratorias

La migración irregular es un fenómeno crucial que afecta a Guatemala, con impactos significativos en los ámbitos social, político y económico. Este artículo explora las principales causas del fenómeno, los retos para medirlo y las respuestas políticas, destacando áreas clave para la reflexión y la acción.

Factores impulsores de la migración irregular

La migración irregular de guatemaltecos se origina en una combinación de problemas estructurales y dinámicas internacionales. Entre los factores más destacados se encuentran:

• Problemas económicos y sociales: La pobreza persistente, la falta de empleo formal y las barreras para el acceso a créditos o financiamiento son determinantes clave.
• Inseguridad y violencia: La presencia de pandillas, cárteles de droga y elevados índices de violencia empujan a muchas personas a buscar seguridad en el extranjero.
• Cambio climático: Aunque sus efectos se perciben más en desplazamientos internos, eventos como sequías y desastres naturales también impulsan migraciones internacionales.
• Reunificación familiar: Las redes familiares, especialmente en Estados Unidos, fomentan la migración como un medio para consolidar lazos y buscar mejores condiciones de vida.

Retos en la medición del fenómeno

El carácter irregular de estas migraciones dificulta obtener datos precisos. Algunos de los retos más relevantes incluyen:

• Limitaciones de los registros oficiales: Las cifras de detenciones y deportaciones solo ofrecen una vista parcial del fenómeno.
• Métodos de estimación indirecta: Herramientas como el cálculo residual, que mide la diferencia entre residentes extranjeros legales y el total de residentes extranjeros, pueden subestimar la magnitud real.
• Diferencias metodológicas: Distintas instituciones manejan cifras que a menudo no son comparables.

Gráfica: Comparación de estimaciones de migrantes irregulares en EE. UU.

Políticas migratorias: Avances y desafíos

El Código de Migración (Decreto 44-2016) marcó un avance significativo en la política migratoria guatemalteca al incorporar estándares internacionales de protección de derechos. Sin embargo, persisten desafíos:

• Coordinación institucional: El Instituto Guatemalteco de Migración y CONAMIGUA enfrentan dificultades para armonizar sus funciones.
• Burocracia y limitaciones: Los tiempos prolongados para trámites básicos, como la obtención de pasaportes, afectan la atención a los migrantes.
• Contexto internacional restrictivo: La securitización y militarización de fronteras en México y Estados Unidos han endurecido las condiciones para los migrantes, priorizando la seguridad nacional sobre los derechos humanos.

Gráfica: Número de deportados por región de origen.

Abordar la migración irregular en Guatemala exige un enfoque integral que ataque las causas estructurales de fondo: pobreza, desigualdad, inseguridad y falta de oportunidades económicas. Asimismo, una política migratoria eficiente debe considerar la protección de los derechos humanos y una mayor cooperación regional.

Gráfica: Evolución de deportaciones anuales y tasa de deportación.

Lee y descarga el documento

Tabla No. 01 – Evolución parque vehicular 2005 – 2024*[1]

Fuente: elaboración propia – Con datos de la SAT

[1] Hasta el mes de septiembre de 2024

Tabla No. 02 – proyección parque vehicular 2025 – 2029

Fuente: elaboración propia

Uno de los hallazgos más importantes del estudio es que la provincia de Guatemala alberga el 42% de los vehículos del país y el 40% de los hechos de tránsito de tránsito reportados ocurren con frecuencia en este sector. Las investigaciones muestran que una alta densidad de vehículos dentro de un área geográfica limitada conduce a una mayor frecuencia de hechos de tránsito, especialmente en áreas urbanas con mucho tráfico. Además, factores como el consumo de bebidas alcohólicas y/o fermentadas, el exceso de velocidad y la falta de revisiones vehiculares agravan la situación, convirtiendo los hechos de tránsito de tránsito en un problema complejo que requiere una solución integral.

Para comprender mejor las causas de los hechos de tránsito, el informe señala que se centra en la llamada «trilogía del tráfico» formada por personas, tráfico y factores ambientales. Estos tres factores interactúan para provocar un aumento en la tasa de hechos de tránsito del país. Los factores humanos incluyen comportamientos peligrosos como la conducción imprudente, conductores sin experiencia y el desprecio de las normas de tráfico. En cuanto a los factores relacionados con los vehículos de motor, la proporción de hechos de tránsito que involucran motocicletas es alta (41%), y su uso ha aumentado debido a su disponibilidad y costo relativamente bajo. En cuanto a los factores ambientales, la falta de infraestructuras como señalización, iluminación y mantenimiento de las vías también es un factor clave en los hechos de tránsito viales.

Gráfica No. 02 – Top 5 departamentos con mayor frecuencia de hechos de tránsito 2015 a mayo 2024

Fuente: Elaboración propia con base del tablero del -ODGS- (Hechos de Tránsito)

El estudio también analizó los picos en las tasas de hechos de tránsito de tráfico. Se señaló que hubo aumentos importantes en marzo y diciembre. Estas fechas coinciden con días festivos como Semana Santa y Nochevieja, lo que puede incrementar la circulación de personas y vehículos, así como el consumo de alcohol, creando condiciones peligrosas que impactan tanto a conductores como a peatones.

Gráfica No. 04 – Hechos con mayor incidencia del año 2015 a mayo 2024

Fuente: Elaboración propia con base del tablero del -ODGS- (Hechos de Tránsito)

Tabla No. 06 – Incidencia de vehículos por tipo de hecho y departamento periodo del año 2015 a mayo 2024

Fuente: Elaboración propia con base del tablero del -ODGS- (Hechos de Tránsito)

El informe hace recomendaciones para abordar de manera integral estos temas, incluyendo:

Implementar medidas de seguridad preventivas proactivas: llevar a cabo actividades de educación en seguridad vial dirigidas principalmente a conductores jóvenes para promover el cumplimiento de las normas y la conducción cuidadosa. También se recomienda un estricto control de velocidad y pruebas de alcoholemia, especialmente los fines de semana y festivos cuando aumenta el número de hechos de tránsito de tráfico.

Mejorar la infraestructura vial: La calidad de las vías y la infraestructura para peatones y peatones. Para los motociclistas, reducir la ocurrencia de hechos de tránsito de tránsito es muy importante. Se recomienda mejorar las aceras, la señalización y la iluminación en áreas de alto tráfico. Aparte de,Sería útil establecer infraestructura específica para motocicletas y proporcionar caminos seguros para los peatones, minimizando la interacción de diferentes tipos de usuarios dentro de un mismo espacio y reduciendo así el riesgo de hechos de tránsito.

Regular la compra y uso de motocicletas: Dado que las motocicletas son el tipo de vehículo que más hechos de tránsito de tránsito causa, se recomienda tomar medidas de control en la compra y exigir licencia de conducir antes de adquirirlas. Además, sería útil promover campañas que fomenten el uso de cascos certificados, ya que el incumplimiento de esta medida de seguridad pasiva es habitual entre motociclistas y pasajeros.

Promover el transporte público seguro y accesible: Fomentar el uso del transporte público La seguridad y la comodidad son estrategias clave para reducir los movimientos de vehículos privados y reducir los hechos de tránsito de tráfico. Al fomentar el transporte compartido, ayudamos a reducir la carga de vehículos en zonas urbanas congestionadas, mejorando así la movilidad y la seguridad vial en general.

Utilice un seguro de responsabilidad obligatorio: proteja a las víctimas de hechos de tránsito de tráfico,Es necesario garantizar la implantación del seguro obligatorio de responsabilidad civil de conformidad con lo dispuesto en la Ley de circulación por carretera. Esta medida garantiza la indemnización por daños personales y materiales y promueve una cultura de responsabilidad y prevención.

Fortalecer los controles de seguridad pasiva: se debe fomentar el uso de dispositivos de seguridad como cinturones de seguridad y cascos de motocicleta mediante publicidad y regulaciones más estrictas. Existe evidencia de que estos dispositivos pueden salvar vidas y reducir la gravedad de las lesiones en caso de hecho de tránsito de tráfico.

Cooperación interinstitucional y cooperación con la sociedad civil: Las agencias responsables de la seguridad vial deben coordinar su trabajo con los municipios y las organizaciones de la sociedad civil. Implantar medidas de seguimiento e información en materia de seguridad vial. La cooperación entre diferentes sectores puede aumentar la eficacia de las intervenciones y proporcionar un enfoque integrado para prevenir los hechos de tránsito de tráfico.

El análisis proporciona una visión clara de los desafíos de seguridad vial de Guatemala y la urgente necesidad de medidas preventivas. Los hechos de tránsito de tráfico no sólo afectan a los conductores, sino también a los peatones y pasajeros, y reducir los hechos de tránsito de tráfico requiere del esfuerzo conjunto de las autoridades, la sociedad y todos los usuarios de la vía. Fortalecer la infraestructura vial, promover el transporte público seguro y regular los vehículos de alto riesgo, como las motocicletas, son pasos necesarios para reducir el número de hechos de tránsito viales y construir un sistema vial seguro y sostenible.

Se realizó una evaluación de resultados planteados dentro del Plan Estratégico Institucional 2021-2025 (PEI), una revisión a los trámites en línea que mejoran el acceso a justicia a las personas usuarias, la existencia o no de plataformas de acceso y de consulta, así como la provisión y estructura de datos proporcionada por la Web del OJ.  Dentro de las fuentes consultadas, se utilizó la recolección de datos contenida en la página web del poder judicial y la revisión de la documentación otorgada a través de tres respuestas a solicitudes de libre acceso a la información del OJ.  Se realizaron dos entrevistas al personal de la Unidad de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de los Órganos Jurisdiccionales del Ramo Penal de la República de Guatemala y la Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional.

Esta información permitió realizar tres apartados que constituyen el siguiente producto de consultoría. El primero que se refieren a los principales hallazgos contenidos dentro de la información analizada, el segundo que permitió definir el Plan de Acción para la implementación de la política de Justicia Abierta del Poder Judicial y el tercero, que realiza una propuesta para el diseño de ruta para la incidencia de la CIIDH en los mecanismos de participación para la aprobación y/o ruta del plan de acción de la PJA.

Principales hallazgos

Dentro de los resultados del proceso de monitoreo y evaluación de las políticas institucionales, las diversas unidades del OJ solamente presentan seguimiento a las políticas de acceso a la justicia para personas en situación de discapacidad y la política de reparación digna y transformadora del Organismo Judicial. Para la primera existen tres informes sobre justicia accesible que relaciona las sentencias relativas a personas en situación de discapacidad. Sobre las otras políticas institucionales, no hay evidencia accesible a los informes o registros en la Web sobre los resultados ya que no es información de acceso público.

En las solicitudes de acceso a la información no se han presentado resultados específicos sobre su monitoreo. En términos transversales dentro del PEI del OJ se incorporan en la programación, acciones contenidas dentro de la política de acceso a la justicia para pueblos indígenas, la de protección especial de las niñas, niños y adolescentes, así como la de igualdad de género y promoción de los derechos humanos de las mujeres. Estas acciones pueden resumirse en el reporte de cantidad de intérpretes bilingües, creación de órganos jurisdiccionales relativos a estas poblaciones y capacitaciones a jueces y magistrados en materia de derechos específicos.

En cuanto a la PJA los parámetros de implementación y puesta en vigencia son confusos. En principio, la política se encuentra contenida dentro del PEI en el apartado de políticas institucionales, señalando que se implementan con el objetivo de abordar soluciones a dificultades que limitan la aplicación de los derechos humanos. Estas acciones se incorporan a través de los órganos jurisdiccionales o unidades administrativas del OJ con lo cual, se incluye a la política y se enlaza dentro de los ejes transversales de desarrollo estratégico, por lo que se podría asumir que existe un nivel implementación. Sin embargo, con el cambio de presidencia en el OJ se interpreta que la política no entró en vigor porque no existe un acuerdo que le haya dado soporte para el proceso de construcción del plan de acción y/o de monitoreo de esta. En la consulta de libre acceso a la información pública realizada bajo el código SOL-PJ-2913-2024 se informa que:

“Actualmente el borrador de la Política de Justicia Abierta no es información de este Poder del Estado, en virtud de que no ha sido revisado ni aprobado por la Corte Suprema de Justicia; en ese sentido y en consonancia con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública no puede ser entregado” (Carias, 2024).

Sin embargo, en la respuesta escrita de otorgada a través de la gestión de acceso a la información pública SFJC-IMF-2024-9 sobre la solicitud del plan de acción de la PJA se responde que:

“Numeral 1. Política de Justicia Abierta del Organismo Judicial de Guatemala y su Plan de Implementación, Tanto la política como su Plan de Implementación se encuentran desde el mes de febrero de 2023 en proceso de modificación, para ser posteriormente ser validada por la autoridad superior.” (Secretaría de Fortalecimiento Judicial y de Cooperacióhn, 2024).

Se desconoce, por tanto, el estado actual de la política, su proceso de implementación y sí está en modificación o, por el contrario, nunca entró en vigor porque no fue aprobada por la nueva presidencia del OJ y no existió nunca a la vida jurídica del propio Organismo.

Otro aspecto importante para las políticas institucionales del OJ tiene que ver en que la misma comunicación de la Secretaría del Fortalecimiento Judicial y Cooperación (SFJC) se detalla que mediante el Acuerdo Número 313/023 de la Presidencia del OJ que aprueba la reestructuración de esta secretaría, haciéndola responsable de:

“4. Coordinar la ejecución de las acciones contenidas en las políticas institucionales designadas a la Secretaría, con las autoridades a cargo del tema”; numeral “7. Elaborar informes y otros documentos en el ámbito de su competencia a requerimiento de las autoridades”. (Secretaría de Fortalecimiento Judicial y de Cooperacióhn, 2024).

Esto señala que la Secretaría de Fortalecimiento Judicial y de Cooperación es la encargada de sistematizar los hallazgos de las políticas institucionales, por lo cual, toda información de estas será enviada a esta secretaria para su sistematización y socialización de los resultados.

Con respecto a los mecanismos de participación de la población para las políticas institucionales no se registran espacios de intermediación, creación, cocreación o participación dentro de los mecanismos de evaluación. Cabe señalar que dentro de las recomendaciones señaladas por la OCDE en temas de Gobierno Abierto se solicita a los países que concedan a todos los sectores oportunidades de ser consultados e informados para que participen en todas las fases de ciclos que conllevan las políticas (diseño, implementación y seguimiento) en la provisión de servicios públicos. (OECD, 2024). Cabe señalar que en la región solamente Uruguay, Chile y Argentina utilizan mecanismos de inclusión y participación para la cocreación de políticas. Dentro de éstas destacan las sesiones de pensamiento, diseño, focus group, consultas públicas y/o pruebas de usabilidad.

En los contenidos de las políticas existe una intencionalidad de coordinación e incorporación institucional dentro de los órganos jurisdiccionales y capacitar a las distintas unidades en la materia que compete cada una de las políticas. El problema es que el proceso de transversalización hacia los órganos jurisdiccionales termina por invisibilizar su accionar ya que se quedan en enunciados declarativos, con lo cual muchas terminan en el fortalecimiento de capacidades institucionales a través del personal del OJ por lo que se dirigen hacia rubros como la capacitación y el desarrollo de actividades, pero sin mostrar un proceso estratégico y definir con claridad la interrelación de la política con los ejes enmarcados para su planificación y ejecución.

Esto se pone de manifiesto en los objetivos estratégicos cuando señala el PEI que se quieren: “Facilitar el acceso a la justicia para toda la población con equidad, pertinencia etérea, cultural, lingüística, equidad de género, movilidad y comunicación con fundamento en los derechos humanos” (Organismo Judicial, 2020, pág. 86) pero sin establecer criterios de evaluación más allá de los criterios internos de exposición que se asume existe con el pleno de Magistrados pero que en las solicitudes de acceso a la información no se ha podido comprobar. Esto contrasta con criterios de evaluación con la población afectada y recae en la falta de sintonía con la cocreación y monitorear de forma conjunta los resultados obtenidos para incluir, corregir o fomentar criterios técnicos de mejora. Además, en lo relativo a pueblos indígenas se propone el fortalecimiento en la interpretación de idiomas mayas y el recurso humano especializado, sin embargo, no señala criterios de medición que permitan evaluar el desempeño, número de intérpretes nuevos a alcanzar o alguna meta específica que señale avances de la propia política.

Según el análisis de la página web del OJ, se concluye que no se han incorporado nuevos portales, tecnologías de la información y las respuestas siguen sin proporcionarse en datos abiertos y reutilizables. Las tres consultas realizadas por libre acceso a la información fueron proporcionadas en formato PDF, no fueron transmitida por medios digitales y se tuvo que hacer presencia física en la oficina de acceso a la información pública y se tuvo que reponer el CD en el cual se proporcionó la información. En otra de las consultas la respuesta fue dada en papel físico y sin uniformidad de las unidades que proporcionan la información, lo que detalla que cada una actúa por su cuenta y la solicitud no es unificada por parte de la SFJC.

En la plataforma de acceso a la página del OJ no se observa una correcta indexación que facilite búsquedas y el grueso de consultas se realiza a través de usuarios registrados. En otros casos solo las partes involucradas tienen acceso a la información, no existe evidencia de la publicación de todas las sentencias y las estadísticas son proporcionadas en formatos no reutilizables.

Para las consultas de estadística judicial, mediante Acuerdo de la Presidencia del Organismo Judicial número 128/013, se creó el Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial (CIDEJ) para diseñar, captar, recopilar, sistematizar, unificar, modernizar, monitorear, evaluar y difundir estadísticas e indicadores judiciales como fuente de información oficial del OJ. La página web en la que reside es la identificada como: ww2.oj.gob.gt pero solo presenta estadísticas hasta el año 2014 y en lo concerniente a delitos contra libertad e indemnidad sexual de las personas las delimita para los años del 2014-2017. 

Definición del Plan de Acción para la implementación de la Política de Justicia Abierta del Poder Judicial

Para su elaboración se tomó en cuenta todas aquellas acciones contenidas en el PEI y aquellas que se encuentran basadas en los objetivos de la PJA que se adaptan al: a) Acceso a la información pública, apertura de datos, transparencia activa, rendición de cuentas, b) Mecanismos de participación, diálogo y alianzas estratégicas, c) Iniciativas de innovación institucional y uso de nuevas tecnologías y d) Incorporación de herramientas de seguimiento, monitoreo y evaluación de la PJA.

Los ejes rectores se constituyen a partir de los planteados en la política:

Lee y descarga la investigación completa en el siguiente enlace:

Lee y descarga la Política de Justicia Abierta del Organismo Judicial, en el siguiente enlace:

Descargar

Dentro de los objetivos para implementar una justicia abierta en el Organismo Judicial de Guatemala se plantean los principios de transparencia, participación, rendición de cuentas, innovación y uso de nuevas tecnologías con el fin de facilitar el acceso a la información pública, apertura de datos, transparencia, promoción de mecanismos y alianzas estratégicas con las instituciones vinculadas al sector justicia, así como generar herramientas y sistemas de información para el seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas institucionales.

El capítulo I que se realiza consiste en la revisión de las políticas de justicia abierta o instrumentos que impulsan su concreción en Centroamérica.  Para su realización se hizo un análisis de la implementación del Informe del Grupo Especializado de Trabajo (GET) de Justicia Abierta, del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, la Política de Justicia Abierta de Costa Rica en comparación con la de justicia abierta de Guatemala.

En el capítulo II se hace un análisis de las políticas públicas del Organismo Judicial conforme a los ejes considerados en la política de justicia abierta que son: 1) transparencia y rendición de cuentas, 2) sensibilización y capacitación, 3) participación social y articulación interna y externa y 4) seguimiento y evaluación.

Las políticas institucionales analizadas de acuerdo con estos ejes fueron las siguientes: 

Finalmente, se hace un análisis sobre su implementación estratégica y vinculación de las políticas institucionales dentro del Plan Estratégico Institucional del Organismo Judicial para dimensionar los obstáculos y desafíos que requiere la ejecución de las políticas institucionales, los avances presentados y los mecanismos que se requieren para lograr que los principios en materia de justicia abierta para Guatemala se puedan concretizar.

Políticas de Justicia Abierta en Centroamérica

El índice de World Justice Project (2023) relativo a gobierno abierto para la región de América Latina y el Caribe, de 32 países evaluados, a continuación los punteos:

En lo relativo a justicia civil, el puntaje para la región disminuye:

En lo relacionado a justicia penal, solamente dos países se encuentran en los primeros quince:

En términos generales se evidencia que el proceso de justicia y gobierno abierto no guardan una estrecha relación, en gran parte por la rigidez y mecanismos de elección de autoridades y por otra, la intervención del fundamento legal sobre el cual se determina el funcionamiento y los procesos que se siguen dentro de la normativa y su aplicación en la región centroamericana.  Se detecta un mayor avance en la generación de normativa, que en los procesos y eficiencia mediante los mecanismos de gobierno abierto. Ha sido una especie normativa obligada sobre la cual han tenido que girar las directrices para mejorar la participación, la transparencia y veeduría social. Existe una percepción generalizada que el proceso resultante de la ejecución de su actuar, es de por sí, un proceso de apertura y rendición de cuentas.

Lee y descarga la investigación completa en el siguiente enlace:

El Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala tiene como misión principal mejorar el bienestar de los individuos y promover el desarrollo integral de la sociedad. Aunque es un Ministerio relativamente joven, sus funciones tienen un impacto significativo en la vida de los guatemaltecos. Este documento de análisis se ha elaborado para proporcionar una comprensión detallada de las funciones del Ministerio, los programas sociales vigentes y las actividades que desempeña. Además, se analizará la asignación presupuestaria de estos programas según su estructura programática, lo que nos permitirá entender mejor cómo se distribuyen y utilizan los recursos disponibles.

Funciones del MIDES

Fuente: Elaboración propia con base en la ley del organismo ejecutivo

En este análisis, también se explorarán en profundidad los programas sociales administrados por el Ministerio de Desarrollo Social. Analizaremos en qué consisten estos programas, los criterios de inclusión, las corresponsabilidades que adquieren los beneficiarios y las diversas modalidades que existen dentro de cada programa social. Estos programas son herramientas fundamentales para abordar problemas críticos como la pobreza, la desigualdad y otras formas de exclusión social en Guatemala. Sin embargo, la efectividad y sostenibilidad de estos programas dependen en gran medida de su diseño y aplicación adecuados. Por ello, el estudio socioeconómico de los beneficiarios es esencial para evaluar la efectividad y pertinencia de estas intervenciones en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Programa Bono Social

Fuente: Elaboración propia en base a MIDES

Este documento también incluye una revisión de diversas perspectivas de autores reconocidos, con un enfoque particular en la teoría económica. Se abordarán temas como la importancia de los estudios socioeconómicos, las alternativas disponibles para mejorar los programas sociales, los problemas asociados con los «polizones» (personas que reciben beneficios sin cumplir los criterios) y los criterios para la integración efectiva de los beneficiarios. Además, se discutirán las mejores prácticas y recomendaciones para optimizar la implementación y el impacto de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social.

Descarga y lee el documento completo

Con esta investigación queremos aportar datos e información fundamental que provean de un Diagnóstico sobre aspectos relacionados a Datos abiertos en el sector de Justicia abierta y Seguridad, este proporciona una visión general de los principales aspectos relacionados con los datos abiertos en el sector de justicia y seguridad, destacando la importancia de promover una cultura de transparencia y participación en la gestión de la información.

Los principios de datos abiertos son fundamentales para garantizar la transparencia y la accesibilidad de la información en el sector de justicia y seguridad. Entre estos principios se destacan la accesibilidad, la interoperabilidad, la reutilización y la participación. Es esencial que los datos relevantes estén disponibles en formatos abiertos y accesibles para todos los ciudadanos, promoviendo así la rendición de cuentas y la innovación en la gestión de la seguridad y la justicia.

El mecanismo de gobierno abierto es un componente clave para el desarrollo de políticas efectivas en materia de justicia y seguridad. Implica la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración entre distintos actores. En este contexto, los datos abiertos desempeñan un papel crucial al permitir que los ciudadanos accedan a información relevante y participen en la toma de decisiones. Es necesario promover una cultura de apertura y colaboración en todas las instancias del sector de justicia y seguridad.

La normativa legal tanto nacional e internacional reconoce la importancia de los datos abiertos para promover la transparencia y fortalecer la democracia. En este sentido, es fundamental garantizar el acceso a la información y proteger la privacidad de los individuos. Los marcos legales establecen normas claras sobre la publicación y el uso de datos en el ámbito de la justicia y la seguridad, asegurando al mismo tiempo el cumplimiento de estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Con esta investigación queremos aportar datos e información fundamental al análisis sobre los indicadores relacionados con violencia contra la niñez y adolescencia que están vinculados a esas causas múltiples que complican el abordaje del fenómeno de la violencia y considerando que presenta una complejidad que requiere una comprensión desde diversas perspectivas. Entre los factores socioeconómicos, la desigualdad económica y la marginación social destacan como elementos que aumentan la vulnerabilidad de los jóvenes a la violencia. Asimismo, los entornos familiares disfuncionales, marcados por la violencia doméstica o el abuso de sustancias, contribuyen significativamente a este problema.

A nivel cultural y comunitario, las normas que toleran la violencia y la falta de acceso a servicios sociales adecuados agravan la situación. Para abordar estas complejas dinámicas, se requiere un enfoque interdisciplinario que integre diversos campos de conocimiento. Por ejemplo, la combinación de la psicología y el trabajo social permite comprender las causas subyacentes de la violencia infantil desde una perspectiva psicosocial.

Además, la intervención educativa emerge como una estrategia crucial para prevenir la violencia y promover valores de respeto y tolerancia desde una edad temprana. La coordinación institucional entre agencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil es fundamental para proporcionar una respuesta integral a este problema.

En conclusión, abordar la violencia contra la niñez y adolescencia requiere un enfoque holístico que considere sus múltiples causas y la interacción entre diferentes ámbitos. Solo a través de la colaboración y el compromiso de diversos sectores de la sociedad podemos garantizar un entorno seguro y protector para todos los niños y adolescentes.

Lee y descarga la investigación completa